Participación de la senadora Alejandra Lagunes del Partido Verde para presentar reservas al dictamen de Ley Federal de Derechos, Artículo 244 G

Ciudad de México, 29 de octubre de 2020

Compañeros y compañeras Senadoras:

El acceso a Internet es considerado como un derecho fundamental en muchos países del mundo. México lo reconoció en la Constitución como derecho humano en el año 2013. Durante esta crisis sanitaria, la conectividad nos ha permitido, a algunos, continuar con nuestras actividades diarias y tener acceso a otros derechos como la salud, la educación y el trabajo.

Personas y empresas demandan más que nunca servicios de conectividad inalámbrica. De acuerdo al INEGI y al IFT, en 2019, nueve de cada diez usuarios de teléfono celular usaron un celular inteligente para conectarse a internet – 86.5 millones de usuarios. Es decir, el internet que más se utiliza es el inalámbrico.

Para ofrecer telefonía celular e internet, las empresas de telecomunicaciones hacen uso del espectro que es un bien de la nación. Por su uso, los operadores deben pagar al Estado dos componentes: el que pagan cuando ganan la licitación y el que pagan anualmente por concepto de derechos.

Para definir los montos de derechos para el 2021, el IFT hizo un comparativo de 42 países similares a México, tomando en cuenta el poder adquisitivo y los precios promedio pagados por los operadores para esas bandas.

Sin bien la Secretaría de Hacienda tomó la decisión de que los derechos correspondientes a algunas bandas se ajusten de acuerdo a la inflación, (estimada en 3.5 por ciento) no sucedió así con las bandas del espectro de los 800 Megahertz, que además en 2019 fueron etiquetadas como frecuencias para explotación de uso público o social.

Las bandas que comprenden los 800 Megahertz, son frecuencias que deben funcionar, por ejemplo, para que el proyecto “Internet para Todos” y que se pueda cumplir con su misión de llevar Internet y telefonía a todos los mexicanos.

Diversos estudios, concluyen que México se encuentra entre los países que más cobra por los derechos de estas bandas y que si se incrementa el precio de este espectro, se cancela el despliegue de infraestructura, se inhibe el derecho de acceso a Internet, se incrementan tarifas, se acelera la desconexión y se frena la innovación, la competitividad y la economía digital.

México no debería poner barreras de entrada a la innovación y desarrollo del sector de las telecomunicaciones, debemos seguir el ejemplo de otras naciones que ven en el espectro radioeléctrico una oportunidad para ser más competitivos y no como un medio de recaudación.

China, por ejemplo, entregó a sus tres operadores de telecomunicaciones espectro 5G, desde hace 2 años.

Nueva Zelanda acaba de tomar la decisión de entregar a los operadores el espectro necesario para 5G, sin costo.

En todo el mundo, los reguladores y las autoridades están trabajando para bajar el precio del espectro y así disminuir los efectos negativos de la pandemia y reactivar la economía.

Por esto, he propuesto modificar las cuotas señaladas en el artículo 244-G de la Ley Federal de Derechos para que el incremento de los derechos de la banda de los 800 MHZ sean de acuerdo a los montos definidos por el IFT, autoridad experta en la materia.

No se trata de beneficiar a las empresas de telecomunicaciones. Aumentar las tarifas que ellos pagan por el uso de las frecuencias, irremediablemente será trasladado a los consumidores finales.

Incrementar el precio del espectro atenta contra la conectividad universal y por si fuera poco, el 47% de los más de cien mil sitios públicos del programa de acceso a internet “México Conectado”, han sido desconectados.  Esto ha aumentado la brecha social en nuestro país.

No hay herramienta más poderosa de transformación social que Internet, quien está desconectado pertenece a la marginación del siglo XXI, la marginación digital.

Texto y Foto: Grupo Parlamentario del PVEM en el Senado de la República