Ciudad de México, 29 de septiembre de 2025

La diputada María Magdalena Rosales Cruz ofreció una rueda de prensa en el marco de la presentación de la Jornada Continental de Acción por el Derecho a Migrar que se realizará en marzo de 2026.

Afirmó que desde el Congreso impulsará iniciativas para erradicar la criminalización de la migración y garantizar los derechos de las personas migrantes.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, encabezó una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados en el marco de los resultados de la Conferencia Continental por el Derecho a Migrar, realizada los días 27 y 28 de septiembre en la sede del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM).

En el encuentro participaron más de 120 representantes de organizaciones obreras y defensoras de migrantes de siete países latinoamericanos y de Estados Unidos, quienes acordaron convocar a una “Jornada Continental de Acción por el Derecho a Migrar” que se llevará a cabo en todos los países del hemisferio durante la segunda semana de marzo de 2026.

La legisladora subrayó que el fenómeno migratorio debe entenderse como un derecho humano y no como un delito. “El migrar es un derecho, no es un delito”, afirmó Rosales Cruz, al tiempo que destacó la importancia de articular un frente común para proteger a quienes se ven obligados a abandonar sus países.

Los participantes coincidieron en que la migración forzada está vinculada a políticas económicas, comerciales y de seguridad que han generado desplazamientos masivos en la región. En un pronunciamiento conjunto señalaron: “La política imperialista es la causa principal de las migraciones forzadas por las políticas de libre comercio, de ‘ajustes estructurales’, de ‘guerra al terrorismo’, de ‘guerra a las drogas’, que desplazan a poblaciones y son utilizadas en contra de la soberanía nacional”.

Durante la conferencia también se denunció la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificada como una “crisis humanitaria”. En este sentido la legisladora brasileña Luna Zarattini, del Partido de los Trabajadores, afirmó: “Trump, además de imponer impuestos sin precedentes y de manera abusiva a otros países, también ha deportado a miles de trabajadores y estudiantes de manera ilegal, en contra del derecho internacional y de forma inhumana.”

“Hijos separados de sus madres, personas sin ninguna protección judicial, detenciones sin ninguna garantía de derechos” condenó. Zarattini precisó que por ello se ha decidido impulsar “una jornada continental por el derecho a migrar, para que este tipo de políticas llegue a su fin”, reconociendo el papel de gobiernos como el de Lula en Brasil y Claudia Sheinbaum en México, a quienes describió como “en la primera línea en la defensa de la democracia y la soberanía nacional”.

Rosales Cruz resaltó que el fenómeno migratorio no es voluntario, sino resultado de la pobreza y la desigualdad: “La población no migra porque quiere, migra por la necesidad de buscar una esperanza de vida para ellos y sus familias… Sin embargo, este derecho a ir a otros lugares a buscar una mejor vida es satanizado, es llamado delito y esto no puede ser”.

La legisladora también denunció las condiciones inhumanas en que son tratados migrantes detenidos en Estados Unidos: “Llevados a cárceles inhumanas en donde no es posible que puedan vivir seres humanos a bajas temperaturas, con lugares pantanosos, llenos de insectos, con cárceles en donde no hay ni siquiera una cama donde descansar. Esta política es para asustar al mundo, para que nosotros temamos al imperio, pero nosotros no le tememos al imperio, nosotros vamos a defendernos de él y vamos a denunciar todas las atrocidades que hacen en contra de los migrantes”.

Finalmente, la diputada Magdalena Rosales destacó que estos acuerdos regionales fortalecen también el trabajo legislativo en México para garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Subrayó que desde la Cámara de Diputados continuará impulsando iniciativas que contribuyan a erradicar la criminalización de la migración y a consolidar políticas públicas de acogida, protección y justicia social.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados