Mesa 4. Aspectos Funcionales del Poder Judicial, del Parlamento Abierto a distancia respecto a la Reforma para y por el Poder Judicial

Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020

MAESTRO DEL RÍO: Gracias senadora Sylvana Beltrones, gracias por su conducción, gracias a todos los ponentes.

Aprovechamos para saludar a la senadora Claudia Ruiz Massieu. También a la senadora Jesusa Rodríguez, por supuesto al senador Germán Martínez, que estuvo participando; a la senadora Nadia Navarro, muchísimas gracias a todos.

Corresponde coordinar esta mesa de diferentes temas complementarios al senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano.

Tiene usted el uso de la palabra senador Juan Zepeda.

Muchas gracias a todas y a todos.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias Secretario. Buenas tardes a todas y a todos los senadores y senadoras que están presentes, así como los diversos ponentes; compañeras, compañeros, público que nos sigue por el Canal del Congreso.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación Política, así como los diversos grupos parlamentarios, representados por sus coordinadores en este Parlamento Abierto, donde en estos dos días hemos estado recibiendo opiniones, participaciones de especialistas en el tema judicial.

Saludo por supuesto, con mucho gusto, a todos los presentes en este importante foro, quienes de manera comprometida han estado siguiendo estos trabajos.

Corresponde al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano moderar esta cuarta Mesa, titulada: “Aspectos funcionales del Poder Judicial”, cuyo objeto es el análisis de la política jurisdiccional, la regulación de la carrera judicial, la inmovilidad de los juzgadores, la paridad de género y la defensoría pública.

Para dialogar sobre estos temas, contamos, y se los agradecemos, con la distinguida presencia de grandes ponentes, como la abogada Paola Zavala, los doctores Alejandro Sergio González Bernabé y Jorge Nader Kuri, así como el maestro Arturo Guerrero Zazueta.

Para abrir esta mesa de trabajo, le damos la bienvenida a Alejandro Sergio González Bernabé, quien cuenta con más de 20 años en el Poder Judicial.

Y actualmente se desempeña como magistrado de circuito y consejero de la Judicatura Federal. Cuenta con un postgrado en Derechos Humanos y Democracia por Flacso, y un doctorado en derecho penal por el Centro de Estudios de Postgrado, en la ciudad de Oaxaca.

Bienvenido doctor. Ya a todos los ponentes se les ha informado sobre la dinámica de su presentación, del tiempo que cuentan. Ahí en su pantalla estarán viendo ustedes un reloj que les marca el tiempo, les pedimos en lo posible se puedan sujetar y terminando la exposición de cada uno de los ponentes, después los senadores y senadoras podrán formular sus preguntas para, en un siguiente bloque, ustedes puedan responder.

Adelante doctor. Tiene usted la palabra hasta por 15 minutos y bienvenido.

ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ: Muchas gracias senador Juan Zepeda.

La justicia es la base de todo orden social. Edifica el progreso y engrandece la civilización.

Senadoras y senadores de la Honorable LXIV Legislatura.

Distinguidas personalidades que nos acompañan en esta mesa de análisis. Buena tarde.

Reitero mi agradecimiento a la Honorable Junta de Coordinación Política del Senado de la República y a su Presidencia, por la cordial invitación para participar en este ejercicio de diálogo constructivo, denominado “Parlamento Abierto, respecto a la reforma para y por el Poder Judicial”.

A lo largo de esta jornada, por un lado, hemos advertido diferentes posturas críticas hacia el futuro en el Poder Judicial, que seguramente definirán la composición de una institución vanguardista.

Y, por otro, atestiguamos lo que el trabajo inclusivo y colaborativo genera en beneficio de México.

En este sentido, expreso mi beneplácito a cada servidora y servidor público de la Nación, por contribuir a concretar dicho encuentro.

¿Hacia dónde vamos? Con agrado lo afirmo. Todos los expositores hemos sido coincidentes en que debemos materializar una Reforma al Poder Judicial de la Federación, en beneficio de una sociedad más justa para esta generación en las venideras.

Para el análisis de esta tarde, en continuación al estudio de los aspectos funcionales del Poder Judicial, me gustaría iniciar con la siguiente premisa:

El Poder Judicial de la Federación, a lo largo de los últimos años, ha buscado posicionarse a la altura de las exigencias que la realidad social imprime.

Y, sin lugar a dudas, enfatizo, es un referente en Latinoamérica. Sobre ese preludio, desarrollo las cinco secciones que nos corresponde estudiar a continuación:

Política jurisdiccional.

Particularmente, a Suprema Corte mantiene altas cargas de trabajo que se reparten entre asuntos de análisis constitucional y de mera legalidad.

El actual artículo 94 de Constitución, reserva la facultad del máximo  Tribunal para remitir a los Tribunales Colegiados de Circuito, esencialmente aquellos asuntos en los que se hubiera establecido jurisprudencia.

Dada esa restricción normativa, se impide al máximo Tribunal enfocar sus energías en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional.

Por ello, es necesario ampliar esa facultad, para propiciar el trabajo colaborativo eficiente entre los órganos jurisdiccionales; de tal suerte que los Tribunales Colegiados de Circuito funjan como verdaderos soportes del máximo Tribunal.

Esto permitirá que los justiciables obtengan una resolución con la mayor prontitud posible, y con la certeza de que los operadores de justicia cuentan con la calidad y experiencia profesional para resolver los temas que le sean delegados por la Suprema Corte. Lo que nos llevará a un círculo virtuoso, ya que el máximo Tribunal podrá ocuparse de analizar sólo temas trascendentes.

Así, la delegación de facultades debe entenderse en términos amplios para que se cumpla la finalidad última, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación se erija como un verdadero Tribunal Constitucional.

Tal modificación se encuentra respaldada por la capacidad  prudente arbitro judicial y cualidades de los magistrados que integran los Tribunales Colegiados.

La propuesta que se plantea permite dotar de dinamismo al sistema jurídico constitucional mexicano, favoreciendo la concentración sustantiva en materia de constitucionalidad que debe resolver el alto Tribunal; lo que a su vez construirá doctrina constitucional más robusta y amplia, sin soslayar que permite a la Corte fijar la agenda constitucional en el orden jurídico nacional.

Dos. Regulación de la carrera judicial.

Es importante mencionar que las y los juzgadores titulares de órganos jurisdiccionales que dependen del Consejo de la Judicatura Federal, son seleccionados mediante estrictos procesos de ingreso; además de formar parte de una carrera judicial, es decir, auténtico Servicio Profesional de Carrera.

Por ejemplo, en el último examen para la designación de juezas de distrito, las sustentantes ganadoras debieron reunir requisitos de admisión, como tener antigüedad mínima de 5 años en carrera judicial dentro de la Institución; dos etapas de evaluación, que comprendieron un examen general de conocimientos, la elaboración de un caso práctico y un examen oral.

Si bien esos parámetros garantizan la idoneidad y capacidad del juzgador, no acontece lo mismo para todos los cargos que componen los órganos jurisdiccionales.

La solución consiste en transformar el valor de la meritocracia en práctica efectiva del Poder Judicial.

Bajo ese panorama, es fundamental crear una ley de carrera judicial para todo el personal jurisdiccional que contemple lo relativo al ingreso, formación y permanencia del personal en igualdad de condiciones; imperando valores de eficiencia, vocación y objetividad.

A la par, con la introducción de la Escuela Federal de Formación Judicial, antes Instituto de la Judicatura Federal, que actuará como órgano central del impulso a la carrera judicial; se especializa la propia función jurisdiccional.

En pocas palabras, la correcta regulación de la carrera judicial, avala la selección de los mejores perfiles y genera certeza social sobre la calidad del funcionamiento que realiza la maquinaria judicial.

Tres. Inamovilidad de juzgadores.

La figura de la inamovilidad tiene una importancia primordial para garantizar el buen funcionamiento del sistema de impartición de justicia, ya que lo dota de certeza e independencia judicial.

Ello no sólo es reconocido por la Doctrina Jurídica, sino diversas disposiciones internacionales consideran a la inamovilidad como garantía de independencia judicial.

Por mencionar algunas, el Estatuto del Juez Iberoamericano, el Estatuto Universal del Juez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; incluso los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, emitidos por la oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, especifican un apartado relativo a condiciones de servicio e inamovilidad.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Reverón Trujillo contra Venezuela, señaló la independencia judicial es una garantía, cuyo deber de prevención consiste en la adopción, en conformidad con el artículo 2 de la Convención Americana, de adecuar un apropiado marco normativo que asegure un oportuno proceso de nombramiento, la inamovilidad de los jueces y las correctas condiciones laborales.

Ahora bien, con la reforma se busca mantener el cargo de juzgador de forma continua, bajo la única salvedad de ser ratificado después de seis años.

Con ello, no sólo se protege a la independencia judicial, sino que se cumple con los compromisos internacionales.

Dicha política implica la permanencia de aquellos titulares que se hubiesen desempeñado con excelencia, sin que represente de forma alguna perpetuidad en el cargo, pues están sujetos a la remoción que disponga las leyes de la materia por faltas graves.

La inamovilidad conduce al impartidor de justicia, con plena soberanía judicial, ante las acciones de los poderes fácticos. En palabras de Hamilton, es la mejor contribución a la independencia del juez.

Además, esta figura protege la autonomía de criterio del juzgador, pues al proporcionarle estabilidad laboral y condiciones mínimas de supervivencia, se blinda sobre cualquier posible injerencia o presión externa.

En otras palabras, al garantizar la inamovilidad de los titulares, fortificamos la autonomía e independencia judicial para beneficio del pueblo mexicano.

Cuatro. Paridad de género.

La idea central es clara. Mujeres y hombres deben tener igualdad de oportunidades al ingreso y asenso de puestos dentro del Poder Judicial de la Federación.

Para ello, resulta indispensable integrar dicho principio a la carrera judicial, de manera que cualquier convocatoria o acción institucional, obligatoriamente respete la paridad de género.

A su vez, se incentiva una cultura incluyente y participativa que nutre condición feminista a la carrera judicial, así como hace a la paridad de género un compromiso exigible de acciones contundentes.

Claro ejemplo de lo anterior, lo fue el primer concurso de oposición para designar juezas de distrito y magistradas de circuito del Poder Judicial de la Federación exclusivo para mujeres.

Recalco aquí el primero en su tipo a nivel mundial, que permitió materializar el principio de paridad en actos concretos y cuyos beneficios contribuyeron a afianzar la participación de la mujer.

Así, la paridad de género muestra al Poder Judicial de la Federación como institución democrática y plural, interesada en establecer acciones afirmativas.

Cinco. Defensoría pública.

Ante la desafiante realidad social que se vive, resulta esencial el papel de las instituciones encargadas de proporcionar acceso gratuito a la justicia a los grupos vulnerables del país.

El Instituto de la Defensoría Pública Federal, órgano encargado de ofrecer el servicio de asistencia legal gratuita, tiene más de 20 años atendiendo tal encomienda; sin embargo, las exigencias de la población y los múltiples requerimientos para funcionar son cada vez mayores.

A pesar del considerable referente estadístico, pues en el 2019, de acuerdo a su informe anual de labores, atendió a 40 mil 587 acciones de defensa en el nuevo Sistema de Justicia Penal, y proporcionó 40 mil 413 orientaciones ordinarias; es prioritario fortalecer su organización, sin soslayar que, derivado de las reformas en materia de justicia laboral, migratoria y de extinción de dominio, el Instituto Federal de la Defensoría Pública requerirá de mayor capacidad.

Para responder a esos compromisos, no sólo basta introducir el servicio de defensoría pública a la Constitución, sino es necesario allegar las herramientas que permitan cumplir su objetivo bajo un binomio colaborativo estrecho con la Escuela Federal de Formación Judicial.

Por un lado, se encuentra pendiente crear el Servicio Pericial Gratuito que permita defender a los más necesitados de forma integral y, por otro, se debe reforzar la formación de los defensores y asesores al mismo rango que al personal jurisdiccional, enfatizando la protección de los derechos humanos, manteniendo vigente que el acceso a la justicia de los sectores vulnerables del país es un compromiso pendiente.

Atento a las reformas recientes, se requiere robustecer de forma completa el servicio de asesoría jurídica, ya que por esa vía se representarán los intereses de los trabajadores en conflicto laboral; se atenderán a personas de movilidad en estaciones migratorias, así como representarán a la parte demandada en materia de extinción de dominio.

En síntesis, debemos fortalecer al Instituto Federal de la Defensoría Pública bajo su propia independencia técnica y operativa, para procurar debida protección a los derechos humanos de sus usuarios, pues se trata de segmentos sensibles de la población, los más necesitados.

Senadoras y senadores, compañeros panelistas:

Reitero mi postura, atravesamos momentos de cambios vitales para la nación y frente a nosotros se presenta la invaluable oportunidad de retomar la plena confianza en el Sistema de Impartición de Justicia.

Cualquier reforma al Poder Judicial de la Federación debe mantener a la justicia social y al Estado de Derecho como sus pilares estructurales.

Ha sido un honor el poder participar abonando algo mínimo a las posibles consideraciones para mejorar la impartición de justicia y un soporte institucional del sistema jurídico mexicano, como lo es el Poder Judicial de la Federación.

Termino mi participación parafraseando al Benemérito de las Américas, convencido de que en el desarrollo de esta loable tarea que nos han conferido para entregarnos a México como servidores del pueblo, jamás debemos olvidar que nuestro único fin debe ser siempre lograr su mayor prosperidad.


Es cuanto, señor senador, muchas gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Muchas gracias doctor, le agradecemos infinitamente su participación.

Toca el turno a Arturo Guerrero Zazueta. Él es abogado y maestro en Argumentación Jurídica. Su trayectoria se ha desarrollado en espacios como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ha sido consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana; director general adjunto de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal, en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y actualmente es secretario ejecutivo del Pleno de la Judicatura Federal.

Tiene usted el uso de la palabra hasta por 15 minutos y bienvenido.

MAESTRO ARTURO GUERRERO ZAZUETA: Buena tarde, es para mí un honor participar nuevamente en este ejercicio de Parlamento Abierto, compartir el panel con nuestros colegas y adicionalmente tener la oportunidad de poder dialogar con quienes están aquí presentes, con quienes, como estaba escuchando esta conversación.

