Ciudad de México, 6 de abril de 2025

Es necesario especificar el delito de fraude mediante suplantación de identidad en entornos digitales, indicó.

Con esta iniciativa se propone establecer un procedimiento para que las víctimas puedan recuperar su patrimonio afectado.

La diputada María Soledad Luévano Cantú, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, suscribió una iniciativa que reforma diversas disposiciones de los Códigos Penal Federal, y Nacional de Procedimientos Penales, para sancionar la suplantación de identidad digital.

Al respecto, refirió que en México, el “fraude cibernético” se ha convertido en una amenaza creciente para la seguridad patrimonial y la integridad de las personas. Indicó que las tácticas como el smishing (mensajes falsos), el vishing (llamadas engañosas) y la suplantación de identidad en plataformas digitales, han provocado un aumento de 20.1 por ciento en denuncias por delitos informáticos en 2024, según datos oficiales.

La legisladora advirtió que aunque el Código Penal Federal sanciona el fraude y el acceso ilícito a sistemas informáticos, existe “un vacío legal al no tipificar explícitamente la suplantación de identidad digital con fines de lucro. Por lo que, con esta propuesta, “se prevé especificar el delito de fraude mediante suplantación de identidad en entornos digitales”.

De igual forma, la iniciativa pretende establecer un procedimiento para que las víctimas puedan recuperar su patrimonio afectado; proteger datos personales y cuentas de usuarios en plataformas electrónicas, así como armonizar la legislación con estándares internacionales como el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

“Estoy plenamente segura de que con esta modificación en el código penal, se contribuirá a la lucha contra la ciberdelincuencia”, sostuvo la diputada.

La propuesta adicionan las fracciones XXII y XXIII al artículo 387 del Código Penal Federal, en donde se señala que se comete el delito de fraude “quien, mediante acceso ilícito a cuentas, perfiles o datos personales en plataformas digitales, suplante la identidad de una persona física o moral con el fin de obtener, para sí o para un tercero, beneficio económico o cualquier lucro indebido, valiéndose de engaños que aprovechen la confianza, vulnerabilidad o desconocimiento tecnológico de la víctima.

La pena para este delito será de 3 a 10 años de prisión y multa de 500 a 2,000 días de salario mínimo vigente, sin perjuicio de las sanciones correspondientes por otros delitos conexos. En casos donde se afecte a personas mayores, menores de edad o grupos en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará en un tercio.

Texto y Foto: Cámara de Diputados