Ciudad de México, 4 de diciembre de 2025

La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado votó en contra de la nueva Ley General de Aguas por considerar que le da la espalda a los campesinos y productores y porque no garantiza el derecho a la consulta de los pueblos originarios.

Al fijar el posicionamiento de la Bancada Naranja, el senador Néstor Camarillo advirtió que además esta reforma en lugar de resolver la crisis hídrica, la agrava con el centralismo y la discrecionalidad.

“El dictamen que hoy se discute se envuelve en la bandera de devolverle el agua al pueblo, pero la letra pequeña en los artículos que sí importan, lo que realmente hace es arrebatarle la autonomía a las regiones para concentrarlo en un escritorio desde la Ciudad de México”, advirtió el legislador.

“Afuera de este recinto y en todo el país, hay gente del campo que nos exige ser escuchada. Y tienen razón, porque esta ley se escribió sin ellos. Se escribió ignorando la realidad de quienes siembran, de quienes riegan y de quienes ven el agua, no como un tema político, sino como lo que les permite trabajar y vivir”.

Camarillo agregó que esta ley se escribió sin consultar a los pueblos originarios, lo que viola sus derechos fundamentales y los compromisos internacionales que México ha adquirido.

La senadora Alejandra Barrales, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, consideró que el gobierno federal emprendió una guerra contra el enemigo equivocado al dedicarse a atacar a los pequeños y medianos productores en lugar de garantizar el derecho al agua de toda la población.

“Esta guerra no resuelve los verdaderos problemas en materia del agua. La problemática del agua en México no está en la definición de quién controla el agua, si el Estado o el mercado”, compartió.

“El problema verdadero es garantizarle el acceso al agua a todos los mexicanos. 12 millones de mexicanos hoy no tienen acceso al agua potable. Ese es el verdadero problema. Y al no entender de fondo cuál es el problema, pues no vamos tampoco a poder construir esa solución”.

Barrales apuntó que esta reforma tampoco garantiza el acceso al agua en el 20% de las escuelas de educación básica que actualmente no lo tienen.

A su vez, el senador Luis Donaldo Colosio señaló que esta modificación legislativa aumenta las atribuciones para la Conagua, lo que eleva el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y de castigo político en la gestión del agua.

Agregó que este aumento de responsabilidades en el organismo no va de la mano con un aumento en su presupuesto, lo que provocará mayor lentitud, cuellos de botella y poder discrecional en la ventanilla.

“Esta minuta debía ser una oportunidad para ordenar el agua con justicia. Debía ser una oportunidad para pacificar el campo con certidumbre, pero si el resultado es más incertidumbre, más discrecionalidad, más riesgo jurídico, entonces no estamos resolviendo el problema, lo estamos agravando”, subrayó.

“Por eso exigimos que esta discusión se tome con la seriedad que merece: consulta indígena real, reglas operativas que limiten la discrecionalidad, fortalecimiento institucional con recursos y tiempos claros, y un diseño que no castigue a los productores del campo”.

Por último, la senadora Amalia García lamentó que existan voces desde el oficialismo que criminalicen las protestas que realizaron los productores de muchas regiones del país, pues aseguró que uno de los valores esenciales de la democracia es el derecho a la manifestación.

Además, consideró que esta nueva ley debería tomar en cuenta las condiciones de la tierra en las diversas regiones del país, pues no es lo mismo producir en el semidesierto que en una zona con abundante agua.

De igual manera, urgió dotar de presupuesto a los municipios para que cumplan con su responsabilidad constitucional del tratamiento de aguas.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario de MC en la Cámara de Senadores