Mensaje del senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en Reunión con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

Ciudad de México, 4 de agosto de 2022

Muchas gracias.

Muy buenos días a todos.

Saludo y agradezco al coordinador y presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado de la República, el doctor Ricardo Monreal Ávila.

Saludo al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente de la Comisión de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos.

A mis compañeros senadores. La senadora Ana Lilia Rivera y al senador Miguel Ángel Mancera.

A la Secretaria Técnica, Inés Lizet Zamora Hernández.

Y a todos ustedes, distinguidos magistrados y magistradas, representantes de los poderes judiciales de las distintas entidades federativas del país que nos honran con su visita. Bienvenidos a este Senado de la República.

Como es de todos conocido, nos encontramos en un espacio de Parlamento Abierto, para expedir un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, atendiendo a la reforma constitucional de justicia cotidiana, por la que se modificaron los artículos 16, 17 y 73 constitucionales, publicada en septiembre de 2017 y que le otorgó competencia al Congreso de la Unión para emitir una legislación única de tipo procesal, civil y familiar.

Dicha reforma se motivó, principalmente, en dar continuidad a lograr en que en los procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades debemos priorizar el resolver el conflicto sobre los formalismos procedimentales.

Sin duda, un tema muy relevante, dirigido a combatir uno de los mayores y más arraigados vicios de nuestro sistema de justicia, que tradicionalmente ha sido el excesivo tiempo en el que se resuelven las controversias, con abundantes trámites y formalismos, lo que termina por desvirtuar el proceso en su conjunto.

Fue a finales del año pasado, en que en la Comisión de Justicia, que hoy me toca presidir, se recibió la iniciativa elaborada por nuestro Presidente de la Junta de Coordinación Política, aquí presente, el doctor Ricardo Monreal Ávila; y el entonces senador Julio Menchaca, preparada en trabajo conjunto con los miembros de la Comisión de Tribunales de Justicia del país.

Es muy importante mencionar que esta propuesta, elaborada con la participación de ustedes, los magistrados civiles y familiares de los 32 estados de la República; ha constituido nuestro punto de partida para el análisis y el debate nacional a lo largo y ancho de nuestro país, con la activa participación de jueces, magistrados locales y federales, académicos, ministros, colectivos, organizaciones no gubernamentales, barras y colegios de abogados, universidades, notarios, corredores públicos, peritos, ministerios públicos y en general, toda la población interesada.

En acuerdo con todos los grupos parlamentarios, representados en esta Cámara Alta; y también la participación de nuestra colegisladora, la Cámara de Diputados, nos dimos a la tarea, en una primera etapa, de organizar foros de consulta en Parlamento Abierto, con el propósito de identificar los problemas que actualmente derivan de la normativa vigente en materia de procesos civiles y familiares, para tratar de hacerla más afable, eficiente y accesible para los gobernados o justiciables; que en algún momento de sus vidas se ven en la necesidad de acudir al Estado para resolver las controversias que surgen en el ámbito del derecho privado.

El reto no ha sido menor, cómo instrumentar una metodología eficiente, que logre, primero, escuchar con claridad las necesidades del gremio de la gente. Pero más importante, que armonice en cumplimiento al mandato constitucional, lo mejor de la legislación adjetiva, civil y familiar existente en el país; para concluir los trabajos con un cuerpo normativo uniforme y homogéneo.

La emisión de esta nueva legislación adjetiva federal, debe representar una mejora en todos los estados, demostrar la conveniencia de la unificación de la regulación al federalizarse en contraposición a mantener las legislaciones procesales estatales diferenciadas, como está actualmente.

En un periodo comprendido del 9 de junio al 15 de julio pasados, los miembros de la Comisión de Justicia de este Senado de la República organizamos un total de siete primeros foros, iniciando en esta Sede para posteriormente trasladarnos a la Escuela Libre de Derecho, a Cuernavaca, a Veracruz, Puebla, Morelia y Ciudad Juárez.

Tenemos también pensado próximamente acudir a la Universidad Nacional Autónoma de México y a otras entidades federativas.

Actualmente, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y su Comisión de Justicia están también realizando eventos. Realizaron en Tijuana, en Monterrey, próximamente llevará a cabo otros en Chetumal, Querétaro, y de nuevo en esta Ciudad de México, en los que también estamos participando.

Debemos resaltar el trabajo de relatoría y compilación que estamos realizando en estos eventos. El pasado jueves 21 de julio instalamos, en coordinación con la Cámara de Diputados, un grupo técnico revisor, con 10 asesores o especialistas propuestos por ellos y 10 propuestos por el Senado, con el apoyo de una coordinación técnica, adscrita a la Comisión de Justicia.

La misión de este grupo técnico revisor que sesiona semanalmente es analizar, revisar, investigar, comentar, opinar y proponer un esquema de redacción y sugerir modificaciones al proyecto para presentar, en su momento, una versión final a la Junta Directiva de la Comisión de Justicia para su valoración.

Hay micrositios abiertos por parte de la Comisión de Justicia del Senado de la República y de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.

Debemos considerar más del 70 por ciento de los conflictos y juicios que se conocen a nivel nacional; son de naturaleza civil y familiar, de ahí la importancia de esta tarea.

Los derechos humanos de acceso a la justicia, tutela jurisdiccional efectiva y seguridad jurídica reconocidos por nuestra Constitución y los diversos tratados y convenciones internacionales de los que México es parte, nos obligan a contar con procedimientos judiciales, civiles y familiares, ágiles y útiles, que resuelvan los conflictos del ciudadano y que materialicen en su esfera patrimonial y jurídica, los efectos derivados del ejercicio de la función jurisdiccional del Estado.

Múltiples los cuestionamientos que han surgido en estos ejercicios de intercambio y consulta, tal y como desde discernir la conveniencia o no de emitir un Código Único Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o dos legislaciones adjetivas únicas, una Civil y otra Familiar, como es el caso actual en siete estados de la República.

¿Qué pretendemos -y con esto cierro- con este proyecto legislativo procedimental, civil y familiar?

Lograr procesos expeditos, abiertos, cercanos y accesibles a la gente, en cumplimiento al artículo 17 constitucional. Aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas. Implementar un sistema de justicia digital. Consolidar los principios de oralidad y mediación a nivel nacional en los procesos civiles y familiares. Aprender de la experiencia oral en materia penal. Distribuir en forma más eficiente los roles y las cargas procesales.

En fin, garantizar el acceso a la justicia a grupos en situación de vulnerabilidad o riesgo, velando por el interés superior de niños, niñas, adolescentes, discapacitados y mujeres desde una perspectiva de género y con pleno respeto a los derechos humanos.

En síntesis, garantizar a todas las personas, sin distinción alguna, el ejercicio pleno de sus derechos en las materias civil y familiar.

Muchas gracias por su atención.

Buenos días.

Texto y Foto: Senado de la República