El nuevo gobierno está realizando cambios importantes en la política social. Uno de ellos es el uso creciente de transferencias monetarias. Es el caso de los programas para jóvenes, para adultos mayores, para personas con discapacidad y recientemente se ha incluido también a usuarias de estancias infantiles de Sedesol.

Las transferencias monetarias directas no son nuevas en México o en el mundo. Hay varias discusiones abiertas por los mensajes del presidente en las mañaneras. Por ejemplo, si las transferencias monetarias pueden sustituir otras formas de política social, como las estancias infantiles, o si se debe eliminar la posibilidad de coinversión de recursos públicos con las organizaciones civiles. Eso será materia de otros textos.

Pero la pregunta de fondo es ¿quiénes recibirán esas transferencias?

Se dice que las transferencias directas evitan la corrupción de los “intermediarios”. Lo cual siempre tendrá base de realidad, dada la cultura clientelista heredada por décadas. Pero no basta evitar a las organizaciones “intermediarias” que se quedan con una parte de los recursos o los desvían. Las transferencias monetarias solo pueden ser mejores si la selección de quienes las reciben y la vía de entrega cumplen con un conjunto de normas de transparencia, equidad, certeza y vigilancia externa.

Las transferencias monetarias directas pueden ser también otra forma de corrupción y un reforzamiento de una de las prácticas más deleznables: el lucro político y económico con la pobreza.

Realizar la selección de quienes recibirán las nuevas transferencias mediante una estructura partidista y usar una tarjeta bancaria ligada a una cadena comercial (Banco Azteca – Elektra), mediante una asignación directa sin licitación, no son una mejora.

Hay cada vez más indicios que el “censo” aplicado por el gobierno desde la etapa de transición estuvo basado en la estructura electoral de Morena. Esto desvirtúa de origen el propósito social, para convertirlo en un mecanismo de clientelismo electoral.

Este censo inició durante la transición cuando no había servidores públicos involucrados. Lo cual lo ubica en abierta ilegalidad. Esta estructura se ha mantenido. Así lo corroboran algunos de los “siervos de la nación” involucrados en ese “censo”, según reportaje de Animal Político (https://bit.ly/2TeckXk).

Además de los problemas técnicos, por la impericia y prisa, la posibilidad de que ahora los nuevos “intermediarios” estén vinculados a un partido político representa un retroceso grave.

Asignar subsidios de recursos públicos a una lista emanada de un partido político o de “particulares” viola abiertamente la Constitución, las Leyes de Responsabilidades Administrativas, de Desarrollo Social y de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y es contrario a toda lógica democrática.

La gran aprobación del nuevo gobierno y la clarísima hegemonía política lograda por el Presidente no requieren este tipo de estructuras clientelistas. En cambio, sí ponen en riesgo los objetivos sociales y los resultados de esos programas. Es mucho más probable que a la postre sirvan más a liderazgos locales, que a las aspiraciones de quien ya detenta el poder ejecutivo.

La discusión hoy parece centrada en si las transferencias monetarias evitan la corrupción generada por “intermediarios”. El problema de fondo es si se reeditará el clientelismo que tanto se combatió.

Y otro aspecto no menor es si Banco Azteca cobrará por las transferencias. Los tres nuevos programas cuentan con un presupuesto de casi 150 mil millones de pesos. Si Banco Azteca cobra al menos 1% de comisión se embolsará 1,500 millones de pesos este año. Además de las ventas que logre captar en Elektra con sus “abonos chiquitos” y del margen de manejo financiero que logre. Esto aún no se sabe. Tampoco sería buena noticia.

Consultor internacional en programas

sociales. @rghermosillo

Publicado por El Universal