Ciudad de México, 18 de febrero de 2026

Reforma histórica al Código Penal Federal eleva los estándares de protección contra el abuso sexual

La Cámara de Diputados aprobó en votación histórica la reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal en materia de abuso sexual, un avance legislativo que actualiza el tipo penal tras décadas de ambigüedad normativa, incorpora el consentimiento como elemento central del delito y establece un sistema de agravantes que protege de manera diferenciada a las víctimas en situación de mayor vulnerabilidad. La diputada veracruzana del PRI, Lorena Piñón Rivera, votó a favor y valoró el consenso alcanzado como un paso que el país le debía a millones de mujeres.

En entrevista, Piñón Rivera reconoció el valor del acuerdo legislativo que hizo posible la reforma y subrayó que el texto aprobado representa un cambio de paradigma al establecer que el consentimiento no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia física de la víctima.

“Esta reforma es valiente y es justa. El silencio en las leyes en materia de género, históricamente han favorecido a los agresores”, afirmó la legisladora, quien destacó que el consenso alcanzado entre distintas fuerzas políticas es en sí mismo una señal de que México está dispuesto a tomarse en serio la violencia sexual como problema estructural y no como asunto menor.

No obstante, la legisladora registró reservas al dictamen sustentadas en estándares internacionales de derechos humanos. Piñón Rivera planteó que la obligación de asistir a talleres reeducativos por parte de los agresores, si bien es un avance sustancial, requería precisar quién los imparte, con qué contenidos mínimos y bajo qué supervisión judicial, de modo que no se convirtieran en una formalidad sin consecuencias reales para el agresor ni en una garantía efectiva para la víctima. En su criterio, la acreditación de esas instituciones debería recaer expresamente en la Secretaría de las Mujeres y su incumplimiento debería aparejar la revocación automática de la suspensión condicional.

La congresista del PRI también argumentó la necesidad de incorporar una fracción XIII a las agravantes del artículo 260, que incrementara la pena cuando la víctima fuera una persona con discapacidad, perteneciera a un pueblo indígena o afromexicano, o se encontrara en situación de migración o desplazamiento forzado interno. Para Piñón Rivera, omitir la interseccionalidad en el texto legal significaba ignorar que no todas las mujeres enfrentan la violencia desde el mismo lugar de vulnerabilidad, y que la ley tiene la obligación de reconocer esa diferencia si aspira a ser verdaderamente protectora.

En materia de reparación integral, la diputada señaló que la reforma debía garantizar expresamente que cuando el agresor sea insolvente o se sustraiga a la justicia, el Estado asuma de manera subsidiaria y desde el momento de la denuncia la obligación de proveer atención psicológica especializada a las víctimas, sin condicionar ese derecho a la existencia de una sentencia condenatoria. Respaldó esta posición en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Ley General de Víctimas. “La víctima no debe esperar que el Estado le haga justicia para comenzar a sanar”, sostuvo.

Piñón Rivera cerró destacando que el valor histórico de lo aprobado no está reñido con la exigencia de perfeccionarlo. Recordó que también registró la necesidad de un Transitorio Tercero que obligara a la Fiscalía General de la República a emitir en 180 días los protocolos de investigación con perspectiva de género e interseccional, los lineamientos de acreditación de los talleres y el protocolo de atención inmediata a víctimas, todos con carácter obligatorio y con responsabilidad administrativa ante su incumplimiento.

“Legislar con perspectiva de género no es hacerle un favor a las mujeres: es cumplir la deuda histórica que este Estado tiene con ellas”, concluyó la legisladora veracruzana.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados