Ciudad de México, 25 de marzo de 2026

“Su objetivo no es emparejar la cancha, no es hacer más equitativo el proceso democrático, sino mantener el mismo poder”, advirtió el coordinador Clemente Castañeda.

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado votó en contra de la reforma electoral -denominada Plan B- por considerar que se trata de una regresión democrática para el país.

Al fijar el posicionamiento de la Bancada Naranja, el coordinador Clemente Castañeda señaló que es la primera vez en 30 años que una reforma electoral se construye desde el poder sin escuchar a los otros y con la finalidad de hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante.

“Toda reforma política, incluida toda reforma electoral, cuando viene únicamente desde el poder genera sospechas fundadas de que su objetivo no es emparejar la cancha, no es hacer más equitativo el proceso democrático, sino mantener el mismo poder”, advirtió.

“En Movimiento Ciudadano hemos tomado la decisión de rechazar este Plan B porque consideramos que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida pública de las y los mexicanos”.

Castañeda detalló que la modificación al artículo 35 constitucional para abrir la posibilidad de empatar las elecciones del 2027 con la revocación de mandato de la Presidenta desnaturaliza este instrumento de empoderamiento ciudadano.

“Lo que necesitamos no es que la Presidenta levante a Morena en la elección del 2027, necesitamos que levante a México”, subrayó.

“Los problemas de México no están para distraerse en la grilla electoral. No están para querer meter a la Presidenta de la República a la contienda electoral. De eso que se encarguen los partidos políticos, sus candidatas y sus candidatos. México lo que necesita es atención urgente de la Jefa del Estado mexicano para enfrentar los múltiples problemas que tenemos”.

La vicecoordinadora Alejandra Barrales consideró que con esta reforma se pretende retroceder el reloj de la historia 50 años y regresar al país a la época del partido único en el poder.

Expuso que este se trata del quinto intento de Morena por debilitar la democracia y que se trata de una iniciativa que atenta contra principios básicos de la Constitución como el federalismo y el municipio libre, aunado a que rompe con la no intervención de servidores públicos en procesos electorales.

“Esta iniciativa además por ningún lado aborda los verdaderos problemas de nuestros procesos electorales. En ningún lado se habla de la intervención del crimen organizado en estos procesos. No se habla tampoco del uso del aparato estatal en favor de candidatos del oficialismo. Tampoco se habla de la sobrerrepresentación que tanto hemos denunciado en este Senado”, apuntó.

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas acusó que esta iniciativa debilita los contrapesos institucionales, concentra ventajas en quien ya gobierna y vacía de contenido los mecanismos de participación ciudadana.

Agregó que permitir que el titular del Ejecutivo promueva activamente el voto a su favor durante el proceso de revocación convierte este ejercicio en un plebiscito de ratificación.

De igual manera, dijo que imponer un techo presupuestal a todas las legislaturas estatales y un máximo de 15 regidurías a todos los ayuntamientos viola el pacto federal.

“Esta iniciativa trastoca conquistas democráticas que a este país le costó décadas el superar y el construir. Las generaciones que forjaron nuestra democracia no lo hicieron para que regresáramos a un presidencialismo que decide, que influye y que participa abiertamente en las elecciones”, dijo.

La senadora Amalia García también se manifestó en contra de la centralización del poder que afecta la soberanía de las entidades federativas.

“Me parece un desacierto el intentar determinar desde el centro sobre la vida de los estados en materia de su hacienda estatal, que es producto de sus propios impuestos y que en todo caso lo decidan los congresos estatales”, compartió.

Sostuvo que Movimiento Ciudadano está a favor de recortar el presupuesto en los congresos locales, pero que sea a través de una decisión soberana de las propias legislaturas locales y no a través de un “centralazo”.

Mientras que el senador Néstor Camarillo advirtió que, con esta reforma, Morena busca concentrar el poder y debilitar las instituciones electorales.

“Las reglas democráticas no se cambian cuando vas ganando, se respetan para que todos puedan competir. No les basta con ser dueños del balón, tienen que comprar al árbitro y jugar siempre de locales en su cancha. Quieren de forma mañosa cambiar las reglas para nunca perder”, externó.

“No es menor lo que estamos discutiendo, no es un ajuste administrativo, es una decisión que impacta directamente en la calidad de nuestra democracia, porque lo que buscan es debilitar las instituciones, reducir los contrapesos y abrir la puerta para que toda la maquinaria gubernamental intervenga en los procesos electorales. Eso aquí y en cualquier democracia del mundo tiene nombre y se llama abuso de poder”.

---

Ciudad de México, 25 de marzo de 2026

Intervención del Sen. Clemente Castañeda Hoeflich para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano con relación al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución con el objeto de reducir privilegios y fortalecer la revocación de mandato

Toda reforma política, incluida toda reforma electoral, cuando viene únicamente desde el poder genera sospechas fundadas de que su objetivo no es emparejar la cancha, no es hacer más equitativo el proceso democrático, sino mantener el mismo poder. 

Por eso, una de las lecciones anticipadas de toda esta discusión tiene que ver con los orígenes del dictamen que hoy se pone a discusión. 

A diferencia de lo que ha pasado históricamente en este país en los últimos 30 años  de construcción institucional, de construcción democrática, en este momento se reeditan justamente aquellas prácticas que nos costó mucho trabajo superar. 

Durante los últimos 30 años, este país tuvo experiencias de enorme innovación institucional que permitieron configurar un sistema electoral más o menos justo, más o menos equitativo, y más o menos aceptado por todas y por todos. 

Desde la creación del INE en 1990, hasta el resto de reformas que hemos venido discutiendo aquí. 

Pero esa tradición democrática realmente se ha perdido, porque hemos perdido la posibilidad de escucharnos los unos a los otros. 

Y en democracia, compañeras y compañeros, hay que aprender a construir en la diferencia. De otra manera, cualquier reforma está destinada al fracaso, incluso construyendo los votos de la mayoría constitucional. Esperemos que este no sea el caso. 

En Movimiento Ciudadano hemos tomado la decisión de rechazar este Plan B porque consideramos que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida pública de las y los mexicanos. 

Pero vale la pena recordar que en los inicios de este ejercicio, porque no debe quedar en el basurero del olvido, se anunció la creación de una comisión presidencial que supuestamente generaría un amplio debate y una amplia discusión para tener una reforma de gran calado.  Y ha sido, compañeras y compañeros, me parece que lo tienen que aceptar, un rotundo fracaso. 

Anteriormente, las reformas electorales, decía, buscaban emparejar la cancha. Y hoy lo que pretende este dictamen, lo digo con todas sus letras, es hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante. 

Desde que Movimiento Ciudadano se dio cuenta que iríamos a una discusión sobre una reforma electoral, dijimos, vamos a hacer un planteamiento que le sirva a las y los mexicanos. 

No somos una alternativa que simplemente dice que no a la mayoría. Decimos cómo sí y ponemos sobre la mesa un ejercicio de discusión. 

Planteamos aquí una reforma integral que nos permitiera reducir 45 mil millones de pesos, bajándole el presupuesto a los partidos políticos y evitando la duplicidad de los órganos electorales. Que blindara nuestro sistema electoral contra la intromisión del crimen organizado. Que tradujera efectivamente representación de votos en representación de escaños y olvidáramos de una vez por todas las mayorías artificiales. Que planteara el voto obligatorio y que le dieran oportunidad a quienes ya tienen 16 años de ejercer en libertad su participación.

En síntesis, les planteamos y les pusimos a consideración una propuesta que planteaba más democracia y menos gasto. Y lamentablemente no se ha aceptado. 

Lo que recibimos el día de hoy, efectivamente, es una propuesta marcada por la austeridad, pero por la austeridad de las ideas. 

Es inconcebible lo que estamos discutiendo el día de hoy y lamento mucho que algo que se planteó como una gran transformación vaya a terminar en la imposibilidad de darnos mejores instrumentos y mejores herramientas para ir a los procesos electorales y para tener un sistema político moderno. 

No nos confundamos, lo más sustantivo y al mismo tiempo más negativo que plantea esta reforma, este dictamen, es que desnaturaliza por completo la revocación de mandato. 

En efecto, aceptar la modificación del 35 constitucional en los términos en los que propone la Presidenta de la República desnaturaliza un instrumento de empoderamiento ciudadano. 

Compañeras y compañeros, la revocación de mandato hoy existe en la Constitución desde 2019. ¿Y saben por qué? Porque nos pusimos de acuerdo todas las fuerzas políticas y generamos ese dispositivo constitucional para que se aplicara cuando se tenga que aplicar. 

No es cierto que votar en contra o votar por desechar este dispositivo en términos en los que lo está planteando sea antidemocrático. Todo lo contrario. 

El dispositivo permanece en la Constitución y es un acierto que este mismo Senado y la Cámara de Diputados hayan planteado en algún momento que era un despropósito vincular este instrumento de empoderamiento ciudadano con un proceso electoral, porque le quitaría el poder ciudadano al instrumento. 

No nos extraña que el día de hoy la coyuntura política que enfrentamos tenga a la mayoría y algunos de sus aliados tan nerviosos. 

Quizá de ahí venga la brillante idea de querer poner a competir a la Presidencia en el proceso electoral. Meter a la Presidenta de la República en la elección del 2027 es un despropósito. Lo decimos haciéndonos cargo de nuestras palabras. 

En Movimiento Ciudadano no vamos a impulsar bajo ninguna circunstancia la revocación de mandato de la Presidenta de la República. No, lo que queremos es que la Presidenta asuma su labor, que la Presidenta represente al Estado mexicano y que le cumpla a las y los mexicanos y atienda los múltiples problemas que hoy tiene nuestro país. 

Por eso lo que necesitamos, como ya se ha dicho aquí, no es que la Presidenta levante a Morena en la elección del 2027, necesitamos que levante a México. 

El resto de las propuestas que plantea el dictamen, déjenme decirlo, son sumamente limitadas y trato de explicarme brevemente. 

Primero, porque ya tenemos un tope constitucional a los privilegios. El 127 constitucional es explícito. Ninguna persona servidora pública puede ganar más que la Presidenta de la República. 

Tenemos artículos transitorios que fijan techos mínimos al ingreso de ministras, ministros, jueces y demás personal del Poder Judicial. Y también se impulsaron topes a las remuneraciones de magistradas electorales en la legislación secundaria. 

Es más, desde el 2021 tenemos una Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para evitar el despilfarro y los excesos.

En resumen, compañeras y compañeros, no estamos frente a una innovación institucional, estamos frente a una simulación discursiva. 

En Movimiento Ciudadano compartimos la preocupación de imprimirle racionalidad y austeridad al manejo de los recursos, pero hay que hacer un planteamiento serio, distinto, documentado y consensuado. 

Por supuesto que nos preocupa sobremanera la intromisión en las entidades federativas. Fijar un tope presupuestal anual a los congresos estatales desde la Constitución, cuando es una atribución de las propias entidades federativas, es realmente un despropósito. 

La pregunta, compañeras y compañeros, que yo les hago, sobre todo a las de la mayoría, es; ¿por qué si tienen mayoría en 27 de las 32 legislaturas locales no han hecho un ejercicio de austeridad republicana y han topado los ingresos de los propios congresos estatales? La verdad es que no hay convicción con el tema. 

Mención aparte merece el olvido de los municipios de este país. Nada más nos acordamos de ellos, termino presidenta, nada más nos acordamos de ellos cuando se trata de disminuir nada más en 59 municipios de los 2 mil 478 a sus integrantes nos acordamos del municipio.

Revisemos las condiciones presupuestales en las que están y el olvido en el que los tiene este gobierno en los últimos años. 

Compañeras y compañeros -termino, presidenta, por respeto al tiempo- los problemas de México no están para distraerse en la grilla electoral. No están para querer meter a la Presidenta de la República a la contienda electoral. De eso que se encarguen los partidos políticos, sus candidatas y sus candidatos. 

México lo que necesita es atención urgente de la Jefa del Estado mexicano para enfrentar los múltiples problemas que tenemos. 

Muchas gracias, buenas tardes.

Texto, Fotografía y Video: Grupo Parlamentario de MC en la Cámara de Senadores