6 de octubre de 2026

La diputada Ana Erika Santana González (PVEM) organizó el foro nacional “Reformas y Retos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes”, donde se dio a conocer una propuesta de reforma que plantea ampliar de manera excepcional la duración del internamiento para adolescentes de 16 y 17 años a 10 años y definir con precisión las conductas en que podrían proceder y fortalecer la reparación del daño.

Al dar la bienvenida al encuentro, la legisladora señaló que una medida como esta requiere límites claros, decisiones judiciales individualizadas y una justificación rigurosa de su necesaria proporcionalidad, así como mirar el contexto en que ocurren estos hechos.

“Hay adolescentes cooptados por grupos delictivos, comunidades atravesadas por la violencia y familias que viven bajo amenazas; áreas violentas en un país que hoy se torna difícil transitar y habitar, y regiones marginadas donde no hay opciones mas que integrarse a grupos criminales, desafortunadamente”.

Santana González dijo que convocó a este foro para escuchar a quienes conocen el sistema desde la investigación, la ciencia, la práctica jurídica y el trabajo social, ya que sus aportaciones ayudarán a revisar el texto legislativo con seriedad antes de presentarlo a consideración de la Cámara de Diputados.

Afirmó que a las víctimas se les debe una respuesta, acompañamiento y respeto, y a la sociedad una ley capaz de sostener ambas obligaciones.

“Nos reúne el día de hoy una pregunta muy difícil y necesaria: ¿Cómo debe responder el Estado mexicano cuando una personas adolescente o menor de edad comete un delito grave?

“Hay diferentes puntos de vista, por lo que me congratulo que en esta mañana ustedes van a poder escuchar de viva voz los diferentes enfoques que nos dan las áreas distintas del derecho”.

Santana González sostuvo que la gravedad de un homicidio, un secuestro, una extorsión, trata de personas y la atención efectiva a las víctimas también exigen justicia y reconocer que “estamos ante personas en desarrollo sujetas a un sistema constitucional especializado y ninguna de estas obligaciones pueden hacerse a un lado, y la atención a la víctima también lo requiere.

“¿Debemos sancionarlas más y la sanción realmente va a inhibir la comisión de estos delitos? ¿En quién recae la responsabilidad, absolutamente en el menor o en sus padres o tutores? ¿Cómo podemos actuar como Estado? ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos que generar desde aquí? ¿Nos debe limitar realmente el presupuesto? Yo creo que no”.

En ese sentido, afirmó que, comprender estas circunstancias no borra la responsabilidad por el daño causado, pero sí permite al Estado responder con mayor justicia y eficacia.

Posteriormente, en conferencia de prensa, acompañada por la diputada, María Sandoval de Zarco, presidenta de la Barra de Abogadas, también organizadora del encuentro, planteó tres propuestas para reformar el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre ellas ampliar hasta 10 años la medida de internamiento para jóvenes de 16 y 17 años que cometan delitos de extrema gravedad.

Explicó que la primera propuesta parte de cuestionar si cinco años de internamiento son suficientes para atender delitos como homicidio, feminicidio y secuestro. “La respuesta que encontramos es no”.

Detalló que, para casos de extrema gravedad y cuando esté debidamente comprobado, sustentado y fundamentado el delito, podría aplicarse una medida de internamiento de hasta 10 años para adolescentes de 16 y 17 años, sin que esto represente un límite obligatorio.

Sandoval de Zarco señaló que el sistema debe centrarse en proteger al o la adolescente y garantizar la reparación integral de las víctimas, mediante herramientas que permitan la reinserción de la o el joven.

“El sistema integral de justicia para adolescentes tiene que centrarse en dos puntos principales: proteger al adolescente y ver de qué manera vamos a brindarle mejores herramientas para su futuro, y el segundo, brindar una reparación integral a las víctimas”.

Mencionó que la segunda propuesta plantea establecer una responsabilidad solidaria de madres y padres en la reparación integral del daño, sin que ello implique responsabilizarlos penalmente por los delitos cometidos por sus hijos.

“No buscamos castigar a los padres por los delitos cometidos por sus hijos, buscamos que en la reparación integral del daño los padres también puedan ser obligados solidarios”.

Indicó que actualmente las y los adolescentes deben responder exclusivamente con su patrimonio y, en muchos casos, carecen de recursos para cubrir las reparaciones. “Vemos reparaciones de daño de hasta 200 pesos mensuales a las víctimas, lo cual no es suficiente”.

Como tercera propuesta, sugirió incorporar a la legislación los delitos de homicidio y feminicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad con uso de violencia, posesión de sustancias ilícitas en modalidad de narcomenudeo, así como lesiones agravadas por consumo de alcohol y sustancias narcóticas y psicotrópicas.

La presidenta de la Barra de Abogados señaló que estas propuestas derivan de un análisis de la legislación frente a la realidad social del país y buscan fortalecer tanto la protección de los adolescentes como la atención y reparación de las víctimas.

“La propuesta que hemos formulado el día de hoy responde, como lo he comentado, a dos realidades que no podemos ignorar: la realidad social que vivimos en nuestro país y la protección que tenemos que seguir manteniendo a nuestros jóvenes de México”, concluyó.

Texto, Fotografía y Videos: Cámara de Diputados