Agenda
Pública
Contrahechuras
A
diez días de cumplirse el primer año de la entrada formal en funciones del actual
régimen, procedería revisar la traducción a los hechos de uno de los ejes de la
retórica presidencial. El periodo que el presidente López Obrador sataniza como
‘neoliberal’ (1982-2018) barrió en realidad con una estructura de poder que
rigió hasta los años 80 del siglo pasado y hoy parece en vías de restauración.
Se erigió entonces una presidencia al mando de todo el poder del Estado: la
jefatura del gobierno, de la administración pública, de las fuerzas armadas. Y,
al mando también de un partido dominante, aseguró el control de las elecciones
y con ello el bloqueo de toda posibilidad de alternancia en el Ejecutivo, con
mayorías incontrastables a su servicio en el Legislativo, nombramientos
inapelables en el Judicial y la potestad de decidir su sucesión.
Los
espectáculos ofrecidos estos días por el Poder Legislativo remiten a aquellas
épocas previas a las reformas del ‘neoliberalismo’, que habían desterrado las
conductas actuales de mayorías aplastantes de los derechos de las minorías,
imponiendo a rajatabla la voluntad del Ejecutivo de aprobar leyes atentatorias
contra derechos fundamentales y eligiendo personas inelegibles para presidir
órganos constitucionales autónomos. Y lo que agrava el panorama: el
desmantelamiento, en nombre de la austeridad, de cuadros profesionalmente
calificados que acumuló la administración pública en el periodo ‘neoliberal’ se
está traduciendo en un gobierno que sólo acumula costosas ineptitudes.
Incluso, el balance de este año de aniquilamiento de las reformas liberales, está muy lejos de los rendimientos tangibles del ciclo autoritario en vías de reedición, claro, con evidentes contrahechuras. En lugar del crecimiento económico del antiguo presidencialismo exarcerbado: estancamiento al borde de la recesión. Al contrario de la expansión de la medicina social de la época de partido dominante: ausencia de medicamentos en los hospitales públicos. Y lejos del límite estricto a la altísima concentración de poder de los presidentes del antiguo regimen , expresado en el principio de no reelección absoluta y en la obligada transmisión del poder al concluir el periodo para el que fueron electos, hoy parece sondearse la prórroga del mandato de las urnas al mantener viva la pretensión en ese sentido del gobernador de Baja California.
Reclamo
democrático
La
traducción a los hechos de este primer año del discurso ‘antineoliberal’ apunta
a la restauración de una República sin separación real de poderes, con un
sistema federal con poderes locales designados en los hechos desde el centro,
sin límites temporales estrictos, y un presidente dispuesto a dinamitar uno a
uno los contrapesos creados por las reformas liberales (descalificadas como
‘neoliberales’) a través de órganos constitucionales autónomos. Éstos
respondieron al reclamo democrático de acotar la excesiva concentración de
poder en el Ejecutivo y desmontaron, escribe Pedro Salazar, las facultades
metaconstitucionales del presidencialismo mexicano, como las llamó Jorge
Carpizo.
¿No
más alternancia? Neutralizada la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos
con la elección doblemente fraudulenta de una persona inelegible, propuesta de
hecho por el presidente, la CNDH servirá para ajustar cuentas a autoridades
desafectas y dejar intocados los abusos del gobierno federal. Mientras las reformas
propuestas para el hasta ahora autónomo Instituto Nacional Electoral
—fundamental para la alternancia democrática inaugurada con este siglo— no
parecen tener otro objetivo que retomar el control de las elecciones por el
gobernante en funciones y con ello volver a convertir la alternancia en el
poder en un anhelo que quizás no verían cumplir las generaciones actuales.
Profesor
Derecho de la Información.
UNAM
Publicado
por El Universal