Ciudad de México, 19 de septiembre de 2025

El legislador señaló que se busca garantizar procesos justos, respetuosos del debido proceso y con asesoría jurídica adecuada para los involucrados.

Advirtió que la ausencia de un marco legal claro ha permitido vulneraciones a los derechos fundamentales del personal educativo.

Con el propósito de salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes y del personal que integra las comunidades escolares, el diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez presentó una iniciativa para establecer un protocolo nacional de prevención, atención y resolución de situaciones de riesgo, violencia o conflicto escolar.

La propuesta, que adiciona el artículo 126 Bis a la Ley General de Educación, busca garantizar procesos justos, respetuosos del debido proceso y con asesoría jurídica adecuada para el personal educativo involucrado.

“Es indispensable que la autoridad educativa convoque a foros de consulta, mesas de diálogo y mecanismos de participación directa, a fin de considerar la voz de las y los trabajadores de la educación”, expresó el legislador priista.

Subrayó que corresponderá a las autoridades educativas locales armonizar su legislación y reglamentación conforme a los principios establecidos en esta reforma. Además, deberán elaborar y aplicar protocolos estatales específicos que aseguren el respeto irrestricto de los derechos humanos de toda la comunidad educativa: estudiantes, madres y padres de familia, docentes, personal administrativo y de apoyo.

“El respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes no puede lograrse a costa de vulnerar los derechos fundamentales de quienes les educan. Es momento de construir un equilibrio legal justo, que reconozca que la comunidad educativa es un tejido complejo donde todas las personas deben estar protegidas por la ley”, afirmó.

La iniciativa surge a partir de testimonios de maestras, maestros y personal de apoyo que han manifestado su preocupación por la falta de protocolos claros que les permitan salvaguardar su integridad física, emocional y laboral en contextos de conflicto o denuncia.

Agregó que estas situaciones, muchas veces derivadas de denuncias infundadas o maliciosas, han provocado afectaciones personales, familiares, administrativas, jurídicas y sociales de gran calado sin que existan protocolos claros que brinden garantías mínimas al personal señalado, ni medidas de protección que les permitan enfrentar estas circunstancias con apego al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.

“No son casos aislados. Representan una realidad sistemática que afecta la dignidad, la estabilidad emocional y laboral de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en el país”, reconoció el legislador.

El diputado Alejandro Domínguez advirtió que la ausencia de un marco legal claro ha permitido vulneraciones a los derechos fundamentales del personal educativo. Por ello, esta reforma busca recuperar la confianza del magisterio en las instituciones, evitar la criminalización preventiva, fortalecer la cultura de la denuncia responsable y construir entornos escolares donde se respeten los derechos de todas las personas.

Texto y Fotografía: Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados