Ciudad de México, 15 de octubre de 2025

Intervinieron representares de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC

Diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC, en sesión vespertina, emitieron comentarios sobre el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas modificaciones de la Ley Federal de Derechos.

Ajustar cuotas y tarifas con el costo real de los servicios

El diputado Francisco Javier Estrada Domínguez (Morena) explicó que el objetivo de la Ley Federal de Derechos es ajustar las cuotas y tarifas para que sea un reflejo con el costo real de los servicios públicos; fortalecer la política migratoria y los controles fronterizos ante el incremento del flujo internacional, e impulsar la modernización de servicios y simplificación de trámites en el sector financiero, sanitario y tecnológico, entre otros.

Detalló que, en política migratoria, con el objeto de optimizar los controles migratorios en los lugares destinados al tránsito internacional se aumentan las cuotas para visitantes sin permiso de trabajo. Además, agrega un descuento del 50 por ciento en casos de unidad familiar, oferta de empleo nacional e invitaciones culturales.

Dijo que se plantean adecuaciones a los derechos por estudio y trámite de cualquier solicitud de inscripción de valores y se ajustan algunas cuotas para cubrir los costos que se generen en la prestación de los servicios sanitarios, aeronáuticos, fitosanitarios y zoosanitarios.

La política económica del gobierno es totalmente recaudatoria

Por el PAN, la diputada Noemí Berenice Luna Ayala resaltó que el gobierno propone para 2026 que todos paguen más, pero los beneficios no llegan a la gente. Con esta reforma se aumentan cuotas hasta del cien por ciento en trámites migratorios, 16 por ciento en servicios financieros y se elevan los costos en sanidad, aviación, telecomunicaciones y agua, “pero no hay una sola medida que diga que se va a devolver algo a las comunidades que más lo necesitan”.

Reconoció que es justo que el Estado cobre por los servicios que presta, “pero también que los recursos regresen a donde se generan”; eso es lo que “este gobierno ha olvidado: la justicia fiscal”.

Se aumentan los costos migratorios, pero no hay inversión en seguridad fronteriza, suben los derechos sanitarios pero los hospitales siguen sin medicinas; se crean nuevas cuotas en telecomunicaciones, pero las comunidades rurales no tienen internet. “La política económica del gobierno es totalmente recaudatoria”, señaló.

La recaudación es una herramienta para alcanzar la justicia social

Del PVEM, el diputado Óscar Bautista Villegas aseguró que la actualización de los derechos que el Estado cobra por el uso y goce del aprovechamiento de los bienes nacionales no es una mera medida contable sino es una decisión política responsable que busca que cada contribución refleje el valor real de los servicios públicos, la preservación de los recursos naturales y la corresponsabilidad ciudadana en el bienestar colectivo.

Externó que se fortalece la capacidad financiera de estados y municipios, promoviendo una distribución más equitativa de los ingresos públicos. Esta Ley se convierte en un mecanismo verde de financiamiento, donde se impulsan acciones de restauración, manejo forestal, conservación del agua y transición energética justa. 

Mencionó que México avanza hacia una nueva concepción de la responsabilidad fiscal, donde la recaudación no es un fin en sí mismo sino una herramienta para alcanzar la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo equitativo de cada una de las regiones.

Votamos por un Estado con recursos suficientes

El diputado Luis Armando Díaz (PT) aclaró que el dictamen va más allá de una simple actualización de cuotas, es una oportunidad para reafirmar el papel del Estado como motor del desarrollo, justicia y modernización.

La Ley Federal de Derechos es el reflejo de cómo se administran los bienes y cómo se retribuyen los servicios públicos. Con el dictamen se da un paso firme para fortalecer a las instituciones, adecuar el marco fiscal a la realidad del siglo XXI y asegurar que el progreso de México sea equitativo y sostenible, precisó.

Resaltó que la Ley no es solo para el cobro de derechos por el uso de bienes públicos o por la prestación de servicios por parte del Estado, es parte del pilar financiero que sostiene servicios esenciales para la ciudadanía en materia de salud, migración, cultura y desarrollo económico; se actualizan las cuotas de acceso a museos y zonas arqueológicas y asegura recursos para áreas estratégicas. “Votamos por un Estado con recursos suficientes para garantizar el bienestar de la gente”.

Hay aumento en los derechos para museos

El diputado Jericó Abramo Masso (PRI) comentó que se debe construir un acuerdo para mejorar las finanzas públicas y hoy el debate empieza con derechos; sin embargo, se debe afirmar que “sí hay nuevos impuestos e incrementos de los existentes en el paquete que nos manda el gobierno de la República”, principalmente en el IEPS donde se está proponiendo un incremento a los refrescos y al comercio digital.

Refirió que, en materia de derechos, hay incrementos importantes a los museos, ya que en la zona 1 de museos, de pagar 95 pesos, se sube la cuota a 209 pesos, un 118 por ciento de incremento para que las familias de México puedan asistir a un museo. En la zona 2 es de 99.5 por ciento de incremento y en la zona 3, 68 por ciento de incremento.

 “Esta Ley de Ingresos no fortalece las finanzas públicas, solamente busca subir impuestos y lo está demostrando de manera muy clara con el incremento al IEPS, a los museos y a los ahorradores, de casi el 80 por ciento”, puntualizó.

Se atenta contra los derechos de la ciudadanía

Eduardo Gaona Domínguez, diputado de MC, afirmó que con el Paquete Económico en materia de derechos se están violentando derechos humanos a la gente que menos tiene, pues se busca imponer nuevas tarifas e incrementos, aunque se diga que son actualizaciones a los migrantes, “se habla de discriminación”.

