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Piden crear cédula nacional de riesgo feminicida
El diputado Felipe Miguel Delgado Carrillo (PVEM) planteó crear la cédula nacional de riesgo feminicida, como instrumento técnico único, de aplicación obligatoria en toda la República, mediante el cual las autoridades administrativas, el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales midan y valoren el riesgo para la vida, integridad, libertad y seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.
Piden crear ventanillas especializadas para atender a familiares de personas desaparecidas y a víctimas de extorsión
22 de noviembre de 2026
El diputado Vázquez Ahued (MC) busca fortalecer mecanismos de denuncia, atención y respuesta por parte de las autoridades
Para que en la Fiscalía General de la República y en las fiscalías de las 32 entidades federativas se cuente con ventanillas especializadas para la atención inmediata de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas y para denuncias de las víctimas de los delitos en materia de extorsión, el diputado Pablo Vázquez Ahued (MC) impulsa una iniciativa.
La propuesta de reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política, se turnó a la Comisión de Justicia.
Establece que las ventanillas especializadas para la atención inmediata y personalizada de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas deberán estar dotadas de personal capacitado para garantizar su atención desde el primer contacto, facilitar su vinculación inmediata con las autoridades responsables de la búsqueda e investigación.
Deberán brindar orientación y acompañamiento individualizado, identificar sus necesidades y gestionar ante las instancias competentes el acceso a servicios de atención psicológica, asistencia y protección, incluidos los apoyos de traslado que requieran para participar en las diligencias correspondientes.
En tanto, las ventanillas especializadas para la recepción inmediata de denuncias y la atención personalizada de las víctimas de los delitos en materia de extorsión buscan brindar orientación desde el primer contacto, facilitar su vinculación con las unidades responsables de la investigación e identificar sus necesidades de atención, asistencia y protección.
Tendrían que proporcionar orientación, asistencia y acompañamiento individualizado durante los procedimientos correspondientes, gestionar ante las instituciones competentes el acceso a servicios de atención psicológica, asesoría jurídica y medidas de protección, así como facilitar, cuando corresponda, los apoyos de traslado que requieran las víctimas para acceder a los servicios y procedimientos relacionados con la atención del delito.
Plantea facultar al Centro de Atención a Denuncias por el Delito de Extorsión a garantizar la recepción de denuncias a través del número telefónico 089, plataformas digitales y demás mecanismos habilitados para tal efecto, su registro mediante la asignación de un folio único, la orientación a las personas denunciantes, la protección de su anonimato, cuando corresponda, así como la recepción, resguardo y canalización oportuna de la información y evidencia proporcionadas a las autoridades competentes, conforme a las disposiciones aplicables.
Incorpora mecanismos para integrar y analizar la información derivada de las denuncias recibidas, identificar patrones, modalidades y vínculos relacionados con los delitos en materia de extorsión; generar información estadística que contribuya a su prevención e investigación. El Centro contará con ventanillas de atención presencial para la recepción de denuncias, orientación y canalización inmediata de las personas denunciantes, así como mecanismos de vinculación con las ventanillas especializadas.
Para el cumplimiento de sus funciones, el Centro tendrá mecanismos de coordinación con la Fiscalía General de la República y las Fiscalías o procuradurías locales, las cuales, garantizarán la recepción oportuna de las denuncias e información que les sean canalizadas, confirmar su recepción y mantener los canales de comunicación institucional necesarios para su atención y seguimiento.
En la exposición de motivos de la iniciativa, el diputado Vázquez Ahued asevera que la desaparición de personas y la extorsión constituyen dos de los fenómenos delictivos que plantean importantes desafíos para la seguridad pública, la procuración de justicia y la protección de los derechos humanos en México.
Su magnitud, evolución en los últimos años y consecuencias para las víctimas y sus familias evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de denuncia, atención y respuesta por parte de las autoridades competentes, agrega.
Indica que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante 2025, 23 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de algún delito, mientras que en el 28.5 por ciento de los hogares del país al menos uno de sus integrantes experimentó algún hecho delictivo.
La extorsión se ubicó entre los tres delitos más frecuentes a nivel nacional, junto con el fraude y el robo o asalto en calle o transporte público. Aunado a ello, la ENVIPE 2026 considera que el 93.4 por ciento de los 33.8 millones de delitos ocurridos durante 2025 no fueron denunciados o no dieron lugar al inicio de una carpeta de investigación.
Por ello, el diputado de MC estima importante fortalecer las capacidades institucionales para atender a quienes enfrentan hechos delictivos, dado que la presentación de una denuncia constituye uno de los primeros contactos de las víctimas con las instituciones encargadas de la procuración de justicia, y su recepción no debe limitarse al inicio de una investigación penal, sino garantizar condiciones de accesibilidad, oportunidad, confidencialidad y respeto a los derechos.
En el caso de la desaparición de personas, es vital garantizar que la recepción de noticias, reportes y denuncias permita activar sin dilación los mecanismos de búsqueda e investigación; sin embargo, uno de los problemas en la atención institucional es la clasificación inicial de algunos casos de desaparición como delitos de privación ilegal de la libertad, lo que puede retrasar los protocolos, subraya.