Quiero en marcha abordar los temas desde una exposición de motivos que para eso está ya la propia iniciativa y para eso están los documentos que se han circulado hasta el momento.

Quiero tratar de entender cuál es la lógica o cuál es el eje rector de esta mesa. Esta mesa plantea cinco puntos, no obstante me parece que en realidad estamos entre dos temas y un único derecho.

En realidad estamos hablando sobre política jurisdiccional y distintas facetas de la misma y estamos hablando sobre la defensoría pública como instrumento, como herramienta fundamental para acceder a la justicia; al final del día de lo que hablamos es de esto.

Hacer referencia a la política jurisdiccional a veces parece que es hablar de todo y hablar de nada. Es hablar de políticas públicas enfocadas específicamente al servicio público de impartición de justicia, que es el negocio del Poder Judicial de la Federación, a eso se dedica el Poder Judicial de la Federación, a prestar justicia y hacer que esta justicia  sea cercana, rápida, completa y conforme a los más altos estándares constitucionales y convencionales.

Entonces, todo lo que está planteado en esta mesa y varios de los temas que se han ido tocando a lo largo de estos dos días, en realidad tienen que ver con distintas cuestiones que trascienden a ver cómo el Poder Judicial de la Federación se puede acercar más o menos a las personas.

Ayer, en la primera de las mesas, platicamos acerca de distintas cuestiones también de índole funcional o institucional, que estaban más bien dirigidas a pensar en tribunales.

Escuché en la Mesa anterior, por ejemplo, un planteamiento del senador Damián Zepeda sobre su preocupación respecto a los costos que esto podría conllevar. En realidad, estamos hablando de transformaciones orgánicas, más que de nuevas estructuras.

A veces esto puede ser, pareciera contraintuitivo, porque normalmente cuando hablamos de nuevos órganos solemos hablar de partidas presupuestarias, de grandes erogaciones, de recursos públicos, de partidas y siempre al final del día lo traducimos en pesos y centavos.

No obstante, el valor que tiene esta iniciativa de Reforma Constitucional, es que en realidad lo que busca es transformar lo que ya existe para mejorar substancialmente la impartición de justicia.

Ayer se habló entonces mucho de los tribunales, el tema de los tribunales colegiados de apelación, que en realidad no van a subsistir junto a los tribunales unitarios, sino que los van a reemplazar y van a permitir que se utilicen de mucho mejor manera los recursos económicos, institucionales y humanos.

Ahora, tendríamos que hablar de otros dos puntos fundamentales de esta política jurisdiccional, que es el de la carrera judicial y de los titulares.

Al hablar de la carrera judicial, en realidad estamos hablando también de otro derecho humano y esto es lo que muchas veces se ha perdido de vista, al menos al interior del Poder Judicial de la Federación.

Hablar de la carrera judicial, es hablar del artículo 23, apartado 1, inciso “C”, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es: el derecho de acceder a cargos públicos y condiciones de igualdad.

Es hablar, también, de la calidad de justicia que tienen que impartir maestros, tribunales y juzgados.

Entonces, cuando hablamos de la carrera judicial, esta Reforma está hablándole al corazón del tema al plantear una escuela judicial como encargada de formar, capacitar y actualizar al personal, así como de llevar a cabo concursos o posición.

Si bien parece que esto no hace más que llevar de la ley a la Constitución a esta escuela judicial, la realidad del tema es mucho más trascendente.

Insisto: primero. Porque estamos dándole contenido a este derecho de acceder a cargos públicos en condiciones de igualdad.

Segundo. Porque a la fecha las y los titulares del Poder Judicial de la Federación cuentan con una facultad constitucional de designar a su personal.

De modo que establecer medidas de política pública jurisdiccional que incidan en esa determinación, no es una cuestión menor, el tema es cómo conciliar esta facultad que se tiene a nivel constitucional, de integrar los equipos de trabajo, pero haciéndolo garantizando el derecho a las personas a acceder a estos cargos públicos a partir de competencia, a partir de capacitación y bajo actualización.

Entonces, esta Reforma en realidad redimensiona la carrera judicial desde un doble enfoque:

El primero de ellos, es que pone a la escuela judicial al centro de la formación judicial, al encomendarle los concursos sin excepciones. Esto, normalmente se ve como una cuestión retórica pero no lo están.

Hoy, contamos con un Instituto de la Judicatura Federal que en efecto lleva a cabo exámenes de actitud, algunos concursos, integra listas de secretarias y secretarios, de actuarias y actuarios, para que los titulares elijan a partir de esas listas.

Ayer, uno de los magistrados que hizo uso de la voz, hablaba, por ejemplo, de una suerte de intromisión en la selección del personal. Esas listas, de acuerdo con el último corte que tenemos, cuentan con 10 mil secretarias y secretarios habilitados para desempeñar el cargo y cerca de 5 mil actuarias y actuarios para desempeñar el cargo.

Estamos hablando de, en realidad, la cifra va a casi 16 personas. Estas 16 mil personas están en la lista esperando ser seleccionadas.

No obstante, ¿qué pasa? Hay criterios de excepción que se han convertido en la regla general. Estas excepciones que son el que tú puedes contratar a alguien y eventualmente someterlo a un examen de actitud, y es una forma de no elegir desde la lista lo que van haciendo es que estos pequeños resquicios, o estos pequeños espacios, donde lo que se buscaba era dar una solución práctica a cierto tipo de problemáticas como que no hubiera gente en la lista, o como que no hubiese alguien en ese Circuito en específico, en realidad se han convertido en la generalidad.

Entonces, por supuesto que la carrera judicial ha sido el principal fuerte del Poder Judicial de la Federación. El Poder Judicial de la Federación cuenta con cerca de 45 mil personas que son esa fuerza de trabajo y que son quienes día con día están haciendo el trabajo para que las personas puedan tener tutelados sus derechos humanos, para que puedan ver satisfechas sus necesidades.

Para contar con una respuesta del Estado Mexicano a tus problemáticas, que no hacen más que contar una parte de la historia de vida de esas personas.

Entonces, el problema no está per sé en la carrera judicial, está en estos espacios que estaban quedando al aire, que estaban quedando dislocados o desvinculados.

Lo que hace esta reforma al darle la facultad a la Escuela Judicial, darle un reconocimiento constitucional y darle la facultad de participar en todos los concursos públicos e intervenir en este tipo de procesos; es cerrar por completo este ciclo y generar unos espacios verdaderamente competitivos y que garanticen que cualquier persona, egresada de la Universidad que sea, que haya nacido en el estado de la entidad federativa que sea, pueda realmente acceder al Poder Judicial de la Federación a través de concursos transparentes, a través de oposiciones verdaderas.

Por otro lado, se introduce el concepto de actualización. Esto tampoco es menor, cuando hablamos de actualización parece que estamos hablando de algunos cursos, que es importante o pudiera ser recomendable que la gente tome.

Pero en realidad, la actualización para quien trabaja en un despacho, es una ventaja competitiva. Para quien se desempeña en el servicio público, es una necesidad.

Entonces, hablar de actualización implica condicionar la permanencia, implica hablar de una profesionalización constante.

Si nosotros revisamos lo que ha pasado en los últimos 12 años, podemos ver que quien haya estudiado la carrera hace 12, 15 años, tiene un marco constitucional y legal completamente distinto.

Hago una muy breve reflexión al respecto. En los últimos 12 años se diseñó e implementó el nuevo sistema de justicia penal; se creó la extinción de dominio y ya cambió de naturaleza.

Se reconoció un bloque de constitucionalidad de principio pro-persona, se amplió significativamente el catálogo de derechos humanos a través de distintas reformas. Hemos modificado algunos de los postulados esenciales del juicio de amparo. Se introdujo la dimensión regulatoria en materias como radiodifusión y telecomunicaciones.

Se introdujo la paridad de género, primero como una sugerencia, como un procurarán; después como una obligación y ahora se está llevando a otros ámbitos también con la paridad horizontal. Se crearon figuras como la consulta popular, se introdujeron acciones colectivas, se transformó la justicia laboral y cambió el modelo educativo dos veces.

Eso es lo que ha pasado en los últimos años. De modo que la actualización para quienes trabajan en órganos de impartición de justicia no es un lujo, es una necesidad. Hablar de actualización a nivel constitucional, implica un cambio profundo, completamente  de fondo y auténticamente transformador del Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado, cuando hablamos de la inamovilidad de juzgadores, el tema es cierto, ya estaba a nivel constitucional; ¿pero de qué estamos hablando aquí?

A ver, uno de los postulados esenciales de cualquier Estado constitucional, desde el surgimiento del Estado moderno, es la limitación al poder. Y, esto transita por la idea de la división de poderes.

La división de poderes tiene como uno de sus elementos fundamentales, de acuerdo con todos los estándares de todos los organismos internacionales que se han pronunciado sobre el tema, la independencia judicial.

¿Y qué quiere decir la independencia judicial?

La independencia judicial trasciende a tres puntos fundamentales: uno, a los procesos de nombramiento por mérito y calidades, en igualdad de oportunidades y no a partir de visiones populares.

Los únicos lugares donde se elige a los jueces y a las juezas, por elecciones populares, son algunos cantones en Suiza, algunos estados en Estados Unidos, Bolivia, y va en contra de todos los estándares de Comisión de Venecia, de la Relatoría de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, etcétera.

Otro es la inamovilidad en el cargo. La inamovilidad en el cargo en realidad también tiene varios elementos fundamentales: uno, son los procesos de ascenso adecuados. Otros son restricciones a la libre remoción, que en este caso tienen un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que no pueden basarse en decisiones de índole jurisdiccional, sino que tienen que atender a casusas graves o incompetencia.

Otros son recursos contra destitución, recursos como lo que ya se discutió ampliamente el día de ayer. La no provisionalidad de las designaciones de juezas y jueces, y el último elemento es el central: la permanencia indefinida, salvo un plazo o condición.

En la Constitución, hasta hoy establece que las juezas y jueces se ratifican por dos circunstancias: se ratifican a los seis años o cuando son promovidos a un cargo superior.

Lo que se está eliminando en la reforma y ha pasado un poco desapercibido en el debate, es esta ratificación automática cuando te promueven a un cargo superior.

Porque la ratificación a partir de méritos, es perfectamente compatible y es justamente la recomendación a nivel internacional, y es lo que se está buscando ahora: que todas las juezas y jueces que aspiran a que después de los seis años que marca el texto constitucional, vayan a quedarse ratificadas en un cargo que les otorga esta inamovilidad, que es un elemento central de la independencia judicial, tengan que haber pasado por los más rigurosos procesos de ratificación.

Y procesos de ratificación como los que se han ido estableciendo. Esto ya será un tema de legislación secundaria, pero los procesos de ratificación antes, y perdón que lo diga en estos términos, antes se limitaban a no matar  y no morir. Es decir, mientras no hubieras hecho algo grave y te hubieras mantenido, la ratificación era prácticamente una cuestión dada.

Evidentemente se ratifican a muchísimas magistradas y magistrados de la más alta calidad, pero no porque el proceso de ratificación así lo estableciera, sino porque los procesos de formación y de (inaudible) así lo garantizaban.

La ratificación, en ese sentido, era una simple formalidad.

Lo que se está buscando ahora con la ratificación, es que los factores, como la formación académica y la antigüedad ocupen un valor mucho más bajo, mientras que cuestiones como la productividad y los procesos internos de auditoría con los que cuenta el Poder Judicial de la Federación, que son las auditorias en sentido estricto, las evoluciones patrimoniales, las visitas judiciales a los órganos, inspecciones ordinarias y extraordinarias, sean precisamente las que otorguen los elementos que determinen si una persona se va a mantener en el cargo de impartidor o impartidora de justicia dentro del Poder Judicial de la Federación.

El último de los factores de la independencia judicial, es la garantía contra personas externas. En este momento no hay, digamos, una cuestión central más allá de los mecanismos de selección, de formación, los recursos en contra de la destitución.

Se hablaba otra vez en estas mesas, a pesar de que fue un tema debatido ampliamente ayer del recurso en contra de los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal, a pesar de que hoy no es un recurso sino que es una facultad oficiosa de revisión por parte de la Suprema Corte, los recursos se mantienen.

Todos estos elementos, de acuerdo con todos los estándares internacionales, son justamente lo que se está estableciendo en la reforma constitucional.

Otro de los temas es lo referente a la paridad de género. La paridad de género parece que introducirla pudiera ser hasta cierto punto redundante, porque ya se ha introducido en otros elementos de la Constitución.

No obstante, la paridad de género, si ustedes revisan yo tuve un breve paso por la justicia electoral y siempre lo pongo como el mejor ejemplo de cómo son las ganas de habar bien de un tema y eventualmente judicializarlo.

La paridad de género ha generado incontables tesis de jurisprudencia del Tribunal Electoral, precisamente por todas las formas que ha habido de tratar de socavar ese principio, con suplentes, con distritos perdedores frente a distritos ganadores para las mujeres, todos los temas de paridad vertical, horizontal, etcétera.

El mandato de paridad introducido como un principio rector de la carrera judicial, implica hacer votos y realmente estar luchando por una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres

Es importante señalar algo, lo que no se menciona no existe. Si no lo introducimos así, clara y contundentemente en el texto constitucional, la paridad de género no deja de ser más que un buen deseo.

¿Qué es lo que se está buscando con el tema de la paridad de género?

Que todos aquellos derechos y todas aquellas obligación es para el Estado Mexicano, que ya son parte del bloque de constitucionalidad, se individualicen y se dirigen específicamente al Poder Judicial de la Federación.

Y esto tiene un efecto inmediato. De entrada, la simple integración modifica la forma en la que percibimos la realidad, pero excepción no es realidad, esto es clarísimo; pero el tema central es que la paridad de género permite que se implementen decisiones de política pública que van mucho más allá de cuántos hombres y cuántas mujeres, porque el tema no es así de sencillo.

En realidad, tendremos paridad cuando contemos con mecanismos eficientes de denuncia, investigación y sanción de casos de violencia sexual; cuando hagamos una realidad el combate al sexismo, que implica que quienes son juezas de distrito… Perdón, mi tiempo ha concluido, no sé si pueda contar con unos minutos adicionales. Muchas gracias senador.

Que las juezas puedan atreverse a participar en procesos de selección para ser magistradas de circuito, sabiendo que hay una política de combate a la violencia sexista, no sexual, porque actualmente ellas están en un órgano unipersonal, pero cuando llegan a un órgano colegiado sufren no pocos casos de este tipo de acoso.

Y esto es un tema real, o sea, se hacen concursos para ser magistrada de circuito y las mujeres no se inscriben. Esto implica que las salas de lactancia vuelvan cotidiana la incorporación de las madres trabajadoras a los espacios de trabajo; que el teletrabajo permita que, quienes desempeñan labores de cuidado, puedan trabajar con mayor flexibilidad.

Cuando las licencias de paternidad hagan tan normal la ausencia de los padres como de las madres, evitando que se elige entonces a los primeros en detrimento de las segundas.

Introducir, por lo tanto, el mandato de paridad constitucional como un principio rector de la carrera judicial, implica no darle al Poder Judicial de la Federación la opción de que luche por este tipo de políticas, sino que le obligue a hacerlo.

Concluyo entonces con el último factor del acceso a la justicia, que es la Defensoría Pública.

Hemos hablado ahora de todos estos elementos de política jurisdiccional que inciden en que las personas puedan o no tener acceso a la justicia.

Otro elemento central es el Instituto Federal de la Defensoría Pública.

El hecho de elevarlo a rango constitucional, más allá de una cuestión estrictamente simbólica, implica reconocerle el valor que tiene.

Nosotros tenemos, a nivel constitucional, a los ministerios públicos, tenemos a las juezas y jueces, tenemos a la fiscalía, a la defensoría pública no se le mencionaba como tal en la Constitución, elevarla a rango constitucional implica justamente darle ese papel, que había quedado por completo olvidado al interior del Poder Judicial de la Federación, pero también desde la óptica del peso que tiene para el acceso a la justicia para quienes menos tienen.

Al final del día, las personas que cuentan con recursos para acudir a un abogado, un abogado privado, muy probablemente lo van a hacer. No obstante, la defensoría pública va a estar ahí para quienes no cuenten con esa posibilidad o no elijan utilizarla.

La defensoría pública busca darle estas armas con personas que estén capacitadas con los más altos estándares que se utilizan para la propia carrera judicial, con los recursos que tiene el Poder Judicial y con todo este respaldo institucional y normativo que permita que quienes se dedican a la defensa jurídica, a la asesoría jurídica, puedan hacerlo de la mejor manera, en beneficio siempre de las personas justiciables.

En este país contamos con muchísimas instituciones que se dedican de una forma u otra a atender a víctimas de prestar distintos servicios de orientación, asesoría jurídica, yo trabajé en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, me tocó conocer cómo es el Sistema Nacional de Víctimas, con muchísimas instituciones que carecen de recursos, que carecen a veces de voluntad política, del respaldo institucional.

Tenemos instituciones como POFECO, PRODECON, PROFELET, tenemos muchísimas defensorías a lo largo del país. Esta defensoría realmente está peleando por las personas que no tendrían una posibilidad de pelear, empareja el piso y llevarla a rango constitucional, implica un compromiso del Estado Mexicano con este derecho de acceder a la justicia en términos reales y verdaderos.

Agradezco muchísimo el tiempo, agradezco además la tolerancia de que me haya podido ceder estos minutos y quedo atento a cualquier comentario, interrogatorio o cuestionamiento.

En serio, es un honor estar aquí. Gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Gracias por su participación, maestro, y el senador Germán Martínez tiene la palabra para hacer una moción.

Adelante, senador.

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Muchas gracias Presidente Zepeda.

Solamente para decir que ha sido muy alta la calidad de los ponentes en este Parlamento Abierto. Sin embargo, sí quiero mostrar mi extrañeza, un extrañamiento, una nota de inconformidad incluso, para quien diseñó esto.


Ha habido aquí funcionarios o incluso magistrados que han participado dos veces, ayer y hoy. Esto obstaculiza un poco el intercambio con los demás y les da una ventaja.

No omito decir que trabajan algunos en la Oficina de la Presidencia de la Corte. Es un Parlamento Abierto en el que yo espero que se mantenga el nivel académico que estamos teniendo.

No es un intercambio de la Oficina del Presidente de la Corte con los senadores, es un Parlamento Abierto y yo espero que tampoco sean un mensaje de que saquemos a como dé lugar la iniciativa que se ha presentado.

Se han hecho valoraciones muy importantes de los senadores. Aquí está el senador Dante Delgado, que ha hecho valoraciones pertinentísimas con las que yo estoy de acuerdo.

Yo sí quiero dejar una nota de extrañeza, de inconformidad, porque parece esto un diálogo con la Oficina del Presidente de la Suprema Corte, esta mesa de hoy. La de hace rato en la maña no, la de ayer muy bien, la de ayer los felicito a quienes diseñaron y propusieron a los ponentes.


Perdón por decirlo, pero como dice López Obrador, mi pecho no es bodega.

SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Gracias senador.

Hay algunos coordinadores que están presentes, seguramente están tomando nota para que esta moción y esta extrañeza se lleve al seno de la JUCOPO.

Gracias senador.

Continúa con esta mesa el doctor Jorge Nader Uri, quien es abogado por la Universidad Lasalle, especializado en Amparo, Derecho Procesal y en Derecho Procesal Civil y mercantil por la Universidad Panamericana.

Además cuenta con especialidad en amparo por el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el INACISE.

Le damos la bienvenida, doctor, tiene usted el micrófono hasta por 15 minutos.

Adelante y bienvenido.

DOCTOR JORGE NADER KURI: Muchas gracias.

En primer lugar quiero agradecer comedidamente al Senado de la República por esta invitación. Siempre he comentado y lo he dicho, que los ejercicios de Parlamento Abierto hacen realidad la democracia participativa.

Y hacer realidad la democracia participativa siempre va a beneficiar a todos, tanto a los legisladores en los procedimientos de emisión normativa como también de los justiciables, a quienes van dirigidos estos ejercicios de formación normativa, particularmente cuando de justicia se trata, como es el caso del día de hoy. Así que beneficia al senador por este ejercicio.

No quiero dejar de referirme a que yo participo en este Parlamento, como abogado que actualmente ejerce la profesión, me dedico yo al ejercicio libre, pues, del derecho penal, de amparo, del derecho constitucional.

Así que en este momento no vengo representando a ninguna institución, sino que procuraré compartir con ustedes algunas visiones desde fuera. Es decir, desde cómo estamos viendo, desde el litigio, desde el ejercicio de la profesión, el quehacer del Poder Judicial de la Federación y cuáles pueden ser algunos planteamientos o algunas reflexiones, que sirvan y que nutran esta importante definición que el Senado está realizando en este momento.

Así que comenzaría con decir que me sumo a quienes han considerado que ésta no es una Reforma perfecta. Pero desde luego que ninguna Reforma lo es.

Es decir, ojalá y en México o en cualquier parte del mundo, pudiéramos tener la capacidad de emitir reformas perfectas a la Legislación; nunca se puede. Siempre es preferible lograr alguna Reforma que sea buena, que sea pertinente para el momento en el que está dirigido y claramente todas las reformas legales, todas las reformas constitucionales son perfectibles.

Lo importante es que el Constituyente Permanente, en este caso, esté considerando la manera de hacer perfectibles también reformas anteriores, que se van venido dando en cuanto al quehacer constitucional del Poder Judicial de la Federación y que se han comentado en las mesas del día de ayer y en las mesas de esta mañana.

Pero no siendo una Reforma perfecta, sin embargo, me parece, es una buena Reforma, que además es una buena Reforma que coincidiera las necesidades del Poder Judicial de la Federación.

Esta Reforma se llama, o se ha dado en llamar “La Reforma para y con el Poder Judicial de la Federación”. Así que me parece a mí muy interesante que desde luego se haya tomado en consideración en la iniciativa, como la misma iniciativa lo reconoce, el punto de vista del Poder Judicial de la Federación.

Porque de esta manera, tanto el titular del Poder Ejecutivo, que envía la iniciativa, como el Poder Judicial de la Federación, están haciendo una realidad, un trabajo coordinado que, en la medida en que ahora el reto se haya tomado por el Constituyente Permanente en esa misma coordinación, para en realidad, una vez más, un ejercicio de colaboración entre poderes, que podrá generar un buen producto.

Entonces, no siendo la Reforma perfecta, sin embargo, ello no daría pie, en mi opinión, a que se quedara nada más como iniciativa, o que no avanzara en la discusión en el Constituyente Permanente.

A mí me parece que se puede buscar áreas de oportunidad muy pertinentes, muchas de las cuales se ha estado hablando el día de ayer y el día de hoy, y que corresponde al Constituyente Permanente buscar las mejores soluciones.

Es decir, no es una Reforma que está escrita en piedra, desde luego, como todos ustedes, senadoras y senadores lo saben, y por lo tanto puede modificarse de manera tal que se implementen las mejores soluciones a los textos que están en discusión y que pueden solucionar algunas de las cuestiones de las que ya se ha hablado el día de hoy y que nos voy a reiterar por respeto a los temas de la Mesa 4, en los que me corresponde participar y que, como se anuncia en el programa, tiene que ver con cinco aspectos fundamentales:

El aspecto de la política jurisdiccional, que a mí me parece un aspecto de la mayor importancia, porque la política jurisdiccional no solamente es la que debe encabezar el Poder Judicial de la Federación, sino a partir de la cual deben pernearse esos planteamientos en los poderes judiciales de los estados.

Y, en relación con esta política jurisdiccional, otros temas que están también relacionados con ello, como es la regulación de la carrera judicial, la inamovilidad de juzgadores, la paridad de género y la defensoría pública.

En cada uno de estos aspectos, la iniciativa de reformas constitucionales ya va estableciendo cuál es el objetivo y cuál es el contenido de lograrse y se están presentando los textos que, repito, pueden ser mejorados.

Desde luego, la Constitución, como todas y todos ustedes lo saben, establece mínimos, establece principios generales y el detalle, desde luego, está en las leyes secundarias.

El mismo paquete de reformas plantea, y la misma iniciativa también está señalando, que no bastará que esta es una Reforma que no quedará solamente en la Reforma Constitucional, sino que hará necesario que se emitan nuevas legislaciones y que se reformen otras.

La reforma plantea que en consecuencia, deberá emitirse una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

A mí me parece muy importante también la emisión de la nueva ley de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, en materia de regulación de la carrera judicial; que tiene que ver también con la inmovilidad de juzgadores, pues ahí hay áreas de oportunidad muy, muy potentes, que me parece muy pertinente que vayan a ser retomadas por (inaudible). Que habrá que ver, insisto, el detalle en estas legislaciones.

Pero también se tendrá que reformar la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de Amparo –importantísimo–, la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional; la Ley Federal de Defensoría Pública y el Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo pronto.

Pero quizás, por las cuestiones que esta soberanía determine, sea necesario modificar algunas otras leyes secundarias.

Pero repito, insisto, el detalle estará en la forma en la que estas legislaciones secundarias vayan regulando los mínimos que establezca esta reforma constitucional.

Tomo nada más un ejemplo, para no abusar del tiempo, de lo que se decía en la mesa anterior, en el debate sobre si se debe, puede ser o no recurrible y reclamación, la decisión de desechar un amparo directo en revisión; bueno, alguien planteaba: puede ser esta decisión tomada por tres ministros o por un grupo de ministros, no necesariamente lo tiene que tomar el presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Esto tendrá que estar regulado en la ley secundaria. Y es cierto, desde luego las leyes secundarias pueden resolver estos problemas de los que ya se está hablando, desde el diseño de la Constitución.

Y esto entonces, a partir de los planteamientos constitucionales, podrá irse tomando nota en lo que es importante que se reglamente en estas legislaciones.

Yo desde luego coincido con mucho de lo que se ha dicho, el día de ayer y el día  de hoy. Me parece muy importante algunos planteamientos, como por ejemplo el que el nuevo modelo que se está pretendiendo para la declaratoria general de inconstitucionalidad, me parece muy bueno que se reduzca a uno el criterio que se apruebe por mayoría calificada, para que se comunique al Poder Legislativo respectivo, para poder superar el problema de inconstitucionalidad.

Porque, como también se comentó en la mesa respectiva, a pesar de que esto se introdujo en la reforma del 2011 y luego en la reforma de 2014, cinco o seis años después no tenemos ninguna declaratoria general de inconstitucionalidad. Tenemos una y además no de amparo, sino en una acción de inconstitucionalidad.

Así que me parece que esta reforma plantea cuestiones muy interesantes con las que estoy de acuerdo. Pero, permítanme, por el tiempo que me queda, tomar tres aspectos que me parece importante dejar a este Senado como reflexión; que tiene que ver sobre todo con la política jurisdiccional.

El primero de estos aspectos, que propiamente está engarzado con la política jurisdiccional, tiene que ver con el hecho de que según la iniciativa, la política jurisdiccional consiste en fortalecer el rol de la Corte como tribunal constitucional.

Para lograr este fortalecimiento del rol de la Corte como tribunal constitucional, situación en la que me parece que todos coincidiríamos, la iniciativa plantea que esto se puede lograr a través del establecimiento de un mayor margen en la definición de su política jurisdiccional; concretamente en la distribución de los asuntos en las salas, lo que se va a resolver en los Tribunales Colegiados de Circuito.

Y que de hecho, lo que se va a remitir a resolución de los Tribunales Colegiados de Circuito, no requerirán, como hoy en día, de la existencia de una previa jurisprudencia que resuelva la cuestión; sino que el máximo Tribunal podrá determinar cuándo y cómo remitir estos casos a los tribunales colegiados de circuito.

Esto me parece interesante, me parece muy importante. Creo que es transitable que no se necesite jurisprudencia previa para que la Suprema Corte de Justicia remita casos para la atención de los tribunales colegiados de circuito, y esto puede descongestionar el trabajo en el Poder Judicial Federal, en la Suprema Corte de Justicia.

Sin embargo, hay algunas otras partes en esta reforma que complementan lo anterior, y que me parece muy interesante subrayar.

Y, me refiero a lo que en relación con esto o en complemento con esto, se establece relacionado con las controversias constitucionales. La misma iniciativa más adelante, establece que para fortalecer el rol de la Corte como Tribunal Constitucional, además de lo que ya dijimos, es decir, de la distribución de asuntos en las salas y la remisión de casos a los tribunales colegiado de circuito; las controversias constitucionales ya no van a merecer planteamientos sobre cuestiones de legalidad, sino solamente de violaciones directas a la Constitución, así como de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales.

Esto arroja una primera duda, entonces ¿quién va a resolver las cuestiones de legalidad que pudieran plantearse entre órganos que están en una relación de supraordinación, a los que se refiere el artículo 105 constitucional.

Ya se decía en alguna intervención anterior, que dejar esto a la jurisdicción local pudiera ser en este momento no la mejor solución por las dudas que pudiera suscitar que hubiera una auténtica independencia y autonomía en los órganos del Poder Judicial estatal para resolver este tipo de casos que, insisto, sean de legalidad.

Se quedó esta duda, desde luego fue una duda pertinente y de la que yo creo que se debe ocupar el Senado en este punto.

Por otro lado, también en la iniciativa de reforma, se establece que los órganos constitucionales autónomos tienen legitimación para promover controversias constitucionales.

La carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia ha sido, es y será una constante; tiene sus curvas con distintas razones, pero eso ocurre.

Ello inclusive dio lugar a la creación y la evolución de los Tribunales Colegiados de Circuito, como hoy los conocemos. Así que yo creo que tarde o temprano, tarde o temprano a los Tribunales Colegiados de Circuito se les deberá dar competencia para conocer y resolver ciertas controversias constitucionales.

Es decir, para no dejar el problema de quién va a resolver los problemas de legalidad que se puedan suscitar entre órganos en una relación de supraordinación, y para poder palear el trabajo de la Suprema Corte de Justicia; es decir, esa enorme cantidad de trabajo algún día, así como ocurrió con los tribunales colegiados en materia de amparo, se deberá dar el paso para darles competencia a los tribunales colegiados para resolver controversias constitucionales.

Y me parece que en este punto, el Senado de la República podría aprovechar esta oportunidad para, por ejemplo, darle a los Tribunales Colegiados de Circuito competencia para resolver controversias constitucionales entre órganos constitucionales de los estados o entre municipios de un estado y municipios de otro estado, o cuando se trate de cuestiones de legalidad.

Es decir, aprovechar esta oportunidad para dar ese paso que me parece, insisto, algún día tendrá que darse.

Segundo tema del que me ocupo muy brevemente.

La iniciativa que estamos analizando, se desarrolló entre octubre de 2019 y febrero de 2020; es decir, ni más ni menos que antes del Covid.

Nadie, senadoras y senadores, imaginaríamos los efectos que el Covid traería en todo el quehacer humano, incluyendo la justicia.

Situaciones inéditas y extraordinarias que, por lo tanto, ameritaron soluciones inéditas y extraordinarias.

Una de las soluciones extraordinarias en el doble sentido de la palabra, por ser extraordinaria en cuanto a lo que estaba pasando y también por su enorme calidad, fue lo que hizo el Poder Judicial de la Federación en cuanto a la digitalización de la justicia o justicia en línea.

Esta justicia en línea, de estar prevista para unos cuantos casos de amparo, antes del Covid, hoy lo está para cualquier procedimiento federal que se desarrolle en los poderes judiciales.

Y este paso importantísimo, a trompicones, se ha dado por el Consejo de la Judicatura Federal y también por la Suprema Corte de Justicia en acuerdos, acuerdos que me parecen a mí muy pertinentes, que creo que han mejorado muchísimo el acceso a la justicia y lo han acercado de manera eficiente y efectiva a enorme cantidad de la población mexicana.

En alguna de las intervenciones de ustedes, se reflexionaba de cómo esta reforma puede beneficiar al ciudadano, a la ciudadana, al justiciable, más allá de organizar un Poder Judicial Federal.

Bueno, a mí me parece que tomando en cuenta que el artículo 6 de la Constitución ya establece el derecho humano de acceso a medios digitales de Internet, bien podría considerarse, por qué no, la inclusión como derecho  humano de la tecnologización de los procedimientos de administración e impartición de justicia.

En la Constitución hoy en día, ya tenemos previstos como medios para facilitar la justicia, para facilitar el acceso a la justicia, la oralidad.

Ya tenemos también incorporado en el artículo 17, la posibilidad de que se prevalezca la solución de controversias por medios alternativos; y también que prevalezca la resolución del fondo del asunto por sobreformalismos procedimentales.

Así que por qué no establecer de una vez por todas que, junto con esos medios, también se prevalezca o se fomente el medio de la justicia en línea, porque eso, creo yo, sí beneficiaría a millones de justiciables en tiempo, recursos, y sobre todo acceso a la justicia.

Yo creo que este Senado bien podría aprovechar esta oportunidad para que en el artículo 17 y en el artículo 21 se introduzca la tecnologización de los procedimientos, como un derecho humano que debe potencializar esta política jurisdiccional, que entonces le dé un fundamento incuestionable a las labores que al respecto se estén realizando en el Poder Judicial Federal, pero que asimismo contagie, en esa misma dinámica, en esa misma política jurisdiccional, a los tribunales de los estados.

Y tercero y último, en menos de un minuto concluyo esta intervención, yo creo que en la carrera judicial e inamovilidad de juzgadores, repito, se tiene que regular en la ley, en una ley secundaria nueva que se va a emitir, se tiene que cuidar mucho la manera de fortalecer la independencia y autonomía de los juzgadores.

Desde luego tiene que existir menos de control, pero también tiene que partirse de la confianza, partirse de la fuerza que representan los juzgadores en la toma de decisiones.

Y, por lo tanto, creo que cualquier ideal de independencia o de autonomía, tiene que partir de esa confianza, tiene que partir de ese planteamiento inicial de que los jueces saben lo que están haciendo, de que los jueces van a emitir las resoluciones que corresponda, conforme a derecho, de manera valiente, sin miedo, independiente y autónoma, como es lo deseable y que, desde luego, estos mecanismos de control van a considerar este tipo de posibilidades, pero sin invadir demasiado estos principios constitucionales.

Serían estas las tres reflexiones que yo, respetuosamente y con mucho agradecimiento, expreso al Senado de la República en este ejercicio y desde luego quedo a la orden para cualquier cuestionamiento posterior.


Muchísimas gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Gracias doctor por esta exposición inicial.


Para concluir con esta ronda de exposiciones iniciales nos acompaña Paola Zavala Sánchez, abogada, activista y analista política, quien se ha dedicado a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos.

Ha trabajado en las Naciones Unidas, en la academia y en organizaciones de la sociedad civil. Hasta el año 2018 fue directora general del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México.

Actualmente colabora desde la UNAM con proyectos sobre cultura para la paz, en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco.

Bienvenida abogada, tiene usted hasta 15 minutos.

LICENCIADA PAOLA ZAVALA SÁNCHEZ:Es la historia de mi vida, que siempre hablo y tengo el micrófono apagado.

Muchas gracias senador por la invitación, muchas gracias senadoras, senadores.

Yo vengo aquí a platicarles  sobre una iniciativa que metimos más de 70 organizaciones de la sociedad civil en septiembre y que fue arropada por todos los partidos políticos.

Está un poco fuera de lo que se está discutiendo el día de hoy, porque no es la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin embargo nos parece una iniciativa fundamental en materia de justicia.

Esta iniciativa recoge una demanda social importantísima, que los delitos no vuelvan a repetirse. Es una propuesta de concepción de paz, de prevención de violencia y del delito y a nombre de las 72 organizaciones civiles que la firmamos, les doy gracias, senadoras y senadores por escuchar, los que están aquí, y a las senadoras y senadores que lo firmaron, muchas gracias por arroparla.

Yo pensé en darles unos datos, pero me parece que son más poderosas las historias, así que les voy a contar una.

Las puertas de la prisión se abren generalmente pasadas las dos de la madrugada. Aunque las libertades empiezan en el minuto uno del día que termina la condena, los trámites administrativos suelen llevar un par de horas.


Así que a las tres de la mañana estaba Joel vestido de reo afuera del reclusorio. Nadie fue por él. A sus 43 años no tenía dónde volver. Estuvo 10 años en cárcel por robo agravado y en ese tiempo pasaron muchas cosas.


La violencia, la calma, el aburrimiento y la adrenalina, entre talleres, trabajo, celda y patio, todo sucede, el agradecimiento, la amistad, la corrupción, las drogas, las riñas, el hambre, la soledad, la solidaridad y la muerte. Ahí todo convive todo el tiempo.

En un mismo día un compa que te ve con hambre y te invita una torta, al ratito te enteras de que picó a alguien. Generalmente, del lado derecho, porque del izquierdo están los órganos vitales. En cama, aunque nos piquen, no nos ponchamos.

En esos 10 años su pareja encontró otra pareja, su madre murió, su hermano fue espaciando las visitas hasta que un día dejó de irlo a ver.

Cuando salió de la cárcel, no tenía nada en las bolsas, ni siquiera una identificación que dijera su nombre.

El ahorro por el trabajo que realizó en prisión tardarían en dárselo; otra vez, por trámites administrativos. Era libre, pero no se podía ir.

Así que se sentó en la banqueta sin saber qué hacer. Un custodio lo vio y le tiró un varo. “Ten 100 varos para que te muevas y comas algo”. Joel agradeció, dio unos pasos y se encontró un perro, que le dio miedo.

Regresó al penal, estaba desubicado, no quería perderse, la Ciudad había cambiado, a esa no pasan los micros y los taxis ya no eran dorados con rojo; los rosas, ya casi no pasaban. Joel durmió ahí, afuera del reclusorio, esperando que amaneciera. “Yo no quiero regresar a la cárcel, pero tampoco tengo a dónde más ir”.

La historia de Joel es cotidiana y ahora, ahora sí van los datos, senadores, senadoras:

En los últimos cinco años, más de medio millón de personas han salido de las cárceles del país. La mayoría de las personas internas tienen expectativas de salida antes de los 40 años de edad, y el 24.4 por ciento de ellas se encuentra hoy interna por reincidencia o reingreso.

Estos datos dan cuenta de la urgencia de cambiar el paradigma punitivo de la reinserción social para abordarlo como un proceso de prevención que inicia en prisión, pero que debe continuar en libertad.

Las diversas reformas que se han hecho a la Constitución en materia de justicia penal y sistema penitenciario, responden al principio de progresividad de los derechos humanos.

Superamos así la visión de readaptación social, un concepto que apelaba únicamente a la capacidad del individuo de readaptarse a la sociedad para avanzar al concepto de reinserción social, que involucra no sólo al individuo, sentenciado, sino también a los ámbitos público y privado.

Además, se incluyó la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social y se sustituyó el término pena corporal, por pena privativa de la libertad; y el de reo, por sentenciado.

Con la última Reforma al artículo 18 constitucional en el año 2011, se dejo atrás el derecho penal del autor, que buscaba reeducar al reo como inadaptado, para avanzar hacia el derecho penal del acto, que busca disuadir la comisión de los delitos por medio de la convicción.

Esto es, a partir de los derechos, del acceso a derechos y oportunidades, a fin de que las personas privadas de la libertad puedan integrarse socialmente.

Sin embargo, estos avances se alimentaron al sentenciado y al sistema penal, sin tomar en cuenta los recientes estándares internacionales de derechos humanos que reconocen que la reinserción social de facto ocurre cuando una persona es puesta en libertad, lo que incluye no sólo a quienes han compurgado la pena, o que han tenido acceso a un beneficio preliberacional, sino también tendría que beneficiarse las personas con sentencias absolutorias, o que les revocaron la prisión preventiva oficiosa.

Las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos, fueron actualizadas en 2015, en la Asamblea General de la ONU. A partir de esa actualización de les nombró como “reglas Mandela”.

Dichas reglas ampliaron los criterios de los derechos humanos dentro de la ejecución de las medidas privativas de la libertad, reconociéndoles a todas las personas su derecho a la dignidad, al porvenir y a la reinserción social, incluyendo condiciones fundamentales que los estados deben garantizar a las personas liberadas.

De ahí, la relevancia de armonizar nuestra Carta Magna con los estándares internacionales, de conformidad con los principios constitucionales de convencionalidad y progresividad de los derechos humanos.

En este sentido, debe admitirse que la prisión cumple una función indispensable de sancionar a quienes han cometido un delito por medio de la privación legal de su libertad. Pero esta privación de la libertad tiene como principal característica la exclusión. Es decir, separar a las personas internas del cotidiano social.

Por lo tanto, resulta contradictorio que la Constitución imponga al sistema penitenciario el objetivo de lograr que las personas no vuelvan a delinquir.

La prisión produce efectos adversos en el individuo y en su entorno familiar y social, lo que aumenta los factores de riesgo de violencia al salir de la prisión.

En este sentido, el derecho a la reinserción social no puede alcanzarse a través de la pena, sino que debe perseguirse a pesar de ella. Es decir, deben garantizarse factores de protección como la cultura y el bienestar emocional para disminuir los efectos negativos del aislamiento.

Ahora, en este sentido, hay que preguntarse: ¿quiénes están en cárcel?

Hasta agosto de 2020, había un total de 213 mil 589 personas privadas de su libertad. El 94 por ciento de ellas son hombres y el 6 por ciento mujeres.

El 38 por ciento tiene la Secundaria, el 31.6 la Primaria y el 4.2 son analfabetas.

Es decir, el 76 por ciento de las personas privadas de la libertad no llegaron a la Preparatoria. El 70 por ciento tiene menos de 40 años y el delito que cometieron, en su mayoría, es robo, en cualquiera de sus modalidades.

El INEGI señala que durante 2018, el 39 por ciento de la población penitenciaria del país está por ese delito. Seguido del narcomenudeo, con el 14.9 y del homicidio, con el 8.7

En cuanto a la ocupación, las encuestas del INEGI revelan un dato interesante. El 88.6 por ciento de las personas, tenían trabajo en el momento de cometer el delito. Sin embargo, 9 de cada 10 personas refirieron haber laborado en empleos de bajo ingreso; en contraste únicamente con el 3.8 que tenía un trabajo profesional o técnico.

Conforme a los datos del INEGI, otra vez, el 70 por ciento de la población tiene dependientes económicos y de ellos, el 64.1 tenía hijos menores de edad.

El diagnóstico, finalmente, cierro con estos datos que me parecen importantes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria, promedió con 6.7 y 7.5 las condiciones generales de los centros penitenciarios estatales y federales, respectivamente.

Es de subrayar que las diferencias del promedio nacional para la atención psicológica, brinda a las personas privadas de la libertad, tiene una calificación de 3.5 en atención psicológica, y 2.1 en atención de desintoxicación.

En cuanto al promedio nacional, los centros federales, la calificación relativa a la atención psicológica, mejora. Sin embargo, sigue siendo reprobatoria con 5.1 y los programas de desintoxicación, el promedio fue de 2.2.

Entonces, tenemos un perfil muy claro. Las personas privadas de su libertad son en su gran mayoría hombres, con escasos recursos  económicos, con educación básica y privados de su libertad por el delito de robo.

Y, la pregunta es obvia, ¿cómo reinsertar desde la prisión a personas que siempre han estado excluidas? ¿Cómo hacemos para que al salir, no vuelvan a delinquir?

Bueno, pues de esto se trata esta propuesta, que con base en los principios –como les dije– de convencionalidad y progresividad de los derechos humanos, presentamos desde la sociedad civil. Y, tiene básicamente dos ejes.

Primero, incluir a la cultura y a la salud emocional, como ejes del sistema penitenciario. Tenemos claro que en la Constitución la salud está nombrada como eje, pero creemos que es importante establecer salud física y emocional; porque si bien hay atención física, no hay emocional y parece que los centros penitenciarios no se están dando cuenta de eso.

Al tener sólo el deporte, la capacitación para el trabajo y el trabajo, como ejes de la reinserción, estamos fortaleciendo un estereotipo de género del macho, del proveedor, del que tiene que salir, pelear afuera.

Y, creemos que es muy importante también atender las emociones, también atender los sentimientos, que las personas puedan en verdad, empezar proyectos de justicia restaurativa, y ahí creemos que la cultura puede ser fundamental. Y desde luego, atender las adicciones dentro de prisión.

El segundo eje, que es el más importante, es reconocer el derecho a la reinserción social, porque no está establecido como derecho y en ese sentido, ustedes saben que el tema de la exigibilidad adquiere un nivel mucho más importante.

Y este derecho a la reinserción social tendría dos dimensiones.

Uno, como una garantía individual de las personas que están privadas de la libertad; pero también quienes han sido liberados. Y segundo –y esto es muy importante–, también es un derecho de las víctimas y de la sociedad en general, para que los delitos no vuelvan a repetirse.

Es una garantía de no repetición, que tiene que estar establecida en la Constitución.

La propuesta que tenemos, dice lo siguiente: “La Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías; garantizarán en el ámbito de sus respectivas competencias, el derecho a la reinserción social de las personas liberadas, mediante la implementación de políticas públicas transversales, integrales, especializadas, con enfoque de género y prevención social de la violencia y de la delincuencia, que atiendan las causas estructurales de las mismas y favorezcan condiciones de vida digna para las personas liberadas, sus familias y sus entornos sociales”.

Es muy importante bajar esto a nivel municipal, porque en general todas las políticas se quedan a nivel federal y la verdad es que el tema de la violencia y la prevención de la violencia desde un enfoque social debe trabajarse en territorio y desde una manera transversal.

Senadora, senadores, el mensaje principal que tengo que decirles es que la cárcel no es la única forma de justicia; que ya se ha discutido mucho en este parlamento sobre el lado punitivo, sobre cómo castigar.

Toda la reforma del Poder Judicial está basada en eso, en generar las consecuencias punitivas del delito; pero si no se atiende también el lado de la prevención, esta reforma quedará manca.

Esperamos que esta propuesta de prevención, se reinserción, de paz, que estamos proponiendo desde las organizaciones de la sociedad civil, se pase en el Senado como un pacto de todas y todos.

Muchas gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Muchas gracias.

Con la participación de la abogada Paola Zavala concluyen las ponencias de esta mesa cuatro.


Ciudad de México, 24 de noviembre de 2020

Versión estenográfica de las preguntas y respuestas en la Mesa 4. Aspectos Funcionales del Poder Judicial, del Parlamento Abierto a distancia respecto a la Reforma para y por el Poder Judicial

SENADOR JUAN ZEPEDA: Ahora abrimos el bloque de comentarios y preguntas de las legisladoras, de los legisladores; para lo cual si alguien desea hacer una pregunta a alguno de los ponentes o la ponente, le pido me lo pueda señalar levantando la mano para poder hacer una lista.

De entrada tenemos al senador Dante Delgado y después al senador Damián Zepeda.

Adelante.

SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Sí, gracias, senador Juan Zepeda.

Señores panelistas.

En el panel de esta mañana, que fue la tercer mesa, el doctor Miguel Carbonell dijo que el Código Nacional de Procedimientos Civiles es un pendiente legislativo del Senado; y tiene razón.

Por eso Movimiento Ciudadano se pronuncia por evitar reformas legales, y mucho menos reformas constitucionales en abonos.

Es nuestra obligación exigir paquetes legislativos integrales.

Se nos plantea que se debe apoyar la reforma constitucional para y por el Poder Judicial, para después se aclaren las dudas y procedimientos, supuestamente impecables, que serán establecidos en las leyes reglamentarias que aún no están en el Senado, y que estoy seguro, fuera de las cuatro paredes de la presidencia de la Corte, casi nadie conoce salvo usted licenciado Jorge Nader Kuri, porque lo ideal sería que lo conocieran los jueces, los magistrados, los ministros, los académicos, y desde luego los senadores.

Aquí es muy importante el sentido común, porque nos apunta a que se debe simultáneamente legislar sobre los diferentes temas.

Precisamente por eso Movimiento Ciudadano planteó que no se aprobara la reforma constitucional hasta que no tuviéramos el paquete legislativo.

Una sola palabra en el texto constitucional le da un cambio sustantivo a lo que hoy nos han expuesto los expositores que representan a la presidencia de la Suprema Corte en su doble vertiente; presidente también del Consejo de la Judicatura.

Si no conocemos las leyes reglamentarias, ustedes nos quieren explicar en qué va a consistir, sería mucho más fácil que se diera a conocer adentro del Poder Judicial y a los senadores el paquete normativo.

Yo creo que el tema de las controversias, que precisamente usted, licenciado Jorge Nader Kuri, establece el mecanismo, y dice, es que ustedes los senadores pueden empezar a establecer que corresponda a los colegiados empezar a atender las diferencias que existan entre Poderes, para que la Corte nada más se dedique a la constitucionalidad.

La pregunta es, por qué hacemos una reforma mocha, cuando tendríamos que haber dispuesto que el sentido profundo del cambio sustantivo de esta reforma, es darle a la Corte una instancia de plena constitucionalidad y nos deje establecida, la propia reforma, cómo se van a distribuir las controversias, sobre todo en un momento tan difícil que vive el país, cuando vemos a un Ejecutivo que apabulla a las entidades federativas y municipios del país.

Es tal, espero que ustedes en la Corte se den cuenta y quienes son escuchas, que el Presidente de la República se ha atrevido a no recibir a 10 gobernadores, es inaudito.

Que les hayan echado gases lacrimógenos en las puertas de Palacio Nacional a la Asociación de Alcaldes que protestaban porque no se les daban recursos.

La pregunta es ¿cómo vamos a lograr paz y estabilidad en este país? Vamos a imaginar a futuro un correcto sistema de procuración de justicia y en el corto plazo no vamos a resolver la justicia, si es necesaria se aplique, cuando se están dejando lagunas.

Esa es la gran pregunta que tenemos que hacer. Me da mucho gusto que un abogado particular conozca mucho más el contenido de las leyes que tendrán que ser remitidas, de aprobarse la reforma, que nosotros, los senadores.

Es increíble esto. La verdad, un sistema legislativo como el que quieren plantear no es el adecuado. Necesitamos paquetes integrales de legislación para ser discutidas y conocidas.

Celebro sus intervenciones, son impecables. Sin embargo, por qué nosotros vamos a creer en lo que ustedes dicen, en palabras bien expresadas, cuando ustedes saben que la aplicación de justicia no se hace sino cumpliendo el texto de la ley.

¿Es mucho pedir que eso sea lo que esté en la discusión? Se lo digo a mis compañeras y compañeros senadores de todas las fuerzas políticas acreditadas en el Pleno y sobre todo a los que tenemos que decidir, por el número que representamos, si se cumple las dos terceras partes de los votos necesarios para que proceda las reformas constitucionales.

En fin, creo que lo que se está haciendo en este momento es un ejercicio que llevará parches y que debe ser integral, porque están de por medio dos principios sustantivos: la constitucionalidad de la Suprema Corte en la que sí creo, por eso no es descabellado que pudiéramos tener una Sala de Constitucionalidad y la necesidad inmediata de darle fortalecimiento al federalismo, de darle su lugar a los estados y a los municipios y evitar que exista confrontación política y que esté en riesgo la viabilidad de la República.

Muchas gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Gracias coordinador Dante Delgado.

Tiene la palabra el senador Damián Zepeda.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES:Gracias compañero senador.

Doy inicio reiterando mi agradecimiento a todos los que han participado, por compartir su visión, porque ha sido interesante, aunque sí creo, sí comparto lo dicho por el senador Germán Martínez, en términos de que debimos de haber organizado algo mejor.

En este bloque, primero déjenme reiterar un comentario, no voy a repetir lo dicho, pero en todos los bloques hemos dicho lo mismo, al menos un servidor.


Para mí el gran tema es que México requiere un mejor sistema de justicia y con esto no se logra. Se puede avanzar en aspectos pequeños, pero yo soy de los que creo que los cambios hay que empujarlos.

Y particularmente con la composición actual del Poder Legislativo, si no se aprovechan las coyunturas específicas de un interés, en este caso particular, del Poder Judicial de hacer cambios, para hacer otros cambios necesarios y más positivos, nunca se avanza, nunca, porque las resistencias no se vencen más que cuando se genera un ambiente en donde hay distintos intereses genuinos, positivos, que buscan lograr transformaciones, si no, van a dormir el sueño de los justos y nunca se van a lograr esos cambios.

Por eso es que insistimos, su servidor, en que hay que ir por la Reforma ideal, no perfecta como alguien señalaba ahorita. Me queda claro que lo perfecto no se puede lograr, pero sí está muy evidente, ciertos temas de los cuales ahorita estamos hablando que no se están tocando los cambios que sí implicarían una mejora en la justicia.

Perdón. Pregunto: ¿me escuchan? Porque a mí se me corta mucho la imagen. Sólo saber si me estoy pudiendo comunicar. Ok. Muy bien.

Dicho eso, que es el tema principal de ir por verdaderos cambios, que cambien la justicia para los mexicanos, lo cual reitero, en este bloque de temas, en muchos temas podemos coincidir, cuando menos un servidor, y algunas otras inquietudes las quiero compartir.

A ver: lo primero que quiero señalar es, yo en lo personal, soy un aliado del servicio profesional de carrera, en cualquier instancia de gobierno, en este caso la carrera judicial.

Pero mi pregunta es si esta Reforma alcanza para resolver el problema que tenemos. Yo reitero el respeto por jueces, magistrados y los funcionarios, pero es falso que no exista la carrera judicial.

Hoy pues, o sea, ya existe en principio en la Constitución, nuestra Ley Orgánica ya prevé tanto el Instituto de la Judicatura con la del Poder Judicial, como la carrera judicial, como un esquema de restricciones y ratificaciones, y cambiar un párrafo constitucional no va a cambiar, digamos, en lo específico ello.

Tengo yo aquí en mis manos un estudio que hizo “Mexicanos contra la corrupción e impunidad”. Le llaman ellos “el déficit meditocrático”. Me imagino que conocen este ejercicio. Y entiendo que un exconsejero de la Judicatura también hizo mucho trabajo al respecto.

Ellos señalan cómo de 50 puestos que existen en el Poder Judicial de la Federación, sólo 11 participan en el procesamiento de los casos y la producción de las sentencias.

De esos 11, sólo cinco son parte de la carrera judicial; de esos cinco, tres con sencillos exámenes y dos con concursos de oposición. Y los que son concurso de oposición, el 87 por ciento son de convocatoria cerrada. Es decir, sólo pueden participar gente de adentro.

Entonces, mi pregunta es: ¿se cambia esto con esta Reforma? Porque yo veo un párrafo nada más que sí le da rango a la escuela, que sí cambia algunas palabras o principios, pero no hay un planteamiento integral de cambio a la carrera judicial.

Seguramente me van a contestar que las leyes secundarias es lo que hay que…, vean, bueno, por eso muchos de nosotros queremos ver todo el paquete completo, previo a otorgar el voto, en lo único que requieren, los votos de la oposición, que es la Reforma Constitucional. Tendrán pues que han pasado muchas reformas que después ya no se da un debate de fondo.

Entonces, mi pregunta en esto, siendo aliado de la carrera judicial: ¿esta Reforma Constitucional, logra el objetivo de verdaderamente tener un Poder Judicial profesional, donde ya no se den casos de nepotismo, en donde no tengamos problemas de preferencias, digamos, por la cercanía?

Segundo. La defensoría de oficio, la defensoría pública. Otra vez. La Constitución, en su artículo 20, apartado “B”, fracción octava, ya prevé el derecho a la defensa pública, no está naciendo con esta reforma, ya existe.

Lo que sí están haciendo aquí es subirlo a rango constitucional, el instituto, o sea el órgano. Una reforma de avanzada, sería darle autonomía y dependencia a la defensoría pública.

Yo les pregunto, ¿estarían de acuerdo con darle autonomía e independencia a la defensoría pública?

Porque, no hace sentido que si una parte que acusa, que es el Ministerio Público tiene autonomía e independencia, la parte que defiende no la tenga. O sea, no se cumple con un principio básico, elemental de sentido común de igualdad.

Y menos sentido hace, aunque funcione, digamos adecuadamente, menos sentido hace que esté colgada del Poder Judicial, que es el árbitro, que es el juez. O sea, hay un claro conflicto de interés, aunque funcionen separados.

Entonces por qué no ir, este es un ejemplo de avanzar a lo ideal, ¿por qué no ir? Vamos a tocar el tema (falla de audio de origen)…

SENADOR JUAN ZEPEDA: Senador Damián Zepeda, ya no lo escuchamos ahora sí.

SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Perdón, senador Zepeda, yo quiero aprovechar este lapso.

Yo tengo un compromiso a las 14 horas, entonces no deseo que se interprete que no quiero escuchar lo que me digan, pero la agenda estaba programada para terminar a las 2 de la tarde y entiendo, porque se desfasó la mesa anterior se prolonga. Pero tengo un compromiso inaplazable a las 14 horas.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Sin problema, coordinador Dante Delgado.

Y, esperando a ver si restablece la comunicación el senador Damián Zepeda, pregunto a las senadoras y a los senadores presentes, si alguien gusta hacer alguna pregunta, algún comentario a los ponentes.

SENADOR DANTE DELGADO RANNAURO: Perdón, senador Zepeda, estaré atento a la respuesta que sobre lo que expresé den los compañeros que hoy nos hicieron el honor de transmitir el punto de vista del presidente de la Corte.

Muchas gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Con todo gusto.

Creo que el senador Damián Zepeda está teniendo problemas de comunicación. Yo propongo que pasemos entonces…

¡Ah!, el senador Noé Castañón quiere formular una pregunta o comentario. Adelante, senador.

SENADOR NOÉ CASTAÑÓN: Gracias, senador Zepeda.

Simplemente, en continuidad a los comentarios hechos por el senador Germán Martínez, mi coordinador Dante Delgado e incluso el comentario hecho por el senador Damián Zepeda; encuentro una alta preocupación por esta reforma, por quien hoy está defendiendo esta reforma.

Me hubiera gustado ver otros puntos de vista, puesto que la repetición incluso de los ponentes desde ayer, ha sido reiterada. Conocemos claramente sus posturas.

Me preocupa, y en este sentido muy puntual la pregunta a los ponentes de hoy, respecto a la carrera judicial y a la especialización que se va a dar con este instituto, ¿por qué se sigue dejando a la Suprema Corte en sus nombramientos, fuera de este nuevo sistema?

¿Por qué en los nombramientos no se está incluyendo, solamente se incluye al Poder Judicial y se excluye a los funcionarios de la Suprema Corte?

Creo que una reforma integral debería de ser pareja y eliminar los vicios que tienen o lo que se quiere eliminar, tanto el Poder Judicial, también al interior de la Suprema Corte.

Sería cuánto, senador Zepeda.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, senador Noé Castañón.

Ya está el senador Damián Zepeda comunicado. Adelante, senador Damián Zepeda.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Gracias.

Les pido una disculpa, estoy en mi oficina del Senado, pero la falla de internet, se trabó el Webex. Estoy ahora en mi celular, pero aquí mismo en la oficina.

Bien, entiendo que se escuchó la primera parte del planteamiento integral de la carrera judicial, y me quedé en defensoría pública, según lo que me informan.

Lo que comparto, es que éste es un ejemplo perfecto de cómo deberíamos de avanzar a temas y reformas que se requieran.

Una reforma que pudiera resultar en un beneficio directo a la ciudadanía, partiría del fortalecimiento a la Defensoría Pública; y un aspecto elemental, y les pregunto si estarían de acuerdo, y si siguen esta lógica de pensamiento, la Defensoría Pública debería tener otra dependencia… (falla de origen)

(falla de origen)…las partes que investiga y acusa, tiene autonomía, tiene independencia, tiene cierto rango la otra de las partes, que es la que defienden (falla de origen)

SENADOR JUAN ZEPEDA: Senador Damián Zepeda, le sugiero que cancele su video y nada más utilice el audio, porque lo estamos perdiendo por falta de señal. 

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Estarían de acuerdo en darle autonomía e independencia a la Defensoría Pública, bajo el principio elemental de que tenga la misma condición quien acusa que quien defiende, por ejemplo, en materia penal.

El ministerio público tiene autonomía, tiene independencia, en ese sentido, que si ambas partes deben participar en condiciones de igualdad, una la tenga y otra no.

Más aún, menos sentido hace y conflicto de interés, incluso, aunque en el funcionamiento me puedan decir que son entes distintos, en fin, la dependencia del Poder Judicial es un conflicto de interés, porque existe quien acusa, quien defiende y quien imparte justicia; no hace sentido que quien defienda dependa de quien imparte justicia.

Ni qué decir en el nivel local, y esto le daría una mejor defensa a los mexicanos.

Por último, sumado a lo que ya había dicho, en materia de adscripción y ratificación, preguntarles: ¿qué tendríamos que hacer?

Quisiera que partieran de la base que hay disposición del Legislativo de ir por una reforma a fondo.

¿Qué tendríamos que hacer para mejorar el sistema de adscripción y de rotación? O si piensan que al día de hoy está funcionando, digamos, a la perfección, y que no habría nada que moverle o garantizar para que se tomen estas decisiones basados en criterios objetivos.

Muchas gracias por sus respuestas.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, senador Damián Zepeda.

Pregunto a las senadoras y lo senadores presentes, si alguien desea hacer uso de la voz.

Si no es el caso, daríamos paso a este bloque de respuestas por parte de nuestros panelistas, en el orden en el que se les dio la palabra para su primera intervención en su exposición, así que tiene la palabra el doctor Alejandro Sergio González Bernabé.

Adelante.

DOCTOR ALEJANDRO SERGIO GONZÁLEZ BERNABÉ: Muchas gracias, senador Juan Zepeda.

Voy a referirme a una de las partes de la exposición del señor senador Damián Zepeda, relacionado con la preocupación que dice tiene respecto de los concursos abiertos.

En relación a ello, quiero manifestar que el artículo 94 constitucional ya establece el mandato expreso de que deba haber concursos abiertos.

Leo la parte correspondiente del artículo 94, dice: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género”.

Es decir, ya está en la Constitución, ya está en la Constitución; y lo que falta es el trabajo legislativo en la ley ordinaria, para que se regulen estos concursos abiertos.

No obstante eso, ahora que se implementó el tema de la reforma laboral, se logró la designación de los jueces y juezas para que ejerzan la función de jueces de distrito en materia laboral, precisamente a través de un concurso abierto, no obstante que la ley ordinaria no ha sido complementada, porque no se ha realizado el trabajo legislativo.

El Consejo de la Judicatura Federal realizó, a través de acuerdos generales, un mecanismo que permitió la designación de juezas y jueces a través de concursos abiertos y no solamente desde los titulares, sino de los secretarios y secretarias y de las actuarias y actuarios.

Se inscribieron más de mil personas y de esa inscripción de más de mil personas, se fueron seleccionando, a través de exámenes muy rigurosos de conocimientos generales, después de exámenes teóricos, prácticos y orales, hasta llegar a la determinación de quiénes podrían ocupar los cargos de actuarios, secretarios y jueces.

Entonces, creo que en el texto constitucional está ya la disposición, falta a lo mejor el trabajo legislativo correspondiente. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que se logre avanzar en ese sentido.

En relación a lo que el señor senador Dante Delgado comentaba, creo que tiene que ver con la, perdón por lo que voy a decir, pero en lo particular me invitaron para participar en este foro y lo agradezco muchísimo, este Parlamento, y me dijeron: tienes que participar en estas mesas.

O sea, en la estructura, en la organización del evento, nosotros no tuvimos intervención alguna. A mí me llegó la invitación el viernes por la noche, el fin de semana lo preparo y no tengo nada que ver en la estructura para el funcionamiento de este evento.

Y la postura que yo expuse en mi exposición, valga la redundancia, es estrictamente jurídico-jurisdiccional. Es totalmente apartado de aspectos políticos, porque no me corresponden.

Yo, como juzgador, traigo una camiseta puesta como tal y la aportación que yo pudiera hacer es precisamente en esa calidad de juzgador. Sería irresponsable de mi parte meterme a cuestiones que desconozco, como pudieran ser las de tipo político.

Y luego, el señor senador Noé Castañón, que preguntaba por qué se excluye a los funcionarios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de esto de la carrera judicial.

En temas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hasta ahorita la carrera judicial inicia con el cargo de actuario, de secretario y los secretarios, en un concurso interno, son los que pueden aspirar a ser jueces de distrito.

Pero dentro de la categoría de carrera judicial, también está considerada la de secretarios de estudio y cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo que busca la reforma, según yo la entendí, es que no solamente en estos cargos cúspide rija la carrera judicial para el ingreso y permanencia en el Poder Judicial de la Federación, sino también se abre para los que ahora se denominan oficiales administrativos, que son el grueso del personal que integran los órganos jurisdiccionales.

Y es donde actualmente no se requiere mayor cosa que, por decirlo en palabras coloquiales, saber manejar un equipo de cómputo, tener un grado de responsabilidad bueno, pero el conocimiento jurídico no es exigible.

Eso ha permitido, desafortunadamente,  que haya demasiada discrecionalidad de apertura en los titulares para nombrar al personal administrativo de manera libre y ha generado, por desgracia, desafortunadamente, estos temas de nepotismo tan marcados, que se han señalado ya en estas mesas y en otras anteriores, y en artículos, y en documentos específicos y que el Consejo de la Judicatura Federal detecto y ha caminado ya en ese sentido.

Tenemos ahorita ya acuerdos generales con la idea de que la meritocracia pernee en el Poder Judicial de la Federación desde estos cargos que son hasta cierto punto menores.

Entonces, sí están contemplados, al hablar de oficiales, según yo lo entiendo, al hablar de oficiales judiciales ahora para el Poder Judicial de la Federación; quedan contemplados también los oficiales jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Donde entiendo que existe la diferencia es que para que lleguen a esos puestos, en la Corte, no tienen necesariamente los ministros qué buscarlos de los cientos o miles de la lista, que ya aprobaron los exámenes por el Instituto de la Judicatura Federal.

La Corte tiene un trabajo súper especializado y se le ha dado la confianza a los señores ministros de que ellos elijan a su cuerpo de trabajo.

Ayer escuchaba en una Mesa, que alguno de los compañeros decía: “bueno, es que no está el piso parejo porque a nosotros sí nos van a obligar, los jueces y magistrados, a seleccionar al personal de una lista y parece que a los señores ministros no”.

Tal vez eso sería una cuestión que tendría que pensarse, que mediarse y ver si es necesaria también la selección de los señores ministros de esa lista.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias magistrado, por su contestación.

Le damos la palabra el doctor Jorge Nader Kuri. Adelante.

DOCTOR JORGE NADER KURI: Muchas gracias.

Pues yo agradezco mucho los comentarios que se han hecho porque nos periten formular mejor las reflexiones.

No solamente es un principio general conocido que la Constitución establece mínimos y las legislaciones secundarias los desarrollan.

Creo que no tiene ningún sentido acudir a algunos cuantos ejemplos, pero, por ejemplo, tomo el de la Ley de Amparo. La Ley de Amparo se llama Ley Reglamentaria, en los artículos 103 h 107 de la Constitución. En materia de controversias y de acciones, la ley respectiva se llama Ley Reglamentaria, de las fracciones 1 y 2 del artículo 105.

Es decir, ciertamente las instituciones constitucionales establecen mínimos, que luego se regulan en leyes secundarias.

Por lo tanto, siempre que se analiza una Reforma Constitucional, se tiene que tener en mente que posteriormente o al mismo tiempo, dependiendo cuál sea la política legislativa que se esté siguiendo, se tiene que atender una legislación secundaria.

Ha habido ocasiones en México en que primero se legisla en materia constitucional y posteriormente en materia secundaria, como, por ejemplo, ocurrió en junio de 2008, en donde se reforma 10 artículos de la Constitución para establecer el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y tiempo después se emitió el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional, ejecución penal y las leyes secundarias. Es decir, en ese momento se optó por reformar la Constitución y luego ocuparse de las leyes secundarias.

Desde luego, el Poder Legislativo y Soberano, nada más faltaba, para decidir si legisla primero en reformas constitucionales y posteriormente atender la ley secundaria, o se hace todo en un paquete. Sobre eso, la única opinión que prevalece es la del Poder Legislativo, desde luego.

Solamente, yo sí insisto en que el principio general es que la norma constitucional es reglamentada por la Ley Secundaria.

Pero, además, en la iniciativa de reformas constitucionales, que nos convocó a la discusión del día de hoy, hay un transitorio tercero. El transitorio tercero de la iniciativa dice: “dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir o realizar las reformas (inaudible) secundaria correspondiente, a efecto de homologarla con lo previsto por este decreto.

Entonces, el señalar que la reforma constitucional debería de ser seguida de una reforma secundaria, no solamente lo diseñé o lo expuse derivado de este principio general; sino después de la lectura de este artículo tercero transitorio del decreto de reformas constitucionales que ha establecido este Parlamento Abierto.

Ahora, ¿cuáles son las leyes secundarias que se tienen que reformar? ¿Cuáles son las leyes secundarias que se tienen que emitir?

Bueno, este decreto de reformas o esta iniciativa de reformas, recoge en sus primeros párrafos de la exposición de motivos, que entre el 21 de octubre de 2019, el Senado de la República con representantes del Congreso de la Unión, emprendió una serie de trabajos denominadas Una Reforma con y para el Poder Judicial de la Federación, que se estableció un proceso de colaboración institucional para trazar el camino hacia una mejor justicia, etcétera.

Y, de estos trabajos derivó esta iniciativa de reforma constitucional y también, conclusiones que hablaban de la necesidad de expedir nuevas leyes y de reformar otras, que fueron las que yo comenté.

Así que esto creo yo que es además, un tema de conocimiento generalizado, porque se difundió mucho en redes y en medios electrónicos, y esa es la razón por la que yo comenté que será muy importante ver las formas y desde luego si el Constituyente permanente decide reformar la Constitución, será muy interesante ver la forma en la que este diseño constitucional o estos mínimos constitucionales, pueden aterrizar en una legislación secundaria.

Y, refiriéndome a las otras dos participaciones, creo que hablar particularmente lo que comentaba el senador Damián Zepeda; creo que hablar de la autonomía de la defensoría pública, es una gran aportación, es una gran idea, que además, sería congruente con la autonomía de la Fiscalía General de la República.

No existe hasta la fecha, ninguna razón que justifique que la defensoría pública se encuentre dentro del Poder Judicial, más que temas organizacionales y presupuestales, desde luego. Pero nada riñe con la idea de apoyar que la defensoría pública sea autónoma.

Esta es una idea que me parece muy pertinente, que se ha expresado en muchas ocasiones con anterioridad. Y, creo que bien también se podría pensar en relación con ello.

Finalmente, decirles que yo independientemente de que como lo expresé al principio de mi intervención, creo que esta es una reforma que no es perfecta, creo que esta es una reforma que establece muchas áreas de oportunidad y que establece todavía algunos ámbitos de duda o de reflexión que vale la pena que se consideren y que se integren; no por eso la considero una mala reforma.

Creo que es una reforma transitable. Creo que es una reforma que en mucho sentido puede merecer un análisis, puede merecer desde luego el trabajo legislativo que la adapte, que la ajuste, que la complemente y que pueda hacer transitable el establecimiento de pasos para una mejor justicia.

Y en última instancia, algo que ha comentado mucho también el senador Damián Zepeda, en el sentido de que si nosotros creemos que es una reforma que verdaderamente va a beneficiar el quehacer de la justicia, creo que en buena medida sí.

Creo que además, si se complementa y en particular si se introduce el tema de la digitalización de los procedimientos o de la tecnologización de los procedimientos; creo que en concreto y en particular, esto puede establecer pautas muy concretas para que la ciudadanía reciba un beneficio constante y sonante.

Imaginemos que en México podemos tener, en el corto plazo, una justicia al acceso de cualquier persona desde su computadora, utilizando el internet, con todo lo que eso suponga en cuanto acceso a la justicia, el ahorro de recursos humanos y materiales.

Desde luego, con los cuidados necesarios, pero la tecnología nos ha enseñado todos los días, y nos seguirá enseñando en el futuro, que cada día es más confiable y que cada día puede establecer mejores incentivos para que pueda acudirse a ella y que pueda compaginarse algo tan heterogéneo como es el derecho y la justicia, con lo concreto de la tecnología.

Con los ajustes pertinentes, con los complementos necesarios, desde luego que sí, esta reforma podría causar beneficios concretos a la ciudadanía, a los justiciables, a quienes están esperando que los Tribunales en realidad hagan efectivo el derecho a la jurisdicción a que se refiere el artículo 16.

Muchísimas gracias por su atención, vuelvo a agradecer esta invitación que me honró mucho y que me permitió haber estado en contacto con ustedes y desde luego escuchar a mis colegas y sus intervenciones inteligentes e interesante todo.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, doctor.

Tiene la palara el maestro Arturo Guerrero para su ronda de respuestas.

DOCTOR ARTURO GUERRERO: Muchas gracias, senador.

Trataré de ir atendiendo los planteamientos en el orden en el que fueron propuestos.

En primer término, el senador Damián Zepeda hacía referencia a la falta de un mejor sistema de justicia; analizaba esta iniciativa de reforma y apuntaba varios temas.

En efecto, hay varios temas en la agenda que pueden quedar pendientes.

El tema de la justicia local al que se ha hecho alusión, (inaudible) centrales, el debate respecto a la justicia constitucional local que de alguna manera se adelantó con lo que pasó con la Ciudad de México, pero que queda por completo pendiente; la agenda de justicia ciudadana, fortalecer el tema de los mecanismos alternativos de solución de controversia, debate sobre justicia restaurativa, un poco también en la línea de lo que manifestaba la licenciada Zavala.

Creo que hay varios temas que han quedado por completo de lado.

Ahora, el tema acá, más allá de si esta reforma resuelve todos los problemas, es si resuelve de alguna manera los problemas del Poder Judicial de la Federación o puede apuntalar la labor del Poder Judicial de la Federación.

Acá entiendo que es una cuestión de política parlamentaria y de tiempos que son ajenos.

Ahora, planteando la discusión o centrándola en esta mesa, voy a los siguientes puntos que todos creo que tienen para reflexiones bastante interesantes.

El segundo planteamiento que hacía el senador es, si esta reforma alcanza en el tema de la carrera judicial; si realmente está cambiando algo.

Me parece que aquí el planteamiento es muy interesante y me gustaría atenderlo en dos niveles: primero, en un nivel respecto a qué tipo de Constitución queremos.

Esto es un tema que abordo cotidianamente en clases, en conferencias, porque me parece que es un debate bastante interesante.

Tenemos tradiciones constitucionalistas, como las de Estados Unidos, en las cuales 27 enmiendas han bastado para 250 o 270 años de estabilidad democrático-institucional.

Tenemos países en los cuales, a partir de la apertura de la democracia han tenido constituciones que se han modificado 50-70 veces, dependiendo, por ejemplo, en los casos de España, Alemania.

En México tenemos una Constitución que, salvo un periodo primero de relativa paz, después de 1917 hasta 1921, y un par de periodos normales también de cuatro o cinco años, nuestra Constitución se ha reformado cada dos años en promedio, y de 1997 para acá se reforma cada año y hemos tenido hasta 13, 14 decretos de reforma constitucional en un año; y hay decretos de reforma constitucional que han modificado hasta 52 artículos de la Constitución.

Nuestra Constitución es una Constitución de detalle, porque a veces las leyes nos saben a poco, porque todas las plataformas o todas las ideologías políticas, de alguna manera tratan de plasmar en la Constitución.

Este es un tema, digamos, de debate constitucional bastante interesante.

Acá el punto es si definir absolutamente todas las categorías a nivel constitucional, o si eso de alguna manera podría coartar eventualmente el desarrollo de la carrera judicial.

Aquí creo que esto me lleva al siguiente plano.

En la Constitución se hacen dos cambios a los que ya hice referencia y que quiero retomar de forma muy breve, y uno adicional al que no me referí, pero que creo que tampoco es menor.

El primero es que se hace una referencia a que la escuela judicial participa en los concursos para todas las categorías y en la actualización.

El hecho de que participen todas las categorías, implica evitar que se vayan generando estos sistemas de excepciones y de alguna manera acotar el margen de discrecionalidad del propio Poder Judicial de la Federación en su facultad autorregulatoria, para definir qué tipo de cargos requieren de concursos para el acceso a los mismos.

Por otro lado, hay una remisión a las disposiciones normativas aplicables, que se introducen en el texto constitucional, ya no es la ley orgánica.

Esto lo que hace precisamente es, mientras pongo un núcleo mínimo, que es concurso público para las categorías de la carrera judicial a nivel constitucional; por otro lado, establezco que el Consejo también tiene esta facultad regulatoria.

Es una combinación entre establecer un núcleo mínimo de acceso a cargos públicos, y por otro lado dar una cierta flexibilidad para que se vayan modificando estos parámetros.

Claramente hay muchos temas que se tienen que ver en legislación secundaria, pero hay muchos otros que se están abordando actualmente a la facultad autorregulatoria del Consejo; y el Consejo, por ejemplo, ha ido trabajando para ampliar la carrera judicial y para introducir estos concursos públicos en todas las categorías.

El hecho de establecer a nivel constitucional que la Escuela Judicial participa en concursos precisamente en todos los niveles, fortalece esta visión de acceso estrictamente en términos meritocráticos.

Hoy hay una carrera judicial que cuenta con muchísimas personas, que en efecto han llegado donde han llegado, a partir del mérito, de la formación, de concursos y de procesos sumamente rigurosos de selección.

El tema es que los pequeños espacios de discreción que se han generado son los que han llegado a generar estos huecos, que eventualmente se han ido magnificando y el estudio al que hacía referencia el senador y los trabajos de un exconsejero de la Judicatura Federal, evidenciaron perfectamente este problema.


Ha habido casos, por ejemplo, de personas que tienen muchos familiares dentro del Poder Judicial de la Federación, se han ido creando estas redes clientelares.

Justamente la idea es transformar por completo esto introduciendo este requisito de meritocracia, a partir de los concursos en todas las categorías.

Entonces, a pesar de que parece una referencia quizá menor, lo cierto es que cambia por completo el eje rector de la carrera judicial y este tema me parece que es bastante relevante.

El siguiente planteamiento, el que se hizo referencia, fue lo de la defensoría pública, si tiene que estar en el Poder Judicial de la Federación, si tiene que reconocerse a nivel constitucional, pese a que ya hay una referencia al derecho a contar con una defensa pública en el artículo 20 constitucional.

Acá se ha discutido mucho sobre cuáles son las posturas, si hay una postura de la Suprema Corte, si hay una postura de Agenda Ciudadana, a mí me gustaría centrarme en estándares internacionales, porque creo que son los que nos dan una pauta sobre cuáles tienen que ser los contenidos de índole constitucional, es decir, una discusión en términos de derecho, de democracia y equilibrio de poderes.

Y al respecto me remito al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2013 sobre garantías para la independencia judicial de las y los operadores de justicia.

Esta revisa en este informe de la Comisión Interamericana de los párrafos 43 y siguientes, hay una referencia específica al tema de las defensorías pública y dentro de ese informe van a encontrar dos cuestiones: una primera, que es la recomendación del Sistema Interamericano de las Defensorías Públicas que están reconocidas a nivel constitucional, que es el tema que se está buscando acá, y eso aquí lo pueden encontrar, párrafos 43 y siguientes.

Lo segundo, es una reflexión respecto a si las defensorías públicas tendrían que estar en el Poder Judicial de la Federación o tendrían que ser autónomas y empieza la Comisión Interamericana con un debate bastante interesante, diciendo, a ver, aquí hay modelos híbridos.

Hay algunos que tienen la defensoría pública en el Poder Ejecutivo, otros en el Poder Judicial, otros lo tienen con independencia técnica, otros lo tienen con autonomía completa.


La Comisión Interamericana dice: lo importante acá es que exista una autonomía técnica y de gestión, que esté regulada a nivel legislativo y evidentemente sí hay una limitante que pertenezca al Poder Ejecutivo.

Ese sería el planteamiento, por ejemplo, respecto a qué pasaría con la Fiscalía, por qué la Fiscalía no. Lo que pasa es que en un juicio hay dos hipótesis en un procedimiento penal, la hipótesis de acusación y la hipótesis de defensa.

Respecto de la acusación y defensa, claramente tiene que haber una distinción. No obstante, acá no se está hablando de un conjuntar ambas posturas dentro de una misma institución, sino el tema de la defensoría pública, que lo que sostiene son hipótesis de defensa, a partir de una protección de los derechos humanos y garantizando el acceso a la justicia.

Entonces, aquí es un tema de qué tipo de modelos y qué se pretende y adicionalmente sí existen las salvaguardas para que se garantice esta autonomía técnica y de gestión.

El crear un órgano autónomo adicional implica que este órgano autónomo entra al debate de selección, de presupuesto, de muchas otras cuestiones, de cuáles van a ser esas salvaguardas, de qué tipo de límites y contrapesos institucionales va a tener, es un debate bastante relevante, pero lo interesante es contar con un instituto de defensoría, que tenga una autonomía y que claramente no esté contaminado con una cercanía al Poder Ejecutivo y mucho menos a la Fiscalía.

Por otro lado, respecto al tema de las adscripciones, si actualmente funciona el esquema de rotación del personal judicial. Acá hay un tema también crucial.

Durante 25 años en la actividad del Consejo de la Judicatura Federal no se había planteado una política de adscripciones que pusiera las reglas claras y que de alguna manera le generara, al propio Consejo de la Judicatura, como órgano encargado de este tema, límites, que le pusiera casos específicos de actuación.

Y acá se estableció una política de adscripciones a Partir de los estándares y ahí se pueden revisar, para ver cuáles son los criterios. Los criterios de dónde se desprende, estos son los informes de la relatoría de Naciones Unidas de 2009 a la fecha, específicamente el Informe de Independencia Judicial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los casos de la Corte Interamericana, algunos a los que pertenecen los del tribunal constitucional contra Perú, rebelión Trujillo, Apis, (Inaudible) contra Venezuela, Tribunal Constitucional y Corte Suprema contra Ecuador.

Algunos más recientes como López Lone contra Honduras, estoy aludiendo algunos, pero bueno, básicamente estos son los casos específicamente sobre los que se construye esa propuesta.

Y a partir de ahí es que se obtienen los límites por los cuales podría ser trasladado un juez o una jueza. Aquí no hay un estándar tan definido, más allá de que se pongan reglas claras en este tipo de movimiento.

Lo que se hace acá, es obligar a una política al respecto. Es decir, que el Consejo de la Judicatura deba determinar cuáles van a ser las reglas del juego para este tipo de asuntos.

Y acá es done está lo importante. Lo importante es que justamente se tenga que arreglar esta facultad, de modo que se evite la arbitrariedad. Aquí, el tema central es justamente obligar a que se tenga que hacer algo al respecto para que no haya apertura total y por lo tanto ausencia de reglas que pongan en riesgo la independencia judicial y que pongan en riesgo entonces a las y los juzgadores.

Y, por último, el senador Noé Castañón hace un planteamiento muy interesante respecto a: ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación queda fuera? Y, perdón, entiendo que eran 10 minutos y ya es lo último que me falta. Solicito al senador Zepeda. Gracias.

¿Por qué la Suprema Corte queda fuera del tema de la carrera judicial? Acá, después de revisar temas de estándares constitucionales, el único que encuentro, que me parece bastante relevante, es un pronunciamiento de la Comisión de Venecia, en las recomendaciones al proceso de Reforma Constitucional de Moldavia, que es de 2018, y en el que dice lo siguiente. El documento está en inglés, en una traducción libre. Lo que dice, es:

“Limitar el acceso a la Suprema Corte de candidatos de cortes inferiores, puede conducir al aislamiento y promover opiniones conservadoras y rígidas”.

Acá, lo cierto es que se puede debatir también mucho al respecto, pero el tema es que, con la selección de ministras y ministros, lo que se está haciendo es un debate respecto a qué tipo de perfiles se quieren en la Suprema Corte.

Evidentemente, se buscan equilibrios y acá hay muchas discusiones que se pueden tener en torno a la igualdad de candidatas y candidatos para llegar al máximo tribunal de nuestro país.

Pero, el tema de los equipos de trabajo se puede llegar a poner ciertas reglas, pero de alguna manera condicionarlo a la carrera judicial, implica una cierta continuidad o implica de alguna manera ponerlo en un mismo saco que el resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación.

Y acá, si lo que se busca es una Corte que precisamente sea de vanguardia, que esté transformando, que esté cambiando criterios, me parece que esta opinión de la Comisión de Venecia es bastante relevante para evitar justamente a una Corte que de alguna manera aísle al Poder Judicial de la Federación y que continúe replicando los criterios que tradicionalmente han sido parte del Poder Judicial de la Federación.

En muy resumidas cuentas, si lo que queremos es una Suprema Corte que mantenga estos criterios del Poder Judicial de la Federación, a lo mejor ponerlo en el mismo cajón de carrera judicial, podría ser la postura correcta.

Si lo que buscamos es una Corte que de alguna manera esté transformando, esté cambiando, esté contando con ideas novedosas y con otro tipo de perfiles, acá la discusión entonces estaría más bien a la idoneidad de quienes pueden llegar a la Suprema Corte y no tanto en ponerles las mismas reglas a la formación de sus equipos de trabajo.

Creo que he dado algún tipo de respuesta o alguna reflexión a los planteamientos.

Le agradezco muchísimo el tiempo.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias a usted, maestro Arturo Guerrero. Le agradecemos su participación.

Realmente los ponentes que fueron aludidos ya hablaron. Sin embargo, le quiero pedir a nuestra querida licenciada Paola Zavala, y toda vez que ella puntualizó muy claro que el tema que exponía no tenía que ver con esto, pero pedirle que nos dé un mensaje final, aunque sea breve.

LICENCIADA PAOLA ZAVALA SAEB: Sí senador. Muchas gracias por la palabra.

Hay dos cosas a las que sí me gustaría reaccionar, que creo que tienen que ver bastante con la propuesta de la sociedad civil, que vine a exponer esta mañana, sobre reinserción social, y la primera tiene que ver con lo que dijo también el senador Damián Zepeda, sobre la autonomía de la defensoría pública.

Y aquí es muy importante, en el tema que estuve platicando con ustedes, traté de exponerles que quienes están en la cárcel son personas pobres, y eso es fundamental.

Son personas que no tienen una defensa adecuada y personas que incluso pueden tener condenas muy amplias porque nadie les hizo una apelación o un amparo para reducir la sentencia y eso rompe sus filas, rompe su entorno, rompe sus familias, rompe sus hijos y genera más violencia.

Entonces, dado a los datos que les expuse, el tema de la Fiscalía es muy importante porque yo quiero pensar que si esa defensoría fuera autónoma tendría, sin duda, se fortalecería, tanto en recursos como en número de defensores.

Y, quiero darles unos datos que me parecen muy fuertes.

La semana pasada, México Evalúa presentó su publicación, que se llama “Hallazgos al sistema penal 2019”, y ahí establece datos muy fuertes.

La media de los defensores de oficio, atienden 163 casos. Entonces, si ustedes saben el trabajo que en realidad tiene un defensor, evidentemente no los atiende. Son casos que se pasan y lo que tienen de respuesta es que el 98 por ciento de las sentencias son condenatorias. Muy diferente, a cuando tú tienes acceso a un abogado privado, que te puede defender, que puede dedicarle tiempo a eso.

Entonces estamos ahí, es un tema importante. Estamos generando la criminalización de la pobreza y sobre todo la inequidad social.

Y, en ese sentido, también me gustaría reaccionar a lo que dijo el senador Dante Delgado, sobre si esta reforma al sistema judicial va a ser suficiente.

Y yo no sé si va a ser suficiente para el sistema judicial. Yo creo que no, y parto del hecho de que el 93 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.

Entonces, con el mejor del sentido que le puedan dar a la reforma y de dotar más jueces, más defensores, más ministerios públicos y todo; ¿a cuánto podemos aspirar a tener en impunidad? ¿Bajarlo 10 por ciento, 15 por ciento? ¿Que el 80 por ciento de las víctimas puedan ver a sus victimarios en la cárcel es nuestro objetivo?

No lo sé. Yo creo que el objetivo de fondo tiene que estar también acompañado de prevención, lo vuelvo a repetir. Entonces, sí pedirles senadoras, senadores, que no nos dejen solos a la sociedad civil.

No hay trabajo de reinserción social con las personas que salen de prisión. Lo que hemos hecho, lo hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, por eso todas las que nos dedicamos a esto firmamos la propuesta.

Hay una oficina en la Secretaría de Gobernación que lleva asuntos postpenales, de manera bastante general, y no le da, porque no hay trabajos, no hay metodologías, no hay una política transversal. El Presidente muchas veces ha dicho que hay que atender las causas, pero están atendiendo las causas sueltas: unas becas, programas para jóvenes; pero no hay transversalidad, no hay integralidad que en realidad nos pueda ayudar a generar políticas de prevención, no sólo de oportunidades, sino de prevención del delito.

Y, yo con esto acabo, pidiéndoles de verdad que no nos dejen solos, que nos pongan atención en este tema de prevenir, aunque nos lleve más años; porque nos va a llevar más años prevenir que meter a la gente a la cárcel.

Muchas gracias y es todo. Muchas gracias por el foro.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Gracias, licenciada.

Senador Germán.

SENADOR GERMÁN MARTÍNEZ CÁZARES: Nada más es, no sé cuál sea el mecanismo para hacer llegar a la Junta de Coordinación Política y a las Comisiones Dictaminadoras, la relatoría o las conclusiones que este Foro ha tenido.

Yo hago mías, son para mí algunas dudas o algunos de los grandes debates que se dieron aquí, sobre reglamentación y no eliminación de la reclamación, para impugnar el desechamiento de los amparos directos, sobre todo lo que está ya en la parte final de la fracción IX del artículo 107.

Yo también tengo una conclusión de aquí, que la designación de los jueces y los acuerdos generales del Consejo de la Judicatura, pudieran revisarse. Entiendo claramente que no es un derecho a la defensa, como lo dijo bien don Arturo Guerrero.

Y, tercero, yo asumo como una conclusión el necesario debate de la autonomía del Instituto de la Defensoría Pública y de la Escuela, en virtud de que esa designación va a nombrarse por lo menos unos 200 magistrados, si se convierten los unitarios en colegiados.

Ese poder inmenso de designación debe estar sujeto a algunas reglas.

Yo me quedo con esas tres, las haré esas tres conclusiones, o dudas o debates o aproximaciones, como le quieran llamar.

Les agradezco a todos los que participaron.

Mi reclamo no es a ninguno de los tres que están aquí, ni a ninguno de los de ayer, con altísimas cartas, credenciales académicas para participar; simple y sencillamente lo digo a la mesa y agradezco mucho el tiempo, señor presidente Zepeda.

SENADOR JUAN ZEPEDA: Sí, senador Germán Martínez.

Los ponentes, la dinámica, la metodología de estos dos días de trabajo en estas cuatro mesas, fue organizada y pactada por la Junta de Coordinación Política, al igual el tema de la relatoría y la conclusiones.

Ustedes saben que estas sesiones se han transmitido por el Canal del Congreso, pero seguramente estas inquietudes que el senador Germán Martínez ahora nos acaba de expresar, quedarán registradas, sin duda.

El senador Damián Zepeda también pide la palabra para hacer una puntualización.

Adelante, senador.

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES: Gracias, senador. Igualmente.

Miren, creo que escuchando un poco lo que comentan y otros ponentes, yo regreso a mi conclusión. Es más que evidente que se requiere un análisis más profundo al respecto.

Creo que lo que escuchan en ocasiones de nosotros, son posturas a veces a la defensiva porque no se está dando ese espacio, porque ya se quiere votar mañana en comisiones o pasado, porque ya se quiere pasar al Pleno, y porque vemos quienes estamos convencidos de que el sistema de justicia en México, con todos los formidables hombres y mujeres que tienen, todavía deja mucho que desear el sistema en general, estamos convencidos de que deberíamos impulsar algo mucho más profundo.

Escuchando ahora incluso el intercambio, es evidente.

No somos ajenos a los distintos modelos de Constitución. Yo soy abogado y, de preferir, preferiría una Constitución muy limpia, muy menor que establecería derechos básicos.

Sin embargo, la realidad, la realidad de la cual no puede estar ajena el Legislador, es que la construcción de consensos para los cambios, tiene numeralia, y eso implica que cuando es una reforma constitucional requiere un mayor consenso, y cuando es una reforma de ley secundaria no.

Y si vemos la historia reciente, eso lleva a que la construcción de los debates y los consensos en reformas constitucionales generan mejores productos normalmente, precisamente porque se escucha la pluralidad de ideas y luego la mayoría se aplica para leyes secundarias.

Lo digo porque el diálogo que tenemos no sólo lo tenemos entre nosotros y ustedes, sino es un diálogo con la ciudadanía que nos está escuchando, y tiene que entender el por qué de cada una de las posiciones y de los problemas que queremos resolver.

Sobre los temas particulares. Uno de los temas que nos ha alarmado a todos, y entiendo si ya no me contestan, simplemente lo dejo, es lo que hemos visto en estos estudios de nepotismo, de algunos casos de preferencias.

No son estudios míos. De hecho hoy, uno de los impulsores de la reforma, tuvo esa investigación y sí ha sido alarmante, particularmente los casos de nepotismo al interior del Poder Judicial, por supuesto sin generalizar, y por eso son las preguntas de, oigan, qué podemos hacer, esto alcanza o no alcanza, porque quisiéramos resolver el problema.

En relación con los concursos abiertos, conozco perfecto que existen, el problema es que el 87 por ciento son cerrados, al final, en la implementación.

Entonces, por eso otra vez la pregunta es qué podemos hacer para cambiar la realidad. Entonces, hacia allá van. Espero que nos entiendan y nos comprendan, de alguien que comparte la visión de carrera judicial, en términos de la defensoría y entiendo los razonamientos, pero también no soy ajeno, por ejemplo, el comentario del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en donde sí habla de la separación del Poder Ejecutivo y también de la recomendación de que se cuente con un organismo autónomo.

De hecho, si nos vamos en estricto sentido, pues si la Fiscalía ya no depende del Ejecutivo, entonces esta complicación de que estuviera el Ejecutivo, ya ni siquiera aplica.


No, la verdad de las cosas es que lo ideal es que ambas tengan esa fortaleza, esa autonomía, esa independencia y a mí no deja de llamarme la atención que uno de los argumentos a favor de esta reforma que se está planteando, es que el Poder Judicial se especialice en lo que le corresponde y luego no se quiera soltar una materia que claramente no es de impartición de justicia, sino que es de defensoría pública de los ciudadanos, que no tiene nada que ver con el Poder Judicial.

Por último, ojalá que conozcan algunas de las ideas que tenemos. Miren, en autonomía e independencia, por ejemplo, particularmente, consejero, mi respeto para usted por supuesto, entiendo que los nombramientos vienen de otra manera al interior, pero muchos de nosotros creemos que el Consejo no debe estar integrado políticamente.

O sea, esta facultad del Ejecutivo de nombrar un consejero de la Judicatura, pero como por qué, si toma decisiones de nombramientos de jueces y magistrados, qué tiene que andar haciendo el Poder Ejecutivo en ello.

Y la del Legislativo que sí, sí se justifica, por esta función de representantes ciudadanos, pues debería ser por dos terceras partes. Cómo es posible que se le dé dos terceras partes a nombramientos de órganos reguladores y no al órgano que decide los nombramientos de jueces y magistrados. Hacia allá van distintas propuestas que hemos hecho.

Igual el tema de idoneidad de los ministros. Ministras de la Corte y otros casos más.

Muchas gracias, de veras se los valoramos, sus participaciones, y bueno, la ciudadanía que sepa que es un tema muy importante que ojalá le diéramos el tiempo y la apertura necesaria.

Gracias.

SENADOR JUAN ZEPEDA HERNÁNDEZ: Muchas gracias senador Damián Zepeda.

Con esta participación estamos concluyendo esta cuarta mesa. Agradecemos por supuesto que la participación de cada uno de los ponentes, nuestra ponente el día de hoy, damos por supuesto gracias a los senadores y las senadoras que acompañaron estas mesas de trabajo.


También a las personas que nos han estado acompañando en la transmisión de este día y para que podamos cerrar esta jornada de trabajo, cedo la palabra al Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política, al maestro José Manuel del Río, para que continúe con el cierre de este evento.

Adelante José Manuel.

MAESTRO JOSÉ MANUEL DEL RÍO: Gracias Presidente, gracias senador Juan Zepeda, muchísimas gracias por su participación.

Ahora tendrá el uso de la palabra el senador Cristóbal Arias Solís, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Él, en representación del senador y presidente de la JUCOPO, Ricardo Monreal, cerrará este ciclo de paneles, que tiene muy buenos resultados, como las conclusiones que ha señalado claramente el senador Germán Martínez. Adelante, por favor, senador Cristóbal Arias Solís.

SENADOR CRISTÓBAL ARIAS SOLÍS: Muchas gracias maestro José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado de la Republica.

Quiero agradecerle al senador, al doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación, que me haya solicitado que fuera el conducto para, en su nombre, el mío propio, en mi calidad de presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República, que conjuntamente con la Comisión de Estudios Legislativos, que preside la senadora Ana Lilia Rivera, habremos de avocarnos a la presentación, en su momento, del proyecto de dictamen respectivo a los integrantes de las comisiones, para analizar, valorar, discutir y, en su caso, aprobar, lo que tiene que ver con esta iniciativa de reforma para el Poder Judicial.

En principio, considero que éste ha sido un buen ejercicio el que se haya logrado abrir, con el apoyo de la Junta de Coordinación Política, con el apoyo firme, decidido del presidente, del senador Ricardo Monreal, este Parlamento Abierto respecto a la reforma para y por el Poder Judicial de la Federación.

Han sido dos días muy intensos y agradecemos mucho la participación de los ponentes, de alta calidad, prestigio, conocimiento, experiencia, y desde luego el interés de las senadoras y de los senadores, que creo que las aportaciones vienen a contribuir, a enriquecer el conocimiento y a mejorar, seguramente pues todo el proyecto que se pueda elaborar.

Quiero simplemente terminar, agradeciéndole, primero, a la senadora Sylvana Beltrones, que fue quien conducto la tercera mesa, sobre Mecanismos de Control Constitucional, en la que participaron los ponentes doctor Manuel Carbonell, doctor Enrique Rabell, doctora Fabiana Estrada, doctor José Manuel Alba de Alba. Muchas gracias por su participación.

Y lo mismo, saludar a nuestro estimado colega, senador Juan Zepeda, que condujo la cuarta mesa, sobre Los Aspectos Funcionales del Poder Judicial, en la que participaron el maestro Alejandro Sergio González, Bernabé, Juan Silva Meza, el maestro Arturo Guerrero Zazueta, el doctor Jorge Nader Kuri, y la licenciada Paola Zavala. A ella, a ellas, a todos ellos, les manifestamos nuestro profundo reconocimiento.

Y, con estas palabras, pues damos por terminado, por clausurados, estos trabajos del Parlamento Abierto para la Reforma para y por el Poder Judicial de la Federación.

Muchas gracias y hasta pronto.

Gracias maestro Del Río.

Texto y Foto: Senado de la República