Ciudad de México, 22 de octubre de 2025

Cumple con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

También aprobó dos dictámenes con puntos de acuerdo para exhortar a entidades federativas en materia de transporte

La Comisión de Movilidad, que encabeza la diputada Patricia Mercado Castro (MC), aprobó, con 14 votos a favor y 2 en contra, su opinión a favor del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, “pues cumple con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. 

La legisladora precisó que no hay propuesta concreta sino un análisis respecto a lo que este presupuesto tiene en materia de movilidad. La reflexión se centra en cómo los recursos de distintos ramos presupuestales inciden en la garantía del derecho a la movilidad.

Mencionó que el Ramo 9 Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, su presupuesto crece en un 9 por ciento, se reducen los programas de 43 a 17, se privilegian grandes proyectos de infraestructura, autopistas, ferrocarriles y aeropuertos. Y las implicaciones que esto tiene para la movilidad fortalece la intermodalidad y la conectividad nacional, pero el énfasis en infraestructura pesada puede marginar la movilidad cotidiana y local.

En el Ramo 12 Secretaría de Salud no hay aumento ni disminución de presupuesto; se fusionan cuatro programas de prevención en uno nuevo que se llama “Política de prevención y control de enfermedades”, en las implicaciones se pierden alrededor de 700 millones de pesos en prevención; sin embargo, este nuevo programa podría integrar el enfoque de seguridad vial, atención a víctimas y campañas de educación vial en coordinación con otras dependencias.

En el Ramo 18 Secretaría de Energía su presupuesto casi se duplica, la mayor parte se destina a soberanía energética y Pemex, pero abre oportunidad para impulsar la electromovilidad, infraestructura de carga, transporte eléctrico, proyectos piloto como el trolebús. Aunque no se observa un aumento explícito para movilidad eléctrica, se recomienda asignar parte de estos recursos adicionales a infraestructura de transporte cero emisiones, en coherencia con las metas climáticas.

En el Ramo 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano el presupuesto disminuye casi en 5 por ciento. El programa de Mejoramiento Urbano había sido el único instrumento federal con reglas de operación que incorporaban explícitamente criterios de movilidad en proyectos de vivienda y espacio público, se sustituye por el Programa Territorial para el Bienestar el cual tiene un menor presupuesto, lo que implica un retroceso.

Por ello, dijo, se recomienda una reasignación interna en Sedatu para ampliar en 158 millones de pesos el presupuesto del Programa Territorial para el Bienestar y reducir la misma cantidad al programa de Vivienda Social, cuyo presupuesto total es de 31 mil millones de pesos, lo que permite absolver el ajuste sin comprometer su viabilidad.  

En tanto, la diputada Alma Delia Navarrete Rivera (Morena) felicitó a la presidencia de la Comisión por el análisis de los distintos Ramos y propuso añadir un resolutivo a la opinión e incorporar en la redacción si es favor o en contra en el entendido de que no se pueden modificar cifras.

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) consideró importante sostener una reunión de trabajo con funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano para conocer su opinión respecto al presupuesto que tiene asignado en relación con este rubro.

Por su parte, el diputado Iván Peña Vidal (Morena) se sumó a la propuesta de generar una opinión que sea a favor y que los planteamientos y consideraciones se integren en el documento.

El diputado José Luis Montalvo Luna (PT) destacó la relevancia de que esta instancia legislativa emita una opinión respecto del presupuesto y si se plantea hacer ajuste se tiene que decir a qué Ramo se le quiere poner o quitar.

Estados Implementen protocolos ágiles para emergencias con materiales peligrosos

Durante la reunión, la Comisión también aprobó por unanimidad de 15 votos, el dictamen con punto de acuerdo que exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, con especial énfasis en aquellas que integran zonas metropolitanas, así como a sus secretarías de Movilidad, Seguridad Ciudadana, Obras Públicas, Protección Civil y demás instancias competentes, a:

Implementar protocolos de actuación interinstitucional más ágiles para emergencias con materiales peligrosos, incluyendo la coordinación de cuerpos de bomberos, protección civil, servicios médicos y fuerzas de seguridad, bajo un esquema de coordinación metropolitana única a través de los centros de mando correspondientes (C5 o sus equivalentes).

Del mismo modo, establecer horarios de circulación para camiones pesados (más de 3.5 toneladas) y de transporte de materiales peligrosos, restringiéndolos a periodos nocturnos en vialidades secundarias y urbanas, con sanciones progresivas por incumplimiento.

Asimismo, definir y demarcar vialidades exclusivas para el tránsito de camiones pesados y de unidades que transporten hidrocarburos y otras sustancias peligrosas, limitándolos a corredores logísticos primarios y excluyendo rutas residenciales de alta densidad, con el fin de garantizar condiciones seguras para la población y fortalecer la seguridad vial conforme al enfoque de sistemas seguros previsto en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

La diputada Mercado Castro detalló que se amplió el alcance del exhorto a las 32 entidades federativas porque el problema es de carácter nacional e interestatal. Se ajustó la redacción para que la Coordinación Interinstitucional se realice a través de los centros de mando que existan en cada entidad, ya que no todas las entidades cuentan con C5.

Asimismo, se amplió el ámbito de aplicación a todas las sustancias peligrosas y no solamente a hidrocarburos. Las acciones se vinculan expresamente con el enfoque de sistemas seguros, previsto en la Ley General de Movilidad para garantizar que las medidas se inserten dentro de la política pública nacional en la materia. El dictamen, dijo, se refuerza en experiencias internacionales como el acuerdo europeo ADR de la Unión Europea y la regulación española que delimita rutas, horarios y requisitos técnicos específicos para vehículos que transportan mercancías peligrosas.

La diputada proponente, Ofelia Socorro Jasso Nieto (PRI), expresó que el punto de acuerdo tiene como propósito evitar las tragedias como la que se suscitó en el puente de La Concordia en Iztapalapa, por lo que se tienen que regular los horarios de circulación de camiones pesados, definir vialidades exclusivas y fortalecer la coordinación interinstitucional para que ante cualquier emergencia la respuesta sea inmediata.

José Luis Montalvo Luna, diputado del PT, comentó que la Ciudad de México y el Estado de México cuentan en su normatividad vigente regulaciones para el tránsito de vehículos pesados y que transportan materiales peligrosos. Y es importante que las 32 entidades reciban esta invitación a regular o a cuidar que se aplique puntualmente la normatividad.

El diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) señaló que el resolutivo de la Comisión es noble debido a que se remonta a accidentes en todo el país y engloba a las 32 entidades porque hay estados que les falta generar normativa en la materia. En el Estado de México se ha legislado para prever los lamentables sucesos que obligan a ser más cuidadosos, estrictos en su regulación y aplicación.

Dejar sin efecto el aumento del transporte público de Aguascalientes

También se avaló, con 12 votos a favor y tres en contra, el dictamen por el que se exhorta a la Coordinación General de Movilidad de Aguascalientes, a dejar sin efectos el aumento de las tarifas del transporte público de personas en las modalidades de taxi, Transporte Colectivo Foráneo y Transporte Colectivo Urbano, publicado el 6 de junio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, y que entraron en vigor el 9 de junio del mismo año.

Asimismo, se solicita hacer públicos los estudios económicos, técnicos y financieros, dictámenes, análisis y resoluciones que sustentaron los incrementos de las tarifas del transporte público de personas, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Movilidad de Aguascalientes.

La presidenta explicó que el aumento a las tarifas del transporte público impacta de manera negativa a la población usuaria sin que existan estudios técnicos y financieros suficientes que lo justifiquen como lo exige la legislación local. Señaló que el transporte público es un servicio esencial para garantizar el ejercicio del derecho a la movilidad y de otros derechos humanos como la educación, la salud y el trabajo.

Cualquier incremento en sus tarifas, dijo, repercute de forma directa en la economía de las familias, particularmente en aquellas con menores ingresos, que destinan una mayor proporción de su presupuesto al gasto en transporte. “De ahí que la justificación de los ajustes tarifarios deba ser clara, transparente y acompañada de una explicación pública que permita a la ciudadanía comprender la proporcionalidad y necesidad de los aumentos”.

La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz (PAN), vía remota, dijo que este dictamen tiene una muy buena intención, pero se desconoce el contexto económico y operativo que enfrenta el servicio de transporte, porque existe el incremento en los costos del combustible, las refacciones y el mantenimiento. Por ello, dijo, que su grupo parlamentario está en contra.

En tanto, el diputado Hernández Pérez, señaló que son respetuosos de la autonomía de cada entidad federativa, pero este exhorto acredita que la autoridad de Aguascalientes no presenta los estudios técnicos para el aumento de tarifa y no se puede esperar a que el estado brinde los argumentos técnicos, porque sería una actitud dilatoria.

Asuntos generales

En este apartado, la diputada Mayra Espino Suárez (PVEM) comentó que un grupo de transportistas se acercó a ella para poner en consideración de la Comisión un proyecto de movilidad en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Conteras, por lo que el licenciado José Luis Salazar asistió a esta reunión para exponer sus planteamientos.

Al respecto, Salazar expuso que lo que proponen es una administración centralizada de los ramales alimentadores operada por personas que conocen el territorio y trabajar bajo metas e indicadores definidos por la autoridad, frecuencias claras de 10 a 15 minutos, eliminar paradas informales, supervisar la operación en campo, así como seleccionar una flota compacta y de bajas emisiones para pendientes y calles estrechas.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados