1 de octubre de 2026

Como parte de los trabajos que realiza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en el análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el grupo de trabajo encargado de la temática de Desarrollo Social se reunió con rectoras de universidades, instituciones, especialistas en economía, organizaciones civiles y promotores del sector cultura, a fin de escuchar sus inquietudes y propuestas respecto de la proyección de recursos.

El diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), coordinador del grupo, explicó que el desarrollo social tiene una importancia central en la discusión del PPEF 2027 pues este determina en gran medida las políticas de Estado que inciden en las condiciones de millones de familias mexicanas.

Precisó que para 2027 el PPEF proponen 6.96 billones de pesos para el grupo funcional de desarrollo social, lo que representa el 56.5 de los recursos distribuidos y un incremento real del 5.7 respecto a 2026

“Más allá de los números en abstracto conviene preguntarnos lo que representan estos recursos para las personas, cómo se traducen en mejores servicios públicos, cómo contribuyen a reducir las desigualdades, cómo podemos garantizar que quienes más lo necesiten tengan acceso efectivo a derechos y oportunidades”, comentó.

La presidenta de la Comisión de Bienestar, diputada Ana Karina Rojo Pimentel (PT), destacó que la propuesta de presupuesto tiene un aumento nominal en Adultos Mayores, Discapacidad, Madres Trabajadoras, Mujeres Bienestar y Salud Casa por Casa, así como ajustes a la baja en Sembrando Vida y Emergencia Social Natural.

“Estas variaciones muestran que el análisis presupuestario debe revisarse, no solo en el monto total sino en la distribución de recursos y objetivos específicos de cada programa”, precisó.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, diputada Elizabeth Martínez Álvarez (PAN), consideró que el presupuesto debe traducirse en el interés superior de la niñez, servicios de protección y oportunidades que lleguen efectivamente a cada niña, niño y adolescente de México.

Puntualizó que se requiere fortalecer las procuradurías de protección y servicios especializados de acceso a la justicia, personal capacitado y de acompañamiento, además de que se tiene que articular la protección de la niñez y el cuidado para que trabajen de manera coordinada, pero para ello se necesitan políticas públicas con perspectiva de infancia, en su diseño y evaluación.

Participaciones

Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo, rectora de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, dijo que se necesita una ampliación del subsidio que reciben las instituciones de educación superior por 36 mil 800 millones de pesos, de los cuales 9 mil 500 millones serán para cubrir política salarial, incremento al salario mínimo, reformas a los sistemas de pensiones y jubilaciones, así como para un fondo solidario de mantenimiento y mejora a la infraestructura.

La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero, Leticia Jiménez Zamora, aclaró que el cien por ciento del presupuesto federal que reciben apenas alcanza para pagar la nómina de las y los trabajadores, por lo que se requiere que haya atención a las necesidades laborales o se potenciará el déficit en las instituciones educativas.

Por la Universidad Autónoma de Nayarit, su rectora, Norma Liliana Galván Meza, alertó que desde hace décadas heredan problemas estructurales relacionados con pensiones y jubilaciones, las cuales representan un gasto que va del 10 al 50 por ciento de la nómina en promedio. “Actualmente 17 universidades requieren de un subsidio adicional para financiar este sistema”.

Dena María Jesús Camarena Gómez, rectora de la Universidad de Sonora, enfatizó que las y los trabajadores de estas casas de estudio necesitan de un programa de recuperación salarial, pero dentro del PPEF no se consideran recursos para apoyar una política salarial. “El incremento de mil 370 millones de pesos considerado para las universidades es claramente insuficiente”.

Camila Lugo Porras, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. (CIEP), planteó que el Presupuesto 2027 debe contribuir a que la condición de afiliación a un sistema de seguridad deje de determinar las posibilidades de acceso a una atención oportunidad y de calidad. Pidió que el IEPS a bebidas embriagantes actual cambie a una cuota por mililitro de alcohol puro, lo que podría generar alrededor de 24 mil millones de pesos.

De Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Irma Janet Oropeza Eng señaló que los aumentos propuesto en el  PPEF 2027 van dirigidos al IMSS, ISSSTE, y a las secretarías de Marina y Defensa Nacional, sistemas que siempre han tenido mayor financiamiento, mientras que otros sistemas para población abierta no tendrán aumentos similares, lo que generará una brecha entre la población con y sin seguridad social.

El coordinador del Programa de Finanzas Públicas de México Evalúa, Jorge Eduardo Cano Anaya, apuntó que el presupuesto en salud se debe elaborar en función de las personas que se pretende atender, además de que es necesario avanzar a un sistema de salud universal, pero para ello se requiere de recursos, lo que podría financiarse con la aplicación de impuestos generales.

La titular del Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Lorena Villavicencio Ayala, informó que un tercio de los programas contenidos en el Anexo 18 dirigidos a niñas, niños o adolescentes se estanca o retrocede, algunos de ellos estratégicos como el de La Escuela es Nuestra y el de Expansión de Educación Inicial.

El vocero de la Red de Acción Sobre Alcohol, Luis Alonso Robledo Carmona, cuestionó que el Paquete Económico 2027 no contempla una actualización del impuesto aplicado a bebidas alcohólicas, incluso prevé una reducción en la recaudación.

De la Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública, Héctor Torres González opinó que el gasto público no es suficiente para las universidades, pago de nóminas de maestros y atención a la salud, a pesar de que el gasto del próximo año es el doble que el de 2018.

Topacio Victoria Cuevas Campos, cofundadora y directora del Taller de Obsidiana, propuso incorporar en el PPEF 2027 una estrategia transversal y vinculante para el sector artesanal mexicano bajo el reconocimiento del artesano como sector económico-cultural estratégico.

El representante del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales Folklóricos y Artes Tradicionales A.C., Juan Carlos Villegas Manríquez sugirió una reasignación presupuestal para etiquetar mil 781 millones de pesos para danza y artes tradicionales.

La investigadora del Programa Justicia Fiscal en Fundar, Paulina Castaño Acosta recomendó elevar en el corto plazo el presupuesto de la Secretaría de Cultura del 0.15 por ciento al 0.20 por ciento para alcanzar los 21 mil 200 millones de pesos.

En tanto, Jenny Tamara Ibarra Ruiz, fundadora de la Asamblea de Artes de la CDMX, consideró necesaria una redistribución presupuestal que implicaría recorte administrativo de grandes proyectos y festivales de alto costo y destinarlo a la creación, artistas, trabajo cultural y los territorios.

Enrique Olmos de Ita, director artístico de Neurodrama A.C., subrayó que año tras año “hay recortes al recorte”, lo que causa que el teatro y las compañías no se mantengan y artistas escénicos, junto con sus familias, vayan al subempleo o desempleo. “Debemos lograr una inversión pública mayor que ayude a crear un circuito de artes escénicas que se mueva por todo el país”.

Por su parte, Elisa Itzel Ramos Ramírez, directora de Equis Emergente A.C., solicitó reasignar el 1.1 por ciento del Programa de Prevención del Delito para destinarlo al Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados y la modificación de sus reglas de operación.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados