Con 105 votos a favor y una abstención el Senado de la República autorizó a la titular del Ejecutivo Federal el ingreso a territorio nacional de 19 elementos de la Marina de los Estados Unidos, para que participen en un ejercicio de adiestramiento especializado, en colaboración con la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina.
Ciudad de México, 11 de febrero de 2026
Para proteger el patrimonio de las familias y prevenir abusos en el sector inmobiliario, las Diputadas Federales Iraís Reyes y Patricia Flores, de Movimiento Ciudadano, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para crear una “lista negra” de desarrolladoras incumplidas.
“El objetivo es crear el Registro Nacional de Proveedores Inmobiliarios, público y gratuito, para que cualquier persona pueda verificar, antes de firmar un contrato, si una desarrolladora tiene antecedentes negativos”, detalló Iraís, legisladora por Nuevo León.
“Miles de familias compran su casa o su departamento sin tener información clara sobre el historial de las empresas, y sabemos que en el mercado inmobiliario frecuentemente hay casos de incumplimiento y abusos”, agregó.
Iraís destacó que en México comprar una casa o departamento está acompañado de riesgo de fraude.
“En 2024 se detectaron y bloquearon más de 3 mil 800 intentos de fraude inmobiliario, un incremento de más del 58 por ciento respecto al año anterior. En muchos estados, las preventas se han convertido en un foco de riesgo: proyectos sin permisos completos, sin viabilidad urbana clara, que se comercializan anticipadamente y dejan a familias endeudadas y sin vivienda”, dijo.
“Y mientras eso ocurre, las empresas pueden cambiar de razón social, desaparecer y volver a empezar”, añadió.
Iraís explicó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) será la autoridad responsable del Registro, que concentrará información urbanística, administrativa y judicial de las desarrolladoras.
“El Registro incluirá las quejas o sanciones impuestas por la Profeco a las empresas inmobiliarias, procedimientos administrativos, demandas civiles o mercantiles, incumplimientos contractuales, irregularidades urbanísticas o sentencias penales firmes”, dijo.
“La información será proporcionada por las autoridades municipales, estatales y federales, así como por los tribunales civiles, mercantiles y penales”.
Iraís subrayó que la compra de vivienda suele ser la inversión patrimonial más importante en la vida de las personas y hasta la fecha se realiza con información desigual que favorece a las desarrolladoras.
“El Registro es un instrumento de prevención. Es permitir que una familia, antes de firmar, pueda saber con quién está contratando”, afirmó.
“Porque cuando hablamos de vivienda, el daño no es menor: son créditos hipotecarios de 20 ó 30 años; son ahorros completos entregados en preventa; son desarrollos que nunca se terminan; son obras clausuradas cuando ya se pagó el enganche”.
La iniciativa plantea que las empresas inmobiliarias estén obligadas a reportar información actualizada sobre su situación legal y administrativa.
“Para las desarrolladoras que no cumplan con lo estipulado, se prevén sanciones que van desde multas y suspensiones temporales hasta la cancelación del registro como proveedor inmobiliario”, dijo la Diputada Flores.
“Ya es hora de equilibrar la relación entre los consumidores y las desarrolladoras a través de la transparencia; esto ayudará a disminuir fraudes y pérdidas patrimoniales”, añadió.
Las legisladoras de Movimiento Ciudadano afirmaron que los compradores tienen derecho a información clara, verificable y oportuna antes de adquirir una vivienda por lo que el Registro Nacional de Proveedores Inmobiliarios será una herramienta real de protección para las familias mexicanas.
Texto y Fotografía: Cámara de Diputados