Ciudad de México, 21 de septiembre de 2025

Para evitar accidentes y reducir al mínimo el robo de hidrocarburos, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) conminó a Petróleos Mexicanos (PEMEX) a fortalecer los mecanismos de supervisión, control y seguridad en la red nacional de ductos e incrementar las acciones de mantenimiento y la implementación de tecnologías de monitoreo.

Mediante un punto de acuerdo, las senadoras Geovanna Bañuelos, Yeidckol Polevnsky, Liz Sánchez y Ana Karen Hernández, encabezadas por el coordinador parlamentario Alberto Anaya Gutiérrez, pidieron a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional reforzar las labores de seguridad y vigilancia en las zonas con mayor incidencia de tomas clandestinas, garantizando la protección de las instalaciones estratégicas y la seguridad de las comunidades aledañas.

En el documento que fue inscrito en la Gaceta Parlamentaria destacan que el robo de hidrocarburos, conocido como huachicoleo, constituye uno de los problemas más graves en materia de seguridad energética, finanzas públicas y combate al crimen organizado.

Y no sólo por las pérdidas millonarias para el Estado mexicano, sino por el alto costo social, reflejado en tragedias humanas como la ocurrida en Tlahuelilpan, Hidalgo, en 2019, donde murieron 137 personas a causa de la explosión de un ducto clandestino.

El huachicoleo no puede erradicarse únicamente mediante operativos militares o judiciales, sino que requiere un enfoque transversal que combine seguridad, justicia, combate a la corrupción y desarrollo económico regional.

Las legisladoras y el legislador del GPPT resaltaron que, frente a este desafío, el Gobierno de México ha desplegado una estrategia integral para combatir tanto el robo físico como las prácticas fiscales ilegales vinculadas al sector energético, reforzando los mecanismos de fiscalización, inteligencia financiera y coordinación interinstitucional.

Y en junio de 2025 el gabinete de seguridad federal informó que, tras seis meses de investigaciones, fue desarticulada una de las principales organizaciones criminales dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos en el centro del país.

Asimismo, en septiembre de este año se llevó a cabo un operativo coordinado por la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para desmantelar una red dedicada al contrabando de hidrocarburos.

No obstante, los legisladores del Partido del Trabajo reconocen que, si bien el Estado ha avanzado en su combate mediante reformas legales, operativos militares y políticas de vigilancia, el problema persiste porque se alimenta de causas estructurales que van más allá del ámbito penal.

“La evidencia muestra que las regiones con mayor incidencia de tomas clandestinas coinciden con aquellas donde la marginación y la falta de oportunidades económicas son más agudas”, mencionan.

En este sentido, las senadoras y el senador del PT señalan que la solución no puede ser exclusivamente coercitiva, por lo que llaman a utilizar un enfoque integral que combine políticas de desarrollo regional, creación de empleos, inversión social, fortalecimiento institucional y combate a la corrupción, acompañado de estrategias tecnológicas de monitoreo en ductos y una coordinación más efectiva entre PEMEX, SENER, SEDENA, Guardia Nacional, FGR y gobiernos locales.

“El robo de hidrocarburos no es únicamente un problema de orden público o económico, representa un desafío para el Estado de derecho y para la capacidad del país de garantizar la seguridad energética de millones de mexicanos y ofrecer alternativas de vida digna a las comunidades que hoy se ven atrapadas en esta economía ilícita”, concluyen.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Energía para su análisis y posterior dictamen.

Puedes consultar el documento legislativo en el siguiente enlace:

https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_del_senado/documento/152889

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Senadores