Ciudad de México, 25 de marzo de 2026

El Pleno del Senado inició la discusión del dictamen para reformar cuatro artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para fortalecer la figura de revocación de mandato, reducir privilegios de empleados de los organismos electorales del ámbito federal y estatal, disminuir el gasto de los congresos locales y de esta Cámara, así como limitar las regidurías de los ayuntamientos.

El proyecto conocido como “Plan B” electoral, proviene de una iniciativa remitida por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, el 17 de marzo a la Cámara de Senadores, con el que se modifican los artículos 35, 115, 116 y 134 constitucionales y se proponen nueve disposiciones transitorias para su entrada en vigor.

Óscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, aseguró que esta reforma es de una gran “relevancia constitucional y democrática”, pues recoge una convicción profunda de que en México el poder “ya no se entiende como privilegio, sino como responsabilidad, y no como imposición, sino como mandato popular”.

Por un lado, explicó, se avanza en la eliminación de privilegios que durante décadas distorsionaron el ejercicio del servicio público; se pone fin a excesos, a beneficios injustificados y a “una lógica de élites que se alejaron del poder”; mientras que se fortalece la revocación de mandato como un “instrumento real de participación del pueblo de manera democrática”.

Sobre ese último punto, Cantón Zetina defendió que la revocación de mandato no es una “concesión simbólica”, sino una herramienta para que el pueblo ejerza su soberanía en todo momento; “este es el fondo de esta reforma, reconocer que en México el poder tiene un solo origen y destinatario: el pueblo”, resaltó.

El senador agregó que la reforma también abona por una cultura política donde “el poder se ejerce con humildad, con sobriedad y con responsabilidad”, además de que se apuesta porque “sea el pueblo el único garante del futuro de nuestra república”.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, coincidió en que este proyecto no solamente es una reforma constitucional: es una “definición” de cómo se concibe el ejercicio de las responsabilidades públicas, donde el poder se “ejerce con humildad” y el servicio público “es un deber y nunca un privilegio”.

Consideró que también se da un paso firme hacia el fortalecimiento de la democracia en México, ya que este principio, subrayó, “no puede reducirse a un momento electoral”, sino que la democracia “tiene que ser permanente, viva y participativa, por lo que el proyecto busca fortalecer la revocación de mandato para enfatizar que la soberanía reside esencialmente en el pueblo”.

El senador Inzunza Cázarez añadió que los ajustes a la integración de los ayuntamientos del país, pretende evitar distorsiones en la representación y asegurar que los recursos públicos se orienten directamente en beneficio de las comunidades.

El principio de austeridad republicana como eje rector del Estado “no es una política administrativa, se trata de un mandato ético y ahora mandato constitucional; se trata de entender que cada peso del presupuesto público pertenece al pueblo y que su uso debe responder a criterios de eficiencia, de honestidad y de justicia social”, subrayó.

La asamblea rechazó con 77 votos en contra y 39 a favor una moción suspensiva del proyecto presentada por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, del Grupo Parlamentario del PAN, quien argumentó en tribuna que el dictamen de la reforma debe ser devuelto a las comisiones dictaminadoras para una revisión más detallada.

Texto y Fotografía: Cámara de Senadores