Ciudad de México, 8 de agosto de 2024

Muchas gracias.

Muchas gracias, estimado amigo, gobernador Rocha, legislador y ahora encargado del Ejecutivo en esta entrañable entidad.

También lo felicito por haber intervenido en que¸ más tarde, tengan voz los que afuera protestan y que vengan aquí a expresar lo que ellos consideren pertinente.

Lo felicito por esta apertura y a los organizadores, de la misma manera.

Estimado coordinador Mier.

Representantes de los poderes de los estados.

Estimados amigos, diputadas federales y diputados electos.

Amigas senadoras, senadores, presidentes de los tribunales de justicia en distintas entidades federativas.

Miembros del Poder Judicial, Federal y Estatal.

Estimados asistentes:

Es un honor para mí estar aquí en este último foro, para abordar un tema fundamental para la estabilidad y el progreso de nuestra nación, pues la justicia debe ser vista no sólo como un derecho sino también como un pilar sobre el que se edifica el respeto a la ley y la equidad de nuestra sociedad.

Hace un momento que desayunábamos en un lugar histórico aquí, el senador Pedro Haces y yo comentábamos que este tema no estaba incluido y no está incluido en la iniciativa presidencial, pero era ineludible tratarlo.

No puede haber, Consejera, una modificación profunda al sistema de justicia sin la procuración y sin la seguridad pública; tiene que estar acompañada de la procuración de justicia el Sistema de Administración de Justicia.

Desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestro país, tenemos que aceptarlo, en el ámbito social; porque la seguridad y la justicia han pasado a ser objeto de análisis, pero también de críticas constantes, lo cual es lógico si recordamos que la seguridad pública es una de las exigencias más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por el Gobierno.

En primer lugar, considero que es importante subrayar el significado de procuración y administración de justicia, y el impacto que tienen ambos rubros en un bien mayor para el país, que es la seguridad pública de México.

La procuración de justicia, encargada de investigar, perseguir y sancionar los delitos en representación de la sociedad, incluye al Ministerio Público, las Agencias de Investigación, las Fiscalías que gozan de autonomía, que deben de actuar con eficacia, profesionalismo e imparcialidad.

Por otra parte, la administración de justicia abarca el proceso judicial en su conjunto, desde la presentación de los casos hasta la emisión de sentencias por parte de jueces y tribunales.

La seguridad pública debe de ser concebida como un elemento que forma parte esencial del bienestar de una sociedad, ya que conlleva un Estado de derecho que genera las condiciones que permitan al individuo realizar las actividades cotidianas con la confianza de que su vida, su patrimonio y otros bienes jurídicos tutelados, están exentos de todo peligro, daño o riesgo.

Como función del Estado, la seguridad pública es el mecanismo idóneo para la realización de ese valor supremo del derecho, que es la seguridad en su concepción genérica hacia el Estado, por medio de la coordinación de actividades como: la prevención, la persecución, la sanción, la salvaguarda de la integridad del derecho de las personas y de preservar las libertades y mantener el orden y la paz pública.

Por otro lado, en nuestra Constitución la ley fundamental cuya supremacía está fuera de toda duda, expresamente se reconoce que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, y que ésta se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y de los estados en sus respectivas competencias.

De esta manera, tanto en el orden federal como en los estados, los integrantes de la Unión se encargan cada uno de ejercer los poderes propios de su respectiva naturaleza.

Así, al Poder Judicial, corresponde desarrollar la función jurisdiccional, y por lo tanto está a cargo de la impartición de justicia.

Y es correcto aquí, en donde la situación actual de México, debemos admitir, presenta desafíos significativos entre la procuración a la impartición de justicia y la seguridad pública.

Debo ser contundente, para nosotros hay un déficit muy delicado en estos dos rubros, pues una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas, ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que ha restado credibilidad en la actuación y pérdida de la legitimidad en sus decisiones.

Es decir, que la falta de confianza, la corrupción y la impunidad en las instituciones, son problemas persistentes que afectan al Sistema Judicial.

Sin embargo, esta propuesta de reformas nos permite, al menos a mí, ser optimista ante las lamentables situaciones que se presentan, ya que, entre otras cosas, se pretende que integren órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación y que éstos sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a la problemática que aqueja a la ciudadanía para contar con un Poder del Estado que constituya la verdad y la certeza jurídica abierta, transparente, participativa, y con auténtica vocación del servicio público que abarque a todos los sectores sociales.

Lo anterior no quiere decir que nuestro Sistema de Justicia se integra únicamente con el Poder Judicial, como es sabido.

Los otros dos poderes tienen también responsabilidad del Estado en todo el Sistema, ya que mediante el ejercicio de las funciones legislativas y ejecutivas que a cada uno le corresponden, o bien por medio de actos que la misma Constitución nos encomienda, desde el punto de vista material estamos ejerciendo nuestra función de manera cabal.

Es un momento clave, porque desde el Constituyente del 17 se estableció, en el artículo 49, la División de Poderes. Ahí se configuró el mecanismo o los mecanismos de control constitucional y legal, entre ellos, asegurar la coordinación y la legalidad, principalmente en el equilibrio dentro de la definición de sus facultades.

La intervención entre Poderes ha sido cuestionada y distorsionada, especialmente en los últimos años, debido a la percepción de desequilibrio causado por la influencia excedida, desmedida, del Poder Judicial en las funciones que le corresponden al Legislativo y al Ejecutivo.

Este escenario subraya la necesidad de revisar y ajustar la organización y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar un auténtico equilibrio y respeto entre los Poderes de la Unión, asegurando transparencia y rendición de cuentas en la actuación de cada uno.

Cabe mencionar que el Poder Judicial, particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha intervenido en una posición de abierta confrontación respecto de los otros dos poderes, suspendiendo la aplicación de leyes, que a menudo excede sus competencias, creando un conflicto con los principios de supremacía constitucional de intromisión a la división de poderes.

Por eso es que estamos intentando los legisladores modificar y actuar, para recuperar la auténtica división de poderes que nuestra Constitución prevé.

También en materia de seguridad pública hay una agenda amplia. Estamos, junto con el fiscal Gertz, Fiscal General de la República, elaborando un proyecto en materia de procuración de justicia, que no está contemplado en la Iniciativa enviada por el Presidente de la República, pero que contempla desde modificaciones al artículo 19 en materia de prisión preventiva, hasta la relativa a la extinción de dominio.

Una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego. También sobre las desapariciones forzadas y el reclutamiento que en todos los estados ha generado consternación y preocupación a los ciudadanos, reclutamiento forzado que normalmente se realiza a través del crimen organizado.

Reformas a la Ley de Migración; reformas a la Ley General de Salud, donde se eleva a nivel de reconocimiento las substancias prohibidas denominadas fentanilo, o reformas a la Ley de Amparo, donde el ministerio público puede tener también el carácter de quejoso para efectos del juicio de amparo.

O la Ley de la Delincuencia Organizada o el Código Penal Federal en distintas vertientes, el Código Nacional de Procedimientos, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Es decir, es una propuesta de reforma profunda que estamos tratando de revisar y que es producto de una propuesta del Ministerio Público o Fiscal General de la República.

Debo agradecer que hoy estamos platicando sobre de eso y que no sabemos si podamos incluirlo en la próxima discusión sobre esta iniciativa, porque es un tema profundo el de la procuración de justicia y la seguridad pública.

A Sinaloa se le ha estigmatizado demasiado. Yo soy uno de los amantes de este estado y se ha arraigado mi cariño más con el gobernador Rocha, con el que tengo profunda amistad.

Y cuando llegamos, Pedro Haces y yo, a veces llegamos con preocupación por los últimos acontecimientos. La verdad es que no es lo que se registra en los medios. Pregunté al de Seguridad Pública y me dice que en los últimos tres o cuatro días ni siquiera homicidios se han registrado.

Eso habla bien de un gobierno que está funcionando y está trabajando, y de un gobernador que está atento a lo que pasa en su entidad federativa.

Felicidades, gobernador.

Muchas gracias.

Texto y Foto: Cámara de Senadores