Presidenta de la Comisión de Seguridad Social se reunió con integrantes de sindicatos universitarios

Ciudad de México, 22 de junio de 2022

Abordaron temas sobre pensiones y jubilaciones

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján (Morena), se reunió con integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), a fin de analizar las pensiones, jubilaciones y la situación económica en la que se encuentran.

La diputada Cisneros Luján dijo que lograr el acceso universal a la seguridad social, que incluye las pensiones, es una convicción. “Sabemos que es una tarea de largo aliento porque vivimos en un país donde se organizó este acceso a través de diversas instituciones que fragmentan los sistemas de seguridad social”.

Estableció que “como presidenta de la Comisión de Seguridad Social, junto con las y los integrantes, daremos la batalla en los problemas básicos, como el del programa U081, revisar presupuestos para la asignación patronal y regularización de las plantillas. Haremos lo necesario: tocar las puertas y revisar el presupuesto”, afirmó.

Agregó que es importante analizar los antecedentes e indagar cuáles fueron los motivos por los que en el presupuesto 2019-2022 no se asignaron recursos. Respecto de los tabuladores del personal administrativo, dijo que tiene sus especificidades porque no todas las universidades se encuentran en igual situación de riesgo.

Cisneros Luján informó que buscará reuniones con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de analizar el tema del Fondo U081 y el del subsidio, específicamente para el cumplimiento de la disposición patronal.

Además, con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, agregó, abordaremos lo que corresponde a las plazas del personal académico. “Tocaría las puertas de la subsecretaría para sentarnos a ver esta situación que, sin duda, tiene un impacto presupuestal”.

La secretaria técnica de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Neyra Alvarado Morales, ofreció mesas de trabajo con la junta directiva; se tiene que ver de manera conjunta a fin de analizar las necesidades de los sindicatos. “Le voy a transmitir estas peticiones al presidente de la Comisión para ver de qué manera podemos tocar el tema de manera particular”.

Participación de integrantes del CONTU

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de FESAPAUV y CONTU, dijo que el sistema de pensiones de universidades públicas vive situaciones difíciles en el manejo del presupuesto. “El subsidio que reciben las universidades públicas estatales no es suficiente debido a que las pensiones van en aumento, lo que genera un hueco en sus finanzas. Les pido restituir el fondo extraordinario para resolver los problemas estructurales”.

Víctor Méndez, asesor técnico del CONTU, afirmó que los problemas que enfrentan las instituciones radican en la inviabilidad de los sistemas de pensiones y jubilaciones, el envejecimiento de la planta académica y el congelamiento de plazas de tiempo completo. “Pediría el apoyo de esta Legislatura para que revisen el diagnóstico de la situación de las universidades que les entregamos”.

José Carlos Aceves Tamayo, de SUNTUAS, indicó que la universalidad y gratuidad es positiva; sin embargo, no se asignan los recursos suficientes para abrir los espacios a miles de jóvenes, se requieren aulas, materia prima, contratación y mayor presupuesto. “Pedimos que nos apoyen, que se rescaten los fondos extraordinarios y presupuestos justos”.

Hugo Hernández García, de SITBUAP, Puebla, dijo que como apoyo debe existir el reconocimiento al esfuerzo que hacen las universidades y la respuesta se tiene que dar a esas mismas acciones que se han tomado en los contratos colectivos de trabajo y en las aportaciones extraordinarias.

José Juan Martínez Pardo, de SPAUAZ de Zacatecas, aseveró que en el Plan Nacional de Desarrollo se plantea un incremento en la cobertura de educación superior, pero cuando no va acompañado de presupuesto se convierte en demagogia. Destacó la importancia de atender el tema del reconocimiento de las plazas.

Pedro Rodríguez Magallanes, del SUTESUAEM, Estado de México, puntualizó que los salarios de los trabajadores administrativos sindicalizados son precarios. “Tenemos algunos montos del tabulador establecido en los contratos colectivos por debajo de dos salarios mínimos que requieren subsidio al empleo; entonces, con el próximo incremento al salario mínimo nos vamos a quedar más atrasados”.

Juan Antonio Pech Chan, de APAUADY, Yucatán, solicitó incrementar el Fondo U081. “Sabemos que esta presidencia tomará en cuenta estas peticiones y veremos frutos en el próximo presupuesto”.

Erick Iván Hernández, de la Universidad Juárez de Durango, solicitó atender este fondo, a fin de inyectar recursos a los fideicomisos y no depender de un presupuesto. “Se deben liberar las plazas de tiempo completo que no están reconocidas”.

Carlos Armando Ríos Acevedo, de ASPABUAP, Puebla, destacó la importancia de mejorar las condiciones laborales, presupuestales y de investigación porque “los países que avanzan son los que invierten en educación, innovación tecnológica y brindan oportunidades a los jóvenes”.

José Ramón Magaña Martínez, de SUTUNACAR, Campeche, refirió que en la Universidad Autónoma del Carmen no hay recursos para jubilaciones. “Vamos para cuatro años que no se jubila ningún trabajador, alrededor de 80 compañeros; es un problema estructural”.

Raymundo Alejandro Jiménez Ortega, del STAUAG, Guerrero, puntualizó que la universidad no tiene capacidad financiera para finiquitos. “En este momento tenemos alrededor de 500 trabajadores con problemas crónico-degenerativos, por lo que urge que se retiren. Este programa de retiro y jubilación tiene que ir acompañado de un programa de reemplazo de la plantilla, por eso es importante que la Secretaría de Hacienda tome en cuenta estos temas”.

Rafael Garza, del Sindicato de la Universidad Autónoma de Nuevo León, destacó que, de todos los sistemas pensionarios, los que hicieron más reformas fueron las universidades públicas, pues desde 1998 crearon un fondo de pensiones y jubilaciones de poco más de 2 mil millones de pesos.

Jesús Palafox Yáñez, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, comentó que el fondo de pensiones que tienen, financiado por trabajadores y la institución, les da una viabilidad de 25 años, pero se requiere que no haya problemas con las generaciones futuras, por lo que, subrayó, el fondo que se otorga no debe ser extraordinario, sino ordinario.

Roxana Cuevas Flores, en representación del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, explicó que no tienen apoyo del estado de Chihuahua para pensiones y no fueron candidatos al fondo de apoyos, por lo que pidió que en el Fondo U081 se incluyan a universidades en situaciones similares.

​José de Jesús Becerra Santiago, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, pidió revisar que la propuesta que envíe la SHCP para 2023 cumpla con la ley en cuanto a pensiones, incluyendo el uno por ciento más, para que en 2030 la aportación patronal alcance 13.875 por ciento para el tema de retiro, ya que actualmente es del 5.15 por ciento.

Brenda Alicia Alcaráz González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia, de la Universidad Autónoma de Guerrero, aseguró que son necesarios los fondos extraordinarios para que los trabajadores puedan irse con una pensión digna. “El tabulador de los trabajadores de intendencia está por debajo del salario mínimo”, lamentó.

​Ricardo Moncayo Alvidrez, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Universidad Autónoma de Chihuahua, aseguró que van cuatro años sin que el gobierno atienda a las universidades. Han sufrido recortes, a pesar de que se ha convencido a los trabajadores en favor de la austeridad. “Tenemos un grave problema en el fideicomiso”.

Laila Torres Caballero, secretaria de Organización del Sindicato Universitario de Maestros de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca, advirtió que esa casa de estudios está en riesgo de quiebra, pues desde 2019 se ha luchado por 350 millones de pesos de recursos para completar la nómina, pues más de tres veces en los últimos dos años se han retrasado.

Luis Enrique Zamorano Martínez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima, externó que no está de acuerdo con el programa de austeridad en las universidades públicas, porque ha dañado a los trabajadores; se les exige hacer más con menos, pero terminan pagando los platos rotos.

El secretario general del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, Jorge Luis Ávila Rojas, comentó que, a pesar de las reformas, las instituciones siguen padeciendo problemas con el déficit financiero cada cierre de año.

Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano, secretaria general de Asociaciones Autónomas del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que hay atraso e incongruencia entre los pagos de pensión con base al salario mínimo, ya que se están recibiendo en Unidad de Medida y Actualización (UMA). “Debemos tumbar el tope salarial porque no nos permite avanzar”.

Raúl Hernández, de la Asociación Sindical de Personal Académico-Administrativo de la Universidad de Guanajuato, recalcó la importancia de que se destinen recursos al U081, aunque, aclaró, tuvieron que implementar un fondo auxiliar solidario con el esfuerzo de los trabajadores; sin embargo, se estableció un tope a las pensiones y se incrementó la edad de jubilación.

Texto y Foto: Cámara de Diputados