Esta ley, añadió, atiende el tema de privar de la cultura a personas de bajos recursos, al incrementar las tarifas para el acceso, por ejemplo, a museos y zonas arqueológicas.

Manifestó que se eliminan las exenciones en agua, lo que va a tener un impacto directo en las zonas rurales y más pobres del país; incrementan los cobros a empresas de telecomunicaciones, a negocios que aportan capital a este país. Propuso un sistema fiscal progresivo y justo, pero que no vaya en contra de las Mipymes, de la clase media y de los que menos tienen; se plantea un federalismo hacendario y eficiencia en el gasto.

Posturas a favor y en contra

El diputado Ernesto Sánchez Rodríguez (PAN) expresó que de aprobar la Ley General de Derechos se deben generar contrapesos y que cada peso cuente con nombre, apellido y domicilio; la norma no tiene forma ni fondo. “De qué sirve subir las tarifas si el dinero no está en donde tiene que servir. Debemos lograr que el tema de derechos llegue directo a la ciudadanía”. 

Para la diputada Leticia Farfán Vázquez (Morena) la Ley Federal de Derechos no es solo un compendio de obligaciones sino un instrumento esencial de política pública, a fin de garantizar la capacidad operativa del Estado; se actualizan los derechos sobre el uso del agua y las descargas de aguas residuales. “Es prioritario optimizar el uso y aprovechamiento de los bienes que conforman el patrimonio de las y los mexicanos”.

Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, diputada de MC, aseguró que el dictamen no estimula la inversión, no apoya al campo, no impulsa a la micro y pequeña empresa. Aumentar derechos sin mejorar servicios, es un abuso. La Ley de Derechos y los incrementos en el IEPS no solo son una medida fiscal sino una carga directa al bolsillo de las familias mexicanas.

La diputada Rosalia León Rosas (PT) argumentó que se trata de un dictamen integral, responsable y necesario; es una propuesta que ajusta cuotas y actualiza conceptos claves, garantizando que el Estado cuente con los recursos suficientes para brindar servicios públicos de calidad, bajo los principios de justicia contributiva, equidad y proporcionalidad.

El diputado Juan Moreno de Haro (PRI) rechazó la propuesta de la Ley Federal de Derechos contenida en el Paquete Económico 2026, “porque no se trata de una actualización técnica ni de una medida de eficiencia recaudación, sino es un nuevo golpe al bolsillo de las personas, al sector productivo y a los servicios esenciales del país, ante incrementos en materia migratoria, permisos de trabajo, a los residentes temporales y permanentes, sector aeronáutico y marítimo”.

A su vez, la diputada Juana Acosta Trujillo (Morena) indicó que el dictamen actualiza la Ley Federal de Derechos, lo cual es necesario para adecuar el marco legal a las reformas más recientes y, sobre todo, a la realidad social y económica del país; es un paso firme hacia una administración pública más justa, eficiente y cercana a la ciudadanía.

El diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) subrayó que la Ley Federal de Derechos 2026 propone aumentos que “lejos de aliviar” terminarán pesando sobre quienes menos tienen; la reforma va a lastimar a las familias, a los migrantes, al turismo, a la cultura, a las telecomunicaciones y va a impactar en los derechos de los menores de edad y sobre los servicios migratorios; se duplican las tarifas para acceder a zonas arqueológicas.

La diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) consideró que esta Ley es una herramienta clave para fortalecer la capacidad del Estado, mejorar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía y asegurar una distribución más justa y eficiente de los recursos públicos. Al revisar las cuotas y bases de cálculo que cobra el Estado por los servicios que presta, lo que se hace es garantizar que esos cobros reflejen el costo real del servicio, eliminando rezagos y fortaleciendo a las instituciones responsables de su prestación.

Ana Isabel González González, diputada del PRI, sostuvo que esta no es una Ley Federal de Derechos, “es una ley de impuestos que está disfrazada para pegarle a los más pobres”. Los migrantes van a tener que pagar el doble si quieren residir, vivir, quedarse o estar de paso en México, y en cuestión de museos se aumenta el costo de acceso a ellos; se busca la oportunidad de tener impuestos y dinero con un fin recaudatorio.

En su turno, la diputada Azucena Huerta Romero (PVEM) expuso que la reforma reconoce la necesidad de fortalecer la recaudación fiscal, pero también de hacerlo con sensibilidad social; busca que quienes hacen uso de los bienes y servicios públicos contribuyan de manera proporcional y responsable al desarrollo nacional. Destaca la eliminación de la exención del derecho sobre el agua, con lo que se fomenta una adquisición más equitativa y responsable de este líquido. 

Para la diputada Silvia Patricia Jiménez Delgado (PAN) el dictamen se pretende presentar como técnico, neutro, administrativo, pero esconde una visión de país que pone la recaudación por encima de la justicia. Cuando una ley aumenta cobros a los migrantes, concentra recursos en el aparato fiscal, elimina fuentes de financiamiento e instituciones autónomas y abre espacios de discrecionalidad administrativa, “no estamos ante una actualización, estamos ante una regresión”.

De Morena, la diputada Claudia Rivera Vivanco precisó que, con esta reforma, en materia migratoria, se generan derechos para reforzar la seguridad en las fronteras y mejorar la atención humanitaria a quienes transitan por México. Se protegen los derechos humanos y las garantías de quienes se encuentran en situación vulnerable y se mantiene la exención a la Mipymes que soliciten inscripción simplificada al Registro Nacional de Valores.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados