Ciudad de México, 9 de febrero de 2026

Porque la infancia no puede quedar sujeta a la discrecionalidad administrativa ni a las interpretaciones laxas de la ley, subrayó.

La diputada Beatriz Milland Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General para los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de garantizar el derecho a la convivencia familiar, al bienestar y al desarrollo integral de hijas e hijos de madres en reclusión.

Al respecto, refirió que desde que llegó al gobierno la Cuarta Transformación, ha convocado a cambiar la forma de gobernar, pero sobre todo la forma de mirar a quienes históricamente fueron invisibles y a poner en el centro de la vida pública a quienes durante años quedaron al margen del Estado.

Expuso que la situación de niñas y niños hijos de personas privadas de la libertad en México constituye una problemática estructural que ha sido históricamente atendida de manera fragmentada, incompleta y con un enfoque normativo limitado, particularmente cuando se trata de mujeres privadas de la libertad que conviven con sus hijas e hijos durante la primera infancia.

En ese sentido, indicó que si bien, el Estado mexicano ha reconocido la necesidad de proteger el vínculo materno-filial en contextos de reclusión, dicha protección se ha construido a partir de un modelo jurídico predominantemente maternocéntrico, que invisibiliza de forma sistemática la figura paterna y omite el principio de corresponsabilidad parental como eje del interés superior de la niñez.

Refirió que, en el sistema penitenciario mexicano, la convivencia de niñas y niños con sus madres privadas de la libertad se justifica jurídicamente como una medida excepcional orientada a preservar el vínculo afectivo durante las primeras etapas del desarrollo. “No obstante, esta medida se ha implementado sin un análisis integral que considere el conjunto de derechos de la niñez ni la pluralidad de figuras parentales que forman parte de su entorno familiar”, acentuó.

Milland Pérez detalló que el marco jurídico vigente parte de la premisa implícita de que el cuidado, la crianza y la responsabilidad afectiva de niñas y niños corresponde de manera casi exclusiva a la madre. Esta concepción, heredera de un modelo tradicional de familia, dijo, ha sido trasladada al ámbito penitenciario sin una revisión crítica desde la perspectiva de los derechos humanos.

Agregó que la invisibilización del padre en contextos de reclusión materna tiene efectos profundos y multidimensionales. En el plano emocional, limita la construcción de vínculos afectivos sólidos y diversificados. En el plano psicológico, incrementa el riesgo de afectaciones a la salud mental, tales como ansiedad, inseguridad emocional, sentimientos de abandono y dificultades en la formación de la autoestima y en el plano social, refuerza el estigma asociado a la niñez que crece en entornos penitenciarios y reduce sus redes de apoyo familiar y comunitario.

En ese contexto, la legisladora federal expuso la importancia de subsanar un vacío normativo estructural que ha limitado la eficacia del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes en contextos de privación de la libertad. “Si bien la legislación vigente reconoce derechos fundamentales de la niñez, no ha desarrollado mecanismos específicos para garantizar la corresponsabilidad parental ni para visibilizar la figura del padre cuando la madre se encuentra recluida y convive con sus hijas o hijos”.

La iniciativa propone reformas a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, específicamente en los artículos 23 y 44 para la protección de niñas y niños en contexto de reclusión, sea real, sea íntegra y sea efectiva. Se establece que, en el proceso de separación, se procure que el menor permanezca con el padre o con un familiar designado por la madre, fortaleciendo su derecho a vivir en familia y mantener vínculos afectivos estables.

De igual forma, se refuerza la obligación del Estado de garantizar condiciones de bienestar, alimentación adecuada, atención médica, espacios de recreación y acompañamiento psicológico para las niñas y los niños que permanezcan con su madre en un centro penitenciario. “Porque la infancia no puede quedar sujeta a la discrecionalidad administrativa ni a las interpretaciones laxas de la ley”, aseguró.

“Esta iniciativa no pretende imponer modelos rígidos ni desconocer la evaluación caso por caso; pretende algo más sensato y profundamente transformador: que el interés superior de la niñez sea el eje rector de toda decisión, que la justicia no se herede y que el encierro o la exclusión no se traduzcan en condenas anticipadas”, apuntó.

La propuesta de iniciativa se dio turno a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para dictamen.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados