Ciudad de México, 27 de junio de 2025

Voy a apartarme del texto de un posicionamiento que había preparado para destacar los logros y avances del nuevo dictamen en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, con el propósito de atajar desde ahora confusiones, desconocimientos y, por supuesto, magnificaciones.

He insistido a lo largo de este Senado de la República que le hace mucho daño al debate parlamentario, tanto la descalificación, la polarización, como la magnificación, que en mucho es distorsión de contenidos e interpretación amañada o tramposa de objetivos o propósitos.

Debo empezar por decir que las tres preocupaciones señaladas aquí por el senador Ricardo Anaya, como las más importantes para él, o los apartados más preocupantes del dictamen, en realidad no son disposiciones nuevas.

Los tres temas fueron aprobados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión del 2014 por el PRI y el PAN, propuestos por los grupos parlamentarios del PAN y del PRI.

Estas disposiciones están contenidas en la actual y vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio del 2014.

Pero, además, es falso que el nuevo dictamen esté proponiendo un registro de telefonía, eso es absolutamente incorrecto, por no decir que hay una mala interpretación o mala intención para distorsionar.

E incluso estoy señalando concretamente al compañero senador Anaya, para que en estas alusiones personales pudiéramos tener la oportunidad ambos de debatir los contenidos de los artículos, en términos o en el mérito de sus términos.

Por ejemplo, se ha hablado de que hay un registro público de telefonía móvil, es distinto a lo que el dictamen está imponiendo, la obligación a los operadores para solicitar identificación a aquellos que compran un dispositivo móvil, para que todo aquel que compra un chip se pueda identificar.

¿Qué? ¿Vamos a dejar a las fuerzas oscuras para que todo mundo pueda tener dispositivos móviles, como instrumentos del delito?

Ahora bien, la preocupación señalada aquí como la más importante para el senador Anaya, que es la suspensión de transmisiones en materia de radiodifusión, es una disposición vigente en la legislación actual, que no es cierto que en su fondo fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ese dato es incorrecto, quien se lo haya proporcionado al senador Anaya, porque, en efecto, la Corte invalidó la reforma del 2017, pero no entró al fondo de esa disposición en concreto, sino al procedimiento legislativo que omitió cumplimiento de disposiciones parlamentarias.

¿Qué es? ¿Qué significa la suspensión de transmisiones en materia de radio y televisión? Es la facultad del Estado para proteger el interés público frente a aquellos abusos y excesos que están, incluso documentados, en los grandes concesionarios de la televisión privada en México; que una y otra vez han utilizado a la pantalla de la televisión concesionada por el Estado como cañón para sus negocios, o para no pagar impuestos, o para resistir las obligaciones que tienen con el Estado.

Por supuesto que es una facultad del Estado suspender transmisiones, pero no es cierto que se hace, y mucho menos en el ejemplo que acaba de poner el senador Anaya.

Dice que hay una acción precautoria. No es cierto que es de inmediato. El dictamen dice precautoriamente y previo apercibimiento. Entonces, no es cierto eso de que mañana te puedo cancelar la transmisión. No es así.

¿Qué es lo que se hizo? Se corrigió efectivamente el primer dictamen y en este nuevo se regresa a la redacción original del actual artículo en la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Yo quisiera plantear un debate técnico sobre esta materia.

Quisiera proponerle a la oposición, lo digo con absoluto respeto, y Ricardo sabe que esa es la dimensión desde la cual yo me refiero siempre a él, que sepan reconocer, que sepan reconocer cuando se hacen esfuerzos para mejorar, para incluir o para corregir.

Ahora resulta que la oposición de la magnificación se va a la tozudez, porque ahora ya tampoco son capaces de reconocer cuando el gobierno rectifica.

Por supuesto que hay una rectificación en el dictamen, por supuesto que hay una rectificación en este nuevo dictamen, impulsada la rectificación por la propia iniciadora, por la presidenta de la república, que asumió el compromiso de escuchar y lo hicimos con amplitud de miras, con espíritu incluyente, con pluralidad.

Escuchamos a 89 ponentes en cinco conversatorios, reconozco que el senador Anaya estuvo prácticamente en todos. Aquí están en el dictamen reflejadas las voces de la mayoría de ellos.

A los que participaron en los conversatorios no los vamos a engañar, ni con tozudez, ni con magnificación, porque se van a ver reflejados en los artículos, en la redacción de los artículos.

Yo creo que es de celebrar que estemos dando un paso en este sentido, modificando, adecuando para tener un mejor instrumento, una legislación que en muchos sentidos de varias épocas es pionera y vanguardista.

No se diga en el fortalecimiento de los medios de uso social genérico, indígena, comunitario y afromexicano. Y eso no lo pueden negar.

Yo creo que cuando la oposición se coloca en una tozudez, termina siendo, ya de por sí vulnerada su calidad moral y credibilidad, se termina colocando en una debilidad, porque entonces ya ni cuando se le hace caso en algunas cosas, porque no se les hizo caso a algunas de las cosas de ellos, más bien fueron los conversatorios, pero ya ni cuando se les hace caso aceptan.

Están ahora de la magnificación a la tozudez. Ojalá, senador Anaya, que sí puedan reflexionar su voto a favor de este dictamen.

Muchas gracias.

Texto y Foto: Cámara de Senadores