Ciudad de México, 2 de octubre de 2025

Asistieron los subsecretarios de Ingresos y de Hacienda, el jefe del SAT y la procuradora Fiscal de la Federación

La Comisión de Hacienda y Crédito Público, que preside el diputado Carol Antonio Altamirano (Morena), se reunió con funcionarios superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para el análisis de las iniciativas del Paquete Económico 2026, en materia de ingresos públicos.

Antonio Altamirano consideró que la reunión es indispensable para seguir con los trabajos de dictaminación del Paquete Económico 2026, en la vertiente de los ingresos públicos que por ley se debe culminar a más tardar el 20 de octubre, para remitir la minuta correspondiente al Senado de la República 

La reunión –dijo– está dedicada al análisis de las iniciativas relativas a la ley Federal de Derechos, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como de la Ley de Ingresos de la Federación 2026.

Mencionó que la discusión que se ha iniciado parte de una valoración central: los ingresos públicos deben contribuir para alcanzar finanzas sanas y, al mismo tiempo, deben permitir al gobierno de la República recursos suficientes para atender las necesidades sociales y los proyectos de inversión. 

La meta de obtener 8.7 billones de pesos como soporte de las finanzas públicas no es sencilla y requiere un esfuerzo importante que debe ser guiado por la proporcionalidad y la justicia fiscal, precisó. 

“En la discusión de los ingresos públicos, añadió, es importante asumir el criterio general de que nadie puede ni debe exceptuarse de pagar los impuestos, que son una responsabilidad y una obligación de los ciudadanos para contribuir al desarrollo nacional como mandata la Constitución”.

Recordó que el encuentro deriva de un acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios que han decidido seguir un calendario de actividades en las que absolutamente todas las voces serán escuchadas, así como sus propuestas, ideas y valoraciones técnicas, lo que finalmente enriquece el debate. 

El diputado Carol Antonio observó que, si bien en el debate puede haber diferencias sobre la manera de encarar los retos de la hacienda pública, el llamado es a enfocarse en las coincidencias, pues los objetivos comunes son fortalecer las finanzas públicas, lograr que los recursos sean suficientes, el manejo financiero sea responsable y se cierren los espacios a la evasión y a la elusión fiscal. 

Hizo mención que desde la presidencia de la Comisión se impulsa el diálogo razonado en el que no se descalificarán las propuestas únicamente por su origen partidario. “Si hay propuestas formales que ayuden a mejorar las finanzas públicas, fortalezcan la equidad y sean viables desde el punto de vista de la responsabilidad hacendaria, hay que darles la bienvenida y entrarle al análisis particular para valorar si hay manera en que pudieran ser viables en favor del beneficio colectivo”.

Política de ingresos se basa en fortalecer eficiencia recaudatoria

En su primera intervención, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Carlos Gabriel Lerma Gotera, expresó que el paquete de ingresos 2026 es pieza fundamental del Paquete Económico que fue entregado a la Cámara el pasado 8 de septiembre, el cual mantiene su compromiso con la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, y sigue la encomienda de no contemplar nuevos impuestos.

Dijo que la política de ingresos se basa en fortalecer la eficiencia recaudatoria a través de mecanismos de prevención, detección y sanción de conductas que afectan la hacienda pública, como son el contrabando, la evasión y la elusión fiscal, con el fin de que todas y todos contribuyan de una manera justa y equitativa. Además, es un paquete que sigue los principios del humanismo mexicano, busca proveer los recursos necesarios para financiar programas sociales, inversión en infraestructura y los servicios públicos, entre otros.

 Hizo notar que los ingresos de 2026 parten del escenario de cierre contemplado para 2025 de 8.2 billones de pesos, los cuales se actualizan con las variables establecidas en los Criterios Generales de Política Económica que proyectan un crecimiento de la economía, una inflación convergente a la meta del Banco de México y un tipo de cambio en niveles competitivos. 

Expuso que para el ejercicio 2026 la propuesta contempla ingresos por 8.7 billones de pesos, 520 mil millones de pesos más o 6.3 por ciento en términos reales respecto al cierre estimado para 2025. Lo importante del paquete es la estrategia integral de recaudación que busca fortalecer los ingresos tributarios, considera la ejecución de los planes de negocio de los organismos y empresas del Estado, como son Pemex, CFE, IMSS, ISSSTE, entre otros. 

Agregó que la Ley de Ingresos 2026, como instrumento rector de la política respectiva, contempla ingresos petroleros por 1.2 billones de pesos, lo que representaría 1.9 por ciento más a lo contemplado para 2025, considerando una plataforma de producción de 1.79 millones de barriles diarios, 4.7 por ciento mayor al estimado de cierre y un precio promedio del barril de 54.9 dólares por barril.

En cuanto a ingresos tributarios sólidos, se estiman 5.8 billones de pesos o 5.7 por ciento más en términos reales, lo que por primera vez representará el 15.1 por ciento del PIB, producto del uso intensivo de herramientas digitales, acciones de fiscalización más efectivas y medidas propuestas. El crecimiento de la recaudación se basa en un desempeño económico positivo, un comercio exterior robusto y un consumo interno fuerte.

Los ingresos no tributarios por derechos, productos y aprovechamientos contemplan criterios de eficiencia y actualización de costos de las dependencias, por lo que la recaudación esperada para 2026 de estos ingresos es de 377 mil millones de pesos, 11.2 por ciento mayor en términos reales al cierre estimado, señaló.

El subsecretario Lerma Gotera externó que, para fortalecer la competitividad y el desarrollo, en el sector financiero se propone el cambio de base y la tasa de retención en operaciones de préstamos de valores, se actualizan algunos supuestos aplicables a las figuras jurídicas extranjeras que administran inversiones de capital privado en el país; se plantea utilizar el IEPS como instrumento de salud pública, inhibidor del consumo de productos que afectan el bienestar físico y social de las personas, al tiempo de generar recursos para mitigar sus efectos, al actualizar las cuotas en bebidas saborizadas y tabacos, ajuste a las tasas de juegos con apuesta y sorteos.

También se sugieren cambios en el Código Fiscal de la Federación para seguir combatiendo frontalmente y con más recursos jurídicos a las factureras y los esquemas de simulación. En la Ley Federal de Derechos 2026 se plantea actualizar las cuotas de derechos para reconocer el efecto de la inflación, en los que presta el Instituto Nacional de Migración por servicios a los extranjeros que ingresan a territorio nacional, como turistas, residentes, temporales o permanentes, derechos de acceso a museos, monumentos, sitios y zonas arqueológicos, 

Se estima que en 2026 la economía crezca entre 1.8 y 2.8 por ciento

La subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla Rodríguez recalcó que la planeación económica y financiera del país ha permitido mantener finanzas públicas sanas, una trayectoria estable de la deuda y fundamentos macroeconómicos sólidos, pues “si bien el entorno internacional aún presenta riesgos derivados de la incertidumbre y tensiones comerciales, nuestro país ha mostrado resiliencia. Contra pronósticos más pesimistas, nuestra economía ha sorprendido positivamente”.

Dio a conocer que para 2026 se estima que la economía crezca entre 1.8 y 2.8 por ciento impulsada por la inversión privada, el consumo interno, el dinamismo exportador y un marco fiscal que otorga certeza y estabilidad, y se ha trazado una agenda de mediano plazo para fortalecer las capacidades productivas y generar mayor valor agregado nacional, como es el Plan México.

El Plan –abundó– es una estrategia que busca que el país no solo exporte más sino fortalezca las cadenas de valor locales y potencie las vocaciones productivas de las regiones. Por ello, se cuenta con una amplia cartera de proyectos de inversión pública acompañada de inversión privada en sectores estratégicos, semiconductores, electromovilidad, farmacéutica, dispositivos médicos, petroquímica y aeroespacial. El Presupuesto 2026 contempla un gasto en inversión física equivalente a 2.5 puntos del PIB, un crecimiento real de 9.7 por ciento.

Indicó que entre los proyectos prioritarios destacan la expansión ferroviaria en los tramos AIFA-Pachuca y Querétaro-Irapuato, la modernización de corredores carreteros, así como el fortalecimiento de la infraestructura portuaria, hídrica y agrícola. También, se observa un proceso desinflacionario consistente, pues la inflación ha regresado al intervalo de variabilidad del Banco de México y acumula cinco quincenas por debajo del cuatro por ciento.

La funcionaria resaltó que para el siguiente año se propone un déficit de 4 por ciento del PIB y un nivel de deuda de 52.3 por ciento, cifras prudentes que garantizan recursos para la inversión estratégica y los programas sociales, preservando la sostenibilidad de la deuda y la confianza de los mercados, sin comprometer el crecimiento económico. 

En materia de financiamiento, adelantó que se continuará privilegiando el endeudamiento interno en moneda nacional a tasa fija y de largo plazo, con un énfasis creciente en instrumentos sostenibles alineados con los objetivos de desarrollo sostenible y principios ambientales, sociales y de gobernanza que permitan asignar recursos hacia actividades con impactos positivos en la sociedad y el medio ambiente. También, seguirá la implementación de la Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible.

Respecto al financiamiento externo, aseguró que se mantendrá como fuente complementaria para diversificar riesgos y apoyar proyectos de desarrollo económico y social; se buscará reducir el porcentaje de deuda externa dentro del total del portafolio del Gobierno Federal y las operaciones estarán orientadas a optimizar la estructura de costos y suavizar el perfil de vencimientos, reduciendo el riesgo de refinanciamiento; se examinarán nuevas fuentes de financiamiento para diversificar la base de inversionistas internacionales, al tiempo de realizar operaciones de manejo de pasivos que mejoran el perfil de vencimientos y las características del portafolio de deuda. 

Comentó que durante este año se han refinanciado 723 mil millones de pesos de la deuda interna, mientras que en el mercado externo se han realizado operaciones de manejo de pasivos por un monto equivalente a seis mil 94 millones de dólares, los cuales permitieron reducir en un 85 por ciento las amortizaciones de deuda externa previstas para el próximo año y así disminuir en 20 por ciento las amortizaciones programadas entre 2027 y 2031.

“Mantendremos la implementación de las estrategias de cobertura, tanto petroleras, de tipo de cambio y de tasas de interés, para reducir la exposición y volatilidad del portafolio, dando mayor certidumbre a los ingresos del gobierno y protegernos frente a escenarios adversos, garantizando una mayor estabilidad de los recursos públicos, lo que se traduce en mejores condiciones para la planeación y la sostenibilidad de las finanzas públicas”, añadió.

Resaltó que en materia de desastres naturales se mantiene una estrategia financiera que recombina presupuestos, seguros y bonos catastróficos, con el fin de proteger las finanzas públicas y garantizar el presupuesto oportuno ante emergencias. En ese marco, el Paquete Económico 2026 plantea un techo de endeudamiento interno neto del Gobierno Federal de un billón 780 mil millones de pesos y un techo de endeudamiento externo neto de 15 mil 500 millones de dólares.

Afirmó que México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos, inflación controlada, finanzas responsables, reservas robustas y un tipo de cambio fuerte. El gobierno promueve inversión, infraestructura y una economía más incluyente y sostenible. “Esto permite descartar escenarios de recesión y consolidar un crecimiento con bienestar para todas y todos”.

Lo recaudado superó la meta establecida en la Ley de Ingresos

El jefe del Servicio de Administración Tributaria, Antonio Martínez Dagnino, explicó que al 30 de septiembre del presente año se han recaudado cuatro billones de pesos, monto que en términos reales es un 6.9 por ciento superior al de 2024 y en 2.3 por ciento a la meta establecida en la Ley de Ingresos para el mismo mes. 

Subrayó que el Impuesto Sobre la Renta tuvo un crecimiento nominal de 203 mil millones de pesos y un aumento de 5.9 por ciento en términos reales, por concepto del Impuesto al Valor Agregado fueron110 mil millones de pesos, mientras que el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios creció en 48 mil millones de pesos.

Aseveró que con la aportación legislativa en materia fiscal se cerraron espacios de abuso y se dotó de herramientas más sólidas a la autoridad para el cumplimiento de los resultados alcanzados. “En materia de ISR se establecieron medidas que permitieron reducir la erosión a la base tributaria.

“Acudimos nuevamente a ustedes, al Congreso de la Unión, para solicitar su contribución en la construcción de una legislación que permita a la autoridad fiscal continuar con su labor de ente fiscalizador y vigilante del cumplimiento de las obligaciones”, planteó el funcionario.

Dio cuenta de su compromiso con México y las acciones 2026 para la construcción de una cultura contributiva basada en la confianza de la población, otorgando atención al contribuyente de manera cálida y optimizada, simplificando trámites e innovando estrategias que faciliten a la población el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Se reafirma no crear ni aumentar impuestos

A su vez, la procuradora Fiscal de la Federación, Gisel Galeano García, compartió que de 2022 a 2025 la Procuraduría Fiscal presentó 59 denuncias por más de 54 mil 698 millones de pesos, pues tan solo en 2023 las redes factureras defraudaron por más de 21 mil 700 millones de pesos, mientras que en 2022 fue de más de 17 mil millones. “En lo que va de 2025 aún tenemos este fenómeno muy vivo, con 5 mil 700 millones defraudados”.

Puntualizó que lo que se pretende es que nunca más la hacienda pública sea saqueada a través de simulaciones, por lo que la reforma fiscal en realidad establece un andamiaje jurídico robusto que faculta al SAT para negar la inscripción en el RFC a empresas cuyos socios estén vinculados con redes fraudulentas y que cada factura ampare operaciones existentes, verdaderas y reales

Manifestó que en la Ley de Ingresos se reafirma el principio irrenunciable de no crear ni aumentar impuestos, justicia fiscal que quiere decir que pague más quien más tiene, que nadie se esconda en laguna legales y que la carga tributaria sea equitativa. Enfatizó que no se busca presionar más a quienes ya cumplen, sino cerrar la puerta a la evasión y fortalecer la recaudación con eficiencia, vigilancia y compromiso ético.

Destacó que la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios da un paso decisivo en materia de salud pública, ya que aumentar la cuota a bebidas azucaradas y tabaco no es recaudar más sino salvar vidas, pues cada peso que se encarece en un refresco es una oportunidad para que un niño o un joven decida no consumirlo y cada peso adicional en un cigarro es una oportunidad para prevenir enfermedades.

Texto y Fotografía: Cámara de Diputados