Ciudad de México, 7 de octubre de 2025

La diputada de Morena pide asumir esta responsabilidad con visión de futuro, a fin de garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos jurídicos

La diputada Marisela Zúñiga Cerón (Morena) exhortó a los congresos locales a armonizar su legislación con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos jurídicos.

Asimismo, en conferencia de prensa, informó que, en un punto de acuerdo, solicitó a los poderes Ejecutivos y Judiciales coadyuvar en la presentación de iniciativas y homologaciones, así como establecer convenios con el notariado mexicano y organizaciones de la sociedad civil para capacitar al personal.

La diputada Mónica Herrera Villavicencio (Morena), secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, manifestó su respaldo al exhorto de su compañera de bancada y recordó que la discapacidad no es ajena a nadie, no ve colores, geografía, ni estatus socioeconómicos.

“Este punto de acuerdo garantiza los derechos de las personas con discapacidad en la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual entrará en vigor a más tardar el 1 de abril de 2027”, indicó.

Explicó que este decreto establece que cada uno de los congresos locales deben emitir una declaratoria de entrada en vigor, de lo contrario, se pone en riesgo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y solamente lo ha hecho la Ciudad de México.

A su vez, Ruth López Gutiérrez, directora general del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, sostuvo que se requiere colaboración, voluntad política y compromiso con la justicia y, sobre todo, con la justicia social de los 32 poderes Ejecutivos, Judiciales y Legislativos de la República a fin de garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad ante la próxima entrada en vigor Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

“Este llamado no es un simple trámite legislativo, es una urgencia de justicia y ética porque de la armonización normativa depende que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestra capacidad jurídica, tomar decisiones sobre nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestra salud y nuestro futuro”, subrayó.

Expuso que la capacidad jurídica es un derecho llave que da acceso a otros derechos como la educación, el trabajo y la salud. “Reconocer la capacidad jurídica es reconocer humanidad, autonomía y, sobre todo, dignidad de nuestro colectivo”, asentó.

López Gutiérrez apuntó que la entrada en vigor del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares abre una oportunidad histórica para avanzar en esta dirección, pero también establece responsabilidades concretas, como generar mecanismos, recursos y salvaguardas para que ningún estado quede rezagado, a fin de que las consultas sean una práctica constante, vinculante y efectiva.

Marco Antonio Hernández, director de la Agenda de Personas con Discapacidad de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aseveró que sin capacidad jurídica no hay derechos, por lo que resaltó la interdependencia que este derecho tiene con otros que están vinculados.

Destacó que se tiene que reconocer la capacidad jurídica de este sector también desde la vida independiente a la que aspiran, porque, advirtió, mientras sigan existiendo los mecanismos de tutela y los juicios de interdicción, continuará en riesgo el derecho a vivir de manera independiente y ser incluido en la comunidad, así como el derecho a la participación pública y política, a la consulta, a la educación, al trabajo y a la salud, entre otros.

Ernesto Rosas Barrientos, de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de Personas con Discapacidad, sostuvo que esta legislación permite a las personas con discapacidad tomar sus propias decisiones con la asesoría, orientación y acompañamiento del cuidador y el apoyo que se designe para distintos actos jurídicos y administrativos.

“Es todo un paradigma que indudablemente cumple con lo estipulado en la Convención por los Derechos de la Personas con Discapacidad, del cual México es parte y sin duda esto garantizará un mejor ejercicio y acceso a la justicia de las personas con discapacidad”, externó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados