Sancionar la tortura | Editorial El Universal

En materia de derechos humanos, 2011 es considerado clave en México. Ese año se modificó la Constitución para incluir el mandato de crear una nueva cultura en la materia, colocando al centro de la acción gubernamental la dignidad de las personas. A partir de entonces es obligación de todas las autoridades cumplir cuatro objetivos: promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Desde esa fecha se han dado avances, en gobierno y en ciudadanía, tanto para cumplir como para exigir el respeto pleno a la persona… aunque no siempre ha sido así.

EL UNIVERSAL publica hoy que la tortura ha prevalecido a pesar de los cambios constitucionales, en especial la tortura sexual contra las mujeres detenidas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol), revelan que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México, entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas frente a un juez. 76% afirmó que los hechos ocurrieron durante el arresto y otro 65% señaló que sucedió durante la custodia ministerial.

A diferencia de Inegi, organizaciones de la sociedad civil han documentado casos con nombres y apellido. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro tiene conocimiento de al menos 29 casos de tortura sexual entre 2006 y 2015. Amnistía Internacional, por su parte, detectó 72 casos de abuso sexual contra mujeres al momento de su detención o en las horas siguientes.

Los elementos señalados como autores de las agresiones pertenecen a distintas corporaciones: policías municipales, estatales, Policía Federal, Sedena y Marina. No hay agrupación que no haya incurrido en al menos un caso. ¿Cómo lograr un cambio en el comportamiento de los agentes policiacos? ¿Cómo exigir al Estado castigo para los culpables, si forman parte de su estructura?

El miércoles más de 100 asociaciones civiles acudirán al 66 periodo de sesiones del Comité contra la Tortura de la ONU a presentar el informe.

Está visto que denunciar los hechos ante instancias fuera del país se obtiene la justicia que aquí no se encuentra. En noviembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado mexicano de tortura sexual a 11 mujeres detenidas en 2006 cuando protestaban en San Salvador Atenco contra la construcción del nuevo aeropuerto.

En gobiernos anteriores ha habido reticencia a reconocer hechos de tortura. Ahora, con un gobierno de izquierda, es de esperarse que haya aceptación y que los señalamientos no tengan que venir de fuera. Un compromiso absoluto con el respeto a los derechos humanos y sanciones para quien no actúe así, es lo que este país requiere de manera urgente.

Publicado por El Universal