Ciudad de México, 3 de marzo de 2026

La diputada Martha Aracely Cruz Jiménez (PT) informó que promueve reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia a fin de establecer que la capacitación en materia de perspectiva de género sea obligatoria y permanente para todas las personas servidoras públicas de la Federación y las entidades, sin importar rango o jerarquía.

Además, que la capacitación incluya temas de prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y enfoque de derechos humanos y que, respecto a las comunidades, se incorpore una visión de interculturalidad.

En conferencia de prensa, Cruz Jiménez consideró que la ley para prevenir cualquier tipo de violencia contra las mujeres no ha sido suficiente, pues cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública son contundentes: en los últimos años se han registrado más de 6 mil 500 muertes violentas de mujeres clasificadas como feminicidios.

Asimismo, subrayó, en promedio, alrededor de 10 mujeres son asesinadas cada día en México y más del 80 por ciento de las víctimas de delitos contra mujeres fueron agredidas por hombres, generalmente su pareja o expareja.

En ese sentido, aseguró que uno de los mayores obstáculos para que la legislación funcione eficazmente es la ausencia de una capacitación obligatoria, permanente y evaluable con perspectiva de género para todas las personas servidoras públicas y las consecuencias son claras: impunidad y repetición.

“Hoy la ley habla de capacitación, pero no la establece como una obligación general, vinculante y continua para los tres niveles de gobierno y los tres poderes. Esto ha generado investigaciones deficientes, ministerios públicos que desestiman denuncias, policías que minimizan la violencia, jueces que reproducen estereotipos, instituciones que revictimizan. La perspectiva de género no puede depender de la voluntad individual, debe ser política de Estado”.

La diputada recordó que, en 2019, Argentina promulgó la “Ley Micaela”, tras el feminicidio de Micaela García y estableció la capacitación obligatoria en género para todas las personas que ejercen función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Más recientemente, agregó, el Congreso de Baja California, en México, aprobó la “Ley Dariela, que establece capacitación obligatoria y consecuencias administrativas por incumplimiento.

Por ello, reiteró que su propuesta plantea que la capacitación en perspectiva de género sea obligatoria y permanente para todas las personas servidoras públicas de la Federación y las entidades, en los tres poderes de gobierno sin importar rango o jerarquía. Asimismo, que sea anual, evaluable y con consecuencias administrativas en caso de incumplimiento.

Por otra parte, Cruz Jiménez apuntó que impulsa una iniciativa de reforma constitucional para establecer expresamente que ningún uso o costumbre puede justificar el matrimonio infantil en México.

“Ninguna unión forzada podrá ampararse en sistemas normativos comunitarios. El interés superior de la niñez prevalecerá sobre cualquier norma o costumbre y la libre determinación no podrá utilizarse para sustraer a menores de edad de la protección forzada que la Constitución y los tratados internacionales le otorgan”, señaló.

Aclaró que esta propuesta no elimina la autonomía cultural, sino que la armoniza con los derechos humanos, porque el matrimonio infantil no representa costumbres ni identidad; por el contrario, profundiza violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

“El matrimonio infantil niega el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo integral, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a vivir libres de violencia. No se trata de una práctica cultural legítima, se trata de una forma estructural de desigualdad que perpetúa pobreza, exclusión, violencia de género. Las niñas casadas enfrentan mayores riesgos de embarazos adolescentes con complicaciones médicas graves e incluso muerte materna, violencia física, sexual y psicológica, abandono escolar, dependencia económica”, finalizó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados