Proponen que integrantes de la Defensoría Pública puedan participar en procesos judiciales en materia agraria

Ciudad de México, 21 de julio de 2021

Se garantizaría el derecho de las partes a obtener una defensa adecuada, dice el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa

Con la finalidad de dotar de mayor legalidad y celeridad a la impartición de justicia agraria, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso que en esta materia puedan participar asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

A través de una iniciativa, explicó que dicho personal podrá participar en procedimientos de esta materia jurídica, a solicitud de las partes o por disposición de los tribunales agrarios.

Con ello, abundó el legislador del PRD, se evitaría el constante diferimiento de audiencias y se garantizaría el derecho de las partes a obtener una defensa adecuada, mediante la designación de una persona defensora pública que pueda asesorarlas durante el proceso. 

Miguel Ángel Mancera expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha manifestado sobre una defensa adecuada para todas las materias, pero “la exigencia de tener una defensa adecuada radica en el deber de las autoridades de verificar que los inculpados sean asistidos por un licenciado en derecho”.

En este sentido, aseguró que esta propuesta tiene base convencional, constitucional y jurisprudencial. Al ser el principio de legalidad el que domina en el enjuiciamiento moderno, subrayó, esta regla debe prevalecer también en el procedimiento agrario. 

El senador también planteó la creación del Registro Único de Personas Profesionales del Derecho para su acreditación ante los tribunales agrarios, el cual estará a cargo del Tribunal Superior Agrario.

Destacó que este mecanismo servirá para que las licenciadas o licenciados en derecho cuenten con su acreditación ante los tribunales agrarios y puedan ejercer su actividad como personas defensoras de las partes en el procedimiento judicial. 

Además, la creación de esta base de datos forma parte de la serie de acciones para garantizar el derecho de defensa adecuada, así como cumplir con el principio de seguridad jurídica, toda vez que los abogados habrán acreditado que cuentan con un título en derecho.

“Lo anterior, permite tener la certeza de que las personas que los van a asesorar cuentan con conocimientos validados, y así superar la barrera de la indefensión y garantizar el debido proceso”, puntualizó.

La iniciativa, que reforma las leyes Federal de Defensoría Pública, Orgánica de los Tribunales Agrarios y la Agraria fue remitida a las comisiones de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores.

Texto y Foto: Senado de la República