Mesa 3. Mecanismos de Control Constitucional, del Parlamento Abierto a distancia respecto a la Reforma para y por el Poder Judicial

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Muchas gracias. Buenos días.

Doy la bienvenida a todos los participantes, al Parlamento Abierto respecto a la Reforma Judicial y en concreto, a la Mesa Mecanismos de Control Constitucional, en la que tendré el honor de realizar los trabajos como moderadora.

Para nosotros como Senado de la República, los ejercicios de participación activa respecto a temas tan trascendentales, como es el caso de la Reforma al Poder Judicial, son sumamente importantes.

El poder contar con la opinión de académicos, especialistas y sociedad civil expertos en la materia, y con esto enriquecer el dictamen que se pondrá a consideración del Pleno para su discusión y en su caso, aprobación, se traduce en un ejercicio de responsabilidad y profesionalismo.

Los ejes temáticos que nos corresponden como tercera mesa, es el de mecanismos de control constitucional, desarrollando temas en concreto que son materia de la reforma, como es la eliminación del amparo y soberanía; materia de las controversias constitucionales; legitimación de órganos autónomos para promover controversias constitucionales; declaratoria general de inconstitucionalidad y recurso de revisión en amparo directo.

Sin duda, analizaremos temas trascendentales y muy debatibles en su actualización. Pero sobre todo, para la mejora en la impartición de la justicia.

En este contexto, quisiera darle la bienvenida a los ponentes que nos hacen el favor de acompañarnos.

Al doctor Miguel Carbonell, al doctor Enrique Rabell, a la doctora Fabiana Estrada, que también estuvo con nosotros en la mesa de ayer. Y, finalmente al doctor José Manuel Alba de Alba.

Agradecerles su presencia virtual y sus grandes aportaciones que darán a este ejercicio de Parlamento Abierto.

Comentarles que de acuerdo al formato que se nos dio en este programa, aprobado por la Junta de Coordinación Política, tendremos las intervenciones iniciales de todos ustedes, hasta por 45 minutos, otorgando 15 minutos a cada uno.

Posteriormente, los legisladores tendrán un tiempo para realizar preguntas y/o comentarios, dando a cada uno para su planteamiento, un tiempo de cuatro minutos.

Y, para  finalizar, los ponentes tendrán su intervención para responder a cuestionamientos, hasta por 30 minutos, otorgando 10 minutos a cada uno de ustedes. En caso de que sólo fueran tres preguntas, si es más, obviamente se ampliaría este término.

Le damos la palabra a continuación, al doctor Miguel Carbonell Sánchez. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM; Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid; investigador nacional nivel 3 del SIN; autor de más de 65 libros propios y coordinador o compilador de otras 53 obras.

Ha recibido varios premios y reconocimientos en México y en el extranjero, por sus aportaciones académicas al campo de la ciencia jurídica.

Adelante, doctor.

DOCTOR MIGUEL CARBONELL: Gracias, senadora Sylvana Beltrones. Muy buenos días a todas y a todos.

En primer lugar, agradezco la oportunidad del Senado de la República para participar en este Parlamento Abierto. Agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política, senador Ricardo Monreal. Al secretario técnico José Manuel del Río y desde luego a usted, estimada senadora Beltrones, y a todos los colegas ponentes.

Creo que esta propuesta de reforma, que parte del propio Poder Judicial de la Federación, se tiene que ubicar en un contexto más amplio de reformas venturosas que el país ha venido realizando en las últimas décadas en materia judicial.

Quizá podríamos remontarnos a esa famosa reforma de 1950, que crea a los tribunales colegiados de circuito o a la reforma impulsada bajo el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, a finales de los años 80. O incluso mencionar esa reforma, desde mi punto de vista muy afortunada, del presidente Zedillo: la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994.

Y, en esa línea, en esa línea de ascendencia del Poder Judicial de la Federación, en el contexto de estas reformas, es que se ubica la actual discusión.

Yo creo que esta reforma va en la línea adecuada por cuanto hace a los temas que integran el marco de discusión de esta mesa; para consolidar a la Suprema Corte como un Tribunal Constitucional.

Evidentemente si nosotros vemos la reforma de 1987 y la reforma de 1994, enseguida entenderemos el parentesco, digamos, el aire de afinidades de estas reformas con la que actualmente estamos discutiendo.

En ese sentido, diría que es una reforma que va en la línea adecuada, que es una reforma que va en la línea histórica que se ha venido siguiendo y que creo que ha dado un buen resultado. Creo que hoy tenemos un Tribunal Constitucional en México, creo que tenemos una jurisdicción constitucional actuante, que está ayudando a resolver algunos de los problemas del país, naturalmente en el ámbito de su competencia.

Entonces, en términos generales me parece que valdría la pena esta apreciación de carácter histórico.

Ahora bien, respecto a los temas que fueron planteados como específicos de esta tercera mesa, me gustaría referirme concretamente a tres de ellos. En primer lugar, a la idea de la desaparición del llamado amparo soberanía; es decir el anular las tres fracciones que actualmente integran el artículo 103 para dejar un enunciado general de acuerdo con el cual, el amparo procede en contra de violaciones o presuntas violaciones de derechos humanos.

Me parece que esta reforma es totalmente correcta y que, de acuerdo a lo que señala la propia exposición de motivos del documento dado a conocer en el pasado mes de febrero, esta reforma aporta bastante y empata con la reforma, por cierto, del 10 de junio del año 2011, en materia de derechos humanos; porque la sustancia misma del juicio de amparo tiene que ver con la defensa de los derechos humanos.

Para para on la defensa de los derechos humanos.

s; porque la sustancia misma del juicio de amparo tiene qeu pata con la reforma, potemas de distribución de facultades, de invasión de ámbitos competenciales, etcétera, para eso están las controversias constitucionales. Así que, por ese lado, estaría el ordenamiento constitucional mexicano perfectamente cubierto.

Si hubiera alguna condición presuntamente violatoria de ámbitos competenciales, respecto a los distintos niveles de gobierno, están las controversias expeditas para que se planten.

Y, por otro lado, es interesante advertir que, tanto en términos del artículo 16 constitucional como en términos incluso de la propia jurisprudencia de los tribunales federales, el principio de competencia, es decir, la defensa de ámbitos competenciales acotados a las distintas autoridades es también un derecho humano

En efecto, el artículo 16, párrafo primero, señala que los actos de molestia tendrán que ser emitidos por autoridad competente, por autoridad competente.

Ahí tenemos una garantía de la observancia de ámbitos competenciales que se puede hacer valer a través del amparo.

En síntesis, lo que yo diría respecto de este primer eje temático que nos fue propuesto, es que me parece que va en la línea correcta, va en la línea adecuada, para subrayar que el juicio de amparo tiene como tarea fundamental la defensa de los derechos humanos.

Segundo tema, la propuesta en materia de declaratoria general de inconstitucionalidad.

Aquí en realidad lo que se está haciendo es una reforma que también estimo que es adecuada, por la siguiente razón:

Aquí la propuesta lo que hace es simplificar el procedimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

La declaratoria general, como ustedes seguramente recuerdan, se incorpora a nuestro texto constitucional mediante la reforma de 6 de junio del año 2011; es decir, la reforma constitucional en materia de amparo.

Ahora esta nueva propuesta lo que hace es simplificar el procedimiento, hacer más expedita la declaratoria general, y de esa forma seguir en la ruta de las anteriores modificaciones a la Carta Magna, a efecto –déjenme ponerlo así– de modular esa llamada fórmula Otero, esos efectos relativos de las sentencias de amparo que han sido objeto de crítica por parte la doctrina constitucional desde hace más de 50 años.

El maestro Héctor Fix Zamudio, desde los años 60, puso de manifiesto la incompatibilidad de la fórmula Otero, es decir, de los efectos relativos de las sentencias de amparo respecto a un esquema de defensa integral de la Constitución.

La figura de la declaratoria general va justamente en esa línea, va en el sentido de modular estos efectos perniciosos en términos de economía procesal, de principio de igualdad, etcétera, etcétera.

Yo creo que aquí también estamos en la línea correcta, empata con la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 y también viene a fortalecer la capacidad de la Suprema Corte para la expulsión de normas.

Esto es algo muy importante, de lo cual a veces en México no nos damos cuenta o no reparamos en la importancia de esto.

Una norma que ha sido declarada inconstitucional por quienes tienen la competencia para hacerlo, debe ser expulsada del ordenamiento. Esas normas no deben existir.

No solamente debe impedir que se apliquen en el caso concreto, sino que debe haber una salvaguarda integral del ordenamiento a través de la expulsión, de una invalidación completa de la norma.

A forma en la que esto se logra en el ordenamiento jurídico mexicano, es justamente a través de la declaratoria general de inconstitucionalidad; y el hecho de que ahora se esté proponiendo una simplificación del procedimiento, una versión acelerada de esta posibilidad, me parece extraordinariamente oportuno.

Y el tercer y último tema al que me quiero referir, tiene que ver con la propuesta en materia de controversias constitucionales.

Aquí hay que observar dos aspectos:

La propuesta de reforma respecto de las controversias constitucionales propone una limitación de materia, para que el objeto de las controversias sea puramente constitucional. Es decir, para que las controversias discutan elementos de pura constitucionalidad.

De nuevo hay que observar esta propuesta, en el marco de la historia de las reformas recientes, porque esto va en el sentido de dejar a la Suprema Corte como un tribunal constitucional; dejar a la Suprema Corte bajo la competencia de cuestiones estrictamente constitucionales y discutir ámbitos de presuntas violaciones de carácter legal a otras instancias. Eso por un lado.

Y por otra parte, la propuesta también aporta en el sentido de hacer expreso el control de las omisiones, por medio de la figura de la controversia constitucional.

Esto es algo absolutamente importante, y me parece que, si así lo estiman los senadores y senadoras, podría servir para enriquecer el dictamen la consideración de empatar esta propuesta con el diseño de nuestro Estado Federal.

¿Qué quiero decir con esto?

El federalismo mexicano supone, en una pluralidad de materias, la necesidad de que los niveles de gobierno cooperen entre sí, necesidad de la colaboración entre niveles de gobierno.

Y hay veces que esta colaboración no se da o no se da en la manera en la que lo ordena la Constitución. Pensemos en temas tan importantes como seguridad pública, pensemos en temas tan relevantes en la actualidad como la garantía del derecho a la salud o pensemos en la protección del medio ambiente, etcétera.

Entonces, el hecho de que se puedan plantear, a través de las controversias constitucionales, no solamente violaciones a la Carta Magnas, por acción, sino por omisión, es una herramienta poderos en pro del federalismo.

El federalismo va a salir fortalecido porque las entidades federativas, los municipios, eventualmente la federación, tendrán esta herramienta para plantear ausencia de colaboración, ausencia de apoyo entre los niveles de gobierno, dado que las facultades de la propia Carta Magna así lo establecen.

A sí que, tanto respecto a la propuesta de acotar la materia de las controversias a temas puramente constitucionales, como a la propuesta de incorporar las omisiones como materia de control a través de la propia controversia, me parecen extraordinariamente importantes.

Y para terminar y no excederme del tiempo que nos fue señalado, diría dos cosas: a mí me parece que esta propuesta de reforma es una oportunidad generacional.

Es decir, hay una generación de jueces, hay una generación de magistrados, hay una generación de ministros en la Suprema Corte, que generan esta propuesta y que la ven como la vía idónea para seguir la evolución de nuestro sistema de justicia.

Y yo creo que por eso, desde mi punto de vista, esta reforma tiene que ser aprobada, porque significa un paso delante de esta generación, de la generación que ahora tiene la responsabilidad de decidir y de seguir mejorando y seguir andando en el camino de la reformas al Poder Judicial.

Y la última observación, de manera muy respetuosa para las senadoras y los senadores que pudieran estar escuchándome, que por favor piensen en que a esta reforma y a las tareas de mejoramiento de procuración de justicia que ya también anunció el señor senador Ricardo Monreal, por favor no olviden la reforma de la justicia local.

Hay muchísimos casos, millones de casos en este país, que no llegan a conocimiento del Poder Judicial de la Federación, que no llegan a plantearse a través del Juicio de Amparo, que no son objeto de controversias constitucionales o de acciones de inconstitucionalidad, pero que marcan la vida de millones de personas y esto tiene que ver con la justicia local.

Ojalá, senadoras, senadores, pronto emitan el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que tienen pendiente desde hace más de dos años.

Ese Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares regularía el 66 por ciento de todos los procesos judiciales de este país y ese código no existe, ese código está ordenado por la Constitución, la facultad para legislar en esa materia corresponde únicamente a ustedes, como integrantes del Congreso de la Unión.

Las entidades federativa son pueden legislar y por eso es que en la pandemia no se han podido hacer muchas de las reformas en materia de justicia en línea que se deberían de haber hecho en esta pandemia.

No han podido avanzar las entidades federativas porque no tienen la facultad. ¿Quiénes tienen esa facultad? Ustedes. Ojalá que también exista un hueco en su agenda, un tiempo para considerar que la justicia local necesita reformas, que necesita apoyo, que necesitamos modernizar los poderes judiciales de las entidades federativas, a la par de esta modernización que espero se dé muy pronto en materia de Poder Judicial de la Federación.

Muchas gracias por su atención y estoy a sus órdenes.

Gracias senadora Sylvana Beltrones.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Gracias a usted.

A continuación sigue la participación del doctor Enrique Rabel. Él es líder del cuerpo académico en Constitucionalismo y Poder Público en México y coordinador de la Maestría en Administración Pública Estatal y Municipal, en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro.

Es investigador uno del Sistema Nacional de Investigación de CONACYT; participación en varios proyectos legislativos sobre la reforma constitucional de la Ciudad de México, la Constitución del Estado de Querétaro, reforma del régimen municipal en el artículo 115 constitucional, entre otros.

Se le cede la palabra hasta por 15 minutos, doctor, adelante.

DOCTOR ENRIQUE RABELL  GARCÍA: Muy buenos días.

En primer lugar agradezco la presentación de la senadora Beltrones, muy agradecido y también de las instituciones convocantes del Senado de la República, también que está presente la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en particular, a la senadora Lupita Murguía que, a través de la Barra Queretana y la Universidad Autónoma de Querétaro, nos invitaron.

Yo me voy a concentrar en tres temas de la mesa, que se refieren a controversia constitucional, se refieren a la declaratoria de inconstitucionalidad y al amparo en general y, sólo si me da tiempo, un poquito del Consejo de la Judicatura.

El formato que voy a tratar, primero voy a hablar de la propuesta que está ante ustedes y entonces voy a hacer comentarios y conclusiones de cada tema en particular.

En cuanto a controversia constitucional, quiero comentarles que el enfoque es un poco más administrativo y de ese enfoque voy a tomar mis conclusiones.

Como ustedes saben, las controversias constitucionales se encuentran previstas en el artículo 105 constitucional, de los incisos “A”, a la “L”. ahí marcan todos los supuestos.

Ahora bien, vamos a ver el resultado o cómo ha trabajado la Corte, en especial en el Informe Anual de Labores 2019, lo cual nos va a dar pistas interesantes sobre este tema.

Este Informe Anual y las estadísticas del Consejo de la Judicatura, señalan que en 2019 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 7 mil 25 asuntos.

De estos 7 mil 25 asuntos, es importante recalcar que la Corte recibió 18 mil 814 asuntos.

Entonces, ustedes se pueden dar cuenta que la Corte no pudo ni siquiera cumplir con la mitad de la carga de trabajo. Y no es que la Corte sea una Corte floja, porque tiene mucha carga de trabajo, no es que no tenga la capacidad; la tiene y le sobra, sino lo que está sucediendo es un verdadero embudo en todo el Poder Judicial porque la misma problemática se encuentra en los Colegiados Unitarios y Juzgados de Distrito.

Hay un rezago histórico, y parte de este rezago, una, tiene que ver con la naturaleza de la impartición de justicia y otra con la falta de recursos administrativos.

Ahora bien, de estos 7 mil asuntos, vamos a ver que en materia de controversia se recibieron 366 y sólo se resolvieron 297. Y, en materia de acciones de inconstitucionalidad, se recibieron 144 y 149 resueltas. En esta materia sí hay casi eficiencia al 100 por ciento.

Sin embargo, cuando vemos la estadística en materia de amparos, amparos directos en revisión, amparos en revisión, amparos directo, apelaciones, nos da una cifra de más de 11 mil asuntos.

¿Qué quiere decir esto? Que, aunque efectivamente hemos avanzado en crear a la Corte como una Corte Constitucional, en la práctica, conforme a los datos que acabamos de ver y que son el informe de la Corte, la mayor carga de trabajo de la Corte sigue siendo la materia de amparo, y esto lo sabemos por cuestiones históricas. Sigue siendo una Corte de legalidad, sigue siendo una Corte que se dedica más a resolver materia de amparo.

Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Está bien la propuesta de que la Corte ya no realice acciones de legalidad en controversia constitucional. Sin embargo, la Reforma se queda muy corta.

Es necesario, desde el punto de vista administrativo y con base en estos datos, proceder a la propuesta de crear una sala especializada en materia constitucional.

A lo mejor a muchos de ustedes no les va a gustar crear más ministros, o proponer más ministros a la Corte. Pero desde el punto de vista administrativo, esta es la única respuesta que puede ayudar a que la Corte desahogue mejor sus asuntos.

Si ya vemos, hoy en día la primera y la segunda salas, así como el Pleno, las tres instancias se dedican a resolver amparo y los juicios constitucionales.

Si creamos una sala especializada como parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, únicamente en asuntos de controversia e inconstitucionalidad, el desahogo de la Corte va a ser mucho más eficiente.

Y no solamente la propuesta es crear la sala especializada, sino también mejorar los supuestos de procedencia de controversia constitucional.

¿Por qué? En la estadística del Consejo de la Judicatura, publicada en los últimos ocho años, podemos constatar que el 70 por ciento de los asuntos de controversia constitucional son de municipios, y de éstos, cerca del 80 por ciento se refieren a federalismo fiscal.

Entonces, estamos viendo que la Suprema Corte de Justicia, en materia de juicios constitucionales, su mayor carga de trabajo es sobre juicios municipales.

La siguiente carga de trabajo son juicios a nivel estatal y son minoría los juicios, por decirlo, de competencia federal entre poderes.

Es necesario volver a revisar estas competencias. Yo, en principio, hago la propuesta de eliminar dos fracciones del artículo 105, que es la que se refiere a dos poderes de una misma entidad federativa sobre la constitucionalidad de sus actos y la fracción que se refiere un estado y uno de sus municipios sobre la constitucionalidad de sus datos.

Al eliminar estas fracciones, no solamente se va a desahogar el trabajo de la Corte, sino que le vamos a dar vida al constitucionalismo local y vamos a crear, a darle mayor trabajo a los tribunales superiores de Justicia, que valga la redundancia, a nivel estatal o entidades federativas, la mayoría de entidades tienen sala especializada o el Pleno, para resolver problemas de constitucionalidad ya previstos en sus leyes orgánicas. Esto mejoraría la justicia y desahogaría más a la Corte.

Por último en este tema, también encontré una correlación muy importante entre juicios de inconstitucionalidad de las leyes y controversias; ¿qué quiere decir? Que los municipios primero impugnan la ley, vía inconstitucionalidad, y después impugnan vía controversia.

Hay un gran porcentaje de juicios que son literalmente el mismo juicio, y esto, otra vez, genera problemas para la Corte. Tenemos que volver a revisar muy bien las diferencias o establecer principios para que una vez presentado un juicio, no se presente de la otra manera o viceversa.

Esto ayudaría, vuelvo a repetir, en materia de controversia.

Declaratoria de inconstitucionalidad. Como ya bien lo mencionó el doctor Carbonell, esto es obra de la reforma de 2011.

Es un gran avance porque permite, en términos genéricos a través del amparo indirecto, tener efectos generales. Sin embargo, a la fecha de hoy, sólo ha procedido una declaratoria de improcedencia y esto, en términos prácticos, demuestra que la reforma no ha servido.

Y, la razón de que no ha servido, es por el aspecto procesal de la reiteración de casos y la notificación al Congreso de la Unión, y sólo de manera posterior la mayoría calificada de ocho ministros para que pueda proceder esta declaratoria general.

Considero correcta la propuesta, pero se queda corta otra vez. La propuesta señala que hay que notificar al Poder Legislativo al primer fracaso; sin embargo esto no lo va a resolver porque sigue existiendo el supuesto de la reiteración de casos para que pueda proceder el supuesto.

Aquí es interesante, porque la propuesta que ya tienen ustedes, elimina en el caso de la jurisprudencia, la reiteración para que sea la jurisprudencia más ágil. La pregunta es, ¿por qué en este caso no la eliminaron tampoco? Y por ahí es mi propuesta particular: hay que eliminar la reiteración de casos en materia de inconstitucionalidad o declaratoria de inconstitucionalidad, para que el mecanismo sea un poco más ágil.

Sí es importante siempre tener en cuenta un equilibrio entre que el mecanismo no sea muy fácil, para que no haya una intervención excesiva, digamos, del Poder Judicial o un proceso muy radical que lo haga nulo, como es hoy en día.

Entonces, la propuesta es: sí, hay que mejorarlo en el sentido de que pueda ser un poco más ágil el proceso para llegar a los resultados deseados.

El siguiente punto es el amparo. Y, me voy a referir en particular a varias propuestas de la reforma que tienen que ver con este tema.

En particular, mayor amplitud de política jurisdiccional a la Suprema Corte de Justicia, para tener menos amparos y descargar en Colegiados.

Eliminar la jurisprudencia por reiteración, que no sean necesarios los cinco casos.

Recurso de revisión en amparo directo, mayor discrecionalidad a la Corte para conocer o no de estos casos; y cumplimiento sustituto de las sentencias de la Corte.

Lo considero positiva, otra vez la reforma, va en el camino adecuado; pero desde el punto de vista de la academia, de los constitucionalistas, consideramos que otra vez se queda corta y consideramos que va a resolver muy poco el desahogo del trabajo de todo el Poder Judicial.

¿Cómo podríamos reforzar este trabajo, en este mismo sentido? Las propuestas que menciono van a buscar este aspecto.

A los colegiados de circuito, mayor competencia en amparo y dejar que su jurisprudencia sea en efectos particulares o la fórmula (inaudible), como existe hoy en día.

Dejar a la Corte la elaboración de jurisprudencia, pero con efectos generales, bajo ciertas condiciones de fondo, como afectación directa de la Constitución y declarando o señalando mediante una ley reglamentaria, qué se podría entender por afectación directa a la Constitución.

Muchas veces, los constitucionalistas consideramos fácil esa fórmula, pero ya en la práctica se vuelve problemática; así que podríamos ya dar el paso definitivo de que la Corte haga jurisprudencia con efectos universales, y crear una ley reglamentaria para que no sea discrecional al 100 por ciento esta jurisprudencia.

Esta propuesta, aparte es acorde con la evolución del Poder Judicial y aparte es acorde con la reforma al artículo 1º constitucional, que establece el control difuso de la Constitución.

No podemos pensar que haya un control difuso y que sigue (inaudible) efectos particulares.

Otra ventaja que tiene la jurisprudencia, con efectos generales, es que va a permitir mejorar la justicia de las entidades federativas, porque una vez teniendo esta jurisprudencia se facilita los trabajos al interior de los poderes judiciales estatales y van a tener más herramientas para que sus sentencias sean definitivas desde el punto de vista técnico; lo cual sería ya muy difícil que en una segunda o tercera instancia las revocaran.

En materia de amparo social, cultural y medio ambiente, siguen existiendo trabas, desde el interés legítimo, acreditar la personalidad, así como acreditar el daño directo.

Esto se ha visto, ha habido pequeños pasos, pero el siguiente problema que ha existido es la aplicación de las sentencias.

No es solamente forma de reformar la ley de amparo, en el sentido de permitir a estas instancias acreditar su personalidad o reformar la ley de amparo para que sea más fácil vincular la relación entre el daño y la persona, o la comunidad o el ente colectivo, sino que hay que dar un paso más adelante en amparo social, amparo cultural que enfoque a educación, salubridad, medio ambiente.

Hay que dar un paso más, en el sentido de que hay que hacer reformas institucionales para que el Poder Ejecutivo pueda, vamos a llamarlo así, ser parte en la ejecución de la sentencia.

Hoy en día, la propia Constitución, el diseño constitucional hace muy difícil al Poder Ejecutivo acatar una sentencia en materia de derechos sociales.

De entrada, el presupuesto de Egresos ni siquiera contempla partidas para compensar, pagar, resarcir el daño al Poder Judicial, a sus sentencias.

Muchas veces los jueces estatales o federales señalan que no pueden hacer esas sentencias porque no tienen los mecanismos de ejecución, y es muy importante avanzar en este tema.

Por último, como otra medida en materia de derechos humanos, no solamente en amparo sino hay que crear más instancias protectoras de derechos humanos, y no me refiero dentro del Poder Judicial sino el ejemplo ya existe en los comités de bioética que deben existir en todos los hospitales del país.

Este es un ejemplo muy positivo de protección de derechos humanos, porque por la gravedad del asunto, por la rapidez, terminan resolviendo el 90 o el 95 por ciento de los casos.

Estos comités de bioética pueden funcionar todos los días; en cambio, piensa en un amparo indirecto, pues cuando van interponen el amparo, el juez conoce y hace una sentencia, pues nuestro paciente ya se está muriendo o ya se murió.

En estas materias, este es un buen ejemplo de este tipo de instituciones que se pueden crear en materia agraria, en educación, en salubridad ya existen, en materia de medio ambiente, etcétera, y esto descargaría el trabajo del Poder Judicial en un número muy importante.

Por eso no hay que perder de vista el enfoque institucional de la impartición de justicia constitucional.

Por último, sí me dio tiempo un poco para el Consejo de la Judicatura.

En términos generales tiene buenas propuestas, pero me voy a referir a tres, que se refiere a la irrevocabilidad de los acuerdos del Consejo de la Judicatura, se elimina el recurso de revisión administrativa en contra de los nombramientos de jueces de distrito y magistrados, y facultar al Consejo de la Judicatura para conocer de casos graves de violación de derechos humanos.

Mi opinión personal, es que estas tres propuestas en particular, exceden el campo de acción del Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura es un órgano administrativo y estas facultades son completamente jurisdiccionales. Inclusive podríamos señalar que son violatorias de derechos humanos, dependiendo el caso que se presente.

Esta parte sí es negativa de la reforma y debe darse marcha atrás. El Consejo de la Judicatura no tiene por qué hacer funciones jurisdiccionales.

Y, por último, sí es necesario avanzar en el Consejo de la Judicatura en mayores mecanismos de transparencia y permitir mayor participación ciudadana vía instituciones como las universidades públicas, las barras de abogados, etcétera, instituciones de prestigio que puedan participar de manera honoraria en estos lugares, lo cual, sin duda, ayudaría muchísimo a que la administración fuera más eficiente y mucho más transparente.

Yo con esto agradezco la participación y quedo a sus órdenes.

Muchas gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Muchas gracias  doctor por su participación.

A continuación tiene la palabra la maestra Fabiana Estrada Tena. Ella es abogada constitucionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Cuenta con una trayectoria de más de 20 años en el Poder Judicial de la Federación. Actualmente es coordinadora general de Asesores de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha sido Secretaria de Estudio y Cuenta en el alto tribunal.

Adelante maestra.

MAESTRA FABIANA ESTRADA TENA: Muchas gracias senadora Beltrones, muy buenos días a todas y a todos.

Agradezco a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República la oportunidad que me brinda de participar nuevamente en este segundo día de Parlamento Abierto sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación.

El día de hoy nos corresponde analizar otro bloque de propuestas relacionadas con el fortalecimiento de la Corte como tribunal constitucional.

El día de ayer me referí a la importancia de esta apuesta por la justicia constitucional, a la necesidad de avanzar hacia un sistema de jurisprudencia por precedentes y a la importancia fundamental de no dar pasos regresivos en la separación entre las funciones jurisdiccionales y administrativas que desempeñan la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, en consonancia con la visión del poder reformador de 1994.

La otra gran propuesta en el rubro de justicia constitucional es la de modificar las competencias de la Suprema Corte para buscar que resuelva sólo aquellos asuntos que revistan relevancia constitucional y que le permitan desarrollar o ahondar en su doctrina.


En esta línea, la iniciativa plantea limitar la materia de análisis en las controversias constitucionales al estudio de las violaciones directas a la Constitución, así como a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte.

Para comprender el sentido de esta propuesta es necesario recordad que hace poco más de 20 años, al resolver el llamado Caso Temixco, la Corte cambió la interpretación que hasta ese entonces había sostenido del artículo 105, fracción primera, de la Constitución General y determinó que en la controversia constitucional era posible analizar cualquier tipo de planteamiento, aunque no estuviera directamente vinculado con una en relación a la Constitución.

En ese entonces el Pleno consideró, luego de un arduo debate, que no debía existir ninguna limitante conceptual para examinar los conceptos de invalidez, hechos valer en controversia constitucional, toda vez que la actualización de una arbitrariedad, cualquiera que fuera su connotación, provocara un desajuste de todo el orden jurídico total.

Esta expansión de la materia de las controversias realmente no ha abonado a la construcción de una doctrina constitucional relevante y ha sido fuente de muchos litigios, es cierto, y ha permitido principalmente asegurar el pago de participaciones federales, a través del planteamiento de violaciones a la Ley de Coordinación Fiscal.

Pero esto ha hecho de la Corte prácticamente una oficina de cobros, lo cual no debería ser la labor del tribunal constitucional. La solución a la controversia constitucional, tal como fue diseñada en 1994, es establece run control para que los entes y órganos del Estado Mexicano observen los mandatos y límites competenciales previstos en el Pacto Federal.

Y en este sentido, es natural que su materia se limite a las violaciones directas, porque precisamente es en la Constitución en donde están establecidos esos límites y competencias.

En este sentido, me parece que el argumento que se ha esgrimido, según el cual el federalismo se vería debilitado si la controversia constitucional sólo procede por violaciones a la Constitución y no por violaciones a la ley u otros ordenamientos secundarios, parte en realidad de un falso dilema: la Suprema Corte defiende el federalismo defendiendo la Constitución.

La controversia no es un medio de control del orden jurídico total, es un medio de defensa de los ámbitos competenciales definidos en la Constitución y a ellos debe ceñirse.


La tutela del orden jurídico se hace a través de diversas vías, mecanismo y medios de defensa. Pero debemos buscar a ser más eficientes, cada uno en lo individual, no pretendiendo que todos los mecanismos de control y medios de defensa se extiendan a tutelarlo todo.

En este sentido, esta propuesta es, también, es a la vez una apuesta por el fortalecimiento de la justicia constitucional local.

Esa debería ser la sede natural para la resolución de muchos de estos conflictos. Limitar la controversia a violaciones directas, no es vaciarla ni debilitarla, es realmente reorientarla a funcionar como un sistema de control constitucional.

Nuestra Constitución tiene un régimen competencial muy complejo cada vez más. Tiene garantías institucionales muy sólidas para muchos órganos y entes, protecciones muy robustas para los municipios en el artículo 115 constitucional. Todo ello y sólo ello, seguirá siendo materia de control en la controversia.

Además, esto se enriquece con la posibilidad que plantea la iniciativa, de analizar, por esta vía, violaciones a derechos humanos. Esto no es contradictorio ni implica una desnaturalización de este medio de control. Su función sigue siendo la de dirimir controversias entre los órganos y entes legitimados, pero reconociendo que el análisis de las competencias muchas veces está ligado a temas de derechos humanos.

El contenido y alcance de los derechos fundamentales, también le da contenido y delimitación a la competencia. Hay derechos que requieren el ejercicio de competencias y hay derechos que, por el contrario, constituyen un límite a las mismas.

La interrelación entre ambos conceptos, no puede obviarse. Éstas son cuestiones de constitucionalidad y no tienen por qué ser ajenas a este medio de control constitucional.

En relación con las controversias constitucionales, la iniciativa plantea dos propuestas más: explicitar su procedencia contra omisiones, lo cual no hace sino recoger la interpretación que ya ha hecho la Corte al respecto, y, por otro lado, darles legitimación a los órganos constitucionales autónomos locales para su promoción.

Nuestra Constitución establece y les da competencias a diversos órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas, a los institutos de transparencia, a los OPLES, a las comisiones de Derechos Humanos, etcétera.

Para ser consistente con su función de tutela de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, la controversia constitucional debe ser el medio a través del cual estos órganos puedan defender esos ámbitos competenciales cuando otros poderes u órganos los restrinjan o los invadan.

Esta legitimación no está reconocida en el artículo 105, y aunque algunos ministros y ministras consideran que la controversia en estos casos sí es procedente, la postura de la Corte todavía no es muy clara al respecto, por lo que sería conveniente darle sustento constitucional.

Pasemos ahora al tema del amparo directo en revisión:

La iniciativa busca otorgar mayor discrecionalidad a la Corte para conocer del recurso de revisión en amparo directo.

Para ello, precisa que este recurso sólo será procedente cuando a juicio de la Suprema Corte, el asunto revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Esta expresión, a juicio de la Suprema Corte, contiene tanto la idea de excepcionalidad, que ya caracteriza a este recurso, como la de discrecionalidad.

El amparo directo en revisión, representa casi el 70 por ciento del trabajo total de la Corte. La Corte es una máquina de recibir, tramitar, desechar amparos directos en revisión y resolver las reclamaciones en contra del desechamiento. Esto absorbe una preparación demasiado alta de sus recursos institucionales.

Lo cierto es que, a lo largo de los años, la interposición del recurso de revisión en amparo directo se ha convertido principalmente en un mecanismo de dilación procesal.

Por ello, la reforma propone que sólo se deben resolver aquellos asuntos que permitan a la Corte ahondar en su doctrina constitucional, desarrollar lo derechos humanos y dar ejemplo de las metodologías de interpretación de estos derechos, cumpliendo así una función eminentemente pedagógica.

Y para reforzar la idea de la procedencia discrecional, se establece que el auto que deseche dicho recurso, es inimpugnable. Esto debe verse, como lo comentaba desde ayer, en forma conjunta con el fortalecimiento de la facultad de atracción.

Ya la Corte ha interpretado que esta facultad puede ejercerse en todos los recursos que se deriven de la Ley de Amparo. La idea es, entonces, que la Suprema Corte tenga más libertad para determinar qué casos resuelve, lo que le permitirá crear una política judicial, una agenda jurisprudencial, que le permita abocarse a la resolución de los problemas con mayor relevancia social.

Me parece que debemos dejar de ver el amparo directo en revisión como un medio para corregir el error del Tribunal inferior y concebirlo simplemente como una vía para la generación de criterios y para la construcción de doctrina judicial.

No olvidemos que antes de llegar al recurso de revisión en amparo directo, ya hubo una sentencia de primera instancia, una sentencia de (inaudible) y un juicio de amparo directo. Se trata de casos en los que está debidamente satisfecho el derecho de acceso a la justicia.

La facultad discrecional de conocer del recurso de revisión en amparo directo, no implica en modo alguno de negación de justicia. Debemos dejar de pensar en el amparo directo en revisión en términos de procedencia.

La pregunta no es en qué presuntos procede, sino en qué casos la Corte decide conocer de un asunto. Cuando un litigante eleva a la consideración del Tribunal Constitucional un recurso de revisión, debemos entender que está proponiendo una cuestión jurídica relevante para su conocimiento; la cual puede ser o no del interés del Tribunal Constitucional.

Por lo tanto, si no hay supuestos de procedencia determinados en los cuales la Corte deba forzosamente conocer del recurso, lo natural es que no haya a su vez, un recurso contra la determinación de que no va a tomar a su cargo el caso.

Mantener la reclamación contra el desechamiento del recurso de revisión en amparo directo, frustraría por completo la finalidad de la reforma. Sólo implicaría trasladar las cargas de trabajo de una oficina a otra.

Ahora, por cuanto hace al artículo 103 constitucional, se propone derogar las fracciones II y III, que actualmente hacen referencia al llamado amparo soberano.

La iniciativa considera que se trata de un anacronismo innecesario, frente a los avances de nuestra justicia constitucional, ya que en amparo comúnmente se estudian violaciones a las competencias, como violaciones a los derechos que son por la vía del concepto de violación a los derechos; mientras que las controversias constitucionales son la vía a través de la cual los órganos y antes defienden sus competencias.

El amparo soberanía sólo fue desarrollado de manera pormenorizada en la Ley Orgánica Reglamentaria de los artículos 101 y 102 de la Constitución de 1861, a la manera de una cuestión de constitucionalidad que planteaban los jueces.

Pero a partir de las legislaciones siguientes, nunca volvió a ser regulado y perdió cualquier relevancia al ser absorbido por las (inaudible) …las otras dos fracciones.

De hecho, desde 2013 las fracciones 2 y 3 del artículo 1º de la Ley de Amparo, condicionan la procedencia del amparo por invasión de esferas, a la violación de derechos humanos; lo cual comprueba que este supuesto carece de autonomía y es una figura anacrónica.

Finalmente, el último tema de esta mesa, se refiere a la declaratoria general de inconstitucionalidad.

Esta figura, incorporada a nuestro orden jurídico con la Reforma de Amparo de 2011, es un mecanismo de control que permite a la Corte expulsar del orden jurídico, aquellas normas respecto de las cuales existe jurisprudencia que declare su inconstitucionalidad, a través de una mayoría calificada de ocho votos de las ministras y ministros.

La iniciativa propone simplemente que la notificación a la autoridad emisora en las normas respectivas, se realice desde el primer asunto en que se declare la inconstitucionalidad de una norma general, en los juicios de amparo indirecto en revisión; en lugar de esperar a que se resuelvan dos asuntos.

Estoy va muy de la mano de la creación de la jurisprudencia por precedentes y de esta idea de dar mayor peso, mayor valor a todas y cada una de las sentencias que dicten los jueces constitucionales, y pierden también la virtud de que adelante el inicio del diálogo con el Poder Legislativo sobre la constitucionalidad de esta norma.

Con esto concluye mi exposición sobre las medidas que la iniciativa contempla para fortalecer a la Corte como Tribunal Constitucional.

Como habrá quedado claro, tener un Tribunal Constitucional que cumpla la función de resolver los casos más trascendentes y de construir una doctrina jurisprudencial que guíe a los operadores jurídicos y que contribuya a la formación de una cultura constitucional, tiene costos.

Implica que la Corte resuelva menos casos y que, en consecuencia, la resolución definitiva de algunas controversias, esté en manos de otros órganos. Implica depositar en ellos la confianza y darles las herramientas necesarias para que cumplan su función.

A esto se enfoque el otro eje de la reforma, centrado en la carrera judicial.

Pero estoy convencida de que es la apuesta correcta. Es la manera en la cual podemos acercar la Constitución a las personas y hacer que se apropien de ella, en beneficio de la justicia y de una mayor legitimidad de todo nuestro sistema jurídico y político.

Muchas gracias y quedo a sus órdenes para las preguntas que me quieran formular.

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Gracias maestra.

Finalmente, tenemos la participación del doctor José Manuel de Alba de Alba, doctor en derecho por la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz.

Magistrado en el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, y magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en materia Civil del Séptimo Circuito, desde 1997.

Director del Instituto de la Judicatura Federal, extensión Xalapa.

Adelante, doctor.

DOCTOR JOSÉ MANUEL DE ALBA DE ALBA: Gracias.

Agradezco a la Junta de Coordinación Política la invitación a este evento.

Agradezco al senador Ricardo Monreal la invitación.

Agradezco al senador Dante Delgado, que me hizo favor de contactar; y a los senadores que se encuentran, al senador Noé Castañón, a la senadora Sylvana Beltrones, Zepeda, Mancera, son los que alcanzo a ver; y a los compañeros que me precedieron, excelentes ponencias.

De inicio, quiero entrar en tema.

Aquí tenemos que poner peso y contrapesos. Vamos a encontrar de un lado y vamos a encontrar del otro, para ir viendo cuestiones.

La eliminación del amparo soberanía, en realidad no es como acto reclamado; el amparo soberanía es un concepto de violación.

No tendría ningún problema, porque no se está eliminando un amparo como tal, como instrumento procesal; el amparo sigue, como paro contra leyes. Es un aparo contra leyes donde lo que voy a hacer es una invasión de esferas por una entidad en relación con otra.

Nunca lo había escuchado, de alguna manera estudiaba uno eso hasta que llegué a la Corte y me tocó ver los asuntos, en ese entonces estaba de moda el impuesto al activo de las empresas, y se reclamaba que el impuesto al activo de las empresas violaba la facultad reservada a los estados para agravar inmuebles.

Y ahí es cuando conocí de qué se trataba. No tenía una violación a un derecho humano en específico; era el cobro de un impuesto, a través de una violación a la parte orgánica, porque hay que ver que la Constitución tiene, aunque se discute, pero para efectos prácticos y platicarlo, tiene una parte dogmática y una parte orgánica.

Esta parte dogmática, se refiere a los derechos humanos, y la parte orgánica es toda la estructura.

Y también cuando se invaden esferas, se violan derecho humanos, aunque sea de forma indirecta.

En realidad si está o no está, para mí resultaba didáctico para explicar precisamente ese tipo de cuestiones, que la gente puede reclamarlo para una violación a la Constitución, a su parte dogmática, pero también podía hacerse en forma indirecta.

Si se quita no pasa nada, siento yo, no hay problema, porque sigue existiendo la facultad de hacer un concepto de violación, en ese sentido, de parte orgánica.

Si en un momento dado, como les digo, si aquí en Xalapa la Federación crea un impuesto en el que agrave a propiedad, yo estaría impugnándolo, no por la violación a un derecho humano directamente, sino por violación a la seguridad jurídica, ¿por qué? Porque estará invadiendo la esfera de soberanía de los estados.

En ese creo que no tendríamos problema.

La declaratoria general inconstitucional, este es muy interesante; esto está muy relacionada, precisamente aquí nosotros que hemos estado en la parte operativa del Poder Judicial y de los actos de autoridad, a veces se nos parece, y a los litigantes y la gente pregunta, oye, si ya lo declaró inconstitucional, ¿por qué no lo aplicas?

Bueno, el desarrollo fue que pasamos de un control difuso que se llamaría, o sea, que se resolvía caso por caso y que lo podían hacer de alguna manera los jueces federales para llegar a la Suprema Corte.

Ahora, en realidad el Juicio de Amparo es un control concentrado y el resultado paradójico que este control concentrado, si llegara a todo el procedimiento, para llegar a la Suprema Corte y que nada más resolviera un caso.

Si lo dijéramos en términos futboleros y emulando al “Perro Bermúdez”, diríamos que se hizo una gran jugada, se llegó casi frente a gol y salió un tirititito.

¿Por qué? Porque tengo yo un amparo, por ejemplo, que despenaliza y que ya permite el consumo de marihuana, por ejemplo, pero resulta que si no tengo mi amparo no funciona. Oye, pero eso es inconstitucional, ya lo dijo la Corte, pues sí, pero todavía no lo resolvemos.

La mera verdad es que no es operativo. Inclusive, este sistema provoca desigualdad, en esencia coloca una ley especial de carácter contrario, o sea, tengo un grupo que tiene privilegio, que puede precisamente fumar marihuana, si se quiere, y otro no, pero estos todavía van a seguir en la cárcel y estos van ya a poder manejar.

Pero además porque requería yo cinco ejecutorias para hacer una jurisprudencia y una declaratoria general de inconstitucionalidad y luego ¿por qué no funcionó este sistema de declaratoria general de inconstitucionalidad y por qué tenemos nada más una y no funcionó?

Porque la mayoría de las veces este sistema estaba entrampado, vamos en trampa. En el estado de Veracruz, por ejemplo, todavía no se legisla en materia de matrimonio de personas del mismo sexo, no se establece y tienen que acudir al amparo.

El juez de distrito les concede el amparo y hasta ahí lo dejan, porque ya no lo van a recurrir, por técnica o por lo que quieran, así, ya como técnica decir, no lo impugnes porque nos va a generar una jurisprudencia y esa jurisprudencia nos va a obligar.

Los que perdamos no importa, pero no vamos a reformar. Entonces, es una manera de, de alguna manera, que no resultaba funcional, había manera de entramparla de cierta forma.

Estoy de acuerdo con la declaratoria general de inconstitucionalidad, pero hay cosas que me resultan aquí que sí siento que pudiera tener la reforma un faltante, porque me parece muy bien que con un precedente de la Suprema Corte llegue a declarar la inconstitucionalidad.


Ahora, pero cuando este precedente de la Suprema Corte declara que una norma es discriminatoria, también toca seguir un procedimiento y hasta que no se dicte la sentencia no voy a tener el resultado que espero.

Y vuelvo al caso del matrimonio de personas del mismo sexo, la Corte ya declaró que es discriminatorio. Entonces, llegan dos personas, se quieren casar, les niegan, llega el Juicio de Amparo y en el Juicio de Amparo le niegan la suspensión, porque tiene carácter, no le podemos dar efectos restitutorios o sería dejarla sin efecto, sin fondo, en fin.

Caray, si ya es declarada inconstitucional y dijo que es discriminatoria, deberíamos tener una suspensión de plano. O sea, cuando estamos con actos que ya sabemos que son discriminatorios, por definición, ya por una resolución de la Suprema Corte, no tiene caso seguir todo un procedimiento para llegar a una sentencia.

Esas personas se van a casar en seis meses, pero el juez ya no tiene de otra, porque ya sabe que esta norma es declarada inconstitucional y es discriminatoria, pero resulta que tengo que seguir todo el procedimiento, porque lo deje sin materia y qué nos importa que lo deje sin materia si los vas a casar.

No importa, o sea, supongo que ahí, por ejemplo, o se le pone a la Constitución la declaratoria general de inconstitucional cuando se trate de normas discriminatorias, tendrán un efecto de una suspensión de plano y si no, esto mismo nada más agregárselo al artículo 126 de la Ley de Amparo y establecerlo específicamente.

Ahí estaríamos hablando de un avance en la eficacia de los derechos humanos. Una norma declarada inconstitucional por discriminación no puede tener efectos en el tiempo para nada.

Entonces, hay que darle el mecanismo, ya tengo la parte sustantiva, pero la Ley de Amparo no me da un recurso efectivo, porque si tengo que tramitar todo un juicio para que se haga la declaratoria y en seis, siete, ocho meses se puedan casar estas personas, estamos en problemas, cuando ya tenemos una suspensión de plano.

¿Y qué es la suspensión de plano? Pues actos prohibidos. Si la tenemos con actos prohibidos del 22, por qué no lo tengo con actos prohibidos del primero. Son unidades.

Ese sería un punto que podría abonar a la reforma constitucional. Eso por este lado.

También tenemos declaratoria. El recurso de revisión ante la Suprema Corte está bien parece que sí ha sido, muy, muy complicado en todos los aspectos porque sí se ha convertido en una cuarta instancia y muchos abusan de él. Estoy de acuerdo con ello.

Pero el de juicio de amparo directo ha sido también la base para poder, en las legislaturas de los estados, en su momento, y los tribunales colegiados, apliquen jurisprudencia a la Suprema Corte porque muchos, por equis razón, no se están esperando, a lo mejor es un vicio también de los propios compañeros y de muchos de nosotros, de que la Corte se ha convertido en la última instancia y queremos tener toda la seguridad de que eso es inconstitucional, pero si lo dice la Corte.

Entonces, luego les hacen planteamientos a los colegiados de inconstitucional y pues ahí bríncale y se va a la Corte. O sea, a la Corte llegan y ahí se han solucionado muchos temas que son de importancia y trascendencia.

El divorcio incausado se fue en amparo directo; ahora, la materia del concubinato y el matrimonio, de que ya no hay diferencias y que uno alude al otro, también ya se resolvió en amparo directo en la Corte.

Y así les puedo ir dando muchos datos que llegan a Corte, entra el precedente y ya estamos. Esto, pues sí, a lo mejor en muchos casos sí se ha abusado, a lo mejor hay que encontrar el mecanismo de que efectivamente se reconozcan los datos, los que son muy especiales. Esto, por este lado, ¿no?

Hablando de los recursos, también vemos precisamente ese gran avance de la Suprema Corte cómo ha evolucionado. Aquí nos podemos encontrar si los recursos, el recurso de revisión se debe de quitar para el Consejo de la Judicatura esta cuestión.

De alguna manera, pues tienen su avance, tiene su desarrollo en el marco constitucional. La Reforma, la de Zedillo, voy a referirme a ella, bueno, planteó; bueno, y nos vamos un poco más atrás, la creación de los tribunales colegiados y que la Suprema Corte dejó de conocer, por ejemplo, en su momento en los 50, empezó a delegar en los colegiados, pero nada más se refirió a un aspecto muy concreto: violaciones procesales.

Eso se convirtió en un caos porque no funcionó muy bien y los tribunales colegiados vieron violaciones al procedimiento y el fondo la Corte. Más adelante ya la Corte, o sea plantea que la Corte ya va a dejar de conocer constitucionalidad de leyes y que toda la legalidad la van a conocer los colegiados.

Ese es otro segundo avance, cómo la Corte, ahí; yo podría decir que el rezago, o no, digamos, la acumulación de trabajo en la Corre es la que ha obligado a todas las reformas.

Cuando se atoraron, cuando nada más había primero el Pleno, luego se crean las salas y van creándose una por una y hasta 1950 se crean colegiados, y luego dicen pues para quitarnos las violaciones procesales. Y luego a los colegiados les dicen bueno, pero según cuantía, según materia penal será cuándo, pero nace cinco meses, cuando apenas rebasa cinco meses, en materia laboral, cuando sean colectivos será la Corte, cuando sean individuales los colegiados.

Así se fueron hasta que llegamos al punto que los colegiados conocen todo de legalidad y parecía que la Corte se convertía en el Tribunal Constitucional, y nunca faltó cómo se va manejando esto y que llega que de todos modos la Corte al final empieza a conocer muchas cosas de legalidad, vía inclusive amparo en revisión.

Entonces, bueno, estas circunstancias nos van manejando cómo ha ido evolucionando. En ese contexto viene la Reforma también, con Zedillo, y en Zedillo se cambia y se crea el Consejo de la Judicatura, y se crea en un principio como un ente donde se deposita al Poder Judicial de la Federación. Así lo estableció el artículo 100 en su inicio.

Este punto es medular porque cuando ya se puso en la práctica, el Presidente de la Corte empezó a ver que tenía un poder paralelo y que se le estaba atravesando un poder soberano, o de su misma naturaleza porque decía, tienes, en ese momento, es un órgano en donde se deposita.

Se hace la Reforma Constitucional, y esto es un poquito más adelante, la propone el ministro Góngora, y en esta se vuelve a rediseñar y dice “es un órgano meramente de administración”.

O sea, lo regresó para ser un órgano de administración en ese sentido. Entonces, es un estira y afloja.

Le puede dar uno, poner argumentos de un lado, de otro; pero este contexto creo que nos va llevando a donde estamos.

Ahora, en cierta forma se señala que hay que tenerle confianza al Consejo. Totalmente, no hay ningún problema, nada más que siempre los controles nunca deben de desaparecer; creo que sí puede seguirse teniendo esta facultad.

Si me dicen que es extraordinaria y que nada más se hizo una sola vez, creo que no pasa nada el que siga existiendo. O sea, si no estorbaba, pero puede llegar a ser útil algún día, hay que tener este punto.

Nada más, o sea, desde mi punto de vista, porque nunca estamos exentos de errores. Tan es así, que nos hemos ido dado y la misma Constitución y la Ley de Amparo, nos hemos dado la oportunidad cada vez más de que siempre se dé garantía de audiencia.

Ponemos el caso de las improcedencias. Cuando se detectan en el día de la audiencia, hay que dar vista; oye, pero es clarísima, pero hay que darle vista. Siempre hay que dar vista para que tenga la oportunidad el recurso.

Entonces, sobre esa razón creo que sería conveniente que no se perdiera esta facultad. Si no se está usando, no hay problema, pero más vale tenerla, porque sí tiene un fin constitucional porque a final de cuentas, el Consejo de la Judicatura sí está supeditado a la Suprema Corte; no es un órgano como tal, como se había diseñado en la primera reforma del Consejo.

Entonces, como un órgano donde se depositaba, no, es un órgano administrador, y en dónde se deposita el poder originario del Poder Judicial, pues en la Suprema Corte. Y yo creo que sí podría dejarse esta facultad.

Y otro punto donde también considero que sí es importante que se diera la facultad, es cuando se trata de remociones, suspensiones y de carácter y de medida cautelar. Porque esta medida cautelar, aunque pueda llegar a tener yo una sentencia favorable, a final de cuentas tengo un (inaudible); porque el tiempo que ya estuvo cesado y que no se pudo revisar, en realidad se convierte como en el amparo indirecto, un acto dentro de juicio de imposible reparación.

Esa es una doctrina muy desarrollada. En ese contexto, sería conveniente que no desapareciera esa facultad; no para otra cuestión, sino siempre puede haber alguna cuestión que se pueda mejorar o que se pueda impugnar.

Creo que el que exista una manera de reflexionar el tema, creo que no nos quita nada.

En otro punto, y ya para terminar, quisiera que estuvieran las asociaciones de jueces y magistrados la oportunidad también de tener ese recurso.

No por otra cuestión, a fin de cuentas somos una parte. Nuestra experiencia que tenemos, que podemos proporcionar para algunos casos de operatividad, también podría ser operable; sería importante que se pudiera conocer nuestra opinión vía recurso.

Y sobre esto hay fundamento, porque hay muchas recomendaciones y es ya con el derecho disociación. Primero lo tenemos reconocido en la propia Constitución y ojalá lo pudiéramos tener reconocido para que tuviera una fuerza de mayor calado.

Ha sido una lucha, estamos cumpliendo 50 años del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nació en un estacionamiento medios escondidos, a ver si los ministros no se enojaban, y lograron sacar el Colegio de Secretarios, y se ha manejado.

Qué bueno sería que fuéramos una asociación con más contundencia.

Se me acabó el tiempo. Les agradezco su atención.

Muchas gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Muchas gracias.

Con esto concluimos la ronda de intervenciones por parte de los ponentes.


Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020

Versión estenográfica de las preguntas y respuestas en la Mesa 3. Mecanismos de Control Constitucional, del Parlamento Abierto a distancia respecto a la Reforma para y por el Poder Judicial

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Continuamos a la ronda de preguntas y respuestas por parte de los legisladores.

Quienes quieran hacer uso de la voz, favor de levantar la mano y los anoto.

El senador Noé Castañón. Adelante, senador.

SENADOR NOÉ CASTAÑÓN: Gracias, senadora.

Simplemente un comentario para el tema de controversias constitucionales, pues limitar las controversias a sólo temas de constitucionalidad y derechos humanos ayudaría, efectivamente, a despresurizar la carga de trabajo de la Suprema Corte.

Pero también esta reforma dejaría de lado las controversias entre los órganos de Gobierno, que son un tema crucial en el momento histórico que vivimos hoy en México.

Este instrumento, sin duda, es un mecanismo de defensa para los estados y los municipios, que no debe limitarse, ya que se trastocaría el Pacto Federal.

Ese es el comentario y saber la opinión de los ponentes.

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Gracias, senador.

¿Alguien más?

Bueno, a mí también me gustaría hacer una pregunta en cuanto al recurso de revisión en amparo directo, no se debe inadvertir que se trata de un gran recurso de trascendencia para el gobernado.

Actualmente el 99 por ciento de los ADRs se desechan y es cuando llegan las reclamaciones. Es decir, sí es cierto que hay existencia de muchísimos asuntos que se tramitan en reclamación, pero no menos cierto es que este el costo que se asume por preservar el sistema de jurisdicción colegiada, cuando hablamos de resoluciones terminales.

La modificación propuesta, coincido con el doctor Rabel, refuerza la discrecionalidad en el análisis de procedencia del amparo directo en revisión; además, impide que el gobernado conozca las razones por las que su asunto no reviste un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos.

Es mucho trabajo para un presidente que tiene que hacer lo que ya se establece y también de eso dependerá la disponibilidad de derechos.

Y, concretamente el hecho de que la decisión del Presidente sea inimpugnable, le pregunto, doctor Rabel, ¿considera que las salas perderían toda posibilidad para disentir con el Presidente y se verían obligados a sólo conocer de aquellos asuntos que éste considerará valiosos o relevantes?

Con la propuesta desaparece la posibilidad de recurrir a una decisión que por definición estaría siendo unilateral, y con eso se impediría elevar los méritos del caso al resto de los ministros integrantes.

Es decir, se estaría otorgando al presidente de la Corte funciones propiamente jurisdiccionales, cuando en realidad deberían corresponder estrictamente al Pleno y las salas, ya que, en primer lugar, gran parte de las atribuciones del ministro presidente se concentra en funciones de orden administrativo.

Y, segundo, debemos recordar que la Corte ejerce su jurisdicción a través de esos órganos, el Pleno y las salas, y los acuerdos de trámite son por definición impugnables en recurso de reclamación.

Es cuánto.

Senador Germán Martínez, adelante, por favor.

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ: Senadora Beltrones, yo también quiero manifestar mi preocupación por esa adición que se ha comentado al recurso de revisión de los amparos directos, donde se quiere incluir en la Constitución que, en contra de auto que desecha el recurso, no procederá medio de impugnación alguno.

Yo creo que ahí podemos estar en la frontera de la arbitrariedad.

Yo entiendo que se necesitan reglas claras para la admisión de ese recurso, y que esto en política judicial ha cambiado de algunos presidentes de la Suprema Corte de Justicia a otros; de Aguinaco, de Góngora, de Azuela, de Ortiz. Unos abren, otros cierran, dependiendo de la carga de trabajo o de los criterios.

Yo creo que esto debe quedar claro en la Constitución.

No sé el magistrado de Alba qué opine, esa es mi pregunta, me interesó mucho su ponencia sobre llevar a la Constitución el principio de las cuestiones propiamente constitucionales; las cuestiones propiamente constitucionales llevarlas a la Constitución como un criterio de que se pueda o no admitir ese recurso de revisión.

Cerrar la puerta a que la Suprema Corte y dejarle la llave de la puerta a la Suprema Corte sólo al Presidente, no me parece que sea una buena idea.

No me parece que sea una buena idea, que además se contradice con otra idea que hay en la propuesta. Por un lado, se habla de eliminar a los jueces unitarios, se dice, porque dos cabezas piensan más que una, y aquí este desechamiento se le deja sólo al presidente, sólo a un juez, cuando efectivamente, como lo ha dicho la senadora Beltrones, pues eso debería ser para el Pleno de la Corte o para las dos salas, dependiendo los temas.

En estos últimos momentos, según revisé yo ayer, anduve ahí hurgando en los precedentes de la Corte, pues hay algunos recursos de reclamación recientes, en los que se ha hecho valer este medio.

Pero yo quiero decir, por ejemplo, que en el amparo directo, en revisión 517 del 2011, enteró el Presidente de la Corte, don Juan Silva, el 9 de marzo del 2011 y la sala lo admitió dos días después, el 11 de marzo del 2011.

Este amparo directo en revisión es el de Florence Cassez. Sin ese recurso de revisión no hubiera habido un amparo para Florence Cassez y así otros temas que ya el magistrado de Alba ha dicho.


La propia impugnación constitucional de la Ley de Amparo se abrió a través de uno de estos recursos, la tutela legítima, en fin, la verdad es que son varios los asuntos de importancia y de trascendencia que ha resuelto la Corte y que sí es necesario pensar bien si se le deja la puerta, la llave de la puerta de la Corte en estos amparos directos, sólo al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Gracias senadora Beltrones, gracias a todos, felicidades por las ponencias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: A continuación tiene la palabra el senador mancera.

Adelante.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA: Gracias senadora, un saludo a todas mis compañeras y compañeros, una felicitación a los ponentes, a las ponentes.

Y preguntarle a la maestra Fabiana también en este mismo asunto del recurso de revisión, el amparo directo. Esta valoración, este criterio que se está incorporando, no sería aplicable cuando se impugnara el amparo contra leyes en amparo directo.

Entendería ¿verdad? Si fuera amparo contra leyes, la reclamación para conocer, por parte de la Corte, ¿ahí sí tendría que seguir conociendo? O también estaría sujeto a la valoración.

Muchas gracias por su respuesta.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Muchas gracias.

A continuación cedo el uso de la palabra al senador Damián Zepeda y por último el senador Dante Delgado.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES:Gracias senadora, les agradezco mucho a todos los presentes por esta oportunidad que nos dan de estar dialogando con ustedes.

Yo quisiera hacer un comentario general y luego algunas preguntas. Lo decía ayer con menor oportunidad y quisiera explicarlo hoy. Cuando estás pensando en una reforma, en este caso en materia de justicia, lo que uno aspira en términos ideales y me parece que aspirar a menos es inadecuado, es hacer los cambios que se requieran, para verdaderamente tener un impacto en la justicia como la reciben y la perciben los ciudadanos.

O sea, ir por menos es la verdad muy limitado y mi pregunta central, más allá de los temas en particular es, si esta es una reforma que va a mejorar el sistema de justicia para los mexicanos, en lo personal yo creo que no.

Me parece una reforma bastante limitada a l aspecto operativo de la Corte, con temas sin duda positivos o con los que uno se puede negar, pero otros sí, pero sin duda alguna no va a cambiar la realidad.

Yo lo día ayer, tan sólo, por ejemplo, en materia penal, hicieron referencia a materia civil, en materia penal, 93.5 por ciento de los tema sin siquiera se denuncia, la mitad de ellos no llegan al juez.

Entonces,  cómo una reforma que toque el sólo el 3.5 del universo, por ejemplo, de delitos en este caso, pues va a cambiar la realidad de la justicia en México. Eso es una mentira.

Entonces, me parece que tendríamos que estar viendo más allá de una Reforma meramente a la Corte o al Poder Judicial, sino al sistema integral de justicia y eso abarcaría, por ejemplo, fortalecimiento de autonomía e independencia, que se dice muy poco en esta Reforma, o incluso hay temas que la debilitan, como el nombramiento de los jueces en lo particular para los casos de violaciones de derechos humanos, o el que no puedan ser recurribles las decisiones del Consejo de la Judicatura.

Se debería estar hablando de profesionalización, se debería estar hablando de infraestructura, se debería estar hablando de mejorar los procedimientos. Hacía referencia ahorita el doctor al Código Nacional de Procedimientos Civiles; nada hay de eso; mejora de tiempos, en fin.

Porque la realdad es que la ciudadanía percibe que no hay justicia en este país precisamente por cuestiones imputables a los gobiernos, entendiendo la concepción amplia de gobierno, no del Ejecutivo sino de cualquiera de los Poderes.

Más del 60 por ciento de las respuestas de por qué ni siquiera van y denuncian, o tienen que ver con que no vale la pena, con que tarda mucho, cuesta mucho, en fin, cuestiones imputables pues al Estado.

Entonces, si no vamos a entrar a una reforma integral, la verdad de las cosas es que decirle al ciudadano que va a haber una mejora substancial en la justicia a mí me parece que no es así. Pueden mejorar algunas cosas, de forma, qué bueno que se organicen mejor, pero no va a cambiar la realidad.

Y hoy yo escucho aquí una de las mentes más importantes en materia (falla de transmisión)… México, a mí me parece que ese es el reto, qué tenemos que hacer de ese Legislativo para poder tener un sistema de justicia ejemplo, para poder tener procesos ágiles, para que la ciudadanía sienta verdaderamente que se hace justicia. A mí me parece que esas son las preguntas.

Y así, genérico, les pongo en la mesa esa pregunta para poder intercambiar entre quienes haceos las leyes y quienes tienen el conocimiento, no sobre una propuesta que en específico se puso en la mesa de buena fe, no puedo señalar algo distinto pero que sin duda alguna no tienen el alcance deseado.

Y sobre los temas en particular, algunas inquietudes. Me parece, en materia, por ejemplo, de controversia constitucional. Entiendo el debate, si de inconstitucionalidad o de legalidad, pero no es momento ahorita para estar debilitando las vías de impugnación de los estados y los municipios.

Hay claramente una disputa entre el Poder Ejecutivo Federal y los órganos locales. Y entiendo que se pueda pensar que la materia fiscal no es relevante, pero es la principal herramienta de política pública del presupuesto, los ingresos, para poder hacer una diferencia de un gobierno frente a sus representados.

Pues claro que sí, la mayoría de los juicios van a ser de esa naturaleza porque es la materia más importante para un municipio y para un estado. Y en este momento quitarle la posibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pasarla a un tribunal secundario, le quita relevancia, le quita visibilidad y, por lo tanto, debilita los medios de defensa.

¿Qué pensará -le dejo la pregunta- de un fortalecimiento, más allá de un debilitamiento? Por ejemplo, el Poder Legislativo Federal se encuentra atado de manos, no puede impugnar una invasión de su esfera de competencia porque tiene una mayoría, un partido político del mismo el partido que el que gobierna al Ejecutivo.

Les pongo un ejemplo: en materia de los nombramientos, si el Ejecutivo no respeta la Constitución cuando manda las ternas y vuelve a enviar la misma terna, no permitiendo el desarrollo del ejercicio de la facultad constitucional del Legislativo, de rechazarlas, caso que ya pasó en órganos reguladores de energía, no hay nada que pueda hacer el Legislativo.

¿Por qué?, porque no tiene vía, porque sólo la controversia constitucional la puede presentar, en este caso, o el Presidente y la mayoría; no tienes mayoría, no es como la acción de inconstitucionalidad.

Hacia allá deberíamos de estar hablando porque al final del día presentar una acción de controversia constitucional en este caso, o algún otro medio de defensa, lo único que hace es que el Máximo Tribunal se pueda expresar sobre la constitucionalidad de la materia, no quiere decir que te van a dar la razón, quiere decir que tienes un medio de defensa para evitar una vulneración ante la propia Constitución.

Dos. Sobre los temas del Consejo de la Judicatura.

Pues nos parece que es incorrecto el que un órgano administrativo asuma funciones jurisdiccionales, y en este caso que deje sin medio de defensa a jueces y magistrados.

Y tres. Hay una preocupación que quisiera escuchar su opinión, sé que no es materia de hoy –y con esto concluyo– pero quisiera escuchar, aprovechando el talento que está aquí, de que con la facultad de que se puedan designar jueces en específico para casos de violaciones graves de derechos humanos; se cometa una injusticia, se pierda la objetividad de la impartición de justicia y que se puedan designar de manera deliberada a juzgadores para atender los intereses particulares; en este caso de un gobierno.

Particularmente, y lo digo con mucho respeto, derivado de que la integración del órgano que tendría esta decisión, es una integración política: el Consejo de la Judicatura tiene una integración política.

Se nombran dos de sus integrantes por el Legislativo, con mayoría simple. Otro con un representante del Ejecutivo y el resto, sí, con un mejor método interno.

Son mis inquietudes y simplemente aprovechar para agradecerles el tiempo que nos han brindado y sobre todo, tratar de aprovechar, escuchar su opinión de qué sí sería una reforma que pudiera cambiar el sistema de justicia en México o si creen que esto es lo único que necesita mejorarse.

Gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Gracias, senador.

El senador Dante Delgado y después la senadora Navarro.

Adelante, senador Delgado.

SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Gracias, senadora Sylvana Beltrones.

Señores ponentes, compañeras y compañeros senadores.

Desde luego que esta es una reforma que tiene aspectos positivos. El aspecto negativo, de manera sustantiva, es el que haya sido construida en cuatro paredes, escuchando algunas personas; pero no escuchando internamente a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Y externamente, a los colegios, barras de abogados e incluso litigantes, que tuvieran con académicos, intereses en el ejercicio de la administración de justicia.

No es una reforma integral, es una reforma aparente. Tiene aspectos que agravan de manera sensible la vida institucional del país, sobre todo en estos momentos en los que por la falta de atención del Ejecutivo Federal, ha habido la creación de instancias como la Alianza Federalista, ante la cerrazón de un Presidente de la República que tiene la obligación de tener trato con los estados y con los municipios, con medidas de recortes a los municipios como los fondos mineros.

En este momento, pensar que las controversias constitucionales tienen que simplificarse para ir a la constitucionalidad, evidentemente están en un contexto que se vive en el país, fuera de la realidad. Por decir lo menos.

Por otro, la reforma, ya lo dijeron todos nuestros compañeros y suscribo sus puntos de vista; pero la reforma lleva a un empoderamiento en la toma de decisiones en una sola persona: en el presidente de la Corte, y esto no puede ni debe ser así.

Las decisiones de que el Consejo de la Judicatura, lo acaba de decir el senador Zepeda, cuando tiene tantas responsabilidades el Consejo de la Judicatura, y en el propio Senado los representantes del Senado son por mayoría simple, resulta una contradicción.

Nosotros tenemos que ser muy precisos, no podemos permitir Tribunales especiales, no podemos permitir que se rompan los mecanismos históricos de asignación de competencias y de atención de casos, para que se dé en la discrecionalidad una visión de corte político-jurisdiccional, como los casos en los que se ha actuado de manera muy vergonzante, en acciones incluso coercitivas contra jueces y magistrados que han actuado en un sentido contrario al interés del poder.

Desde luego que nosotros advertimos aspectos positivos, la carrera judicial, la defensoría pública, la corrupción, hay que eliminarla, pero hay temas que no se tocan y que deben ser abordados.

El nombramiento de las propuestas de las ternas de los ministros de la Corte, que pueden ser rechazados por el Senado, pero el presidente puede mandar el  hay que eliminarla, pero hay temas que nmo se tocan y que deben ser abordados.

otra terna que, como lo dijo el senador Damián, han recurrido a mandar a las mismas propuestas, aunque hayan tenido incluso cero votos, lo que es una falta de respeto del Ejecutivo al Legislativo.

Y Movimiento Ciudadano se pronuncia porque se haga una reforma que permita que el Presidente de la República no mande ternas sino a una persona que en base a sus méritos merezca ser ministro, y que solamente se den las condiciones para que el Pleno del Senado se apruebe o se rechace, y serían tantas propuestas como las necesarias para encontrar a las personas ad hoc y no dejarle, como en este momento lo establece la Constitución, la discrecionalidad al Presidente, después de dos rechazos de terna para que nombre a la persona que lo desee.

Este tipo de situaciones nos deben llevar a imaginar que nosotros debemos de ver también los pendientes, la renuncia de los ministros.

Cuando tan arbitrariamente se están tomando decisiones y se quiere coaccionar a ministros, magistrados y jueces con unidades administrativas que dependen del Ejecutivo, es necesario que se establezca en la Constitución la obligatoriedad de los ministros que renuncian, de presentarse al Senado de la República a explicar las razones por las que se separan y no dejar en las tinieblas de las más oscuras interpretaciones, decisiones que vulneran la independencia de quienes deben impartir justicia.

Y, por otra parte, hay acciones que deben ser consideradas. Las acciones de inconstitucionalidad debe de facultarse a los partidos políticos para que, más allá de la materia electoral puedan presentar acciones de inconstitucionalidad, precisamente si se quiere llevar a la Corte poco a poco a hacer un tribunal verdaderamente constitucional.

Por demás está decir en el desamparo en el que se dejarían a los municipios cuando los estados tengan que estar tomando, a través de sus órganos jurisdiccionales, decisiones para favorecer a un municipio en contra del titular del Poder Ejecutivo.

Hoy mismo está en el escaparate público la felonía que se ha hecho en el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, donde hay una intervención abusiva del Poder Ejecutivo local; en función de qué va a haber credibilidad, en la impartición de justicia, cuando le dejes a los propios órganos locales que diriman las disposiciones encontradas entre municipios y el congreso local, o entre la hacienda estatal y los municipios.

Entre las participaciones federales, que son las que se están viendo ahora, y entre la omisión al texto constitucional del propio Ejecutivo Federal, que en la última reforma de Guardia Nacional, con precisión se estableció un transitorio de apoyo a las policías estatales y municipales, que no se ha traducido en el presupuesto generado por el Ejecutivo y aprobado por una mayoría que de manera crítica aprueba lo que se presente.

En esas condiciones, Movimiento Ciudadano manifiesta que, o hacemos una reforma más profunda, o estaremos imposibilitados de acompañar en todo el orden una reforma constitucional parcial, conculcatoria de derechos que se le otorgan facultades jurisdiccionales al Consejo de la Judicatura, que se volvió un ente grande, obeso, pesado, y que se reprodujo en todas las entidades en lugar de generar confianza en la justicia en el país.

Desde luego que aceptamos todo lo positivo de la reforma, estamos de acuerdo en que los tribunales unitarios pasen a ser colegiados, ojalá haya el presupuesto para que esto se logre, pero son tantas las cosas que faltan, que es claro que se está haciendo una reforma muy precipitada, parcial y, desde mi punto de vista, facciosa.

Gracias coordinadora.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Gracias coordinador Dante.


A continuación tiene la palabra la senadora Navarro hasta por 4 minutos, por favor.

SENADORA NADIA NAVARRO ACEVEDO: Muchas gracias Presidenta.

Comentar que agradezco la participación de quienes hoy nos han mostrado su interés de aportar a esta reforma. No puedo coincidir más con el hecho de saber que falta escuchar voces, a mí me hubiera encantado que en este ejercicio de Parlamento Abierto pudieran haber participado, además de ministros, pues también otras organizaciones y barras de abogados, porque nos enriquece.

Segundo, decir que espero que este ejercicio de Parlamento Abierto no sólo concluya como en un buzón de sugerencias, sino que más allá de cualquier circunstancia, puedan ser consideradas y con esto mandaríamos un mensaje y un ejercicio de parlamento abierto, pero sobre todo de un Senado sensible que escucha y que incluye.

¿Por qué? Porque no podemos ser mera oficialía de partes del Poder Judicial. Creo que esta reforma y estas propuestas que hoy hay en materia judicial, pueden enriquecerse enormemente.

Me preocupa muchísimo el tema dela competencia. Ojalá que, aprovechando este gran esfuerzo que ya se está haciendo de inclusión, pudiéramos delimitar la competencia que hoy existe respecto de las salas en la Suprema Corte de Justicia, porque la competencia laboral y administrativa pues la están conociendo las dos salas.

Pudiera ser un gran inicio. Por supuesto me preocupa muchísimo el tema del recurso de reclamación. Creo que de aprobarse y de no considerarse esta situación, pudiéramos dejar en estado de indefensión a muchísimas autoridades de naturaleza administrativa.

Y además de eso, pues a mí me gustaría también retomar este ejercicio de los tribunales unitarios, me parece que tendríamos todavía que discutirlo, toda vez que si hoy la justicia muchas veces no se hace llegar a los justiciables, pues bueno, va a ser muchísimo peor en dos instancias y con más audiencias en los tribunales colegiados.


De entrada quiero dejar asentado, voy a hacer llegar a su oficina las observaciones que tenemos. Primero, que esté definida la competencia de las salas de la Suprema Corte, que la Primera Sala ya no conoce en materia administrativa.

Eso sería un buen inicio para que los acuerdos generales que emite la Suprema Corte de Justicia no se acoten a que pueda ser de manera indistinta el conocimiento de la materia administrativa, sino que nada más a la sala que le compete.

Segundo, que siga existiendo el recurso de reclamación contra el desechamiento de un amparo directo en revisión, la posibilidad para que las autoridades administrativas locales puedan interponer un recurso de revisión contenciosa administrativa, que es un aspecto que hoy no se encuentra regulado y que esta sería una magnífica oportunidad para que lo pudiéramos considerar, pues aquellas no pueden promover juicio de amparo.

No está previsto en la reforma presentada por el Poder Judicial en este caso y creo que vale mucho la pena incluirlo y asimismo, es la posibilidad de que, en este caso, el desestimiento a una acción de inconstitucionalidad y controversia constitucionales, pudiera hacerse, toda vez que en el parlamento hay este ejercicio muchas veces de poder interponer la acción de inconstitucionalidad.


Pero lamentablemente después, cuando se llega a un acuerdo, cuando llega a haber una conciliación, pues muchas veces se tiene que seguir de oficio y no existe esa posibilidad de desistimiento. Creo que sería un buen ejercicio y abonaríamos mucho para que esta reforma pudiera considerarse de manera integral.

Por último, decirles que si en el Senado de la República muchos de los senadores y  coordinadores han presentado iniciativas en la feria judicial, valdría la pena que retomáramos únicamente para robustecer, enriquecer esta reforma que se denomina judicial.

Muchas gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Gracias senadora.

Por último tiene la palabra el senador Saúl López.

SENADOR SAÚL LÓPEZ SOLLANO: Estimadas y estimados compañeros senadoras:

Hoy comenzamos los trabajos de discusión en relación a la paradigmática Reforma propuesta, con la finalidad de transformar al Poder Judicial de la Federación, por lo que me permitiré dar un breve comentario, con la finalidad de apoyar a lo que en este espacio trataremos, siendo preciso comenzar exhortándoles a que nos desempeñemos de manera objetiva, para construir una Reforma que realmente enriquezca al Poder Judicial y sea una herramienta para construir una institución justa, que sea ejemplo y reflejo de su propia misión.

La iniciativa es basta y precisa en los puntos que desea impactar. Sin embargo, es menester destacar que los problemas que se pretenden solventar son varios y de diferentes índoles, por lo que se deben abordar de manera separada, tal y como se analizarán las pretensiones que las y los ciudadanos solicitan cuando acuden ante este Poder.

De manera general, me pronuncio a favor del lenguaje incluyente que se introduce, pues como se dice: lo que no se nombra, no existe. Y es preciso saldar la deuda con las mujeres, que han sido invisibilizadas en el texto normativo de manera histórica.

Por cuánto a la creación de los plenos regionales, celebro la transformación de los mismos. Si lo anterior pretende que se dé mejor atención a los justiciables, puntualizando desde hoy, que se debe estudiar a detalle el impacto presupuestal que esto pueda causar, pues debe ser mayor el beneficio que se pretende que el gasto que se erogue.

Por lo anterior, solicito que, al aprobarse, atendiendo a las disposiciones fiscales, se agregue desglosado el impacto que esto generará, pues no s poco el presupuesto que el Poder Judicial ya ejerce actualmente.

Asimismo, solicitaré lo idéntico por cuánto a la Escuela Judicial, pues, aunque es bien sabido que ya existe unidad administrativa que desempeña estas funciones, la fuerza constitucional que le brindará al disponer expresamente su función de llevar los concursos de oposición, debe estar reglamentada y correctamente vigilada en todos los aspectos, desde previo a su creación.

Siendo con lo relativo a los concursos de oposición, celebro que se planteen procesos más estrictos, pues también es sabido que el Poder Judicial se encuentra inmerso en una red de nepotismo impactante, que ha sido comprobada y descubierta en sumas ocasiones, sin que pareciera que se tome acción alguna para detenerla por lo que, en ese sentido, en su momento, plantearé que la Reforma Constitucional que se estudia hoy, conlleve también distintas reformas que le acompañen para restringir y sancionar de manera más enérgica estas cuestiones.

Sin afán de extenderme más, es preciso puntualizar, también, lo relativo a la Reforma al artículo 103, pues se plantea una delimitación importante en la competencia de los asuntos que se atenderán, ya que, si bien no es poco conocer de lo relativo a las normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución; así como por los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte.

Tampoco es menor que se eliminen dos fracciones que existían y de las cuales también emana la Ley Reglamentaria.

De ellos será importante conocer minuciosamente la decisión por la que se plantea derogar, es decir, conocer si existen estadísticas de la inoperancia de promover la acción jurisdiccional, bajo los supuestos que se suprimen.

En último plano, me pronuncio respecto de la transición de utilizar las palabras “tesis”, por la palabra “criterio”, pues más allá de simplificar la reducción como se está haciendo en otros artículos también, y lo cual me parece un acierto; implica un impacto en el lenguaje jurídico, se plantea homologar la denominación que le ha dado a las interpretaciones de los órganos colegiados jurisdiccionales para utilizar, por ejemplo la conocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que no niego, a todas luces parece progresista, sin embargo es importante revisar si es realmente necesaria para el sistema jurídico mexicano dicha transformación.

Y si bien no estoy en contra, sí considero de relevancia conocer la relevancia que tendría tal reforma.

Concluyo, reiterando que el tema que hoy nos ocupa, no es cosa mínima, resaltando a su vez la magnitud del impacto que tendrá cuando a posterior a la amplia discusión que tendremos, se apruebe.

Es cuánto.

Gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Gracias.

Hemos concluido la ronda de preguntas por parte de los legisladores.

Debido a que cada uno de los ponentes fue aludido, les voy a dar la palabra en el orden de sus intervenciones, y para ello tiene la palabra el doctor Miguel Carbonell, pidiéndole a los ponentes atender al tiempo que se les dio.

Gracias.

DOCTOR MIGUEL CARBONELL: Gracias, senadora Beltrones.

Gracias a las observaciones y comentarios de las senadoras y senadores, con los cuales coincido.

Y, particularmente quiero hacer referencia a dos categorías de observaciones, una que tiene que ver sobre la configuración de los ADR, que fueron materia de comentario de la propia senadora Sylvana Beltrones, del senador Mancera y del senador Germán Martínez.

Y, esto tiene que ver con la comprensión de la carga de trabajo de la Suprema Corte. Si nosotros por ejemplo, vemos la estadística anual de sentencias dictadas por Tribunales emblemáticos, como la Suprema Corte de Estados Unidos, allá dictan en promedio entre 80 y 100 sentencias anuales; 80 y 100.

En México, la Suprema Corte durante muchos años dictó 15 mil y 16 mil sentencias cada año. Esta desproporción se genera precisamente por eso que atinadamente se calificó hace unos minutos como fábrica de desechamiento de los ADR.

Entonces, si nosotros queremos una impartición de justicia a nivel de la Suprema Corte de mayor calidad. Y queremos también una corresponsabilidad de tribunales colegiados de circuito e incluso de poderes judiciales de las entidades federativas; necesitamos que el trabajo de la Corte se concentre en no estar ejerciendo esta función de bateo permanente, de rechazo permanente.

Si esto se logra eliminando el recurso de reclamación o dándole unas atribuciones excesivas al presidente de la Corte, es algo que ustedes mismos comentaron y que creo que ustedes tienen que valorar. Ustedes tienen que valorar la lógica de equilibrios internos en la Corte, la lógica de distinción entre función administrativa y función judicial.

Pero sí, me permito invitarlos a la reflexión sobre el modelo de control constitucional que queremos. No hay tribunal constitucional del mundo que sea capaz de dictar 16 mil sentencias, buenas o excelentes o entrarle a 16 mil temas anuales. Eso no lo pueden hacer en Estados Unidos, no lo hacen, no lo hace Inglaterra; España lo hace, pero son 14 mil asuntos allá anuales, pero también muchos de desechamiento.

Así que ahí hay una reflexión que ustedes tienen que hacer porque, además está, y eso no se nos olvide, no era materia de hoy pero ahí les va, está la facultad de atracción.

Es decir, si hay un tema importante, se puede solicitar el ejercicio de facultad de atracción para que llegue al conocimiento de la Corte, por un lado.

Y, por otro lado, para ser muy breve, haría alusión a las reflexiones del senador Damián Zepeda y del senador Dante Delgado, que me parecieron extraordinariamente pertinentes, en el sentido de pensar, en el momento en el que el Senado lo decida, en una reforma que incorpore otros temas y que incorpore una reflexión más de fondo sobre las reformas que se requieren en el país en materia de justicia.

Por ejemplo, me pareció extraordinariamente atinada la observación del senador Dante Delgado sobre quitar el sistema de ternas.

El sistema de ternas es disfuncional, da lugar a muchas negociaciones que no se deberían de dar.

El nombramiento de un integrante de la Suprema Corte tiene que ser sobre la base de un nombre, y el Senado tiene que evaluar las cualidades de esa persona, y saber si cumple con los requerimientos para integrarse a la Suprema Corte o no.

Yo estoy a favor de que se quite el sistema de ternas, y esto tendría que ser por supuesto algo que se atienda, igual que la reforma, ya lo dije, lo repito, de la justicia a nivel de las entidades federativas, etcétera.

Y lo que está hoy en sus manos, senadoras y senadores, lo digo con respeto, perdón por la insistencia, pero llevan dos años violando la Constitución.

Lo que está en sus  manos es emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares. Si ustedes quieren mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de este país, emitan ya el código, emitan ya el código; concéntrense en trabajar en eso y le harán un bien muy muy grande a este país.

Esa materia hoy está bloqueada, está bloqueada. Si ustedes no actúan, las entidades federativas no lo pueden hacer, no pueden legislar, no pueden tocar los códigos locales porque ya se les expropió esa facultad, y es algo que nos orienta en la dirección correcta.

Ya el Poder Legislativo en 2014 expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, es momento de dar el mismo paso en materia civil y familiar.

Está en su cancha. Ojalá se cumpla pronto y muchas gracias por su atención.

SENADORA SYLVANA BELTRONES: Gracias.

A continuación tiene la palabra el doctor Rabel.

No me aparece ahora. Cedo la palabra ahora a la maestra Fabiana Estrada.

MAESTRA FABIANA ESTRADA: Muchas gracias, senadora Beltrones.

Ésta no pretende ser una reforma integral al sistema de justicia.

Ésta es una reforma del Poder Judicial de la Federación para el Poder Judicial de la Federación.

Busca atender aspectos muy puntuales, pero que no por eso dejan de ser trascendentes y prioritarios para la impartición de justicia.

Fortalecer la justicia constitucional no es una cuestión ajena a la justicia para las personas.

Fortalecer la justicia constitucional sí tiene la capacidad de mejorar la impartición de justicia a todos los niveles. Tiene la capacidad de que avancemos hacia un sistema de mayor cultura constitucional Tiene la capacidad de establecer una cultura de la constitucionalidad que permee a todos los operadores jurídicos, que permee a la impartición de justicia local.

No es una reforma integral, pero lo que proponemos, fortalecer a la Corte como tribunal constitucional, sí va a hacer diferencia en la vida de las personas.

Fortalecer a la Corte como tribunal constitucional, fortalecer la justicia constitucional no requiere ni pasa por darle más atribuciones a la Corte.

Cuando hablamos de fortalecer la justicia constitucional, esto no implica que la Corte conozca más cosas, que la Corte conozca de más tipos de conflictos.

A la Corte, por el contrario, le haría mucho daño una mayor judicialización de la política, y meterla más en los conflictos políticos no haría más que debilitarla y dañar su legitimación.

No deberíamos permitir que se trasladen al Poder Judicial de la Federación costos que deben dirimirse en el ámbito del proceso político.

Entonces es al revés, para fortalecer la justicia constitucional debemos ir, no se trata de que vayamos por menos. Cuando vamos por menos, cuando decimos que la Corte debe conocer menos asuntos, asuntos más relevantes, limitar la procedencia de las controversias constitucionales, todo esto lo que hace es realmente fortalecer y ampliar la capacidad que tiene la Corte de generar una doctrina que enmarque toda la actuación de todos los órganos de gobierno.

Esto nos va a dar una Constitución común para todos los operadores jurídicos. La Corte, si tiene más posibilidad de dictar mejores sentencias en menos casos, sentencias más pensadas, va a generar una doctrina que va a enmarcar de mejor manera la labor de todos los órganos del Estado.

Es cierto que para los municipios ha sido muy importante la controversia constitucional, pero los municipios van a seguir teniendo a su alcance la controversia constitucional.

El artículo 115 les da protecciones muy amplias y muy sólidas, que van a seguir siendo materia de la controversia. El artículo 115 constitucional protege la hacienda municipal.


Lo que ya no va  a ser materia de conocimiento por la Corte, van a ser que si los intereses, que se pagaron correctamente los intereses, si te pago a tiempo, esto no tiene por qué ser materia de control por parte de la Corte.

Tenemos que confiar en los otros órganos del poder del Estado. Tenemos que depositar en ellos mayor confianza. No tenemos que legislar, pienso, no tendrían ustedes que legislar a partir de la desconfianza en las constituciones.

Ahora, por cuanto hace al amparo directo en revisión, creo que sí es importante advertir este cambio de paradigma, a través del cual ya no debemos ver al amparo directo en revisión como un derecho de los gobernados de acceder a una cuarta instancia.

Es una vía para la conformación, una agenda jurisprudencial que sirva como modelo para una justicia pedagógica. Si lo vemos desde este cambio de paradigma, entonces ya el desechamiento ya no es un tema de arbitrariedad.


Ciertamente, el amparo directo en revisión es muy importante y, efectivamente, ha sido la fuente de casos muy importantes y por eso debemos fortalecerlo y fortalecerlo implica dar mayor discrecionalidad para su conocimiento.

Hay algo aquí también muy importante: la iniciativa de reforma sólo dice que en contra del desechamiento del amparo directo en revisión no va a proceder medio de defensa alguno, no va a proceder recurso alguno, pero el amparo, la iniciativa de reforma no señala que sea el Presidente el que va a desechar necesariamente el recurso de revisión.

Esto podría quedar a la legislación secundaria, hacerse un mecanismo de una comisión, podría ser un acuerdo de desechamiento dictado por el Presidente, por los presidentes de salas, podría ser un acuerdo dictado por tres ministros, simplemente para darle una mayor legitimidad a la emisión del desechamiento, pero esto es imprescindible que en contra del desechamiento no proceda recurso alguno, porque entonces, de las 15 mil solicitudes que llegan a la Corte, vamos a tener que seguir conociendo de recursos de reclamación y no se va a lograr el objetivo planteado.

Creo que esto es todo por mi parte. Me parece que esta reforma efectivamente no es la reforma, no aborda todos los problemas, pero sí establece cuestiones muy puntuales que van a traducirse en mejoras en la vida de las personas.

Muchas gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Gracias maestra.

Creo que ya está conectado el doctor Enrique Rabell, adelante.

DOCTOR ENRIQUE RABELL GARCÍA: Muy bien, muchas gracias.

Coincido efectivamente en los comentarios de que no es una reforma integral completa, no es ni blanco ni negro, sino hay diferentes tonalidades.

Creo que coincidimos en los aspectos por llamarlos negativos de la reforma, creo que hay consenso por todos nosotros, no los voy a tocar y los aspectos del rumbo.

El rumbo es positivo pero se queda corta la reforma. Creo que de fondo no va a resolver los problemas, va a hacer mejorías, vamos a decir, sustanciales.

Coincido plenamente con el doctor Carbonell en que la Corte tiene que ser una Corte constitucional y no una Corte de legalidad como hoy es en día.

La alta carga de trabajo hace imposible llevar un trabajo eficiente. La Primera Sala, la Segunda Sala y el Pleno, las tres instancias resuelven amparos y juicios constitucionales al mismo tiempo, esto no es especialización.

Por eso vuelvo a insistir en la necesidad de crear una sala especializada en juicios constitucionales al mismo tiempo. Esto no es especialización, por eso vuelvo a insistir en la necesidad de crear una sala especializada en juicios constitucionales.

Ahora, en controversia, la propuesta que hice de eliminar los asuntos municipales, si ustedes ven con cuidado, yo solamente hablé de asuntos estrictamente locales, asuntos entre dos municipios o asuntos entre gobierno del estado y municipios, y si ustedes ven los asuntos de federalismo fiscal no entran ahí, porque son asuntos entre la Federación, un municipio, el Estado, etcétera. Al haber una Ley Federal de Coordinación Fiscal, no entraría esta hipótesis.

Entonces, yo creo que esto es una propuesta sana para que los asuntos estrictamente locales, tengan que ser resueltos en la justicia constitucional estatal.

Por otro lado, ¿qué podemos hacer si tenemos desconfianza? Pues podemos legislar en el 116 para garantizar una verdadera autonomía del Poder Judicial de los estados, para garantizar una verdadera carrera judicial, y desde lo federal, desde nuestra Constitución, garantizar que estos poderes judiciales efectivamente puedan tener estas características de legitimidad para poder hacer frente a estos tribunales constitucionales.

Se habla que esta propuesta atenta contra el Pacto Federal, pero decir Pacto Federal, es un tema muy amplio porque el Pacto Federal para un senador es otro, el Pacto Federal para el Presidente de la República es otro, el Pacto Federal para el gobernador de Nuevo León es otro, y el Pacto Federal para los diputados del Estado de Querétaro -me refiero a los locales- pues es otro.

Si no confiamos en los estados y creemos que siempre van a ser niños, pues siempre lo serán porque les vamos a dar trato de niños. Tenemos que tener esta confianza, tenemos que dar los pasos necesarios para que la soberanía interior de los estados se cumpla de manera efectiva.

En la medida en que se fortalezca esta soberanía interior, menos carga de trabajo tendrá la Federación, y esto es un aspecto indudable. Sabemos perfectamente que esta Federación está cargada de centralismo en todas las materias.

