Ciudad de México, 24 de noviembre de 2025

El diputado federal Carlos Palacios Rodríguez aseveró que el desarrollo no se mide sólo por la inversión, sino por el bienestar, la dignidad y la protección del interés nacional

La minería dejó de ser un negocio orientado exclusivamente al lucro privado y pasa a ser una herramienta de desarrollo con responsabilidad social, destacó el legislador jalisciense

México avanza hacia un modelo donde el desarrollo no se mide sólo por la inversión, sino por el bienestar, la dignidad y la protección del interés nacional, aseguró el diputado federal Carlos Palacios Rodríguez, al participar en el Panel Aspectos Regulatorios en Materia de Impacto Social de la Minería.

En el evento que se llevó a cabo en el Puerto de Acapulco, Guerrero, el legislador jalisciense aseguró que Morena impulsa el concepto de prosperidad compartida, mismo que marcará la política pública en los próximos años no sólo en la minería, sino en todos los ámbitos de la política pública nacional.

Se trata de una política pública, abundó, que exige planificación social desde el primer día, mayor coordinación interinstitucional, participación efectiva de comunidades y mecanismos de responsabilidad económica.

Ante representantes de la industria Minera, destacó que desde marzo del 2023, el Ejecutivo Federal presentó una serie de iniciativas para fortalecer la soberanía nacional sobre los bienes de la Nación.

En el marco de la 36 Convención Internacional Minera de Acapulco, el diputado morenista expresó que se presentaron reformas a la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Expuso que con dichas reformas se exige “recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que pertenecen al subsuelo mexicano y son del dominio directo de la Nación”.

Agregó que con su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023, el país retomó un camino de justicia social y protección del patrimonio colectivo.

Declaró que el renovado artículo 6 de la Ley de Minería redefine la naturaleza de esta actividad estratégica, de tal modo que la minería deja de ser un negocio orientado exclusivamente al lucro privado y pasa a ser una herramienta de desarrollo con responsabilidad social.

Fue fundamental, dijo, esta modificación para que la consulta pública a las comunidades indígenas y afromexicanas no fuera letra muerta. Agregó que no había una regulación sobre las consultas, porque si bien las mineras hacían actividad social, como empresas socialmente responsables, no se tenía un instrumento como política pública a desarrollarse a largo plazo, que se pudiera evaluar y medir sus resultados.

Precisó que la 4T no está peleada con empresarios o inversionistas, sino que se tienen que generar las alianzas entre el sector público y el privado para sacar al 27 por ciento de la población de la extrema pobreza, y uno de los sectores más importantes para lograrlo, es el minero.

Resaltó que en este momento la minería produce el 2.5 por ciento del PIB, pero si se logran consolidar las modificaciones legales que se impulsaron desde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se podría llegar al 5 por ciento del PIB, lo que es alentador tanto para la industria, como para el desarrollo de los municipios y comunidades.

El diputado federal por Jalisco argumentó que las reformas a la Ley Minera no sólo tienen como propósito fomentar esta industria para alentar la inversión y generar ganancias a los particulares, sino para servir e impulsar el desarrollo social.

Palacios Rodríguez aseveró que esta visión se alinea con el principio de Prosperidad Compartida: el interés público por encima de los privilegios particulares, poniendo al centro a las comunidades, la justicia y el bienestar social.

El diputado federal comentó que la reforma reivindica los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, al establecerse que ninguna concesión minera podrá otorgarse sin una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, donde las comunidades puedan ejercer plenamente su derecho a decidir sobre su territorio.

Sostuvo que no podemos seguir teniendo un país tan desigual, aunque precisó que a partir de las políticas públicas impulsadas desde el gobierno pasado más de 13 millones de mexicanos salieron de la pobreza y ahora tienen una mejor calidad de vida.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados