Ciudad de México, 29 de septiembre de 2025

En encuentro organizado por MC, coinciden participantes en que la reforma debe fortalecer a esta figura, no debilitarla

El senador Clemente Castañeda Hoeflich señaló que es fundamental que cualquier modificación legislativa de gran alcance a la figura del amparo requiere de la opinión y análisis detallado de especialistas; por eso, lejos de respaldar la reforma, primero es necesario escuchar a quienes hacen uso de esta herramienta jurídica para poder deliberar.

En la inauguración del Parlamento Abierto que sobre el tema organizó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador añadió que, a partir de lo que se plantee en este encuentro, su fracción parlamentaria presentará una serie de alternativas y modificaciones a la iniciativa para reformar la Ley de Amparo, con la intención de incidir, dado que se modifica una norma de enorme relevancia para la vida pública de México.

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno explicó que el parlamento tiene como propósito conocer a detalle las voces de expertos, dado que algunos de ellos han mencionado que con esta iniciativa se pone en “riesgo” una de las figuras jurídicas más importantes con las que cuentan los mexicanos y que es reconocida a nivel internacional.

Además, la senadora Amalia García Medina afirmó que la presencia de los especialistas, defensores y sociedad civil permitirán que se puedan presentar propuestas de modificaciones a la reforma, con la intención de que haya una progresividad en derechos humanos y no lo contrario.

María Emilia Molina, exmagistrada y maestra en Derechos Humanos y Democracia, destacó que restringir el amparo se suma a una serie de medidas que han “debilitado” la independencia judicial, además de que las personas juzgadoras no pueden actuar como contrapeso del poder político ni garantizar derechos humanos, ni la justicia, sin la protección de todas las personas a través del amparo, por lo que limitar esta figura sería un retroceso de más de una década.

El investigador de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva Villanueva, sostuvo que la reforma será una “simulación” mientras subsista el amparo para efectos, por lo que la justicia seguirá siendo privilegio de unos pocos y no de todas y todos los mexicanos.

Andrés Aguinaco Gómez Mont, coordinador de la Comisión de Derechos Constitucional, Derechos Humanos y Amparo de la Barra Mexicana de Abogados, destacó que la iniciativa generará numerosos obstáculos a la procedencia del juicio y para la reparación integral de los derechos humanos, pues el juicio de amparo es la garantía jurisdiccional mexicana más relevante en la defensa de la Constitución para limitar el ejercicio arbitrario del poder.

El coordinador del programa de Ecosistema Informativo de Artículo 19, Luis Eduardo Knapp Moreno, afirmó que es preocupante desde las organizaciones de sociedad civil la reforma presidencial a la Ley de Amparo, ya que todos los días hay violaciones a los derechos humanos, además de ser un “retroceso” por violar obligaciones internacionales como la garantía al derecho del recurso judicial.

Jorge de Jesús Sepúlveda, especialista en litigio civil y mercantil, indicó que ninguna reforma a la ley de amparo debe prosperar si su fin no es fortalecer la capacidad de tutela de tan preciado instrumento, por lo que no se pueden ampliar los márgenes de actuación de la autoridad en detrimento de los espacios que ocupa el ciudadano, por lo que la reforma debe ser armónica con el resto del ordenamiento y con la legislación existente.

La coordinadora del área estratégica del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Ivette Galván García, destacó que la iniciativa contiene ajustes procesales valiosos, pero plantea un retroceso grave en materia de acceso a la justicia y protección de los derechos humanos, al restringir el interés legítimo, debilitar la suspensión y al abrir la puerta al incumplimiento de sentencias.

Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM, abundó que si en el Senado no hay modificaciones a la reforma habrá “regresiones, limitaciones y restricciones” que no se puedan frenar a la hora de su aplicación, debido a que la propuesta presidencial es inconstitucional por vulnerar derechos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales, además de dejar a los ciudadanos con recursos judiciales menos efectivos.

El coordinador del programa derechos humanos de FUNDAR, Humberto Guerrero, agregó que la reforma debería ser para fortalecer el juicio de amparo y con ello lograr el acceso a la justicia, más no para debilitarlo y complicar su efectividad, pues pareciera que se busca desmontar el avance en el lugar que ocupan los tratados internacionales en derechos humanos.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores