Participación de la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en la presentación de la Cuarta Edición del Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, por el World Justice Project, desde la Antigua Casona de Xicoténcatl

Ciudad de México, 17 de mayo de 2022

Amigos, queridas amigas.

Celebro el desarrollo de espacios plurales como este, que nos permiten compartir ideas, perspectivas y reflexionar sobre la aplicación del Estado de Derecho.

En este tema, resulta útil encontrar propuestas tan interesantes, como la del World Justice Project, y su Índice de Estado de Derecho en México 2020-2021; ello a pesar de que en este esfuerzo las mediciones puedan no ser exactas, ya que a nivel regional y a nivel mundial tuvimos la pandemia y, como consecuencia de la pandemia, realmente se alteraron varias de las mediciones.

De todas maneras, es muy importante.

Tomando en cuenta lo anterior, creo que resaltar que en los últimos tres años, los esfuerzos del Estado Mexicano, lograron bajas importantes en 16 de los 18 delitos de alto impacto a nivel Federal.

Asimismo, que pasamos de 8 mil 199 carpetas de investigación mensuales, en 2019, a 5 mil 693 carpetas de investigaciones mensuales, esto todo en el fuero Federal. Esto equivale a una reducción de 20 mil 759 expedientes menos.

Y, en cuanto a homicidios dolosos, medidos de enero a junio, hemos bajado de 17 mil 772 en 2018, a 16 972 en 2021.

La explicación de este descenso, está tanto en los esfuerzos del Gobierno de la República, como en los cambios legislativos aprobados por mayoría, integrada con los votos de partidos de oposición.

No obstante lo anterior, coincidimos con la información que se desprende del estudio, en que aún hay áreas de oportunidad en los ámbitos locales, ministeriales y de impartición de justicia; con lo cual coincido totalmente.

Consecuentemente, he planteado al Senado de la República, iniciativas orientadas a fortalecer la autonomía de los poderes judiciales y de las fiscalías locales.

En cuanto a las fiscalías locales, se pretende sin duda mejorar y homologar los procedimientos mínimos de nombramiento y remoción de las personas titulares de las fiscalías, los periodos, los mecanismos de ratificación y la base constitucional; para propiciar que se busque la autonomía presupuestal de las fiscalías y, sin duda alguna, de la profesionalización en la carrera ministerial, que eso es importante.

Con elementos como el ingreso, la formación, la capacitación, pero también, por qué no decirlo, la permanencia en el cargo y otra cosa muy importante, una remuneración digna y adecuada.

En esta propuesta, estamos considerando que la remuneración mínima de los ministerios públicos, ministerial, debe homologarse a la que reciben los jueces y los magistrados.

Así que también, todo el personal, todos los servidores públicos que laboran en las fiscalías, deben de tener una adecuada y decorosa remuneración.

Por primera vez, desde la misma Constitución, se hará énfasis en la necesidad de fortalecer áreas como por ejemplo, los servicios periciales, los forenses, que tanto necesitamos, que tanta falta nos hacen.

En cuanto a la iniciativa que también presenté, respecto de los poderes judiciales locales y su autonomía, se propuso que desde la Constitución se garanticen condiciones de seguridad para que los jueces y los magistrados locales, no sean sometidos a presiones externas o incluso a las internas, que son sobre todo más fuertes que las externas, en muchas ocasiones.

Se planteó la necesidad de que se establezca una base regida de votación, para la designación de magistrados; de manera tal, que los nombramientos de magistrados deban tener el respaldo de una mayoría calificada, de las dos terceras partes del Congreso local.

Se busca también establecer la carrera judicial, un estándar mínimo para definir una base, mínima también, para acceder al cargo de magistrado o de jueces; y la necesidad de un concurso de oposición en el proceso de designación de estos últimos, de las y los jueces, fortaleciendo los criterios a que me he referido.

Se busca promover condiciones para incentivar el desarrollo de la  carrera judicial local; se intenta fortalecer elementos de estabilidad y de inamovilidad, con incentivos, para la autonomía de los poderes judiciales locales y de sus jueces y magistrados.

Se propone que el nombramiento del presidente de los tribunales, sea producto de una elección solamente entre el Pleno, para un periodo de 4 años. Y se busca la autonomía presupuestal, que tanta falta le hace a los poderes judiciales.

Desde mi perspectiva, sólo dando estos pasos que he mencionado, en el fortalecimiento de las esferas locales, de los ámbitos ministerial y de impartición de justicia y judicial, lograremos atender el reclamo de la ciudadanía y fortalecer el Estado de Derecho.

Adicionalmente, también una cultura de la legalidad de la población, que la población internalice el respeto a las normas jurídicas.

Muchas gracias.

Texto y Foto: Senado de la República