Ciudad de México, 9 de septiembre de 2025

Participan representantes de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, en la sesión vespertina de este martes, emitieron comentarios sobre el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, en materia de extorsión.

Expedir una legislación general permita prevenir la extorsión

El diputado Alfredo Vázquez Vázquez (Morena) explicó que la Presidencia de la República propone modificar el artículo 73 constitucional a fin de dotarle al Congreso de la Unión de facultades para expedir una legislación general que permita prevenir y atacar el tipo penal de extorsión de los distintos niveles de gobierno, debido a que “ninguna de las legislaciones actuales prevé las herramientas jurídicas necesarias para enfrentar eficazmente este delito”.

Astrit Viridiana Cornejo Gómez, diputada de Morena, dijo que este delito crece sin control porque el sistema está fragmentado, se tienen 32 definiciones diferentes de extorsión; en algunos estados las penas son de un año y en otros hasta 30 años. Por ello, la reforma constitucional es necesaria, urgente e inaplazable y abre la oportunidad de cerrar un vacío legal que ha favorecido décadas de impunidad.

También de Morena, la diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez subrayó que la extorsión supone en la práctica un atentado directo a la tranquilidad de las personas que las coloca en un estado de desequilibrio físico y psicológico. Las múltiples maneras en que se comete este delito y su impacto en la dignidad, la vida e integridad física y psicológica de las personas, obligan al Estado mexicano a replantear la forma de entender y enfrentar esta práctica ilegal.

Se deben homologar las penas en todo el país

La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) recordó que su grupo parlamentario ya había presentado iniciativas para combatir el delito de extorsión, y que por ello acompañan el dictamen que abonará a homologar las penas en todo el país, dado que la extorsión es un delito de alto impacto. Mencionó que la paz se construye con instituciones que generen confianza y con un presupuesto real en materia de seguridad. “Las y los ciudadanos necesitan un Estado que defienda a su gente y no pacte con el crimen organizado”.

Fernando Torres Graciano, diputado del PAN, aclaró que hoy no se está aprobando una ley en el tema de extorsión sino una reforma constitucional para dar facultades al Congreso de la Unión para legislar en la materia; por ello, es necesario que de manera rápida se trabaje en la ley general o nacional que atienda el problema, con mecanismos legales, jurídicos, de colaboración y coordinación en los diferentes órdenes de gobierno y vaya acode con la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Erradicar la extorsión es una responsabilidad compartida

Del PVEM, la diputada Ruth Maricela Silva Andraca señaló que la extorsión ha sido el único delito que se ha incrementado a nivel nacional, de un 23.6 al 27.4 por ciento en el periodo de 2019 a 2025, y externó el respaldo de su grupo parlamentario al dictamen, el cual busca que las instituciones cuenten con reglas claras para investigar y perseguir el delito de extorsión, fortaleciendo así el Estado de derecho.

A su vez, el diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) celebró la propuesta de la titular del Ejecutivo, ya que con dicha modificación se va a homologar este delito en todas las entidades federativas y garantizará que exista la misma sanción para todos y todas, porque hoy cada estado puede tener diferentes criterios para juzgar este delito, lo que le permite a la delincuencia moverse de un estado a otro.

Para el diputado Juan Luis Carrillo Soberanis (PVEM) fortalecer las capacidades técnicas y operativas de los cuerpos de seguridad, brindar una formación sólida, entrenamiento constante, y las herramientas jurídicas necesarias para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía es indispensable, y erradicar la extorsión no solo representa una tarea policial sino una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno, los poderes Legislativo y Judicial, así como la sociedad civil.

PT respalda reforma constitucional en materia de extorsión

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) adelantó que su grupo parlamentario respalda la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley general en materia de extorsión, y “lo hacemos porque esta iniciativa responde a una de las demandas más sentidas del pueblo de México: vivir sin miedo y con dignidad”, ya que la extorsión se ha convertido en uno de los delitos más lacerantes para la sociedad mexicana.

Irma Yordana Garay Loredo, diputada del PT, afirmó que se busca cambiar el rumbo de una de las prácticas que más ha lastimado al pueblo: la extorsión, delito que no distingue oficio, edad, clase social, capacidad económica, ni lugar de residencia. Con esta reforma se fortalecerá la lucha para disminuir los casos de extorsión y la ley general en la materia permitirá prevenir, investigar y sancionar de manera eficaz y eficiente este delito.

Por su parte, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) aseveró que la extorsión “desgraciadamente representa la evolución del crimen en este país”, el cual debe atacarse, pero no se cuenta con las herramientas jurídicas para hacerlo. Por ello, se debe dotar al Congreso de la Unión de la facultad de legislar en la materia y posteriormente discutir cuáles serán las penalidades, los criterios y la tipificación.

La extorsión se ha convertido en un flagelo nacional

En opinión del diputado César Alejandro Domínguez Domínguez (PRI) la reforma constitucional permitirá enfrentar uno de los delitos que más lastima a las familias mexicanas y que está vulnerando la actividad institucional del país. Reconoció la importancia de este paso y estamos a favor de la reforma “porque entendemos que la extorsión se ha convertido en un flagelo nacional, con un crecimiento sostenido que coloca a miles de familias mexicanas en una situación de indefensión”.

Añadió que la extorsión se está consolidando como una de las formas más extendidas y dolorosas de violencia criminal que daña a los pequeños comerciantes. Por ello, es indispensable establecer un marco jurídico uniforme, con protocolos nacionales de investigación que permita coordinar a las fiscalías locales y a la general, crear un registro nacional, unidades especializadas, mecanismo de protección inmediata a las víctimas, y rendición de cuentas. Esperamos que la ley general sea presentada y discutida sin demora, con enfoque integral y con recursos presupuestales.

La impunidad, clave para el incremento de la extorsión

De MC, la diputada Laura Hernández García refirió que entre 2023 y 2024 se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, que presentan una tasa de 5 mil 213 extorsiones por cada 100 mil habitantes, respecto de lo cual solicitó un compromiso real para aprobar esta reforma constitucional, pero sobre todo para trabajar de manera responsable y cercana a la ciudadanía, ya que la impunidad ha sido la clave para el incremento del delito de extorsión.

La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) señaló que en los primeros cinco meses de 2025, México ha registrado 4 mil 882 víctimas de extorsión, que implica un crecimiento del 82 por ciento en la última década. Anunció que desde su grupo parlamentario votarán a favor del dictamen, porque significa un paso necesario hacia la construcción de un orden normativo integral contra la extorsión.

Intervenciones a favor

La diputada Iraís Virginia Reyes De la Torre (MC) destacó que la extorsión en México no solo roba dinero sino tranquilidad, confianza en salir a trabajar, paz en las colonias; y expulsa a quienes deberían estas más protegidos, como personas adultas mayores, emprendedores y mujeres. Refirió que el 97 por ciento de los casos no se denuncian, ya que la ciudadanía no confía en la capacidad de brindarles justicia, mientras que solo el 3 por ciento de los casos denunciados llegan a una detención.

Del PRI, la diputada Nadia Navarro Acevedo aseguró que el delito de extorsión afecta a ciudadanas y ciudadanos de a pie, gobiernos municipales, sectores empresariales, ganaderos y agrícolas. Estimó que el único elemento esencial en este esfuerzo será la asignación de un presupuesto suficiente que logre vencer el rezago existente en la impartición de justicia.

En tanto, la diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT) afirmó que la extorsión lastima la dignidad y esperanza de miles de familias mexicanas, pues cada hora una persona es víctima de extorsión y nadie está exento de este ilícito. La reforma constitucional abona a legislar contra la extorsión y avanzar en un marco legal sólido, moderno y justo para dar certeza a las familias, negocios y a la sociedad. La modificación es un paso a la justicia y la paz.

La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) recordó que la prioridad para el país es la paz y la seguridad de las y los mexicanos, y hoy los convoca una problemática que lacera la vida cotidiana de miles de personas y afecta la tranquilidad social, como es el delito de extorsión, el cual “no es un simple delito patrimonial sino un acto de violencia sistemática”. Aplaudió que en la Comisión de Puntos Constitucionales se haya aprobado con el voto unánime de todas las fuerzas políticas.

Por el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández precisó que se tiene la oportunidad de llevar a cabo un combate frontal contra la extorsión que ha crecido exponencialmente. Elevar este delito a la Constitución permitirá expedir una ley general que unifique el tipo penal, agravantes y sanciones, así como obligar a los tres órdenes de gobierno a coordinar la prevención, investigación y atención de víctimas.

El diputado Carlos Hernández Mirón (Morena) destacó la importancia de la reforma para el pueblo de México, ya que este flagelo ha provocado un grave daño psicológico a las personas. Por ello, es indispensable la colaboración de los tres órdenes de gobierno para combatir el delito de la extorsión.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados