4 de octubre de 2026

POSICIONAMIENTO

Hoy la tecnología permite falsificar casi todo: una voz, un rostro, un documento, una página de internet e incluso un mensaje aparentemente emitido por una institución pública.

Y ahí existe un riesgo que debemos enfrentar: el robo de identidad gubernamental para defraudar a la población.

No estamos hablando de sancionar la crítica, la sátira, los memes ni las opiniones políticas. 

Estamos hablando de otra cosa: de personas que se hacen pasar por servidores públicos; utilizan logotipos, documentos, dominios electrónicos o imágenes oficiales; falsifican la voz o la imagen de una autoridad mediante inteligencia artificial, y utilizan ese engaño para pedir dinero, obtener datos personales o cometer un fraude.

Ya existen ejemplos muy concretos: páginas falsas que se hacen pasar por el IMSS para ofrecer supuestos recálculos de pensiones y después pedir depósitos; suplantaciones de instituciones públicas para exigir pagos; e incluso videos creados con inteligencia artificial que imitan a funcionarios o a la propia Presidenta para inducir a las personas a entregar su  dinero.

Por eso es necesario legislar. Porque la tecnología avanza y el derecho también tiene que avanzar. Los diputados de la derecha del PRI-AN y también los de MC se han dedicado a tergiversar y engañar a la gente con este tema. Le llaman “ley antimemes” y no es eso. Es robo de identidad gubernamental para estafar a la gente y eso lo debemos parar y sancionar. 

La propuesta establece un supuesto muy preciso: debe existir uso indebido de identidad gubernamental, intención de engañar e intención de cometer un ilícito. El documento señala penas de uno a cinco años de prisión y multas de mil a diez mil UMAs.

Que quede claro: nadie debe poder ponerse el rostro del Estado para robarle al pueblo. Nadie debe poder falsificar la voz de una autoridad para pedir dinero. Y nadie debe poder fabricar documentos oficiales para engañar a una familia y quedar impune.

Defender la libertad de expresión y combatir el fraude no son objetivos contradictorios. La crítica se protege; la sátira se respeta; la opinión política es libre.

Lo que se sanciona es utilizar fraudulentamente la identidad del gobierno para cometer un delito.

La inteligencia artificial no puede convertirse en una nueva herramienta para el viejo delito del fraude. La ley tiene que proteger a la ciudadanía también en la era digital.

DIP. DOLORES PADIERNA LUNA

VICECOORDINADORA DE ORGANIZACIÓN LEGISLATIVA 

GRUPO PARLAMENTARIO MORENA

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario de Morena en Cámara de Diputados