Ciudad de México, 13 de febrero de 2026

Especialistas coincidieron en que la figura es una medida que va en contra de los tratados de los que México forma parte

El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, coincidió con los ponentes en que se tiene que hacer una revisión amplia de la iniciativa para establecer la figura denominada como “jueces sin rostro”, con el fin de generar una reforma integral.

Este viernes se llevó a cabo la segunda mesa de análisis sobre la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal para reformar el Código Nacional Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Delincuencia Organizada, con el propósito de establecer la figura de “personas juzgadoras de identidad reservada”.

Durante el encuentro, Corral Jurado expresó: “¿Por qué no pensamos en una reforma mayor al Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, e, incluso determinar si realmente es en el Código Nacional de Procedimientos Penales donde debería ir una figura como esta o sólo es materia de la Ley Federal de Delincuencia Organizada?”.

El legislador dijo que la iniciativa es solo “una reforma muy parcial, que lo único que busca es una homologación, incluso en términos de lenguaje incluyente, con la reforma constitucional y la incorporación de jueces con identidad reservada”.

Por eso “vamos a continuar la discusión hacia una reforma más amplia, y a proponer una revisión de lo que es realmente todo el proceso penal acusatorio de nuestro país”, en el marco de una reforma integral.

Destacó que existe el reto de ajustar la figura de un juez independiente, imparcial, a la luz de los estándares internacionales. Pero si se tuviera que legislar hay que ir a una medida de controles muy estrictos, una motivación muy reforzada en términos de razones o argumentos para la aplicación de la figura, con una revisión periódica, precisó.

En ese sentido, consideró que es indispensable precisar la etapa procesal con mayor riesgo para un juzgador frente a una causa penal de delincuencia organizada, “ya que es lo que se intenta atajar”, así como definir si esta figura será activada por juzgadores y no por el Ministerio Público.

¿Hay alguna manera de hacer compatible esta figura o un sistema de protección frente al riesgo de delincuencia organizada con el estándar internacional de la Convención Internacional de la Convención Americana de Derechos Humanos?, preguntó Javier Corral a los especialistas.

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, consideró que el proyecto no funcionará como se plantea, por lo que se pronunció por realizar una reforma integral con la opinión de los expertos.

Los especialistas coincidieron en que la figura del “juez sin rostro” es una medida que va en contra de la convencionalidad de la que es parte México, lo que podría causar amonestaciones como las que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Perú y Colombia, donde implementaron esa figura.

Señalaron los diversos inconvenientes que la reforma podría causar, particularmente a los ciudadanos, así como algunas propuestas y áreas de oportunidad que podrían mejorar la reglamentación de lo ya dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Jorge Nader Kuri, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), propuso considerar la extensión de la figura del anonimato a todos los operadores jurídicos involucrados en los procedimientos penales, como los jueces de amparo, los magistrados e incluso al Ministerio Público, para poder garantizar la toma de decisiones sin presiones o riesgos para su integridad física.

La especialista en derecho penal, Mariana Cruz Castro, insistió en ajustar las leyes secundarias de la disposición constitucional más allá de modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, como ampliar las medidas de seguridad para los jueces antes de solicitar la modalidad de anonimato, medida que viola los derechos humanos y puede causar nulidad en los casos.

Rafael Beltrán Ramos, fundador de la firma Beltrán Abogados, planteó revisar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y precisar qué delitos señalados en su artículo 2 son susceptibles para la aplicación de la identidad reservada de los jueces, además de estipular que esta figura no la solicite el Ministerio Público, sino los mismos jueces.

El investigador del Inacipe, Alberto Enrique Nava Garcés, advirtió que el endurecimiento de una regla hace que ésta sea menos eficaz, además de que ello puede propiciar excepciones y que se amplíe peligrosamente; en el caso del anonimato de jueces, sostuvo que se corre el riesgo de que la figura se expanda a “fiscales sin rostro”, “testigos protegidos” y hasta “ministros sin rostro”.

Miguel Ángel de la Fuente Ponce, maestro del Centro de Posgrados de Puebla, pidió examinar el artículo 22 ter del Código Nacional de Procedimientos Penales pues seis de sus fracciones violan todas las presunciones de inocencia al momento de aplicar la identidad reservada de jueces, además de que tiene imprecisiones en su redacción que dejan abierta su interpretación.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores