Por incumplir con el mandato de la Suprema Corte, refrenda PRD voto en contra a la “Ley de Remuneraciones” promovida por AMLO

Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de septiembre de 2020

No existe precedente alguno, de que una misma norma jurídica haya sido debatida ya en 4 ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver el mismo asunto sin lograrlo, refuta

Casi siete mil amparos; por lo menos cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales son la respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones, enfatiza

La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del Presidente?, cuestiona

Aprobar esta Ley en sus términos, se suma a repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático, como: Las políticas de “austeridad franciscana”; el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos; la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la IP, afectando seriamente la conducción del país, acusa

Por considerar que Morena no atendió lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con tal de cumplir un capricho del Presidente López Obrador, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la Cámara de Diputados rechazó nuevamente la iniciativa presentada para expedir una “Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos” mediante la cual se busca que nadie gane más que el Jefe del Ejecutivo.

El texto presentado por el diputado Pablo Gómez en este recinto, fue en acatamiento a una orden de la Suprema Corte quien condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en diversos artículos que atentan contra las garantías de funcionarios que presentaron acciones de inconstitucionalidad (particularmente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de Senadores) sobre lo aprobado por las y los diputados de Morena y sus aliados en cuanto a los salarios y condiciones que deben cubrir para trabajar en diversas áreas de gobierno. 

A nombre del GPPRD, Antonio Ortega Martínez advirtió que la propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales pues los nuevos criterios están muy lejanos de la especificidad señalada por la Corte y subrayó que estas políticas han afectado seriamente al interior y fuera del gobierno.

Expuso en este sentido que el intento de Morena por legalizar el salario del Presidente y de los funcionarios sin un parámetro, ha derivado en casi siete mil amparos; cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales como respuesta a la violación de los derechos de servidores públicos y las instituciones.

El perredista precisó que “no existe precedente alguno de que una misma norma jurídica haya sido debatida ya en 4 ocasiones (con la de hoy) durante una misma legislatura, intentando resolver el mismo asunto sin lograrlo… Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas”, refutó.

“La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del Presidente?”, cuestionó.

Para atender esas deficiencias e intentar dejar sin materia a la controversia que analizaba la Suprema Corte –añadió- fue necesaria una reforma promulgada el 12 de abril de 2019 ¡que modifica 22 artículos! Y ni así Morena logró impedir que el máximo tribunal constitucional de la nación declarara la inconstitucionalidad citada.

Antonio Ortega explicó que el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como las modificaciones presentadas, desatienden los resolutivos y razonamientos planteados en la sentencia del 20 de mayo del año pasado, relacionados con la obligación del Legislativo de fijar parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial, y estos son:

• Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto;

• Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;

• Especialización;

• Riesgo asociado al desempeño de las funciones;

• Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;

• Índice inflacionario;

• Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;

• Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,

• La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollen.

Además, dijo, “los efectos de aprobar en sus términos esta Ley, se suman a las repercusiones perversas que han precarizado el trabajo burocrático, como son: Las políticas de austeridad irracional; el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos que causan graves daños al patrimonio del Estado; la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la iniciativa privada. Estos procedimientos han afectado seriamente la conducción del país y por ello, nuestro Grupo Parlamentario rechaza el dictamen y, en consecuencia, su voto va en contra”, finalizó.

Cabe destacar que el 20 de mayo de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y la acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de Senadores, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y declarando parcialmente procedente y parcialmente fundada dicha acción de inconstitucionalidad. Declaró la invalidez de los artículos 6 y 7, y condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente Periodo Ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en los artículos señalados.

El Pleno de la Corte, en consecuencia, se centró en la “litis” principal del asunto. Es decir, que el Congreso de la Unión había fallado en desarrollar los principios constitucionales que establecían un sistema de remuneraciones públicas, su armonía y proporcionalidad, y en el que la pieza central era la determinación objetiva del salario presidencial y tope del resto de los servidores públicos.


Palacio Legislativo de San Lázaro a 23 de septiembre, 2020

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO ANTONIO ORTEGA MARTÍNEZ, A NOMBRE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 75 Y 127 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y SE EXPIDE LA LEY FEDERAL DE REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Con su permiso, Presidenta.

El 20 de mayo de 2019, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 105/2018, y la acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de Senadores, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos (LFRSP), y declaró “parcialmente procedente” y “parcialmente fundada” dicha acción de inconstitucionalidad, y declaró la invalidez parcial de los artículos 6o (párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b y c), así como párrafo último, y 7o, párrafo primero, fracciones I, inciso a), II y IV, de la Ley en comento; Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente Periodo Ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en los artículos señalados.

El Pleno de la Corte, en consecuencia, se centró en la “litis” principal del asunto. Es decir, que el Congreso de la Unión había fallado en desarrollar los principios constitucionales que establecían un sistema de remuneraciones públicas, su armonía y proporcionalidad, y en el que la pieza central, era la determinación objetiva del salario presidencial y tope del resto de las remuneraciones de los servidores públicos.

¡No existe precedente alguno, de una misma norma jurídica que haya sido debatida en 3 ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver el asunto legal sin poderlo lograr!

Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas.

¡Casi siete mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales se han acumulado en respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones!

Para atender estas deficiencias y, al mismo tiempo, intentar dejar sin materia a la controversia que analizaba la Suprema Corte, fue necesaria una reforma que se promulgó el 12 de abril de 2019 y que modifica ¡22 artículos! ¡Y ni así se logró impedir que Suprema Corte de Justicia declarara la inconstitucionalidad citada!

El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como las modificaciones que presenta el diputado Gómez, tampoco atienden a los resolutivos y razonamientos planteados en la sentencia del 20 de mayo del año pasado de la Suprema Corte de Justicia.

Es decir: La obligación del Legislativo de desarrollar el mandato contenido en el artículo 127 de la Constitución, con relación al resto del ordenamiento.

Se trata de la omisión de fijar parámetros objetivos para determinar el salario presidencial.

El dictamen a discusión abroga la Ley de Remuneraciones anterior y emite otra que no contiene -como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia- de manera determinante: Un procedimiento o metodología alguna para la determinación objetiva y regular de la remuneración del titular del Ejecutivo. Y que, al no cumplirse dichos estándares, se permite que el parámetro referencial —el salario presidencial— se fije de manera discrecional.

La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del Presidente?

• Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto, determina la Corte.

• Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político o económico;

• Especialización;

• Riesgo asociado al desempeño de las funciones;

• Costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público;

• Índice inflacionario;

• Costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado;

• Posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de interés; y,

• La integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones con que se desarrollen.

¡Así de simple la solicitud de la Corte. Así de determinante, la solicitud de la Corte y, vergonzosamente, de nueva cuenta Morena presenta un proyecto que no atiende el requerimiento de la Corte y que va a significar -por quinta, sexta o séptima ocasión- el rechazo a un capricho del Presidente que está lesionando derechos de servidores públicos y de instituciones.

Por esta razón, el PRD votará en contra de este dictamen. Gracias Presidenta.

Texto y Foto: Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados