Ombudsman, magistrado y jubilación

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Por Arturo Zárate Vite

La hipótesis del asesino solitario fue la que finalmente cerró la investigación del caso Luis Donaldo Colosio. Es a la conclusión que llego Luis Raúl González Pérez, tercer fiscal de este episodio, en contraste con la teoría de complot de su antecesor Pablo Chapa. El primer fiscal, Miguel Montes, manejó dos versiones, pero al final se quedó con la de que Mario Aburto había sido el único autor material e intelectual.

Concluido el trabajo de Luis Raúl, hasta ahora nadie ha intentado reabrir la investigación. Surgieron voces discordantes, sin mayor impacto. El papá de Luis Donaldo, Luis Colosio Fernández, nunca quedó conforme, aunque bajó el tono a sus protestas a partir de que el partido en el poder lo hizo senador.

Para la sociedad, quedó la duda y el consenso de que Luis Donaldo Colosio fue víctima de más de una persona. Documentales y libros reforzaron la idea de que Aburto no actuó solo.

Luis Raúl González Pérez se fue a trabajar a la academia, se convirtió en abogado general de la Universidad Nacional y desde ahí dio el salto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), no sin antes ser acusado por Enrique Carpizo Aguilar de plagiarle un trabajo para titularse como Doctor en Derecho. En su etapa como ombudsman únicamente se ostentó como licenciado y con este grado era citado en documentos oficiales.

Existe la versión de que siendo titular de la comisión se involucró en un proceso judicial para influir en la actuación del magistrado Jorge Fermín Rivera (era presidente del 7º. Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México), a cambio de ayudarlo en su jubilación.

La parte afectada, en lugar público, le reclamó su intromisión. Luis Raúl no sabía ni qué decir, se puso nervioso y su rostro se descompuso. “Has dañado a nuestra familia”, le dijeron. Funcionario de comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fue testigo de la escena. El ombudsman, titubeante comentó que no había intervenido.

Después, a través del oficio CNDH/CGSRAJ/3667/2017, de la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, se rechazó que se hubiera involucrado porque no es función del titular de la comisión intervenir “ni formal ni mucho menos informalmente en procesos judiciales”.

En las siguientes semanas el magistrado Fermín Rivera se jubiló. Antes de irse al retiro, emitió resolución que echó abajo fallo absolutorio y desestimó principio de definitividad, atendiendo recurso de amparo, que como dicen los abogados, “era un machote”, sin argumentación sólida.

La parte afectada presume que González Pérez desconocía el expediente y que fue sorprendido por alguno de los colaboradores para hacerlo participar de esa manera. Entiende que el personaje no tendría tiempo para revisar expediente de más de 10 mil fojas.

Como sería la palabra de uno contra la de otro, se vuelve recomendable revisar las últimas actuaciones del magistrado Fermín Rivera, para evitar que se vaya a consumar injusticia mayúscula, exactamente ahora que la Corte, con nueva reforma judicial, está decidida a terminar con vicios, desatinos y acciones incorrectas.

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