Ricardo Monreal Ávila promoverá reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de terminar con opacidad y ausencia de mecanismos efectivos para suspender o cancelar cobros digitales recurrentes

Ciudad de México, 12 de septiembre de 2025

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo presentará una iniciativa para adicionar dos fracciones al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presentará una iniciativa para adicionar dos fracciones al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de transformar la experiencia de millones de personas usuarias de servicios digitales, ante un patrón sostenido de opacidad y ausencia de mecanismos efectivos para suspender cobros recurrentes o cancelarlos.

En su artículo “‘Click to Cancel’: garantizar la cancelación inmediata de suscripciones en defensa del consumidor digital”, publicado en sus redes sociales, el diputado explicó que para el usuario o usuaria es muy sencillo activar suscripciones o aceptar renovaciones automáticas, sin comprender del todo las condiciones del servicio.

“En cambio, cuando intenta cancelarlas, se enfrenta a procesos ocultos en menús poco visibles o a una serie de pasos innecesarios que terminan por desincentivar la baja”, subrayó.

Estos ejemplos no son aislados, dijo, forman parte de un patrón sostenido de opacidad y de ausencia de mecanismos efectivos para suspender cobros recurrentes.

Lo anterior, agregó, deja evidencia de que los derechos que hoy reconoce la ley de manera abstracta —información suficiente, protección frente a prácticas abusivas— resultan insuficientes si no hay reglas específicas que impongan obligaciones claras a los proveedores y aseguren procesos de cancelación simples e inmediatos.

“Con la iniciativa, la primera obligación sería garantizar información clara, destacada y accesible sobre si el servicio contratado implica pagos automáticos. Esto incluye especificar la periodicidad, el monto y la fecha exacta del cobro, además de notificar al consumidor o a la consumidora con al menos cinco días de anticipación antes de que se realice una renovación.

“Con ello se cerraría la puerta a los cobros sorpresivos y se reforzaría el principio del consentimiento informado. La segunda disposición plantea la creación de un mecanismo de cancelación inmediata, sin trabas, penalizaciones ni requisitos adicionales”, detalló.

En otras palabras, remarcó, “que la persona usuaria pueda dar de baja una suscripción en el mismo medio en que la contrató, de manera simple y expedita”.

Se manifestó consciente de que su propuesta constituye apenas un primer paso, ya que “la digitalización avanza con rapidez y atraviesa cada vez más esferas de la vida económica y social, planteando desafíos que un marco legal insuficiente o ambiguo no puede atender.

“En este contexto, el Congreso tiene la responsabilidad de escuchar a la ciudadanía y acompañar la transformación con normas que fortalezcan la confianza y aseguren que la innovación tecnológica se desarrolle bajo parámetros de justicia y equidad”.

Hizo énfasis en que “lo que está en juego no es únicamente la solución a un problema cotidiano, sino la posibilidad de traducir en obligaciones concretas principios que hasta ahora han existido en abstracto, cerrando un vacío normativo que permite abusos sistemáticos en la economía digital, un ámbito que se perfila como núcleo del desarrollo económico nacional”.

Monreal Ávila anotó que en México, “el comercio electrónico es ya un mercado de dimensiones colosales: en 2024 superó los 2 billones de pesos y representó más del seis por ciento del PIB nacional. Más de 67 millones de personas realizaron compras en línea, lo que coloca al país entre los 15 mercados con mayor dinamismo en ventas minoristas digitales.

“Sin embargo, el crecimiento acelerado no se acompaña de reglas claras para proteger a las y los consumidores. Renovaciones automáticas sin aviso, notificaciones poco transparentes y procesos de cancelación diseñados para desalentar al usuario se han convertido en obstáculos cotidianos que afectan la confianza en el mercado digital”.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados