Ciudad de México, 30 de septiembre de 2025

Argumentó que la propuesta ya se encuentra en el marco legal vigente

La Comisión de Derechos Humanos, que preside la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna (Morena), aprobó por 13 votos a favor y dos en contra el dictamen en sentido negativo a una iniciativa que buscaba ampliar el catálogo de derechos de la víctima, así como las obligaciones en materia de rendición de cuentas del Fiscal General ante el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal.

La propuesta planteaba reformar la fracción V del artículo 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la fracción V del artículo 138 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El dictamen en sentido negativo aclara que ello no minimiza la gravedad del fenómeno y el legítimo reclamo de las víctimas, sino que busca dar certeza jurídica, proteger el principio de progresividad de los derechos humanos y centrar los esfuerzos en la aplicación efectiva de las leyes vigentes.

Enfatiza que se recogieron puntualmente las propuestas y preocupaciones de las y los diputados y las observaciones de los órganos técnicos especializados y con base en ello se llevó a cabo un análisis riguroso, técnico y jurídico para sustentar el dictamen.

La Comisión reconoce la gravedad de la crisis de desapariciones en México y la legitimidad del reclamo social de verdad y justicia.

Señala que la iniciativa dictaminada surge de esa preocupación genuina; sin embargo, los derechos planteados ya se encuentran en el marco legal vigente, particularmente en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y en la Ley General de Víctimas, en los artículos 70, 87 y 138.

Además, de acuerdo con las opiniones técnicas del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la reforma podría debilitar el marco actual al suprimir garantías más amplias como el acceso a asesoría jurídica y a medidas de ayuda psicosociales, sustituyéndolas por derechos más limitados.

Por tanto, consideran que la propuesta duplicaría disposiciones ya vigentes con riesgo de generar incertidumbre en la interpretación y aplicación de la ley.

Por otra parte, sostienen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha subrayado la importancia del sigilo en la etapa inicial de las investigaciones y ampliar sin límites la obligación de información podría facilitar filtraciones de información y beneficiar a los perpetradores.

Al respecto, la diputada Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (Morena) agradeció que sus observaciones en esta propuesta fueran integradas, así como de los organismos especializados.

Ante estos argumentos las y los diputados de esta Comisión acordaron aprobarla en sentido negativo y turnarla a la Mesa Directiva para su procedimiento legal conducente.

Asuntos generales

La diputada Domínguez Serna hizo del conocimiento de las y los integrantes la designación del licenciado Silvestre Arizmendi Torres como secretario técnico de la Comisión.

También, informó que el 14 y 15 de octubre se realizará el foro “El Centro de Paz, Libres de Violencia y Emocionalmente Seguro”, en coordinación con el Colegio Nacional de Consejeros en Prevención de Conductas Antisociales.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados