Ciudad de México, 14 de mayo de 2025

Legisladores y legisladores del PAN exigieron que Cuitláhuac García sea separado de su cargo en el gobierno federal para enfrentar las denuncias por más de 1,600 millones de pesos de daño al erario de Veracruz.

Denunciaron que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, no ha aclarado la revocación de su visa ni las acusaciones internacionales, y reiteraron el llamado a que pida licencia.

Se reconocen avances en materia del intento de reforma en materia de telecomunicaciones como producto de la exigencia de la oposición, aunque todavía es insuficiente para garantizar la libertad de expresión y eliminar los riesgos de censura y exceso de poder.

Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PAN ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar con firmeza los escándalos de corrupción, impunidad y retrocesos democráticos que aquejan al país. Desde el Senado de la República, hicieron un llamado a romper el pacto de impunidad que protege a los aliados de Morena, ya sea desde los gobiernos estatales o desde cargos federales.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa Abimerhi, denunció con fuerza el desfalco financiero detectado en la administración de Cuitláhuac García en Veracruz. “El 6 de mayo de 2025, la Contraloría General del Estado de Veracruz hizo públicas denuncias por un daño patrimonial superior a 1,600 millones de pesos, por desvíos en la Secretaría de Salud estatal durante el gobierno de Cuitláhuac García, mismas que el mismo día fueron confirmadas por la propia gobernadora morenista” señaló.

De la misma manera, advirtió que en la cuenta pública del 2023, publicada el pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones por alrededor de 1,200 millones de pesos, por desvíos en la misma secretaría, únicamente en un año, por aparentemente contratar servicios y equipos a empresas fantasma, sin que estos hayan existido.

Lixa Abimerhi calificó como inaceptable que después de conocer esos datos, el gobierno federal haya realizado expresiones de apoyo al exgobernador de Veracruz cuando dijo:  “El tufo de corrupción del gobierno de Cuitláhuac llegó a tope. Y mientras tanto, en Veracruz no hay medicamentos, no hay tratamientos oncológicos y nadie sabe qué hizo el gobierno pasado con todo ese dinero”.

Informó que el grupo panista en la Comisión Permanente presentó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo para separar inmediatamente a Cuitláhuac García del cargo de director del CENAGAS, que actualmente ostenta “para que enfrente su proceso de aclarar cuentas, sin el cobijo del poder”.

“Casos como el de Veracruz y los recientes de Baja California ya más que casos individuales, son síntomas de un sistema enfermo de complicidad y de un oficialismo que no protege a la ciudadanía, sino a sí mismo” afirmó.

Sobre el caso de la revocación de la visa de Estados Unidos hacia la gobernadora Marina del Pilar Ávila, la diputada federal Eva María Vásquez, del mismo estado, advirtió sobre la gravedad del caso, señaló que desde el 12 de marzo, el PAN advirtió sobre posibles vínculos con el crimen organizado y exigió explicaciones, pero solo obtuvieron silencio. “Si no hay nada que ocultar, que lo demuestre con hechos y con pruebas. Y si hay investigaciones en curso, que pida licencia y enfrente su situación legal”, exigió.

Además, sostuvo que Marina del Pilar no puede seguir presidiendo la CONAGO mientras esté bajo sospecha internacional: “Una gobernadora sin visa, funcionarios sin cuentas y Morena sin vergüenza”.

De la misma manera, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, abordó los recientes anuncios del gobierno federal respecto a la reforma en materia de telecomunicaciones. Celebró que como consecuencia de las exigencias de la oposición y la sociedad civil, existan avances como la eliminación de artículos que permitían la censura directa en plataformas digitales, aunque advirtió que el proyecto sigue siendo un riesgo para la libertad. “Celebramos que eliminaron el artículo 109, pero persiste el riesgo de censura en artículos como el 8, fracción 62, que permite suspender transmisiones, y el 184. También quieren crear un registro de usuarios de telefonía móvil, aunque la Corte ya lo declaró inconstitucional”, señaló.

Anaya subrayó que la propuesta de sustituir al IFT por un órgano desconcentrado sigue violando el T-MEC: “Pasamos 30 años construyendo un regulador autónomo, y ahora quieren regresarlo al control del gobierno. Eso es un retroceso”.

El PAN reiteró que seguirá denunciando cualquier intento de proteger corruptos o de censurar a la ciudadanía y mantendrán una postura firme en defensa de la libertad de expresión.

Finalizaron señalando que su exigencia es muy clara: que quien la haya hecho, la pague. Eso es lo que el país necesita. “Rompan el pacto de impunidad”, concluyeron.

Texto y Foto: Cámara de Diputados