Responder en “defensa legítima”, imposible | Ethel Riquelme

“Responder en defensa legítima” a las agresiones de que han sido objeto, que los ha expuesto ante la opinión pública, que ha demeritado su autoridad ante los propios criminales y que ha abierto heridas y fuertes críticas al interior de las filas castrenses, no es una posibilidad ni una alternativa real para las fuerzas armadas, ese supuesto arriesga a los soldados a ser enjuiciados por abusos sin la defensa de un gobierno que considera a los criminales como humanos y los combate apenas con descalificaciones como “fuchi” y “guácala”.

La aseveración de la Sedena sobre responder ya a las tantas agresiones de que han sido objeto los soldados, navales y miembros de la Guardia Nacional, apoyada por el presidente López Obrador es sólo un discurso que no es afín al marco legal y las organizaciones defensoras de derechos humanos que siempre acusarán de desproporcional la acción militar, lo que mantiene aterrados a los soldados ante sanciones judiciales del fuero civil y militar.

La ridiculización de las fuerzas armadas, sometidos, vejados, desarmados, jaloneados, pateados, escupidos, arrastrados, enjuiciados por civiles, cacheteados, gritoneados, es una imagen cada vez más constante a través de videos viralizados que en efecto, despierta indignación de la sociedad por el trato a servidores públicos dedicados a la defensa de la ciudadanía, pero también cumple con el despropósito criminal de mostrar como ineficaces y débiles a las fuerzas armadas frente al mayor poderío de los grupos delictivos.

La revelación reciente de hechos en el Estado de Tamaulipas donde sicarios “levantaron” a un hombre al interior de su hogar y lo obligaron a vestirse de soldado antes de asesinarlo (según testimonio de la hija de la víctima presente en lugar) para exhibir el cuerpo vestido de soldado, es una muestra contundente del propósito.

Sin embargo, poco podrá cambiar sólo con un discurso de que ahora sí se van a defender, un texto salido del párrafo final del comunicado de prensa de la Sedena (9 de septiembre) con relación a los hechos ocurridos contra soldados en el poblado de Apango en el municipio de Acajete donde de nuevo los soldados fueron sometidos.

“La Secretaría de la Defensa Nacional hace del conocimiento de la sociedad, que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sea objeto de una agresión se actuará en su defensa legítima, conforme a los principios del uso de la fuerza y su gradualidad, para proteger la vida e integridad física de los miembros de las fuerzas armadas, con estricto apego al orden jurídico vigente y a los derechos humanos”.

El presidente López Obrador lo avaló al día siguiente, pero excepto que se modifique la ley en materia de derechos humanos y no sólo la de la Guardia Nacional y la del uso de la fuerza aprobados en junio, en los hechos los soldados seguirán siendo acusados de violación a los derechos humanos, de abuso, enjuiciados, separados de su cargo para investigación, encarcelados y castigados porque las organizaciones de derechos humanos y protección de las garantías individuales de los ciudadanos (muchas de las cuales forman parte de Morena y militan en el movimiento proAmlo) han logrado triunfar con su propio discurso y argumentos que hacen ver siempre a los soldados como “abusadores”.

Basta un ejemplo. No puede haber proporcionalidad –dicen las agrupaciones de derechos humanos– cuando los soldados visten uniformes de protección, chalecos antibalas, armas, cascos, todo ello que puede ser empleado para golpear y aducen que el propio entrenamiento de un soldado y su preparación para actuar en condiciones de violencia pone en desventaja a los ciudadanos.

Frente a estos argumentos que en decenas de ocasiones han servido para iniciar procesos contra militares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo Interamericano y el propio fuero civil, será imposible que los militares “respondan en defensa legítima” –como se los ordenó el presidente López Obrador–, sin generar denuncias en su contra, sin provocar confrontación con las organizaciones sociales, sin ser acusadas y sumar más protestas por presunto abuso y violentar la ley.

La proporcionalidad así, no queda clara, no defiende al soldado, no desincentiva al ciudadano atacante de las fuerzas armadas, por el contrario ya es un instrumento  que legaliza la agresión contra los soldados que siempre estarán más armados que los ciudadanos, incluso mentalmente.

Hoy por hoy, y pese a la indignación y enojo que ello les causa, los militares sí prefieren ser regañados, ridiculizados, sometidos y ofendidos, antes que ser encarcelados por emplear la fuerza “en defensa legítima” pero “sin abuso”, un término absolutamente subjetivo.

Y si algo más faltara para la indefinición de los soldados en el empleo de la fuerza para su “legítima defensa” es la pertenencia a un gobierno que no considera a los delincuentes como criminales, sino como humanos; que no ve delitos en el proceder de los ciudadanos que roban combustible en tambos y que considera la criminalidad apenas como una moda, que hoy ya está en desuso y a los que el presidente trata de combatir apenas con calificaciones como “guácala” y “fuchi”.

Texto y Foto: elarsenal.net