6 de octubre de 2026

Afirma que las aduanas constituyen una de las principales líneas de defensa económica del país

Al fundamentar el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Aduanera, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), expresó que el objetivo es fortalecer la capacidad de la autoridad aduanera, para evitar que mecanismos de subvaluación y procedimientos previstos en la ley puedan ser utilizados para declarar mercancías por debajo de su valor y disminuir indebidamente las contribuciones.

Reconoció el trabajo de las diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión de Hacienda, lo cual permitió escuchar, debatir y presentar propuestas que posibilitaron modificar y enriquecer la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal.

La reforma –dijo– fue resultado de un proceso abierto plural y técnicamente sólido; se tuvieron reuniones con autoridades de la Agencia Nacional de las Aduanas de México y con los sectores social y privado, tales como los agentes aduanales especialistas y actores vinculados en el comercio exterior, quienes aportaron información especializada y propuestas para enriquecer el dictamen.

Mencionó que la iniciativa presentada por la titular del Poder Ejecutivo Federal parte de una realidad: que se debe atender las aduanas, fundamentales para la recaudación, para el comercio exterior y para combatir prácticas que afectan los ingresos públicos y la legalidad de las operaciones.

Hizo mención que el planteamiento central del dictamen, es fortalecer los mecanismos legales que permiten proteger el interés fiscal del Estado mexicano, combatir la evasión y cerrar espacios a conductas ilícitas que afectan las finanzas públicas, así como atacar de frente fenómenos que durante años han afectado al país, como es el contrabando de mercancía y el huachicol fiscal.

El diputado Carol Antonio resaltó que cuando se habla de aduanas no únicamente es el comercio exterior, se trata de ingresos públicos, de legalidad, de competencia y de seguridad nacional; por ello, el dictamen lo que busca es fortalecer el marco jurídico y generar herramientas de control y fiscalización para mejorar el sistema aduanero mexicano.

Resaltó que el objetivo es el combate frontal a la subvaluación de mercancías, misma que constituye uno de los mecanismos más utilizados para reducir artificialmente el pago de contribuciones, evadir controles y obtener ventajas indebidas en el comercio exterior.

Esta práctica –dijo– afecta la recaudación pública, perjudica la industria nacional y genera condiciones desleales de competencia, para quienes sí cumplen con sus obligaciones fiscales y aduanales; fortalece las facultades de comprobación de la autoridad cuando el valor declarado en un pedimento sea inferior al valor de transacciones de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a la ley.

Explicó que, en este caso las autoridades aduaneras podrán iniciar de oficio sus facultades de comprobación; “la finalidad es concreta: que una diferencia en el valor declarado pueda ser revisada por la autoridad mediante criterios y procedimientos establecidos en la propia legislación, protegiendo el interés fiscal y evitando que la subvaluación se convierta en una vía para disminuir indebidamente las contribuciones”.

De igual modo, elimina el umbral del 50 por ciento que actualmente limita la actuación de la autoridad aduanera en diversos supuestos; actualiza las disposiciones relacionadas con el embargo precautorio, la sustitución de garantías y la liberación de depósitos, fortaleciendo la capacidad institucional para proteger el interés fiscal sin apartarse de los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso.

Asimismo, fortalece las facultades de fiscalización de la autoridad sin afectar los mecanismos de defensa del particular, ni permitir que una mercancía permanezca indefinidamente afectada cuando se desvirtúen las causas que dieron origen al procedimiento de embargo.

En el proceso de dictaminación –externó– se hicieron modificaciones para perfeccionar la iniciativa, al incorporar un régimen sancionatorio reforzado para los casos relacionados con hidrocarburos y petrolíferos, estableciendo multas equivalentes de entre el 50 y el 100 por ciento del valor comercial de las mercancías, cuando se actualicen determinadas infracciones aduaneras vinculadas con este tipo de producto.

“Lo hicimos porque los hidrocarburos y petrolíferos son mercancías estratégicas para la economía nacional. La Comisión identificó que este tipo de mercancías ha sido utilizado de manera recurrente en esquemas asociados al contrabando y al huachicol fiscal, conductas que generan graves afectaciones a la hacienda pública y a los mecanismos de control del Estado mexicano”, aclaró.

Carol Altamirano precisó que la señal es clara:  quien utilice operaciones aduaneras para facilitar esquemas ilícitos relacionados con combustibles deberá enfrentar consecuencias proporcionales a la gravedad del daño que ocasiona al país.

Argumentó que las aduanas constituyen una de las principales líneas de defensa económica del país, ahí se protege la recaudación pública, a la industria nacional, la competencia leal y ahí se combate una parte importante de las redes que buscan obtener beneficios mediante la subvaluación, el contrabando, la evasión y el huachicol fiscal.

Por ello, “hoy esta soberanía tiene la oportunidad de fortalecer al Estado mexicano sin crear nuevos impuestos, sin afectar a quienes cumplen con la ley y sin obstaculizar el comercio legítimo. Vamos a votar una reforma que protege las finanzas públicas, que protege a la planta productiva nacional, que protege y fortalece la legalidad”, concluyó.

Texto, Fotografía y Video: Cámara de Diputados