Ciudad de México, 30 de octubre de 2025

La reciente emisión del dictamen sobre la Ley General en materia de extorsión por parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados representa un avance significativo en la consolidación del Estado de derecho en México.

Esta iniciativa, impulsada por la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y enriquecida con aportaciones de legisladores de diversos grupos parlamentarios, refleja una voluntad de unidad y corresponsabilidad institucional frente a uno de los delitos que más afectan la tranquilidad ciudadana.

Durante años, la extorsión se ha manifestado con múltiples rostros: desde el “cobro de piso” hasta las amenazas telefónicas que vulneran hogares y negocios. La dispersión legislativa con 32 tipos penales distintos y sanciones desiguales dificultaba su combate eficaz.

Hoy, la propuesta de una Ley General de aplicación nacional da respuesta a esa fragmentación, buscando ofrecer un marco uniforme, justo y coherente que refuerce la coordinación entre Federación y entidades federativas.

El dictamen se distingue por su enfoque integral. No solo tipifica de manera clara el delito y sus agravantes, sino que también fortalece la protección a víctimas y testigos, promueve la denuncia anónima y garantiza la investigación oficiosa, medidas que reducen el temor y fomentan la confianza en las instituciones. De igual modo, la creación del Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión simboliza el compromiso del Estado con la atención cercana, humana y tecnológica hacia quienes sufren este delito.

Particular relevancia tiene la atención al fenómeno penitenciario.

Las disposiciones que obligan al bloqueo de comunicaciones ilegales en centros de reclusión buscan cerrar una de las principales fuentes de extorsión, reforzando la política de cero impunidad y de responsabilidad directa de las autoridades penitenciarias.

Ciertamente, los retos son amplios: coordinar competencias, garantizar proporcionalidad en las penas y dotar de recursos suficientes a las instituciones. Pero el espíritu del dictamen es claro: unir esfuerzos, no fragmentarlos. La cooperación entre órdenes de gobierno, poderes públicos y ciudadanía será la clave para traducir este ambicioso marco legal en resultados tangibles.

En suma, la propuesta constituye un paso firme hacia una justicia más eficaz y protectora, que coloca a las víctimas en el centro de la acción estatal. Es una muestra de que, cuando prevalecen el diálogo y la convergencia de propósitos, el Congreso de la Unión puede construir acuerdos que fortalezcan la confianza ciudadana y la seguridad nacional. México avanza así hacia una respuesta más humana, coordinada y contundente frente a la extorsión, reafirmando su compromiso con la paz y la legalidad.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados