7 de octubre de 2026

La diputada del PAN indica que con ese propósito busca reformar la Ley del ISSSTE, Ley del Seguro Social y la Ley General de Salud

Señala que en México el 75 por ciento de las personas trabajadoras reportan niveles de estrés laboral

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre de cada año, la diputada Liliana Ortiz Pérez (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Ley del Seguro Social y la Ley General de Salud para crear un nuevo protocolo de vigilancia clínica psicosocial e incluir una nueva encuesta nacional de salud mental en el trabajo.

En rueda de prensa, acompañada de diputadas de su bancada, explicó que el protocolo establecerá una ruta de atención clara para que la persona trabajadora pueda acceder voluntariamente, sin costo y sin afectar su salario, a acciones de detección y evaluación cuando existan señales de una posible afectación relacionada con su trabajo.

Asimismo, a partir de un tamizaje o cribado inicial se podrá determinar si es necesaria una evaluación especializada y, en su caso, realizar la referencia a los servicios correspondientes.

Ortiz Pérez detalló que la propuesta también contempla la contrarreferencia y el seguimiento para que la atención tenga continuidad y no termine en una primera valoración, y además establece responsabilidades para prevenir y generar información útil para el Estado.

“Los patrones deberán facilitar el acceso voluntario de las personas trabajadoras a las acciones clínicas y adoptar las medidas preventivas organizacionales que correspondan, pero sin tener acceso a sus resultados clínicos individuales que deberán permanecer confidenciales”.

La diputada mencionó que la iniciativa busca que la Secretaría de Salud (Ssa) coordine al menos cada cinco años una encuesta nacional de salud mental en el trabajo con la participación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), las instituciones públicas de seguridad social, y la colaboración técnica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Consideró que con dicha información se podrá conocer mejor la dimensión del problema, identificar dónde están los principales riesgos y diseñar políticas públicas de prevención y atención con evidencia

La diputada indicó que en México el 75 por ciento de las personas trabajadoras reportan niveles de estrés laboral, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 16 por ciento de las personas adultas mayores en edad de trabajar vivía con algún trastorno mental en 2023; además, depresión y ansiedad provocan cada año la pérdida de aproximadamente 12 mil millones de días de trabajo.

Ortiz Pérez expuso que en México ya se han documentado situaciones en las que personas trabajadoras han denunciado acosos, hostigamiento y violencia laboral, al advertir que cuando estas condiciones no se atienden a tiempo, las consecuencias pueden agravarse hasta comprometer seriamente su salud mental e incluso existen casos en los que el entorno laboral ha sido identificado como un factor de riesgo grave asociado con el suicidio.

Por eso, dijo que el reto no es esperar a que ocurra una tragedia, sino intervenir antes, pues “esto nos demuestra algo fundamental: los riesgos psicosociales no son un concepto abstracto (ya que) pueden convertirse en enfermedad, en incapacidad y en los casos más graves en pérdidas de vida”.

Ortiz Pérez consideró que el trabajo no debería enfermar y mucho menos poner en riesgo la vida de las personas, ya que los riesgos psicosociales son el estrés, el agotamiento, el acoso y la violencia laboral ya están afectando la salud de miles de personas.

“Necesitamos un México en el que una persona no tenga que esperar a estar al límite para pedir ayuda. Un México en el que cuidar la salud mental también sea parte de cuidar la salud laboral. Esta iniciativa no busca estigmatizar, ni señalar, busca prevenir, detectar y atender, busca que lleguemos antes” añadió.

En su oportunidad, Eva Yunue Cárdenas Marín, presidenta y fundadora del Colegio Nacional de Psicología Clínica para el Trabajo (Conapsit), señaló que el organismo busca participar técnicamente en la consolidación metodológica y administrativa de las iniciativas, particularmente en la construcción de un protocolo de vigilancia de la salud psicosocial.

Explicó que éste constituiría un segundo paso después de la aplicación de la encuesta obligatoria prevista en la Norma Oficial NOM-035, la cual obliga a los centros de trabajo a identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial.

Planteó la necesidad de impulsar una encuesta nacional de salud mental en materia laboral, ya que es indispensable contar con resultados “actualizados, contundentes y afines a nuestra población”.

Por su parte, la presidenta académica del Conapsit, Erika Villavicencio-Ayub, destacó que la salud mental debe ser considerada un tema central y respaldó la iniciativa de la diputada Liliana Ortiz.

Anotó que México enfrenta elevados niveles de estrés laboral y otras afectaciones, como depresión, ansiedad y violencia laboral, por lo que enfatizó en la necesidad de contar con un diagnóstico nacional que permita conocer las distintas realidades de los sectores laborales y de la población.

En ese sentido, propuso realizar un diagnóstico y una encuesta a nivel nacional que reúna las diferentes condiciones de los sectores, las características sociodemográficas y los distintos puestos de trabajo, a fin de contar con una primera fotografía que permita desarrollar acciones estratégicas y atender de manera preventiva las afectaciones a la salud mental.

La especialista explicó que la encuesta denominada Lensamet deberá contar con el respaldo colegiado y una metodología que garantice su confiabilidad para que sea una encuesta confiable, tenga la metodología necesaria”, sus resultados contribuirían a generar mejores condiciones laborales y avanzar hacia “espacios dignos”.

En cuanto al protocolo de salud psicosocial, sostuvo que la NOM-035 representa un punto de partida, pero aún existen brechas en la atención de las personas trabajadoras identificadas con posibles riesgos.

Por ello, consideró que el nuevo protocolo debe reforzar los mecanismos existentes y permitir una atención adecuada de quienes presenten afectaciones, con el propósito de favorecer entornos laborales más saludables y un mejor desempeño de las y los trabajadores.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados