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Sergio Gutiérrez Luna asume la presidencia de la Mesa Directiva
El Pleno de la Cámara de Diputados designó, con la mayoría calificada de 420 votos a favor, al diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) como presidente de la Mesa Directiva, a partir de su aprobación y hasta la conclusión del primer año de ejercicio de la LXVI Legislatura.
Militarización de GN puede dar paso a desmantelamiento de policías civiles y violación de derechos humanos: Hugo Gutiérrez
Ciudad de México, 22 de septiembre de 2024
El diputado del PRI señala que hay “un abismo” entre las funciones de la policía y las del Ejército
El diputado Hugo Gutiérrez Arroyo (PRI) manifestó su preocupación por la militarización de las tareas de seguridad pública en México y advirtió que adscribir la Guardia Nacional al Ejército podría llevar al desmantelamiento de las fuerzas policiales civiles, así como a la violación de derechos humanos.
“En el PRI estamos total y absolutamente en contra de la militarización del país. Hay un abismo de distancia entre las funciones de la policía y de las del Ejército”, advirtió en un comunicado referente a su participación en tribuna durante la discusión de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional.
Explicó que la extinta Policía Federal, con apenas 37 mil efectivos, detuvo más integrantes del crimen organizado en su último año de existencia, que la Guardia Nacional ha capturado desde su creación.
Cuestionó si la disposición del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea para tareas de apoyo a la seguridad pública significa que las calles del país estarán llenas de soldados, y si se militarizarán todos los municipios y estados de la nación.
Subrayó la necesidad de plasmar en la Constitución Política las disposiciones necesarias para corregir los errores del pasado, como la eliminación de ciertos artículos que podrían comprometer los principios fundamentales que guían la seguridad pública en México, como la legalidad, eficiencia y respeto a los derechos humanos.
El diputado reiteró que la seguridad pública es una obligación del Estado, y que debe estar a cargo de la Federación, los estados y los municipios, siempre garantizando la integridad y libertades de las personas bajo un marco de respeto a los derechos humanos.