Tenemos que dar los pasos para fortalecer a las entidades. Y estas dos pequeñas propuestas apoyarían este tema de controversia y desahogan a la Corte.

Quiero recalcar que los mismos juicios se ventilan por inconstitucionalidad y controversia y se están repitiendo los juicios. Hay que revisar los principios de admisión de un juicio o del otro, para que no se repita este litigio estratégico.

Y, por último, en materia de amparo. Efectivamente, tenemos que dar un paso para que la Corte se dedique a los juicios de amparo, son realmente constitucionales, realmente de interpretación de la Constitución, realmente casos novedosos, realmente casos que interpreten los derechos humanos que están en la Constitución y dejar, vamos a llamarlo de esta manera, el trabajo de legalidad en los tribunales colegiados de Circuito.

Vuelvo a insistir: una Reforma que apoya a todo el Poder Judicial Federal y de las entidades federativas, es, en este paso, que la Corte cree jurisprudencia con efectos generales.

Y aquí, vuelvo a insistir en la propuesta, en una nueva ley reglamentaria especial o en parte de la Ley de Amparo, o en la que ustedes gusten, crear estos supuestos de qué es una falta directa a la Constitución, crear estos supuestos para poder, que la Corte, pueda emitir estas sentencias con efectos generales y que no sea simplemente una facultad discrecional, de la Corte o del Presidente de la Corte. Esto ayudaría a desahogar la justicia de una manera muy interesante.

Por último, fue muy interesante un comentario que hicieron sobre la propuesta de designar a jueces para conocer casos de violaciones de derechos humanos.

Esta facultad ya existía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace mucho tiempo y en la práctica jamás se ha utilizado. La Corte, de manera prudente, históricamente nunca lo utilizó porque es meterse en problemas, y este tema es de prosecución de justica, este tema corresponde a las fiscalías, no corresponde al Poder Judicial.

Por otro lado, hoy en día, en cualquier juicio federal, y también en estatales, el juez tiene capacidades de investigación, tiene capacidades de hacer peritajes, etcétera, etcétera. No necesita facultades adicionales para conocer situaciones que se presenten durante el juicio. Entonces, sí considero una exageración que exista esa propuesta.

Por mi parte es todo. Muchas gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Gracias, doctor.

Cerramos con la participación del doctor José Manuel de Alba. Adelante.

Doctor, encienda su micrófono, por favor.

DOCTOR JOSÉ MANUEL DE ALBA: Retomo.

Bueno, aquí al respecto y tomando la alusión que hizo el senador Germán Martínez, en la pertinencia, todas las cuestiones son opinables. Es muy discutible y primero, para hablar del desechamiento sin recurso del amparo directo en revisión.

Como bien lo señalaba, el caso de Florence Cassez hubiera sido diferente si le hubiera tocado al ministro Ortiz Mayagoitia. El ministro Ortiz Mayagoitia en su voto particular, y estoy señalando, decía que no había por qué tuviera que estar aquí. Una mera cuestión de percepción.

Y en ese aspecto, quitar un recurso precisamente, se complica. Y el recurso es un instrumento para, ya como derecho humano, lo podemos poner así en términos del artículo 25 de la Convención y 17 de la Constitución, el que haya muchos habría que más bien regularlo y no eliminarlo, porque tiene funciones y ha servido como tal, ya lo hemos señalado los casos.

Y es correcto, bien lo señala la doctora Fabiana, el doctor Carbonell, en ese aspecto sí, ¿Qué quisiéramos? Como la Corte americana, que escojan 200 casos y son los que resuelven y con esto tienen.

Pero de alguna manera, la forma en que lo estructuramos nos llevó a esto. Entonces ya está, tenemos el recurso, pues hay que buscar que no se elimine.

Lo mismo, tocando el tema de la desaparición en un momento dado de que el Consejo de la Judicatura, los acuerdos puedan ser revisados por el Pleno. Creo que la reforma del 94, que dio origen al Consejo de la Judicatura y que luego, en el 99 se transformó y se dejó de decir que el Consejo de la Judicatura era parte de la soberanía, o sea, donde se depositaba el Poder Judicial y se quedó como meramente administrador; creo que sigue quedando bajo el control de la Suprema Corte.

O sea, de alguna manera no se crearon dos entes. En un principio sí fue muy complicado, el Consejo de la Judicatura con su creación, alguien decía: es como un águila bicéfala, un cuerpo con dos cabezas y que de repente se presentaron muchos conflictos.

De inicio, cuando llegaron los primeros consejeros y que se redujeron los ministros a 11, llegaron a tomar la planta alta de la Suprema Corte y empezaron conflictos, de mucha índole: estacionamiento, elevador, cosas que no viene al caso comentar, pero que salieron y se tuvieron que ir.

Muchos consejeros en ese contexto, se designaron por insaculación, fue la suerte, y de repente quedaron algunos que como se complicó la cuestión en muchos aspectos administrativos, unos tomaron demasiada fuerza, y el ministro de alguna manera se estaba complicando el manejo del Consejo de la Judicatura, teniendo consejeros un poquito incómodos, por ponerlo así.

Bueno, lleva a que la Corte retome en el 99 este caso y dice: este es un ente que está a la administración de nosotros, y obviamente con ese contexto, sus asuntos, los acuerdos los vamos a poder revisar nosotros.

Entonces, esa facultad de revisar es precisamente en función de esta reforma del 99, en que se retomó y se reajustó y no quedó como un depositario del Poder Judicial.

Entonces, creo que ese es un punto muy especial por lo cual debe de seguir este punto. No me parece que le esté causando demasiado problema a la Suprema Corte y que esto sea parte del rezago. Si cuando me dicen que nada más se ha resuelto uno, no es parte del rezago.

Entonces, este es un recurso y puede servir en su momento precisamente para equilibrar.

Como bien se dijo también, escuché al senador Damián Zepeda, es un órgano de alguna manera ecléctico: mitad jurisdiccional, mitad político, y que hay decisiones políticas; entonces estas decisiones políticas deben de estar todavía, aunque sea mitad y mitad y que haya parte de magistrados que sean parte del Consejo, no deja de tener esa carga.

En este contexto, la Suprema Corte puede ser y retomar su facultad de revisar estos acuerdos generales.

El que también comento que se haga también, porque sí las retiene, por ejemplo, en asuntos particulares la revisión contra cuestiones administrativas de los jueces y magistrados, cambios de adscripción, etcétera.

De estas sí hay el recurso y llega a la Suprema Corte a final de cuentas.

Aquí lo único que podríamos agregar es que también llegue la medida cautelar; o sea, que la medida cautelar como tal, sea parte del recurso que pueda interponerse contra la medida cautelar, porque le siguen el procedimiento, los cesan preventivamente por uno o dos años y ahí se acabó la carrera, y resulta puede haber un después disculpe.

Si no se le da el recurso correspondiente, y aquí es sustantivo. Este es un tema que en materia de amparo se maneja, los actos dentro del juicio de imposible reparación, generalmente las medidas cautelares están sujetas a eso; son de imposible reparación que ya la sentencia no los va a reponer.

Y la otra, como les comentaba, tenemos que fortalecer, en ese sentido, la facultad de las asociaciones de jueces y magistrados que se han generado y que son el reflejo del ejercicio de su facultad de asociación y, bueno, creo que en muchos países tienen mucho éxito y se hace de forma muy respetuosa.

O sea, no se trata de enfrentar ni nada por el estilo, pero las asociaciones generan conciencia, sentido de grupo, estudio y también, cuando uno que conoce o en la asociación hay propuestas o reformas en las que puede uno participar, por esa experiencia que tenemos en ese contexto, tenemos casi 40 años trabajando en el Poder Judicial, algo podemos opinar al respecto, y por medio de la asociación nos da más legitimación, porque tampoco para acudir todos están impugnándola.

La asociación que sea nuestra vía para poder hacer comentarios, no ir en contra; hacer comentarios para enriquecer en este contexto.

Y, en otro sentido, ya nada más que salió el tema, con la designación de ministros. Bien podríamos regresar al sistema americano, que ya lo teníamos desde antes, porque precisamente se toma o se rechaza, punto, porque del otro modo es complicado, son tercias, se critica mucho las tercias; de repente decía alguien, pusieron un Ferrari contra dos bochitos y ya se sabía. O sea, son cuestiones que en realidad el que se presenta es al que cuestiono, pero que no se me quede la cuestión de que tengo que escoger a uno, que ninguno fuera el bueno, pero tengo que escoger a uno.

Bueno, yo creo que con uno y que se rechace es suficiente, y se siga la mecánica hasta que le presenten al bueno, y esto obligaría al Poder Ejecutivo a que su propuesta sea muy factible para que no se tenga que optar en un momento dado por el juez.

Otra opción, o sea, nada más decir no vamos a designar al más bueno sino de estos tres tiene que salir uno, no es lo mismo que ese al que me presenten es el bueno.

Pero en fin, esto es nada más desde un punto de vista histórico; nosotros adoptamos el sistema americano, no quisimos remover en la reforma del 94, muy bien, vamos, funciona, no funciona, qué problemas nos presentan, no está por demás.

Y avalando lo que dice el doctor Miguel Carbonel, también hay una duda, y ya está fuera de esto la reforma que se debe presentar al Código de Procedimientos Civiles.

En Veracruz tenemos un gran rezago de justicia.

Se ha establecido, en ese contexto, por ejemplo, ya se reformó el Código Civil y se estableció el divorcio sin causa; pero resulta que nuestro Código todavía tiene el procedimiento y no se puede ajustar el procedimiento para hacerlo, que en el (inaudible) de inicio se divorcien y que siga todo el procedimiento, no se puede hacer, y no se puede hacer porque ya tengo el derecho sustantivo pero el derecho adjetivo sigue siendo en que no puedo dividir la continencia de la causa.

Se puede resolver jurisprudencialmente, pero esto requiere, y la gran mayoría, una de las complicaciones en las que está el Poder Judicial en muchos casos, es precisamente por la inactividad, en este caso, en materia civil, en que no se adecuado el Código de Procedimientos y si se llega a hacer una reforma, inmediatamente la Corte determina que esa reforma es inconstitucional porque es facultad exclusiva del Poder Legislativo federal.

Entonces, estamos en un problema en ese contexto. Como lo señalo, sí creo que podríamos a la mejor estar discutiendo si el recurso es procedente, si se lo debemos dejar en términos del artículo 100, en esencia, en qué beneficiaría la impartición de la justicia el que se quitara la facultad que tiene la Suprema Corte de revisar los acuerdos del Consejo de la Judicatura.

No le encuentro y como decía, no es una reforma integral. A lo mejor sí debiéramos de verlo, porque no estamos hablando del amparo contra resoluciones judiciales, que se tramita en dos instancias cuando no se necesitan pruebas y que llevamos proceso hasta de cuatro instancias, al juez, recurso, amparo indirecto y amparo en revisión y luego la revisión del colegiado.

Cuatro instancias para resolver un problema a veces de alimentos, para resolver un problema de únicamente relacionado contra una prisión preventiva, que puede resolverse en ese momento, pero hay que hacer cuatro, cuando el Juicio de Amparo judicial solamente se ve el fondo del asunto y no se ven las pruebas, pero el amparo en cuanto a resoluciones judiciales en materia indirecta, se ven dos, se abre una instancia para no presentar pruebas.

O sea, hay una serie de cuestiones que tenemos que esto sí acercaría la justicia porque la haríamos más rápida. La suspensión del amparo, el 128 y 129, el 129 viola la independencia judicial y ¿por qué viola la independencia judicial? Porque los jueces tenemos la facultad de determinar, en muchos casos, cuando es el que determina cuándo es de orden público e interés social y no, es el Poder Legislativo, en el artículo 129, que va a decir en qué caso existe orden público, aunque tenga apariencia del buen derecho, pero es de orden público.

A fin de cuentas va a ganar en la medida que tutelar no te lo voy a conceder y te vas a ir con todo el juicio y la autoridad va a ejecutar de facto que sea inconstitucional.

Estas cuestiones en que se le quite al Poder Judicial la facultad del artículo 129 para poder determinar cuándo hay orden público de interés social y una apelación entre el orden público de interés social  y la apariencia del buen derecho y que le digan llego al 129, dice, voy a checar si hay orden público, voy a ver y me dicen, no te apures, el 129 ya me dice en qué casos no vas a poder proceder la suspensión.

Si los jueces no tenemos la capacidad de determinar en qué momento vamos a conceder la suspensión y va a quedar a expensas de lo que diga el Legislativo en el artículo 129, de qué me sirve la suspensión.

Y de qué estoy hablando, eso, ¿la independencia judicial es nada más al dictar la sentencia o también tiene que abarcar la medida cautelar? Entonces, en la medida cautelar no hay independencia, me tengo que someter a lo que diga el Poder Legislativo.

En fin, creo que esto sí está directamente con la parte medular de los justiciables, creo que sí redundaría. Determinar si procede o no procede el recurso o la revisión contra actos del Consejo, creo que no es proporcional, aunque yo sé, como se dice, no es integral.

En fin, son mis temas, muchas gracias.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ: Gracias, doctor.

Con esto concluimos la Tercera Mesa, Mecanismos de Control Constitucional.

Agradezco a todos los ponentes y legisladores por su participación, y le cedo la palabra al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, al maestro del Río.

Gracias a todos, hasta luego.

Texto y Foto: Senado de la República