Sólo con ayuda de familias se enfrentará crisis de desapariciones: Encinas

México. En la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que, si bien el Estado es responsable de atender este grave problema que ha heredado el gobierno, sólo el trabajo con las familias, los colectivos y las organizaciones nacionales e internacionales permitirá enfrentarlo.

El caso de las desapariciones expresa la crisis humanitaria de México, dijo el funcionario en el acto en Palacio Nacional, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su intervención, Encinas recordó que en México hay más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cadáveres no identificados y cientos de fosas clandestinas.

Destacó que, si bien originalmente el Sistema Nacional fue instalado en octubre pasado, se puede afirmar que eso “fue una gran simulación”. Insistió en el déficit que se hereda del sexenio pasado, cuando incluso hubo subejercicio presupuestal para la atención de víctimas.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, como representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, asumió lo que consideró una enorme deuda que tiene el Estado mexicano ante el fenómeno de desaparecidos, la mayor expresión de los problemas de derechos humanos que tiene el país.

Subrayó que a pesar de que desde noviembre de 2017 se aprobó la Ley General en la materia, a más de un año en 19 entidades no se ha logrado el avance legislativo ni se han instalado las comisiones estatales para la atención de víctimas.

Informó que a partir de esta administración se asignará un presupuesto de más de 400 millones de pesos, de los cuales el 50 por ciento se destinará a apoyar aquellas entidades que ya cuenten con los sistemas estatales.

Destacó que a esta partida se le deberán sumar 58 millones de pesos que aportarán los estados de los recursos que se le asignaron a través del Fondo para el Fortalecimiento para la Seguridad Pública. Sin embargo, ese monto apenas representa el 0.77 por ciento del presupuesto que se les asignó a las entidades por esa vía.

Asimismo, deploró que seis entidades se hayan negado a aportar un solo peso de este fondo que se les entregó,

Riquelme consideró que el delito de la desaparición forzada en un contexto de violencia lastima el corazón del estado de derecho. Subrayó que gran parte de los avances legales y en políticas para atender el problema han derivado de la lucha de las familias y los colectivos que han exigido justicia, fin a la impunidad y una búsqueda real de las personas.

Censuró que en muchos casos las autoridades han respondido con indolencia, disuadiendo a las familias a no denunciar para no ponerse en riesgo o en dar un seguimiento insuficiente a las denuncias, fenómenos que las familias han podido atestiguar directamente en su empeño por buscar a sus familias.

Riquelme aseveró que las desapariciones arbitrarias ponen en crisis el núcleo familiar, que se agudiza ante la imposibilidad de encontrar a sus desaparecidos y no hallar a los responsables de este delito. La desaparición forzada es hoy la problemática de mayor gravedad en la agenda de derechos humanos, que somete a las familias a dolor, desgaste y zozobra.

El gobernador dijo que la nueva concepción de gobernabilidad y de derechos humanos de la nueva administración, expresada a partir de la secretaria de Gobernación, es un primer paso del Estado Mexicano para asumir su deber de la búsqueda de las personas.

Subrayó que desde la Conafo se respaldará esta nueva política, porque el problema de desapariciones en México ha impactado con independencia de los colores políticos que gobiernan las entidades.

Por ello, dijo que las autoridades de los tres niveles de gobierno deben colocar en el centro de sus políticas la atención a las familias de los desaparecidos y diseñar políticas que permitan avanzar en las demandas de justicia y no impunidad de las personas.

Fotos: Notimex

Texto: Alonso Urrutia y Emir Olivares | La Jornada