Ciudad de México, 5 de diciembre de 2024

Este miércoles, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que preside la diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), llevó a cabo una reunión con funcionarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, quienes explicaron los recursos que requieren para el próximo año, en el marco de las mesas de trabajo sobre el examen y discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025.

SCJN y Consejo de la Judicatura Federal

Luego de rendir protesta de decir verdad, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales González, y la secretaria ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, Fernanda Casanueva de Diego, dieron cuenta a diputadas y diputados de las necesidades presupuestales de ambas instituciones del Poder Judicial Federal.

 Morales González señaló que la SCJN está solicitando para el ejercicio fiscal 2025, 5 mil 922.9 millones de pesos, cifra menor en términos reales en 1.9 por ciento respecto a lo autorizado para 2024.

Detalló que el 81.3 por ciento de los recursos se destinan al Capítulo 1000, correspondiente a servicios personales, es decir para pagar remuneraciones y prestaciones de una plantilla de 3 mil 805 plazas que tiene la Suprema Corte en 2024.  Los recursos que se piden en dicho Capítulo son menores a los autorizados el año pasado en 21.6 millones de pesos.

Este presupuesto, agregó, incluye varios aspectos importantes que muestran una diferencia respecto al presupuesto del año pasado, principalmente, dijo, hay un impacto a la baja en las remuneraciones de ministras y ministros y no solamente de ellos sino de más de 300 personas dentro de la SCJN que tendrán un ajuste a partir de 2025, con lo que se estaría dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política.  

Indicó que otro componente importante del proyecto de presupuesto tiene que ver con el gasto operativo, el cual se considera que son los recursos necesarios para garantizar la continuidad operativa de la Corte en 2025 e incluye los recursos que se otorgan al Capítulo 2000 “Materiales y suministros”, al Capítulo 3000 “Servicios generales” y para el Capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas”.

Mientras que el gasto de inversión es un componente pequeño de 39 millones de pesos orientados a la continuidad operativa del canal Justicia TV, la realización de dictámenes estructurales sobre todo en materia de seguridad y realizar mantenimiento de inmuebles.

En el caso del cumplimiento al Décimo transitorio del decreto en materia de extinción de fideicomisos, informó que en el Consejo de la Judicatura y la SCJN se han estado haciendo todas las acciones administrativas, operativas y financieras para dar cumplimiento a lo establecido. Detalló que la SCJN tiene solamente seis fideicomisos, cuyo saldo al 31 de octubre es de 7 mil 221 millones de pesos.

Asimismo, eso es parte de lo que impacta el presupuesto del Capítulo 1000 para que tenga un incremento porque el Décimo transitorio señala que se respetará la totalidad de los derechos de las personas trabajadores y varios de los fideicomisos financiaban las pensiones complementarias del personal y se está trasladando lo que se pagaba con fideicomisos a dicho Capítulo.

Resaltó que la extinción de los fideicomisos no es solamente realizar la transferencia del recurso a la Tesorería de la Federación; implica un proceso minucioso y largo de cierre operativo para tener documentado a cabalidad cuáles son los beneficiarios y los movimientos operativos y financieros. Se ha pedido a las fiduciarias que en el momento en que se concrete el entero de los recursos a la Tesofe, entregue los comprobantes de haberlo realizado y que los saldos de esas cuentas están en ceros; sin embargo, para llegar a ese punto es necesario hacer un proceso complejo.   

Por su parte,  Casanueva de Diego consideró que el proyecto de presupuesto 2025 es inercial, busca que la transición de una administración a otra sea lo más tersa posible, y dar continuidad operativa de los órganos jurisdiccionales.

Subrayó que el presupuesto que presentan es casi igual al de 2024, superior en punto cinco en términos nominales, y en términos reales implica una disminución de 3.3 por ciento. Consideró que, debido a las disposiciones de la reforma constitucional, para 2025 se prevé la salida de un gran número de magistradas y magistrados de Circuito y de juezas y jueces de Distrito, previo al proceso electoral.

Por ello, agregó, la propuesta contiene los recursos necesarios para cubrir las sustituciones de las personas juzgadoras que causen baja, y garantizar la continuidad de las funciones jurisdiccionales, también para cubrir los derechos laborales y prestaciones de las personas juzgadoras en retiro.

Comentó que el Consejo de la Judicatura ha hecho más eficiente el uso de sus recursos y en los últimos cinco años ha ejercido un promedio de 100.3 por ciento respecto de su presupuesto aprobado. Para este año se estima ejercer 101.1 por ciento del presupuesto aprobado, en virtud de que se incorporan al presupuesto ingresos excedentes derivados de la captación de productos financieros.

Casanueva de Diego dijo que en un presupuesto en donde el 80 por ciento básicamente son servicios personales es probable que un recorte sí impacte en las personas. Esto preocupa porque son 50 mil personas; “nos preocupa que se afecta la parte de servicios personales con cualquier tipo de recorte”.

Sobre la extinción de los fideicomisos, señaló que los artículos transitorios manifiestan que cualquier saldo o pendiente que se quede dentro de éstos, deberá ser cubierto por el propio presupuesto, lo que ha incrementado el gasto del Consejo para cubrir todas las necesidades y derechos que teníamos a través de los fideicomisos y que ahora lo tenemos que sacar de forma presupuestal; por ejemplo, las pensiones complementarias.

Detalló que los cuatro fideicomisos que están en vías de extinción son el de Pensiones Complementarias, Apoyo Médico Complementario, para las Reformas Constitucionales y el de Casas Habitación, cuyo valor total es de 10 mil 181millones de pesos. Agregó que parte de este dinero se tiene contemplado para el pago extraordinario de jueces y magistrados.

En Pensiones Complementarias, reveló hay mil 300 millones de pesos para solventar el próximo año el pago de los jueces y magistrados jubilados.

Intervención de diputadas y diputados

De Morena, el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar mencionó que el proyecto presentado a la Cámara de Diputados implica reducciones importantes en materia de servicios personales, quizá un poco más del 5 por ciento. Dijo que entre las implicaciones de la reforma judicial está la reducción de 11 a 9 ministros, por lo que preguntó si esto significa una disminución de costos y gastos.

Rafaela Vianey García Romero, diputada de Morena, estimó que la suma de los fideicomisos de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura representan aproximadamente 15 mil millones de pesos que eran gastados año con año, y una elección de diversos cargos del Poder Judicial, según lo solicitado por el Instituto Nacional Electoral, representaría por los menos el 70 por ciento de los fideicomisos de manera temporal.

La diputada Margarita Zavala Gómez del Campo (PAN) dijo que el Décimo transitorio, en los párrafos II y III de la reforma judicial, señala que el Poder Judicial llevará a cabo los actos y procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos, contratos análogos que no están previstos en la ley secundaria. Cuestionó cuáles son las consecuencias de la extinción de fideicomisos para 2025 y pidió conocer sobre las remuneraciones que no rebasen el sueldo del titular del Poder Ejecutivo.

Del PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández celebró que a pesar de los agravios que ha sufrido el Poder Judicial y someterse a las diversas auditorías que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación, se logró que las observaciones quedaron limpias. Preguntó ¿cuál es el estatus del proceso de extinción de los fideicomisos a cargo del Poder Judicial? Y ¿cuál es el remanente de esos recursos?

Del PVEM, el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis afirmó que la colaboración y el entendimiento entre las distintas instituciones son fundamentales para la construcción de un país en el que la justicia sea más accesible para todas las mexicanas y mexicanos. Las tareas que lleva a cabo esta dependencia son fundamentales; sin embargo, resulta necesario hacer esfuerzos para optimizar los recursos públicos. Quiso saber qué acciones y medidas lleva a cabo la Suprema Corte en materia presupuestal para lograr la optimización de recursos.

Para la diputada Ma. del Carmen Cabrera Lagunas, del PVEM, es fundamental que los recursos se ejerzan de manera eficaz y sin caer en la ineficiencia ni en una mala gestión; la asignación de recursos debe ser realizada con un enfoque que garantice el cumplimiento de los objetivos del Poder Judicial de una manera óptima, porque la justicia no puede verse comprometida por una mala administración.

Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, señaló que según las cifras que se tienen con la propuesta que llegó del Poder Judicial, este año que termina tuvieron un presupuesto de 78 mil 327 millones 278 mil 245 pesos, y la proyección para 2025 es de 85 mil 25 millones 806 mil 302 pesos, por lo que hay un incremento nominal de 6 mil 698 millones 528 mil 57 pesos.  Pidió explicar el recurso para la Sala Superior de la Suprema Corte.

La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) señaló que la propuesta de presupuesto que envió la Suprema Corte maneja una disminución real de 1.87 por ciento; sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que, al analizar el gasto, se observa que hay incrementos sustanciales en algunos rubros, por ejemplo, en el Capítulo 2000, “Recursos materiales y suministros” crece nominalmente en 18.1 millones de pesos. Preguntó ¿qué programas y acciones se benefician con estos aumentos?  Y ¿de qué manera se justifican estos incrementos?

El diputado Arturo Yáñez Cuellar (PRI) expresó el apoyo de su grupo parlamentario al presupuesto solicitado por la SCJN y se congratuló por que en las presupuestaciones que se hacen se contemplen las indemnizaciones para el relevo que tendrá el Poder Judicial y se garanticen las prestaciones laborales. Cuestionó qué afectaciones tendría la Suprema Corte ante un posible recorte y en qué áreas.

Texto, Foto y Video: Cámara de Diputados