Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025

La Reforma Constitucional en materia de extorsión responde a una exigencia ciudadana impostergable para frenar este delito que lacera el tejido social y la economía de las víctimas, destacó la senadora Liz Sánchez.

Al posicionar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sobre el dictamen por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, la legisladora por Puebla señaló que los datos existentes son escalofriantes.

Informó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la extorsión ocupa el tercer lugar entre los delitos más frecuentes, superada sólo por el fraude y el robo.

“Este dato no es sólo una cifra: es la vida diaria de miles de familias que viven con miedo. Porque la extorsión no solo ocurre con las llamadas anónimas que exigen un depósito, también en los falsos secuestros donde manipulan la angustia de las familias para obtener dinero”, mencionó.

Liz Sánchez, resaltó que la extorsión destruye la paz de las familias pues genera enfermedades, depresión, ansiedad, y desgasta la confianza en la comunidad. “La extorsión no distingue edad, género ni condición social; golpea tanto al comerciante en pequeño como al empresario, a la trabajadora como al estudiante”.

En este contexto, la representante por Puebla celebró que se legisle en la materia para garantizar la unificación de criterios y sanciones en todo el país, cerrando las grietas legales que permiten la impunidad.

Señaló que actualmente uno de los principales problemas respecto a este delito es la falta de homologación de las penas a nivel nacional, ya se reciben sanciones distintas dependiendo de la entidad donde se cometa el delito, lo que provoca desigualdad e impunidad.

“Con esta reforma damos un claro mensaje: no habrá más territorios donde la extorsión se normalice ni rincones donde el miedo sea la ley. Estamos construyendo una respuesta institucional que articule prevención, investigación y sanción con un enfoque integral de justicia”, aseveró.

La integrante del GPPT destacó que con la reforma se faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de extorsión a fin de unificar criterios, penas, agravantes y sanciones en todo el país, garantizando además mecanismos de prevención, investigación y atención integral a las víctimas, ofendidos y testigos.

“Con ello se podrán articular esfuerzos entre Federación y entidades federativas, fortalecer la protección de las víctimas, dar certeza jurídica a quienes decidan denunciar, establecer atención pronta y efectiva a ofendidos y testigos, así como dotar de herramientas tecnológicas que permitan desarticular a estos grupos criminales, incluso desde los centros penitenciarios donde muchas veces operan”, explicó.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PT en la Cámara de Senadores