Ciudad de México, 4 de abril de 2025

Los nuevos procedimientos de contratación, el “Diálogo Competitivo” y “Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación”, serán una licencia para robar. Además, la Secretaría Anticorrupción decidirá arbitrariamente los precios en los contratos, incluidos los de medicamentos: Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados.

En el marco de la aprobación de la nueva Ley de Adquisiciones en la Cámara de Diputados, Morena metió una modificación de último momento para que la Secretaría Anticorrupción decida arbitrariamente los precios en los contratos, incluidos los medicamentos, una licencia especial para robar.

Además, crearon dos procedimientos de contratación que serán otra licencia para robar: el Diálogo Competitivo y Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación. Este mecanismo se usó en las compras de medicamentos y llevó a que BIRMEX se encuentre bajo investigación por 13 mil millones en sobreprecios. Ya que sus funcionarios autorizaron contrataciones a precios superiores a los del mercado y seleccionaron a proveedores que no presentaron las mejores ofertas, como resultado de “negociaciones” llevadas a cabo.

Si con la adjudicación directa los gobiernos de Morena se convirtieron en los más corruptos, ahora le dan esteroides a este procedimiento con la figura de “Adjudicación Directa con Estrategia de Negociación”; es decir, la legalización de los acuerdos políticos y los negocios particulares en las compras públicas.

Morena metió a la ley su política de seleccionar al proveedor a conveniencia y diseñar a conveniencia las condiciones del contrato, en beneficio, claro está, de los contratistas favoritos de la 4T.

Además, habrá nuevos retrasos en las compras de medicamentos. Morena aprobó también una reserva para que las compras consolidadas tengan un plazo mayor para celebrar los contratos, como si no fuera suficiente con los retrasos que estamos padeciendo desde hace años.

En octubre del año pasado debería haberse lanzado la licitación para la compra consolidada de medicamentos 2025-2026. Sin embargo, hasta la fecha no se han asignado todos los contratos y hay desabasto en el país. Este gobierno es un fracaso en la planeación de las compras y los pacientes son los que están sufriendo.

La falta de planificación ha resultado en la adquisición de medicamentos de baja calidad, a precios inflados, e incluso en algunos casos, de productos caducados o etiquetados en idiomas extranjeros. Existen serios problemas de calidad y autenticidad, como ocurre con las compras realizadas a países como Lituania, que carecen del registro sanitario adecuado. Esta situación pone en riesgo la salud de los pacientes y compromete la eficacia de los tratamientos.

Con esta reforma, las compras consolidadas serán aprobadas a través de un órgano colegiado, denominado Comité de Compras Estratégicas, mismo que solamente estará integrado por funcionarios de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Hacienda y Crédito Público, y de Economía. No obstante, este comité excluye a otras instituciones de relevancia estratégica para las compras consolidadas, especialmente en el sector salud, donde estos procedimientos han conducido a un desastre.

Cabe destacar que la compra consolidada en el sector salud para el periodo 2025-2026 contempla el uso de 230 mil millones de pesos, bajo la responsabilidad de BIRMEX. En este contexto, el Comité de Contrataciones Estratégicas debería incluir a las instituciones de salud, como la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE y el IMSS-BIENESTAR, para garantizar una planificación adecuada de los procesos de consolidación.

Además, se mantienen las reglas para flexibilizar las adjudicaciones directas:

El artículo 30 de la nueva Ley de Adquisiciones, dice que corresponderá a los Comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios de las dependencias y entidades: dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública. Sin embargo, dice que dicha función también podrá ser ejercida directamente por la persona titular de la dependencia o entidad, o aquella persona servidora pública en quien este delegue dicha función. Dejando a los titulares de las instituciones de manera unilateral, la posibilidad de determinar la procedencia de las adjudicaciones directas.

Y en el artículo 54 se mantiene la posibilidad de realizar procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa bajo criterios muy arbitrarios, tales como:

* Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor

* Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados;

* Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, o su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, en los términos de las leyes de la materia.

* Existan razones justificadas para la adquisición o arrendamiento de bienes de marca determinada;

* Se trate de servicios de mantenimiento de bienes en los que no sea posible precisar su alcance, establecer las cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes

Al respecto, al hacer tan flexible la adjudicación directa, los contratos se conceden sin un proceso competitivo adecuado. Esto genera desconfianza en la gestión pública y también facilita prácticas corruptas, como el favoritismo, permitiendo que amigos y conocidos del régimen reciban contratos en lugar de proveedores calificados.

El Instituto Mexicano para la Competitividad, ha documentado que en 2023: 22% del monto total de compras públicas se destinó a través de adjudicaciones directas e invitaciones restringidas, lo que equivale a 150 mil 920 millones de pesos.

De este tamaño es el riesgo de corrupción en las contrataciones públicas con la selección arbitraria de proveedores. Por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en 2023 concentró 7 de cada 10 pesos contratados con empresas creadas recientemente.

Texto y Foto: Cámara de Diputados