Perdón al narco y cárcel a contribuyentes | Ignacio Morales Lechuga

Aprobada por el Senado la Reforma Fiscal y turnadas sus leyes a la Cámara de Diputados —donde seguramente quedarán sin cambio alguno de fondo— vuelve a escucharse el coro del mayoriteo legislativo morenista, que ni ve ni analiza alternativas.

Junto al grito —“Es un honor estar con Obrador”— se teje día con día otra monstruosidad que dará forma jurídica a considerar la evasión fiscal como un hecho criminal equiparable con el narcotráfico, el secuestro y la venta ilegal de combustibles. ¿Por qué el gobierno ruega y suplica a los narcos y delincuentes violentos que ayuden a conservar la paz social, y a los empresarios, productores y propietarios los amenaza de este modo con cárcel y les da el tratamiento de delincuentes?

La resistencia de los contribuyentes a pagar impuestos tiene los orígenes siguientes: consideran que lo recaudado va a parar al bolsillo personal de los políticos, o desconfían de la capacidad y eficiencia del gobierno de administrar recursos. Otros no contribuyen por dedicarse al comercio informal al que se le exige el pago ilegal de dinero, el moche o derecho de piso, operado mediante redes de corrupción entre policías, inspectores y alcaldías.

En la economía informal no se contribuye al gasto público aunque quienes la realizan disfrutan de luz, agua y espacio público que debía servir a la ciudadanía en general. La reforma fiscal, tal como se prepara contiene dos elementos muy relevantes. Los evasores fiscales serán considerados y equiparados con la delincuencia organizada. La evasión fiscal se equipara al narcotráfico, secuestro y huachicol. Esto es, justamente lo que vuelve problemático el panorama.

No cabe duda de que los llamados “factureros”, dedicados a vender facturas, erosionan al fisco, pero ¿qué sucederá con el contribuyente que obtiene una factura e ignore que es su emisor quien se encuentra en falta? La nueva ley arrasa y barre sin diferencias y coloca a todos en el mismo supuesto de ser parte de la delincuencia organizada. La falta de un contribuyente que en su declaración anual como persona física cometa un error aritmético será equiparada con la que comete el narcotraficante, el asesino y podrá ser acusado de delincuencia organizada, que amerita prisión preventiva.

Este absurdo ético-jurídico puede enviar a la cárcel a quien oficialmente aún no es responsable y no ha recibido sentencia firme alguna. Esta ley será también contraria a los principios y postulados de Derechos Humanos sostenidos por las Naciones Unidas, pues se ataca la presunción de inocencia por la que tantos años se ha luchado en México.

Ya es muy severa la ley en vigor. Actualmente, quién no paga sus impuestos puntualmente debe cubrir recargos adicionales (intereses moratorios de más del 2% mensual) actualizándose su adeudo con base en la inflación, que incrementa el monto a pagar. Debe enfrentar una multa que puede ser del 100 % del impuesto omitido y llegar incluso a 300% de la omisión.

Desde que el gobierno de la hoy CDMX puso en práctica las jornadas notariales la recaudación se elevó. Estas jornadas otorgan condonaciones atractivas que fortalecen la realización del derecho a la vivienda y la regularización de predios provenientes de sucesiones y compraventas de casa habitación hasta cierto límite de precio. Elevar la recaudación de ese modo no necesitó de amenazas ni encarcelamiento a nadie. Simple y llanamente se redujo temporalmente la tasa y el monto del impuesto

y los costos de las adquisiciones se pusieron al alcance de la población, objetivo que se logró.

La calificación de delincuencia organizada al evasor implica —con las reformas propuestas— la pérdida del patrimonio por extinción de dominio o llegarse hasta la disolución y liquidación de las empresas, con daño directo a la economía y al clima de confianza que esta requiere. Ojalá esto se advierta y se corrija a tiempo. Será importante, sin duda, supervisar el desempeño fiscal de los contribuyentes, eliminar beneficios no justificados e incorporar a los actores económicos informales como contribuyentes regulares. Tener a la población en la cárcel o sin producir por temor a un error fiscal va a repercutir en la hacienda pública. Crear terror no beneficia a México. No debería haber espacio para la desmesura, mucho menos cuando una delincuencia desbordada roba, secuestra y mata a personas inermes apostando a la enorme impunidad criminal, que recibe curiosos términos de desprecio —“guácala y fuchi”—, pero no el trato draconiano que se prepara peligrosamente para los causantes.

Exprocurador General de la República

Publicado por El Universal